Fondecyt 2027: quién decidió qué conocimiento es prioritario en Chile
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La decisión del Gobierno de reservar hasta el 70% de las adjudicaciones del Fondecyt Postdoctorado 2027 para diez áreas prioritarias ha provocado un rechazo que ya atraviesa universidades, sociedades científicas, academias e investigadores. La controversia no radica solamente en cuáles disciplinas ganan o pierden recursos. Una pregunta más básica permanece abierta: qué diagnóstico y qué evidencia justifican este cambio en uno de los principales instrumentos de formación de nuevos investigadores del país.
Durante más de tres décadas, Fondecyt ha ocupado un lugar central en el desarrollo de la investigación científica chilena. Sus concursos han permitido financiar proyectos provenientes de distintas disciplinas bajo una premisa fundamental: competir por recursos públicos a partir de la calidad y mérito de las propuestas.
El concurso Fondecyt Postdoctorado 2027 introduce un cambio importante en esa lógica.
Las nuevas bases establecen que hasta el 70% de las adjudicaciones podrá destinarse a proyectos pertenecientes a diez áreas consideradas prioritarias. El 30% restante queda abierto para el conjunto de las demás disciplinas. La convocatoria comenzó el 31 de julio y las postulaciones se reciben hasta el 27 de agosto.
La decisión ha generado una reacción poco habitual en el mundo académico. El Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) hizo llegar formalmente sus reparos al Ministerio de Ciencia; universidades han pedido abrir un debate nacional; sociedades científicas y academias han cuestionado las bases, mientras investigadores de distintas disciplinas han advertido sobre las consecuencias que tendrá la modificación para quienes comienzan sus carreras científicas.
El conflicto, por tanto, ya no puede describirse simplemente como una protesta de las Humanidades y las Ciencias Sociales ante una pérdida de financiamiento. La pregunta se ha desplazado hacia un terreno más profundo: ¿quién decidió qué conocimiento necesita Chile y sobre qué antecedentes lo hizo?
El 70% y las nuevas prioridades
No es difícil argumentar que Chile necesita desarrollar investigación en inteligencia artificial, minería, recursos hídricos, biotecnología, salud, energía, ciberseguridad o cambio climático. Son materias vinculadas con problemas económicos, tecnológicos y ambientales evidentes.
El problema planteado por numerosos académicos no consiste necesariamente en negar su importancia.
Consiste en explicar por qué esas prioridades deben determinar hasta el 70% de las adjudicaciones de un concurso postdoctoral.
Son dos afirmaciones diferentes.
Una cosa es sostener que Chile necesita fortalecer determinadas capacidades científicas. Otra es concluir que el mecanismo adecuado para hacerlo consiste en reservar hasta siete de cada diez adjudicaciones de Fondecyt Postdoctorado para campos definidos previamente por el Ejecutivo.
Las bases establecen la priorización, pero la controversia académica apunta precisamente al proceso mediante el cual se llegó a ella. Hasta ahora no resulta públicamente visible un estudio que explique por qué se escogió específicamente una proporción 70/30, qué déficit de investigadores existe en cada una de las áreas seleccionadas o qué impacto tendrá la medida sobre las disciplinas que deberán competir por el 30% restante.
Esa ausencia de una fundamentación pública suficientemente detallada adquiere especial importancia porque no estamos hablando simplemente de distribuir un presupuesto anual.
Estamos hablando de formar investigadores.
El argumento de la empleabilidad
El Gobierno ha entregado una explicación.
La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, ha vinculado las modificaciones con un problema real del sistema científico chileno: la inserción laboral de quienes obtienen un doctorado.
La explicación oficial difundida por el Ministerio sostiene que Chile forma muchos más doctores de los que posteriormente pueden acceder a un Fondecyt Postdoctorado. La orientación hacia áreas prioritarias buscaría, entre otros objetivos, mejorar las posibilidades de inserción de los nuevos investigadores y conectar mejor su formación con las necesidades estratégicas y productivas del país.
Pero ese argumento abre inmediatamente otra pregunta.
¿Existe evidencia de que concentrar el financiamiento postdoctoral en esas diez áreas mejorará efectivamente la empleabilidad de los doctores?
Para establecer esa relación sería necesario conocer, por ejemplo, la inserción laboral de los doctores según disciplinas, la demanda proyectada de investigadores por sectores económicos, las capacidades científicas deficitarias del país y las posibilidades reales de contratación fuera de las universidades.
El problema de empleabilidad puede estar correctamente diagnosticado y, al mismo tiempo, la solución escogida requerir una demostración adicional.
Entre una cosa y otra existe un salto que el Gobierno todavía debe explicar.
¿Debe el Gobierno establecer prioridades?
Esta es probablemente la distinción más importante del debate.
Todo Estado puede definir prioridades científicas. Más aún, resulta razonable que lo haga.
Un país como Chile necesita anticipar problemas relacionados con el agua, energía, salud, cambio climático, minería, transformación tecnológica o inteligencia artificial. Destinar recursos públicos hacia esos desafíos forma parte de una política científica.
La controversia es si Fondecyt debe ser el instrumento utilizado para imponer esas prioridades.
El cuestionamiento ha alcanzado incluso a sectores que reconocen plenamente la necesidad de orientar parte de la investigación hacia objetivos nacionales. La discusión, por tanto, no enfrenta simplemente a quienes desean una ciencia “útil” con investigadores supuestamente indiferentes a las necesidades del país.
Lo que se está discutiendo es la arquitectura del sistema.
Chile dispone de instrumentos de investigación orientada hacia objetivos específicos. Fondecyt, en cambio, ha desempeñado históricamente una función particularmente importante para la investigación originada en las propias preguntas científicas.
Modificar ese equilibrio significa intervenir en la forma en que se desarrolla el conocimiento.
Una rebelión que atraviesa las disciplinas
La amplitud de las reacciones ayuda a entender por qué el problema supera una disputa por recursos.
El CRUCH manifestó formalmente sus reparos ante la ministra Lincolao y planteó preocupaciones tanto por la definición de las prioridades como por otros cambios introducidos en las bases. La Universidad de Santiago, por su parte, ha propuesto crear un espacio nacional de reflexión y ha advertido que los grandes desafíos del país requieren aproximaciones interdisciplinarias.
La astrónoma Teresa Paneque formuló la pregunta de manera directa: “¿Por qué el Estado pautea lo que tenemos que investigar?”. Su crítica resulta especialmente significativa porque proviene de una investigadora de una disciplina científica y no de las Humanidades.
La exministra de Ciencia Aisén Etcheverry también cuestionó el procedimiento, advirtiendo que las prioridades científicas no deberían determinarse simplemente desde el escritorio de un ministerio, sino mediante procesos capaces de incorporar al sistema científico.
Desde la Universidad Alberto Hurtado, la vicerrectora académica Antonia Larraín introdujo otra dimensión del problema: las decisiones adoptadas hoy respecto de los postdoctorados determinan las capacidades científicas que tendrá el país en el largo plazo.
Esto es fundamental.
Un Fondecyt Postdoctorado no financia únicamente una investigación. Permite que un investigador joven permanezca dentro del sistema, construya una trayectoria, publique, forme redes y eventualmente se incorpore a una universidad o centro científico.
Privilegiar determinadas disciplinas significa, por tanto, comenzar a modificar la composición futura de la comunidad científica chilena.
Humanidades y Ciencias Sociales: el 30% restante
Las consecuencias son especialmente severas para las Humanidades, Artes y buena parte de las Ciencias Sociales.
La Red de Historiadoras Feministas ha denunciado que relegarlas al espacio no prioritario contradice el principio establecido por la Ley 21.105, que creó el Ministerio de Ciencia y establece explícitamente entre sus funciones fomentar las ciencias naturales, ingeniería y tecnología, ciencias médicas, ciencias agrícolas, ciencias sociales, artes y humanidades.
La organización agrega una dimensión que generalmente queda fuera del debate presupuestario: el género.
Las mujeres tienen una presencia importante en las Humanidades y Ciencias Sociales. Si esos campos quedan concentrados dentro del 30% no prioritario, sostiene la Red, una política aparentemente neutral puede terminar reproduciendo las desigualdades que las propias políticas estatales de género en ciencia han intentado reducir.
Pero existe además una cuestión conceptual.
Los desafíos escogidos por el propio Gobierno difícilmente pueden abordarse exclusivamente desde disciplinas tecnológicas.
La inteligencia artificial plantea problemas laborales, educativos, jurídicos y políticos. La minería involucra territorios, comunidades y conflictos ambientales. La seguridad hídrica tiene dimensiones económicas y sociales. El cambio climático transforma ciudades, migraciones, empleo y desigualdad.
Precisamente los problemas definidos como estratégicos exigen cruzar conocimientos.
Separar entre conocimientos prioritarios y no prioritarios puede terminar contradiciendo la interdisciplinariedad necesaria para enfrentar esos mismos desafíos.
La ministra mantiene las bases
Pese a la magnitud de las críticas, el Gobierno decidió continuar con el concurso.
Este miércoles, la ministra Lincolao ratificó la decisión: “Procederemos con las bases”, señaló al responder a los cuestionamientos que han llegado desde el mundo académico. El Instituto de Chile y sus academias también han solicitado revisar el diseño del concurso.
La decisión mantiene abierto el conflicto.
Porque la discusión ya no consiste solamente en determinar si el 70% es demasiado o si las Humanidades deberían haber sido incorporadas entre las prioridades.
La pregunta anterior sigue sin desaparecer:
¿cuál es la evidencia que demuestra que esta distribución es la adecuada para el desarrollo científico chileno?
Si existe un diagnóstico que demuestra déficits específicos de investigadores, proyecciones de demanda, necesidades productivas y ventajas de concentrar los postdoctorados en esas diez áreas, hacerlo público permitiría discutir la política sobre antecedentes verificables.
Si ese diagnóstico no existe, el problema es considerablemente mayor.
Quién decide el conocimiento del futuro
Detrás de la controversia aparece finalmente una discusión sobre el papel del Estado.
El conocimiento científico necesita recursos públicos. Los recursos son limitados y cualquier presupuesto obliga a escoger. Pero no todas las formas de escoger son equivalentes.
Priorizar investigación mediante una estrategia nacional construida con universidades, investigadores, instituciones científicas y necesidades sociales es una cosa. Modificar las reglas de uno de los principales concursos científicos y concentrar hasta el 70% de sus adjudicaciones en áreas escogidas por la autoridad es otra.
Y esto ocurre además en un contexto de restricciones del gasto público que obliga a observar con mayor atención dónde se mantienen los recursos, dónde disminuyen y qué actividades pasan a ser consideradas prioritarias.
Una discusión paralela comienza a desarrollarse en el mundo de la cultura a propósito de los Fondos Cultura y Fondart. No es necesario concluir todavía que ambos procesos responden a una misma política. Pero la coincidencia plantea una pregunta que será difícil evitar: qué lugar asigna el actual Gobierno a aquellas formas de conocimiento y creación cuyo valor no puede medirse inmediatamente por su rentabilidad, productividad o aplicación tecnológica.
Fondecyt Postdoctorado 2027 ha convertido esa discusión abstracta en una decisión concreta.
El 70% irá hacia las áreas consideradas prioritarias.
El verdadero debate comienza un paso antes:
quién decidió que lo fueran, con qué evidencia y qué conocimiento quedará en Chile cuando esas decisiones comiencen a producir sus efectos.
Simón del Valle
Autor
