Gaza y Cisjordania: anatomía de una escalada anunciada en un territorio ya devastado
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La advertencia de los expertos de la ONU llega en un momento en que la situación en el territorio palestino ocupado atraviesa uno de sus episodios más oscuros desde el inicio de la guerra. A pesar de un alto el fuego nominal vigente desde octubre de 2025, julio de 2026 registró un repunte dramático de ataques contra civiles palestinos, revelando una degradación acelerada de un panorama humanitario ya catastrófico. La cifra es brutal: alrededor de 160 palestinos fueron asesinados en Gaza solo en julio, elevando el número de muertos desde el inicio del “cese al fuego” a más de 1.200. Entre ellos hay mujeres, niños, personas mayores y familias que se habían refugiado en zonas designadas como “seguras”. La frase de los expertos es contundente: “En Gaza, ningún lugar es seguro”.
La geografía del enclave está siendo reconfigurada por la fuerza. Los expertos describen con alarma cómo bloques residenciales enteros reciben órdenes de evacuación minutos antes de ser destruidos por bombardeos. La expansión hacia el oeste de la llamada “línea amarilla”, la construcción de una barrera de 23 kilómetros y la detonación sistemática de viviendas están redibujando Gaza mediante desplazamiento forzado. La destrucción de hospitales, refugios, infraestructuras básicas y la muerte de policías y personal contratado por la ONU revelan una estrategia que no distingue entre combatientes y civiles. Los ataques contra pescadores, las desapariciones y abusos cometidos por grupos armados que supuestamente colaboran con el ejército israelí, y el asesinato de trabajadores humanitarios —defensores de derechos humanos por definición— profundizan la sensación de que la violencia se ha convertido en un mecanismo estructural. Los expertos lo expresan sin ambigüedades: “El genocidio continúa sin freno”.
La crisis alimentaria es otro eje de la tragedia. La ayuda humanitaria sigue sin entrar libremente en Gaza, mientras los productos que llegan por canales comerciales son ultraprocesados, nutricionalmente insuficientes y culturalmente inadecuados. Con tierras agrícolas inaccesibles, agua limpia bloqueada y suministros esenciales detenidos, los palestinos no pueden alimentarse por sí mismos. Los niños, las personas mayores y quienes viven con discapacidad soportan la mayor carga. La inseguridad alimentaria está alimentando un aumento de la violencia de género, del matrimonio infantil y de riesgos extremos para las mujeres que buscan comida cada día. La crisis humanitaria se convierte así en un fenómeno multidimensional que afecta salud, seguridad, cohesión social y supervivencia básica.
En Cisjordania, incluida Jerusalén Este, la situación no es menos alarmante. Al menos 14 palestinos fueron asesinados en julio, la mayoría en los últimos diez días del mes. Las restricciones de movimiento han provocado muertes evitables: un bebé de cuatro meses y una mujer embarazada perdieron la vida después de que ambulancias fueran bloqueadas en puertas militares. Los expertos lo describen con precisión: cuando los checkpoints amenazan la vida de bebés y mujeres embarazadas, las restricciones de movimiento se convierten en instrumentos letales.
El aumento del terrorismo de colonos ha alcanzado niveles sin precedentes. El 24 de julio, en Tell, al suroeste de Nablus, cuatro hombres palestinos de una misma familia fueron asesinados en enfrentamientos con colonos armados y soldados. En los días siguientes, unos 80 residentes de Tell fueron detenidos y más de 20 pogromos se registraron en un solo fin de semana: mezquitas, casas y granjas incendiadas, infraestructuras de agua destruidas, comunidades enteras desplazadas por la fuerza. Los expertos subrayan que el terrorismo de colonos no es espontáneo: opera con protección —y a menudo participación— de las fuerzas de ocupación israelíes, en paralelo con la expansión récord de asentamientos, demoliciones masivas, confiscaciones de tierras y el cierre prolongado de campos de refugiados. Todo ello, señalan, alentado por miembros del gabinete israelí.
El deterioro actual se produce dos años después de que la Corte Internacional de Justicia emitiera su Opinión Consultiva del 19 de julio de 2024, declarando ilegal la presencia continua de Israel en el territorio palestino ocupado y ordenando su fin “lo antes posible”. La Corte también determinó que la política de asentamientos viola el derecho internacional. Sin embargo, lejos de ser obligada a cumplir, Israel ha acelerado las mismas políticas que la Corte declaró ilícitas. Los expertos advierten que los Estados que ayudan o asisten a Israel —política, militar o financieramente— en mantener esta situación ilegal también están violando el derecho internacional. Esto golpea el corazón del orden jurídico multilateral, especialmente en un contexto de genocidio y una campaña abiertamente declarada de limpieza étnica.
La conclusión de los expertos es clara: se requiere cumplimiento inmediato de la Opinión Consultiva de la CIJ y de las medidas provisionales ordenadas por la Corte. Esto implica el cese de ataques contra civiles, respeto del alto el fuego, acceso humanitario sin restricciones, rendición de cuentas y pasos concretos por parte de terceros Estados para garantizar el respeto del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.
La escalada en Gaza y Cisjordania no es un episodio aislado: es la manifestación de un sistema de violencia estructural que se intensifica en ausencia de presión internacional efectiva. La advertencia de los expertos de la ONU es un llamado urgente a la comunidad internacional para evitar que la crisis, ya devastadora, se convierta en un colapso irreversible.
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