La nueva burguesía fiscal: del “Gobierno de Emergencia” al Estado como botín
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Érase que se era un país al que le prometieron un Gobierno de Emergencia. Uno de esos gobiernos que llegan con el ceño fruncido, la corbata perfectamente anudada y la convicción de que, esta vez sí, alguien pondría orden en la casa. La derecha republicana venía a salvarnos del descalabro, a terminar con los pitutos, a cerrar la llave del despilfarro y, sobre todo, a devolverle al Estado esa virtud que —según su propio relato— había perdido entre funcionarios ineficientes, operadores políticos y burócratas de izquierda.
La promesa era sencilla: menos Estado, más eficiencia; menos ideología, más gestión; menos amigos en los cargos, más mérito. El Estado, decían, debía dejar de ser una bolsa de empleos y convertirse en una máquina austera, profesional y eficiente. Había que administrar Chile como una empresa seria.
El problema, como suele ocurrir con las grandes promesas, apareció cuando llegó la hora de administrarlo.
Porque una cosa es gobernar desde el panel de televisión, desde X o desde la trinchera partidaria, y otra bastante distinta es descubrir que el Estado no funciona a punta de consignas. Que las regiones existen. Que los decretos deben escribirse. Que los nombramientos requieren algo más que entusiasmo. Que los ministros necesitan equipos. Y que, para sorpresa de algunos, la experiencia también sirve.
Así comenzó la versión chilena de una vieja comedia: la derecha que llegó prometiendo acabar con la burocracia terminó descubriendo las bondades de la burocracia cuando fue ella la que pudo repartir los cargos.
Lo que en otros tiempos denominamos “nueva burguesía fiscal” reaparece ahora con uniforme republicano, retórica de trinchera y una particular devoción por el sueldo público. Si aquella primera burguesía fiscal se alimentaba de la tecnocracia, los honorarios y los contactos, esta nueva camada parece haber descubierto una variante todavía más eficiente: convertir la épica ideológica en carrera funcionaria.
Y así, el anunciado Gobierno de Emergencia empezó a parecerse menos a un reloj suizo que a un reloj despertador de aquellos sin pilas. Mucho ruido, bastante solemnidad y una hora que nadie consigue acertar.
El primer gran episodio fue la promesa de expulsar a más de 300 mil personas durante el “día uno”. Una cifra lanzada como quien anuncia una operación militar, para luego transformarse, ante la evidencia de que gobernar no es hacer una lista de deseos, en una “figura poética”. Qué alivio. La política migratoria había sido literatura todo este tiempo. Uno suponía que era un compromiso de gobierno; resultó ser un recurso estilístico.
Después vino el gabinete. Y aquí la administración republicana descubrió otra dimensión de la poesía: el arte de nombrar y desnombrar. Personas anunciadas, cuestionadas, retiradas o caídas antes siquiera de acomodarse en el despacho. La promesa de profesionalismo empezó a parecer un casting en permanente ensayo general.
Pero si algo ha distinguido a esta administración es la velocidad. No necesariamente la velocidad para resolver problemas, claro está, sino para producir problemas nuevos.
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Quizás ningún nombre encarne mejor esta nueva burguesía fiscal que Cristián Valenzuela, asesor estratégico y figura clave del Segundo Piso de Kast. El mismo hombre que ha sido uno de los principales arquitectos del relato republicano sobre el Estado ocupa hoy una posición privilegiada dentro de esa maquinaria estatal que su sector prometió adelgazar. No es una anécdota: es casi una alegoría. La vieja retórica contra los operadores políticos parece haber encontrado una versión renovada, mejor remunerada y convenientemente instalada en La Moneda.
La velocidad en regiones
Las regiones fueron el escenario privilegiado de esta velocidad. Decenas de seremis caídos, renunciados, removidos o simplemente evaporados del organigrama en pocos meses. El país conoció así una nueva modalidad de descentralización: cada región podía tener su propio funcionario, pero por un período cada vez más breve.
En algunos casos aparecieron, además, títulos fantasmas, antecedentes curriculares que no resistían una búsqueda básica y trayectorias profesionales más imaginativas que comprobables. La eficiencia privada, esa doctrina que se invoca cuando se quiere reducir el Estado, parecía haber sido reemplazada por una especie de selección natural donde sobrevivía el que tenía mejor contacto.
Y aquí aparece una de las grandes paradojas del experimento republicano: quienes habían hecho de los “pitutos” una categoría moral para denunciar a sus adversarios terminaron tropezando con la vieja tentación de poblar el Estado con los propios.
No se trataba ya del funcionario público como servidor, sino del cargo público como premio. La oficina estatal aparecía como estación de tránsito para una generación de cuadros que, hasta ayer, militaba en redes sociales y hoy descubría que el patriotismo también podía venir con asignación, viático y estacionamiento.
La escena tenía algo de tragicómico. Jóvenes voces que durante años habían denunciado el “Estado capturado” comenzaban a capturarlo desde el otro lado del escritorio. El discurso contra la burocracia se convertía, mágicamente, en entusiasmo por ocuparla.
La contradicción alcanzó su punto más pintoresco con los controles morales que la propia administración quiso instalar sobre sus funcionarios. La obsesión por examinar la conducta ajena terminó convirtiéndose, en más de una ocasión, en un boomerang. Test de drogas, controversias administrativas, antecedentes incómodos y problemas de probidad obligaron a más de alguno a abandonar el cargo antes de que alcanzara a memorizar el camino a la oficina.
Era como si el Gobierno hubiera decidido convertir la selección de autoridades en un programa de eliminación semanal.
Pero el problema de fondo no estaba en los tropiezos individuales. Estaba en la idea de que gobernar consistía, fundamentalmente, en tener convicciones fuertes. Como si la administración pública fuera un concurso de indignación y no una disciplina que exige conocimiento, experiencia, coordinación y capacidad para resolver.
Épica tuitera
La épica tuitera sirve para ganar una elección. No sirve para limpiar un canal después de una emergencia. Un video indignado puede obtener miles de reproducciones; no reemplaza un plan de contingencia. Una frase contundente puede incendiar las redes; no redacta un decreto ni coordina una respuesta estatal.
Y entonces apareció la realidad: esa antigua y poco glamorosa señora que siempre termina entrando a la fiesta sin invitación.
Porque administrar el Estado supone precisamente aquello que la retórica republicana parecía despreciar: funcionarios que saben cómo se despliega una institución, equipos que conocen los procedimientos, profesionales que llevan años haciendo el trabajo y una burocracia que, aunque tenga defectos, no desaparece porque alguien califique a quienes la componen como “operadores políticos”.
La paradoja fue entonces completa. El Gobierno que había llegado a enseñar eficiencia terminó dando clases prácticas de improvisación.
Y mientras tanto, la llamada burguesía fiscal crecía. No necesariamente la de los grandes apellidos ni la de los viejos empresarios, sino una mesocracia política ansiosa por convertir el mérito partidario en movilidad social. El Estado, ese monstruo que había que adelgazar, seguía siendo extraordinariamente útil cuando la puerta de entrada tenía el nombre correcto.
El último capítulo de esta historia es quizá el más revelador: el presupuesto. Porque es allí donde los discursos suelen quitarse la corbata y mostrar el verdadero rostro.
Durante años se nos explicó que el problema de Chile eran los operadores, los pitutos, el gasto excesivo y el Estado hipertrofiado. Se nos prometió austeridad. Se nos habló de eficiencia. Se nos aseguró que el mérito reemplazaría al amiguismo.
Pero cuando la derecha llegó al poder descubrió algo que la izquierda ya sabía, aunque por motivos distintos: el Estado es un lugar bastante agradable para trabajar cuando es uno quien consigue el cargo.
La diferencia, entonces, no parece estar en la relación con el Estado, sino en quién tiene la llave de la puerta.
Y ahí reside la verdadera ironía de esta nueva burguesía fiscal: no vino a terminar con el Estado que denunciaba; vino a ocuparlo. No llegó a destruir la máquina, sino a sentarse frente al volante. No redujo necesariamente la tentación del pituto: cambió de manos al pituto.
El Gobierno de Emergencia terminó ofreciendo una emergencia de otro tipo: la emergencia de encontrar reemplazos, corregir nombramientos, apagar incendios administrativos y explicar por qué quienes habían prometido excelencia profesional parecían descubrir las exigencias del cargo una vez instalados en él.
La derecha republicana había construido durante años un relato particularmente severo sobre el mérito. Pero el mérito, al parecer, tenía una letra chica: podía comenzar con un discurso encendido, continuar con una militancia diligente y terminar en un escritorio estatal.
El resultado es una caricatura especialmente incómoda. Una derecha que llegó hablando contra la captura del Estado y que terminó protagonizando su propia versión de la captura. Una derecha que prometió profesionalizar la administración y que, en demasiadas ocasiones, tuvo que aprender a administrar mientras administraba. Una derecha que se presentó como adulta, responsable y eficiente, pero que en sus primeros pasos ofreció más de una escena propia de jardín infantil político.
Quizás por eso convenga volver al principio. Érase que se era un Gobierno de Emergencia que venía a poner orden. Venía a terminar con los pitutos. Venía a profesionalizar el Estado. Venía, incluso, a salvarnos de nosotros mismos.
Y terminó descubriendo que el Estado, además de ser ese Leviatán del que durante años pregonó que había que recortar, era también una magnífica fuente de empleos para los propios.
No hay tragedia en eso. Hay, sobre todo, una formidable ironía.
Porque la política chilena ha conocido muchas burguesías fiscales. Lo novedoso de esta es que llegó acompañada de un discurso que juraba que las anteriores eran el problema.
Epílogo: Por la boca muere el pez (y en la ventanilla del Estado cobra la derecha).
Y en este caso, la derecha chilena no murió precisamente por falta de palabras. Murió—políticamente hablando— por exceso de ellas.
Porque cuando se promete acabar con los pitutos y se termina repartiendo cargos, cuando se promete eficiencia y se acumulan chambonadas, cuando se promete profesionalismo y aparecen currículums que necesitan más explicación que el propio nombramiento, el problema ya no es de comunicación. Es de memoria.
La ciudadanía recuerda lo que se dijo en campaña. Y también observa lo que se hace cuando la campaña termina.
Quizá esa sea la moraleja final de esta nueva burguesía fiscal: el Estado no era el enemigo. El enemigo era que lo administraran los otros.
Hasta que, por fin, les tocó administrarlo a ellos.
Edison Ortiz
