La megarreforma supera su última barrera, pero deja abierto el conflicto por la justicia territorial
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La Cámara Alta aprobó por 27 votos contra 22 la fórmula impulsada por el ministro Jorge Quiroz para compensar a los municipios por la exención del pago de contribuciones. Aunque el Gobierno logró sacar adelante uno de los puntos más controvertidos de la megarreforma, el rechazo de más de 100 alcaldes dejó instalada una discusión que trasciende la votación: cómo distribuir con criterios de justicia territorial recursos que ya estaban comprometidos por el propio Estado.
La votación terminó.
Con 27 votos a favor y 22 en contra, el Senado aprobó la fórmula de compensación impulsada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para evitar que los municipios vieran afectados sus ingresos tras la exención del pago de contribuciones para los mayores de 65 años.
Desde el punto de vista legislativo, la discusión quedó prácticamente resuelta.
Desde el punto de vista político, probablemente recién comienza.
Porque la controversia que acompañó esta norma durante las últimas semanas nunca fue únicamente tributaria.
Fue una discusión sobre cómo el Estado distribuye recursos públicos entre territorios profundamente desiguales.
Y esa discusión no termina con una votación.
Una victoria legislativa
El Gobierno consiguió uno de los objetivos más difíciles de la megarreforma.
Durante semanas la iniciativa enfrentó resistencias en el Senado, cuestionamientos de alcaldes, diferencias incluso dentro del oficialismo y una intensa discusión sobre los efectos que tendría la exención de contribuciones sobre el financiamiento municipal.
Finalmente, la propuesta de Hacienda obtuvo los votos necesarios.
El mecanismo aprobado contempla que el Estado compense los recursos que dejarán de percibir los municipios, utilizando fondos provenientes del presupuesto nacional.
Para el Ejecutivo, la aprobación representa el cierre de una de las negociaciones más complejas de la reforma.
Pero el resultado deja una pregunta abierta.
La propuesta que no prosperó
Durante los últimos días ocurrió algo poco habitual en la política chilena.
Más de cien alcaldes de distintas regiones y sensibilidades políticas coincidieron en una propuesta común.
No pidieron aumentar el gasto público.
No solicitaron recursos adicionales.
No cuestionaron la necesidad de compensar a los municipios.
Propusieron algo mucho más específico.
Que los cerca de 200 millones de dólares comprometidos por el propio Gobierno fueran distribuidos utilizando los criterios del Fondo Común Municipal, el principal instrumento de redistribución entre comunas.
Era una diferencia de criterio.
No de presupuesto.
La propuesta fue finalmente desestimada.
El debate cambió de naturaleza
Quizás la principal enseñanza de esta discusión sea que el conflicto fue evolucionando a medida que avanzó la tramitación.
Al comienzo parecía una disputa técnica sobre el financiamiento municipal.
Después se transformó en una controversia sobre la regresividad de la fórmula.
Finalmente terminó convertida en un debate sobre justicia territorial.
Ese cambio explica por qué alcaldes de distintas tendencias políticas terminaron compartiendo un mismo diagnóstico.
No discutían cuánto dinero destinaría el Estado.
Discutían quién debía recibirlo.
La pregunta de los municipios
La frase del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, probablemente resume mejor que cualquier discurso parlamentario el núcleo de la controversia.
«¿Cómo le explicamos a nuestros vecinos que, a través de este mecanismo de compensación, el Gobierno le va a dar dos millones de pesos a Cerro Navia y trece mil millones a Las Condes?»
Más allá de las cifras concretas, la pregunta apunta al principio que inspira la distribución de los recursos.
¿Por qué mantener exactamente la estructura existente?
¿Por qué no aprovechar la reforma para fortalecer los mecanismos de redistribución entre comunas?
El Senado respondió políticamente esa pregunta al aprobar la fórmula propuesta por Hacienda.
Eso no significa que el debate haya desaparecido.
Una discusión que volverá
Las leyes se votan una sola vez.
Sus efectos se observan durante años.
Cuando comience la aplicación práctica de la reforma y cada municipio conozca con precisión los recursos que recibirá, el debate probablemente abandonará el Congreso para instalarse en los territorios.
Los alcaldes deberán explicar a sus comunidades cómo cambia el financiamiento municipal.
Los vecinos compararán cifras.
Las diferencias entre comunas volverán a ser materia de discusión pública.
Y la justicia territorial seguirá formando parte del debate político.
Las prioridades del Estado
La discusión también deja instalada otra pregunta.
El Gobierno decidió destinar recursos significativos para compensar la pérdida de ingresos derivada de la exención de contribuciones.
Al mismo tiempo, Chile enfrenta crecientes necesidades de reconstrucción en Atacama y Coquimbo, además de demandas permanentes en salud, vivienda, educación y seguridad.
Toda administración debe establecer prioridades.
Los recursos públicos nunca alcanzan para responder simultáneamente a todas las necesidades.
Precisamente por eso, las decisiones presupuestarias son también decisiones políticas.
Definen qué problemas considera más urgentes un gobierno y qué objetivos está dispuesto a financiar primero.
La compensación municipal forma parte de esas prioridades.
Más allá de los votos
La aprobación obtenida por el Ejecutivo cierra una etapa importante de la megarreforma.
Sin embargo, la legitimidad de una política pública no se construye únicamente con mayorías parlamentarias.
También depende de la capacidad de convencer a la ciudadanía de que las decisiones adoptadas son razonables y producen resultados percibidos como justos.
Ese será el verdadero desafío de esta reforma.
Porque el Senado votó una fórmula financiera.
Lo que todavía no está resuelto es si esa fórmula será percibida como justa por las comunas que convivirán con sus efectos.
Félix Montano
Contexto: La fórmula aprobada por el Senado mantiene la compensación comprometida por el Gobierno para los municipios tras la exención del pago de contribuciones a adultos mayores de 65 años. Durante la tramitación, más de 100 alcaldes solicitaron modificar el mecanismo para que los recursos fueran distribuidos mediante el Fondo Común Municipal, argumentando que ello fortalecería la equidad territorial sin aumentar el gasto fiscal. La propuesta fue rechazada y se impuso el diseño impulsado por el Ministerio de Hacienda.
