Llamado a investigar casos de personas haitianas registradas como acompañantes de niños sin sus consentimientos por agencias de viajes
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Hombres y mujeres son registrados como acompañantes de niños sin su consentimiento. Documentos falsos llevan la firma de un notario fallecido hace cinco años. La comunidad haitiana pide a los medios de comunicación investigar la red que opera desde Chile y denuncia que el gobierno intenta apropiarse del dolor de la comunidad para redefinir la narrativa falsa sobre “tráfico de menores” al “tráfico de migrantes”.
En mayo de 2025 viajé a Haití para reunirme con gobiernos locales, organizaciones civiles y visitar familias desplazadas por la crisis de seguridad en Haití. A mediados de junio de 2025, al no existir vuelos comerciales directos ni la alternativa de viajar vía la República Dominicana debido a las restricciones migratorias, debí esperar un vuelo chárter para regresar a Chile.
Intenté abordar en tres oportunidades, pero en las dos primeras no aceptaron que subiera porque me negué a llevar niños. En el tercer intento, finalmente pude viajar. Sin embargo, al llegar al Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Chile, fui informada que figuraba registrada como acompañante de dos niñas menores de edad.
Yo no conocía a esas niñas. Nunca firmé nada ni acepté ser su acompañante. Le expliqué la situación a la oficial de la PDI, quién, amablemente, activó el protocolo de verificación de datos de estos menores y de sus padres en Chile.
Durante alrededor 12 horas, desde las 5:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, permanecí en el aeropuerto. Colaboré con las funcionarias de la PDI en la verificación de la identidad de las menores para contactarse a su padre. Finalmente, las niñas reconocieron a su progenitor y fueron entregadas en mi presencia, y salieron con sus padres.
No fui la única. Hay varias mujeres y pasajeros que han pasado por lo mismo. Han sido usadas sin su conocimiento.
El caso de la esposa de Richardson Jean: 15 meses y medio de angustia.
Nuestra Fundación fue contactada por el señor Richardson Jean, quien acudió a nosotras desesperado para denunciar la situación que mantiene a su esposa detenida en Haití desde el 27 de febrero de 2025. Su esposa, madre de un hijo en común con él, había planeado viajar a Chile para reunificarse con él. Contaba con todos los documentos en regla: su visa de reunificación familiar y los papeles de su hijo. Sin embargo, al llegar al aeropuerto de Haití para abordar el vuelo charter organizado por varias agencias según el señor Jean, —“Espíritu de Equipos SPA, Big Master y Ciarana” — ella fue detenida por las autoridades haitianas.
El motivo de la detención fue devastador. Según las agencias de viaje, se habían falsificado los nombres de niños y los habían puesto bajo su cargo como acompañante, sin que ella tuviera conocimiento alguno. “Mi esposa viajaba únicamente con mi hijo. Nunca aceptó ni firmó nada relacionado con otros menores”, afirmó con mucha desolación.
“Desde ese 27 de febrero de 2025, mi esposa ha permanecido privada de libertad por 15 meses y medio”, nos confió el señor Jean. Durante todo este tiempo, las autoridades haitianas han llevado a cabo investigaciones para esclarecer su participación en los hechos. A grandes rasgos, se ha podido establecer que la señora no conocía a los niños cuyos nombres aparecían bajo su cuidado para el vuelo. No existía vínculo previo, no había comunicación ni acuerdo. Ella era una pasajera más, utilizada por las agencias como instrumento para trasladar menores sin el debido control, dijo.
Actualmente, la esposa del señor Jean y su hijo perdieron la visa pero ella se encuentra en libertad condicional, mientras la justicia haitiana continúa con las investigaciones. Sin embargo, el daño ya está hecho: más de un año de angustia, separación familiar, costos legales y un proceso judicial que no debió existir.
En paralelo, el señor Richardson Jean, desesperado por obtener justicia y evitar que esta situación se repita con otras familias, ha intentado denunciar los hechos en Chile. Acudió a la Policía de Investigaciones (PDI) y también a la Fiscalía Nacional, presentando todos los antecedentes que obraban en su poder.
Sin embargo, la respuesta que ha recibido es siempre la misma: ‘el caso no es competencia de las autoridades chilenas, sino de Haití’. Los abogados consultados le han señalado que, dado que la detención ocurrió en territorio haitiano, debe gestionar el proceso desde allá. Pero el señor Jean se encuentra en Chile, con un hijo pequeño y su esposa en libertad condicional en Haití, sin recursos para viajar y sin respaldo institucional.
Mientras tanto, las agencias de viaje señaladas continúan operando, quizás con total normalidad en Chile. Siguen ofreciendo vuelos charter, siguen organizando viajes para la comunidad haitiana y, por lo que todo indica, siguen utilizando el mismo modus operandi: incorporan nombres de menores como acompañantes sin el consentimiento de los pasajeros.
El señor Jean no pide otra cosa que una respuesta. Quiere que las autoridades chilenas investiguen a estas agencias, que se establezcan mecanismos de control y que se evite que más familias pasen por el calvario que él y su esposa han vivido. Quiere que esto no vuelva a suceder.
Falsificaciones con sello de un notario muerto
La gravedad del caso se profundiza al cruzar estos testimonios con una investigación judicial en Haití. Los documentos a los que accedió CIJYS revelan que once autorizaciones de viaje fueron falsificadas y presentadas ante el Instituto del Bien-Être Social et de Recherches (IBESR), el organismo de protección de menores haitiano.
Entre los hallazgos más impactantes, nueve de los once documentos eran falsos, según el propio IBESR. Los números de identificación de los menores no coincidían con los registros oficiales; faltaban hologramas y fotografías exigidas por ley. Los documentos llevaban la firma del notario Jean Emmanuel Halaby, quien —según el actuario judicial Mathieu Dauphin— falleció en 2020, cinco años antes de la fecha consignada en los papeles (18 de febrero de 2025).
La Fiscalía haitiana ha dictado auto de procesamiento por la falsificación y el uso de documentos falsificados en escritura pública contra las personas que portaban esos documentos, entre ellas Therline Petit- Frère, Nerline MARC y Jonas Michel. El artículo 109 del Código Penal haitiano establece penas de trabajos forzados para este delito.
Pero en el caso de la esposa del señor Jean, ella no portaba documentos falsos. Ella era la víctima, ya que su nombre fue usado sin su conocimiento. Sin embargo, fue detenida. Esa la diferencia que las autoridades chilenas y haitianas deben entender: hay inocentes atrapados por un delito que no cometieron.
Llamado al gobierno a no capitalizar el dolor de una comunidad vulnerable
Desde la comunidad haitiana de Chile, hemos observado con profunda preocupación cómo ciertos medios y oficialistas han intentado apropiarse de estas denuncias para instalar una narrativa que criminaliza a la comunidad haitiana. Esta estrategia no solo desvía la atención de los verdaderos responsables —las agencias de viaje y las redes de falsificadores que operan con total impunidad— sino que estigmatiza a familias enteras que solo buscan reunificarse en Chile.
Hay discursos que han puesto el foco en las víctimas, presentándolas como posibles cómplices de una red de tráfico, cuando la evidencia documental demuestra que muchas de ellas han sido utilizadas como instrumentos involuntarios. Ninguna de las mujeres que hemos apoyado tuvo conocimiento previo de que su nombre sería registrado como acompañante de menores. Ninguna firmó documento alguno. Ninguna recibió beneficio económico. Al contrario, han sido sometidas a procesos judiciales, detenciones y angustia familiar por hechos que no cometieron.
El caso del señor Jean es el más emblemático. Su esposa ha estado privada de libertad durante 15 meses y medio por un delito que no cometió, mientras las agencias que falsificaron los documentos siguen operando libremente en Chile.
Esta maniobra de «aletadas de ahogado» comunicacional busca justificar políticas migratorias más restrictivas y alimentar un relato de seguridad que no se sostiene con los hechos.
Es imperativo que el periodismo de investigación no se deja cooptar por esta narrativa de un supuesto problema de seguridad. La comunidad haitiana no es responsable de esta red de falsificaciones: es su principal víctima. Criminalizar a quienes han sido engañados y utilizados es una doble violencia que debemos denunciar con firmeza.
Llamado a los medios de comunicación a investigar y a indagar con ética y justicia
Michel: creo que lo que propone el siguiente no compete a los medios de comunicación sino a un abogado
Desde la comunidad haitiana, solicitamos a los medios de comunicación a — al igual que otros medios de investigaciones — realizar una investigación periodística que aborde el modus operandi de estas agencias de viaje y su posible vinculación con redes de falsificación documental en Haití, la vulnerabilidad de las víctimas —muchas de ellas con dominio limitado del español y sin acceso a defensa legal oportuna— y la respuesta de las autoridades chilenas, incluyendo la Fiscalía Nacional, la PDI y el Ministerio de Relaciones Exteriores, así como su coordinación con Haití para proteger a los afectados y sancionar a los responsables.
Asimismo, llamamos a los medios de comunicación a investigar y visibilizar cómo el gobierno chileno está cambiando la narrativa de «tráfico de niños» al “tráfico de migrantes”, el cual sigue criminalizando a la comunidad haitiana. Hemos visto también como otros medios se alinean con esta narrativa al difundir masivamente imágenes de imputados sin condena firme. Asimismo, esto viola las presunciones de inocencia de los acusados (incluso sus traductores haitianos), al entremeterse en los asuntos internos del poder judicial, y desvia la atención de las verdaderas redes de falsificadores y de la complicidad de las empresas de viaje que operan desde Chile con total impunidad.
No se puede permitir que algunas empresas sigan lucrando con la vulnerabilidad de nuestra comunidad. Esto no es un hecho aislado; es un patrón sistemático. Y no podemos permitir que el oficialismo use nuestro dolor para justificar políticas que nos excluyen y nos estigmatizan.
Michel-Ange JOSEPH – Directora
Cónclave Investigativo de las Ciencias Jurídicas y Sociales (Fundación CIJYS)
