Diputados PC acusan que respaldo de Kast a Claudio Crespo abrió paso a ofensiva para indultar a condenados por violaciones a los derechos humanos
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La bancada comunista e independientes afirmó que las celebraciones del Presidente tras la absolución del ex carabinero Claudio Crespo y la posterior iniciativa de senadores oficialistas para promover un indulto general forman parte de una misma estrategia política. Advirtieron que el país enfrenta un intento de reinstalar la impunidad y debilitar los avances alcanzados en materia de derechos humanos.
La bancada de diputadas y diputados del Partido Comunista e Independientes acusó al Presidente José Antonio Kast de haber abierto el camino político para impulsar un indulto a condenados por violaciones a los derechos humanos. En una declaración pública difundida este miércoles, los parlamentarios sostienen que el respaldo del Mandatario a la absolución del ex carabinero Claudio Crespo y la posterior iniciativa de senadores oficialistas forman parte de una misma ofensiva destinada a revisar los consensos construidos por Chile en materia de memoria, verdad y justicia.
«La declaraciones del Presidente Kast celebrando el fallo que absolvió al ex carabinero Claudio Crespo, sumado a la defensa y protección a los criminales de Punta Peuco, abren el espacio para brutalidades de este tipo y para la eliminación de garantías de no repetición», señala el documento.
La declaración surge luego de que un grupo de senadores de derecha anunciara la conformación de una bancada para promover un proyecto de indulto general que podría beneficiar a agentes del Estado condenados por graves violaciones a los derechos humanos, iniciativa que ha provocado una inmediata reacción de organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición.
«Reinstalar la impunidad»
Para los parlamentarios, el proyecto no constituye una discusión jurídica aislada, sino un intento por modificar el tratamiento que el Estado chileno ha dado durante décadas a los crímenes cometidos por agentes públicos.
«Detrás de discursos de defensa de las instituciones se esconde un intento inmoral de reinstalar la impunidad, desconociendo el dolor de las víctimas y el largo camino que Chile ha recorrido para alcanzar verdad, justicia y reparación», sostiene la declaración.
A juicio de la bancada, un eventual indulto debilitaría el Estado de Derecho al dejar sin efecto condenas dictadas por tribunales de justicia en ejercicio de sus atribuciones constitucionales.
«En nuestro sistema democrático existen tres poderes del Estado que son autónomos», recuerdan los diputados, agregando que una ley de indulto general «desvirtúa la sanción jurídica que tribunales de justicia, en el uso autónomo e independiente de sus facultades, han sancionado».
Críticas al discurso de «mano dura»
Otro de los ejes del documento apunta a lo que consideran una contradicción del oficialismo.
Los parlamentarios cuestionan que sectores políticos que durante años promovieron el endurecimiento de las penas para la delincuencia común impulsen ahora beneficios para personas condenadas por graves delitos cometidos desde el Estado.
«Es indignante que los mismos que durante años han exigido más mano dura, más cárcel y endurecer las penas para delincuentes comunes, hoy promuevan un perdonazo a los violadores de derechos humanos —que también son delincuentes—», afirma el texto.
La declaración añade que esta postura evidencia una «doble moral» frente a la persecución penal y al cumplimiento de las condenas.
Memoria y democracia
La bancada recordó además a las víctimas de la violencia estatal, mencionando a la senadora Fabiola Campillai y al diputado Gustavo Gatica, quienes perdieron la visión producto de disparos de agentes policiales durante el estallido social.
Finalmente, los parlamentarios llamaron a las fuerzas democráticas, organizaciones de derechos humanos y a la ciudadanía a mantenerse vigilantes frente a iniciativas que, a su juicio, buscan debilitar las garantías de no repetición.
«La justicia no puede ser objeto de negociaciones políticas, ni las víctimas pueden volver a ser relegadas por intereses ideológicos. La memoria, la verdad y la justicia no son negociables», concluye la declaración.
La declaración de la bancada comunista se produce en un momento en que el debate sobre derechos humanos ha adquirido un nuevo carácter político. Tras la absolución de Claudio Crespo, el oficialismo no solo defendió el fallo judicial, sino que comenzó a instalar la discusión sobre un indulto general para condenados por violaciones a los derechos humanos, desplazando el debate desde casos específicos hacia una revisión más amplia de las políticas de memoria, justicia y reparación impulsadas durante las últimas décadas
