La megarreforma abre un nuevo conflicto: del debate tributario a la justicia territorial
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Con 27 votos a favor y 22 en contra, el Senado aprobó la fórmula propuesta por el Gobierno para compensar a los municipios por la exención del pago de contribuciones a los adultos mayores de 65 años.
La votación puso término a uno de los capítulos más controvertidos de la megarreforma.
Pero, al mismo tiempo, abrió otro debate que probablemente acompañará al Gobierno durante buena parte de su mandato.
Ya no se trata solamente de impuestos.
Se trata de la forma en que el Estado distribuye sus recursos entre los distintos territorios del país.
Y esa discusión recién comienza.
El cambio del debate
Durante las primeras semanas la controversia giró en torno a la rebaja del impuesto corporativo, la menor recaudación fiscal y los beneficios que obtendrían las grandes empresas.
Posteriormente apareció otra discusión.
¿Cómo compensar a los municipios por la disminución de ingresos provenientes de las contribuciones?
Fue entonces cuando el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, comenzó a utilizar un concepto que terminó ordenando toda la controversia.
Justicia territorial.
No cuestionó que existiera una compensación.
Tampoco pidió mayores recursos.
Su planteamiento fue otro.
Si el Estado ya comprometió cerca de 200 millones de dólares para compensar a los municipios, ¿por qué esos recursos no podían distribuirse utilizando los criterios del Fondo Común Municipal, fortaleciendo a las comunas con mayores necesidades?
Más de cien alcaldes terminaron respaldando esa propuesta.
El Senado optó por otra.
Dos discusiones que terminan encontrándose
A primera vista, la rebaja del impuesto corporativo y la compensación municipal parecen materias distintas.
Sin embargo, ambas comparten una característica.
Plantean una misma pregunta.
¿Con qué criterio distribuye el Estado los beneficios y los costos de una reforma tributaria?
En el primer caso, el debate se concentró en la progresividad del sistema tributario.
Diversos economistas, parlamentarios y organizaciones advirtieron que una parte importante de los beneficios derivados de la reducción del impuesto corporativo favorecería a contribuyentes de mayores ingresos, mientras el Estado reduciría su capacidad de recaudación.
En el segundo caso, la discusión dejó de centrarse en quién paga impuestos y comenzó a preguntarse quién recibe los recursos públicos.
Es decir, el debate pasó desde la progresividad tributaria hacia la progresividad territorial.
La nueva discusión
Ese cambio no es menor.
Durante décadas Chile discutió cuánto debía recaudar el Estado y cuánto debía gastar.
Hoy empieza a instalarse otra pregunta.
¿Cómo distribuye ese gasto entre los distintos territorios?
La propuesta de los alcaldes no pretendía aumentar el presupuesto.
No pedía nuevos recursos.
Proponía modificar exclusivamente el criterio de distribución.
Ese detalle cambia completamente la naturaleza del conflicto.
Porque la controversia ya no enfrenta a quienes quieren gastar más con quienes desean gastar menos.
Enfrenta dos formas distintas de entender la equidad territorial.
Del Congreso a las regiones
La aprobación en el Senado tampoco parece cerrar el conflicto político.
Durante la misma jornada en que se confirmó la votación comenzaron a aparecer nuevos episodios que vuelven a situar la relación entre el Gobierno Central y los territorios en el centro del debate.
La discusión pública entre el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, y el delegado presidencial Germán Codina sobre seguridad mostró nuevamente las tensiones entre las autoridades locales y la representación del Ejecutivo.
Al mismo tiempo, desde la Región del Biobío surgieron fuertes cuestionamientos tras conocerse la paralización de un proyecto de corredores exclusivos para el transporte público que ya había sido aprobado.
Son conflictos distintos.
Pero todos remiten a una pregunta común.
¿Quién decide las prioridades del Estado cuando esas decisiones afectan directamente a los territorios?
Un cambio de eje
Quizás la principal consecuencia política de la megarreforma no sea únicamente la rebaja de impuestos ni la aprobación de nuevas normas económicas.
Puede ser la aparición de un nuevo eje del debate nacional.
La relación entre el Gobierno Central y los territorios.
Entre quienes toman las decisiones presupuestarias y quienes administran diariamente sus efectos.
Entre una lógica nacional de asignación de recursos y otra que pone el acento en las diferencias entre comunas y regiones.
La expresión «justicia territorial», instalada durante esta discusión, probablemente seguirá apareciendo en futuros conflictos sobre reconstrucción, infraestructura, transporte, seguridad o financiamiento municipal.
Porque una vez que la pregunta deja de ser cuánto dinero existe y pasa a ser cómo se distribuye, la política cambia de naturaleza.
El desafío que queda
La megarreforma fue presentada por el Gobierno como una estrategia para impulsar el crecimiento económico y la inversión.
Sin embargo, su tramitación terminó abriendo otra discusión que no figuraba entre sus objetivos originales.
La del criterio distributivo del Estado.
No sólo respecto de los impuestos.
También respecto del territorio.
El Senado resolvió una votación.
Lo que todavía no resuelve la política chilena es una pregunta mucho más amplia.
¿Cómo debe distribuir el Estado recursos que pertenecen a todos los contribuyentes en un país donde las desigualdades territoriales siguen siendo una de sus mayores brechas?
Esa discusión, lejos de concluir, probablemente acaba de comenzar.
Félix Montano
