Tribunal admite a trámite querella contra fiscal regional Lorena Parra y ex jefe de Contrainteligencia de la ANI
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La acción judicial, presentada por el abogado Luis Mariano Rendón, apunta a la fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, y al ex jefe de Contrainteligencia de la ANI, Paulo Contreras, por presuntos delitos vinculados a la revelación y eventual ocultamiento de información reservada surgida del denominado caso Hermosilla.
El 4° Juzgado de Garantía de Santiago acogió a tramitación la querella presentada por el abogado Luis Mariano Rendón en contra de la fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, y del ex jefe de Contrainteligencia de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Paulo Contreras, en una causa derivada de antecedentes revelados por el medio Reportea sobre el denominado caso Hermosilla.
La acción judicial se fundamenta en un reportaje que dio a conocer conversaciones entre el abogado Luis Hermosilla y Paulo Contreras —quien entonces se desempeñaba como alto oficial de la Policía de Investigaciones (PDI)— en las que este último habría entregado información policial de carácter reservado.
En la querella, Contreras es imputado por el delito de revelación de secreto, previsto en el artículo 246 del Código Penal, mientras que a la fiscal Lorena Parra se le atribuye el delito de ocultación de antecedente de hecho delictivo, contemplado en el artículo 269 ter del mismo cuerpo legal.
Investigación deberá quedar en manos de otro fiscal regional
La admisión a trámite de la querella tiene además una consecuencia procesal relevante. Debido a que una de las querelladas es una fiscal regional, la investigación no podrá ser dirigida por la Fiscalía Metropolitana Oriente.
De acuerdo con la letra b) del artículo 46 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, corresponderá al fiscal nacional, previo informe del Consejo General de Fiscales, designar a otro fiscal regional para conducir la investigación.
Rendón cuestiona actuación del Ministerio Público
Tras conocer la resolución del tribunal, el abogado Luis Mariano Rendón sostuvo que la decisión judicial abre la posibilidad de esclarecer responsabilidades que, a su juicio, la Fiscalía ha omitido investigar durante largo tiempo.
«Espero que esta acción ponga término a esta ‘justicia con cuentagotas’ que sospechosamente administra la Fiscalía. ¿Hasta cuándo vamos a seguir enterándonos por la prensa de hechos delictivos que constan en antecedentes que Fiscalía tiene en su poder ya hace años, sin hacer nada al respecto?», afirmó.
El abogado cuestionó especialmente que, pese a existir antecedentes conocidos públicamente, no se hubiese iniciado una investigación contra Paulo Contreras.
«No existe ninguna explicación razonable para que en el caso de Contreras, la fiscal Parra no haya iniciado hace mucho tiempo una investigación por violación de secreto. Esta figura es la misma por la cual el propio Ministerio Público persiguió y obtuvo condena en contra del ex director de la PDI, Sergio Muñoz, en la misma causa Hermosilla. ¿Por qué en un caso sí y otro no?», planteó.
Rendón agregó que «este cuentagotas de justicia, solo gracias al trabajo de los periodistas, debe terminar. Toda la verdad y toda la justicia ahora».
Un nuevo flanco del caso Hermosilla
La resolución del tribunal incorpora un nuevo capítulo a las múltiples investigaciones derivadas del caso Hermosilla, que ha puesto bajo escrutinio las relaciones entre abogados, fiscales, policías y altas autoridades del Estado.
En esta oportunidad, el foco ya no está únicamente en la eventual filtración de antecedentes reservados, sino también en la actuación del Ministerio Público frente a esos hechos. La querella busca determinar si existió una omisión ilegal al no investigar oportunamente conductas que ya aparecían reflejadas en antecedentes que estaban en poder de la Fiscalía.
La designación de un fiscal regional distinto para llevar adelante la investigación será ahora uno de los primeros pasos procesales de una causa que podría tener implicancias tanto para el Ministerio Público como para ex autoridades de los organismos de inteligencia y de la PDI.
