Gobierno es denunciado ante Contraloría por incidentes frente a la UC durante marcha estudiantil

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El abogado de derechos humanos Luis Mariano Rendón presentó una denuncia contra el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, por una eventual “falta de servicio”. Sostiene que la autoridad conocía con anticipación tanto la marcha convocada por la Confech como la presencia de grupos opositores en el frontis de la Universidad Católica y que debió adoptar medidas preventivas para impedir el enfrentamiento.

Los incidentes registrados en el frontis de la Universidad Católica durante la jornada de movilización estudiantil de este jueves 1 de octubre llegaron a la Contraloría General de la República. El abogado de derechos humanos Luis Mariano Rendón presentó este viernes una denuncia contra el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, a quien atribuye una eventual “falta de servicio” por no haber adoptado medidas preventivas para evitar el contacto entre manifestantes y contramanifestantes.

La presentación apunta específicamente a la actuación de la Delegación Presidencial Metropolitana durante la marcha convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), en el marco de las movilizaciones estudiantiles realizadas durante la semana.

Según Rendón, la autoridad tenía antecedentes suficientes para prever una situación de riesgo en las inmediaciones de la Casa Central de la Universidad Católica. La movilización estudiantil, señala la denuncia, había sido comunicada con anticipación a la autoridad conforme a la normativa vigente.

A ello se sumó un segundo antecedente. De acuerdo con la presentación, grupos de derecha habían anunciado durante la noche anterior, a través de redes sociales, la realización de una contramanifestación frente a la universidad.

Rendón sostiene que esos grupos buscaban oponerse a la adhesión al paro acordada por los estudiantes de la UC y que se instalaron en el frontis de la institución con suficiente anticipación respecto del paso de la marcha.

Para el abogado, la coincidencia de ambos grupos en un mismo lugar y horario constituía una situación previsible para los organismos encargados del orden público.

“Como en un partido de alto riesgo, el Gobierno tenía el deber de tomar medidas para impedir el contacto entre grupos opuestos. ¿Por qué no lo hizo?”, planteó Rendón al fundamentar su denuncia.

Una responsabilidad que deberá examinar Contraloría

El punto central de la presentación no está dirigido únicamente a establecer responsabilidades por los enfrentamientos ocurridos, sino a determinar si la autoridad gubernamental cumplió adecuadamente su deber preventivo.

Rendón sostiene que, tratándose de una movilización previamente informada y existiendo además antecedentes públicos sobre una contramanifestación, correspondía adoptar medidas destinadas a separar físicamente a ambos grupos y reducir el riesgo de incidentes.

El abogado compara la situación con los dispositivos de seguridad utilizados en encuentros deportivos considerados de alto riesgo, donde las autoridades establecen perímetros, accesos diferenciados y otras medidas precisamente para evitar el contacto entre grupos potencialmente enfrentados.

La denuncia abre así una interrogante sobre el operativo dispuesto para la jornada y sobre qué información manejaba la Delegación Presidencial antes del paso de la marcha por la Alameda.

La Contraloría deberá determinar ahora si existen antecedentes suficientes para examinar administrativamente la actuación del delegado presidencial y si las decisiones adoptadas —o las medidas que eventualmente dejaron de adoptarse— se ajustaron a las obligaciones correspondientes a la autoridad.

Rendón plantea dos hipótesis

El abogado fue más allá de una crítica administrativa y planteó dos posibles explicaciones para lo ocurrido, aunque ambas corresponden a su interpretación y deberán ser acreditadas.

“Aquí hubo o una negligencia inexcusable o una operación política para criminalizar al movimiento estudiantil a costa de la integridad física de las personas”, afirmó.

Esta última acusación constituye una hipótesis política formulada por Rendón y no un hecho establecido por la presentación ante Contraloría. Su denuncia, sin embargo, pone el foco sobre una cuestión concreta: si la autoridad podía prever el enfrentamiento y, en caso afirmativo, por qué no adoptó medidas suficientes para evitarlo.

El episodio adquiere además relevancia en medio de una semana marcada por distintas movilizaciones sociales. El lunes se realizó una convocatoria feminista; posteriormente se desarrollaron movilizaciones vinculadas a la salud pública y el jueves correspondió el turno de estudiantes universitarios y secundarios.

Los incidentes frente a la UC agregan ahora una controversia sobre la forma en que el Gobierno está administrando el orden público ante este nuevo ciclo de protestas.

La presentación ante Contraloría trasladará esa discusión desde el terreno político hacia el administrativo. Una de las cuestiones que deberá esclarecerse es qué antecedentes tenía la Delegación Presidencial Metropolitana antes de la marcha, qué evaluación de riesgo realizó y cuáles fueron las instrucciones impartidas para evitar enfrentamientos entre grupos que habían anunciado públicamente posiciones contrapuestas.