El método Cerimedo: cómo la desinformación y la guerra digital acompañaron el ascenso de la ultraderecha chilena
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La detención en Bolivia de Fernando Cerimedo está provocando una onda expansiva en Chile. Diputados anunciaron oficios para conocer los pagos y servicios de Numen y esclarecer los vínculos del consultor argentino con el entorno de José Antonio Kast. La historia, sin embargo, comenzó hace seis años: empresarios del Rechazo contrataron sus servicios durante el primer plebiscito y su estructura volvió a aparecer en la campaña constitucional de 2022. Nada de esto permite cuestionar jurídicamente los resultados electorales. El problema es otro: campañas decisivas para el rumbo del país se desarrollaron en un ecosistema contaminado por desinformación, propaganda opaca y mecanismos de amplificación artificial que las instituciones chilenas no estaban preparadas para controlar.
La pregunta que durante años prácticamente nadie formuló en Chile acaba de llegar al Congreso: ¿quién pagó a Fernando Cerimedo y qué hizo exactamente durante las campañas electorales chilenas?
El diputado Juan Santana anunció este domingo que oficiará al Servicio Electoral para determinar si Numen —la empresa del consultor argentino— o sociedades relacionadas aparecen en alguna rendición de gastos electorales realizada en Chile. También quiere saber qué facultades tiene actualmente el Servel para fiscalizar servicios digitales contratados por una campaña en el extranjero.
El diputado Jaime Araya (Ind.-PPD), por su parte, dirigió sus preguntas hacia un lugar todavía más sensible: el Segundo Piso de La Moneda. Anunció un oficio para que Alejandro Irarrázaval, jefe de asesores del presidente José Antonio Kast, aclare eventuales reuniones, comunicaciones, asesorías, contratos o pagos relacionados con Cerimedo. Irarrázaval participó de Casa Común por el Rechazo, la organización empresarial desde cuyo entorno fueron contratados los servicios del argentino.
Las iniciativas parlamentarias llegan después de que Cerimedo fuera detenido en Bolivia e imputado como presunto autor intelectual del ataque a tiros sufrido por su expareja, Nadia Beller. Un juez decretó 180 días de prisión preventiva mientras continúa la investigación. Cerimedo niega las acusaciones y conserva, naturalmente, su presunción de inocencia.
Pero su caída está abriendo otra historia.
Y una parte importante transcurrió en Chile.
Un operador que llegó con los empresarios del Rechazo
La primera aparición pública de Cerimedo en la política chilena ocurrió en septiembre de 2020.
Chile se preparaba para el plebiscito que decidiría si comenzaba un proceso destinado a reemplazar la Constitución heredada de la dictadura. Prácticamente todas las encuestas anticipaban un amplio triunfo del Apruebo.
Entonces apareció Numen.
Una encuesta de la empresa argentina fue llevada a la portada de El Mercurio. Situaba al Apruebo alrededor del 42% y al Rechazo en 34,4%, pero llegaba incluso a proyectar un escenario donde el Rechazo podía imponerse con un 53,8%.
La encuesta declaraba más de 18 mil respuestas obtenidas mediante avisos pagados en redes sociales y Google.
El resultado real, siete semanas después, fue abrumador:
Apruebo: 78,27%.
La diferencia entre la proyección que mostraba un eventual triunfo del Rechazo y lo que finalmente ocurrió fue de alrededor de 36 puntos.
No era solamente un problema metodológico.
Después se conoció que la encuesta había sido encargada por empresarios organizados para impulsar el Rechazo. Gerardo Jofré, expresidente de Codelco, reconoció haber participado de la contratación.
Cerimedo lo había dicho de manera todavía más sencilla:
su cliente era “un grupo de empresarios de Chile”.
Una encuesta para medir o para intervenir
Aquí comienza a verse el método.
Numen no era solamente una empresa de estudios de opinión. Desarrollaba también estrategia digital para la misma campaña política que había encargado la encuesta.
El sondeo comenzó entonces a utilizarse para instalar una idea: el Rechazo podía ganar si sus partidarios se movilizaban.
Gonzalo de la Carrera, dirigente de la Casa del Rechazo, difundió las cifras precisamente con ese argumento. Marcela Cubillos compartió posteriormente un video basado en los estudios de Numen para movilizar al electorado contrario al cambio constitucional.
La pregunta resulta inevitable:
¿la encuesta pretendía solamente medir la opinión pública o también modificarla?
No existe evidencia para afirmar que los datos fueran fraudulentamente inventados. Cerimedo ha atribuido el resultado a errores metodológicos.
Pero el episodio permite observar algo distinto: un estudio financiado por actores comprometidos con una opción electoral se convirtió simultáneamente en instrumento de campaña y noticia nacional.
La Asociación de Investigadores de Mercado y Opinión Pública (AIM) advirtió apenas dos días después sobre la aparición de sondeos procedentes de fuentes no habituales y con deficientes estándares de transparencia.
La alerta prácticamente no tuvo consecuencias.
2022: la mentira de la casa propia
Dos años después, Cerimedo vuelve a aparecer durante el segundo gran enfrentamiento constitucional.
Esta vez el objetivo era derrotar el proyecto redactado por la Convención.
En Puente Alto comenzaron a distribuirse folletos de una organización denominada Facilitadores Constitucionales.
El material imitaba elementos gráficos de la Convención y advertía sobre “el fin de la casa propia”.
La afirmación era falsa.
El proyecto constitucional reconocía el derecho a una vivienda digna, pero en ningún caso eliminaba la propiedad de las viviendas ni permitía al Estado apropiarse de ellas.
La falsedad fue desmentida reiteradamente por verificadores y especialistas.
CIPER y la investigación internacional Mercenarios Digitales encontraron posteriormente una conexión significativa: Facilitadores Constitucionales tenía vínculos digitales con la estructura de Cerimedo y Numen. La investigación documentó además otras operaciones de desinformación asociadas al ecosistema comunicacional del argentino.
El episodio de la casa propia es importante porque permite comprender que la desinformación política moderna no necesita inventar una historia completamente fantástica.
Le basta con encontrar un temor existente, deformar un hecho real y convertirlo en amenaza.
Fabricar una conversación
Cerimedo ha sido particularmente explícito al describir las herramientas utilizadas en las campañas digitales.
En una entrevista citada por CIPER reconoció disponer de “miles” de trolls generados mediante máquinas e inteligencia artificial, administrados por operadores que entregaban instrucciones y variables para su funcionamiento.
El mecanismo importa porque un bot no necesita convencer directamente a alguien para tener efecto político.
Puede cumplir otra función:
fabricar una multitud.
Cientos o miles de cuentas pueden repetir una expresión, compartir un contenido, responder a un adversario o impulsar una etiqueta.
El objetivo es producir artificialmente la impresión de que muchas personas reales están hablando espontáneamente del mismo asunto.
Además pueden intervenir sobre los sistemas de recomendación de las plataformas. Si una publicación recibe repentinamente miles de interacciones, el algoritmo puede interpretarla como relevante y comenzar a mostrarla a usuarios reales.
Entonces ocurre algo fundamental:
la operación artificial sale de la granja de cuentas y entra en la conversación pública.
Primero la tendencia, después la noticia
Existe un ejemplo chileno particularmente ilustrativo.
Durante 2022 circuló en redes la versión de que Gabriel Boric había sufrido un colapso nervioso.
Era falsa.
La Derecha Diario, medio fundado por Cerimedo, publicó posteriormente una nota sobre el supuesto episodio.
Pero una investigación reconstruida ahora por El País detectó una anomalía: el hashtag relacionado con el supuesto colapso ya era tendencia antes de que apareciera la noticia que aparentemente debía haber originado la conversación.
El orden resulta revelador.
Primero aparece la conversación.
Después aparece el medio que la convierte en noticia.
Luego la noticia vuelve a las redes como confirmación de que aquello de lo que hablaban las redes efectivamente estaba ocurriendo.
Es un circuito cerrado de legitimación.
Y puede producir algo mucho más profundo que una mentira concreta: alterar la percepción de lo que una sociedad piensa de sí misma.
La democracia no es solamente contar votos
Aquí está el problema fundamental.
Nada de los antecedentes conocidos permite afirmar que los plebiscitos de 2020 o 2022, ni las posteriores elecciones chilenas, hayan sido fraudulentos.
Los ciudadanos votaron.
Los votos fueron contabilizados.
Los resultados son institucionalmente válidos.
La discusión es otra.
Una democracia no consiste únicamente en garantizar que haya una urna transparente y que los votos sean correctamente contados.
También requiere condiciones mínimas para que la voluntad ciudadana pueda formarse libremente.
Y eso presupone que el elector pueda saber razonablemente quién intenta persuadirlo, quién financia esa persuasión y desde qué intereses se origina el mensaje que recibe.
Cuando una campaña política contrata publicidad tradicional, el ciudadano sabe que está observando propaganda.
Cuando una estructura financia centenares de cuentas que aparentan ser ciudadanos independientes expresando espontáneamente una opinión, ocurre algo diferente.
Se fabrica una percepción de realidad.
Lo ilegal, lo no regulado y lo antidemocrático
Aquí también hay que evitar simplificaciones.
No todas las herramientas de una campaña digital son ilegales.
El uso de redes sociales, segmentación de audiencias, análisis de datos o contratación de consultores extranjeros no constituye por sí mismo un delito.
Algunas conductas, dependiendo de cómo sean ejecutadas, pueden infringir normas sobre financiamiento electoral, protección de datos, identidad, gasto de campaña u otras disposiciones.
Otras permanecen insuficientemente reguladas.
Y existe una tercera categoría particularmente incómoda: prácticas que pueden no estar expresamente prohibidas pero que resultan incompatibles con principios democráticos básicos de transparencia y autenticidad.
Fabricar ciudadanos inexistentes para simular apoyo social pertenece a ese problema.
Ocultar quién financia una operación política también.
Difundir deliberadamente información falsa para provocar miedo entre los electores afecta la calidad de la deliberación democrática aunque determinar su sanción jurídica resulte mucho más complejo.
202 denuncias y ninguna herramienta
El mejor ejemplo de la indefensión institucional chilena ocurrió precisamente durante el plebiscito de 2022.
El Servel recibió 202 denuncias relacionadas con desinformación.
Las archivó todas.
No porque hubiese establecido que las 202 eran falsas.
Sino porque carecía de atribuciones para fiscalizar el contenido de la propaganda electoral.
Después de aquella elección, la Comisión Asesora contra la Desinformación presentó en diciembre de 2023 un conjunto de 72 recomendaciones.
Entre ellas estaba fortalecer las capacidades fiscalizadoras del Servel.
Hasta hoy esas recomendaciones no se han traducido en una arquitectura legal capaz de resolver el problema.
Por eso la pregunta que Juan Santana acaba de enviar al Servel es bastante más importante que Cerimedo:
¿puede hoy el organismo electoral chileno fiscalizar una operación digital contratada en el extranjero?
¿Quién pagó?
Existe además otra pregunta.
Si Cerimedo trabajó para un grupo de empresarios chilenos:
¿cómo se pagaron esos servicios?
¿Quién emitió las facturas?
¿A quién?
¿Fueron declarados como gastos electorales cuando correspondía?
¿Aparece Numen o alguna sociedad relacionada en las rendiciones presentadas al Servel?
Eso es precisamente lo que Santana pretende determinar.
La trazabilidad del dinero es esencial porque la política digital permite construir largas cadenas:
financista → consultora → fundación → medio digital → influencer → publicidad → cuentas anónimas.
Al final de esa cadena aparece un ciudadano mirando su teléfono.
Pero ese ciudadano puede no tener ninguna posibilidad de saber quién pagó el mensaje que está intentando modificar su voto.
Numen se instala en Chile
Cerimedo tampoco fue simplemente un asesor argentino que cruzaba ocasionalmente la cordillera.
En septiembre de 2020 se constituyó Numen SpA en Chile.
Uno de sus protagonistas fue el abogado Enrique García Arancibia, posteriormente integrante del Comité Técnico de Admisibilidad del segundo proceso constitucional.
CIPER documentó que García aparecía como socio y country manager de Numen en Chile y que Cerimedo afirmaba viajar al país cada 15 o 20 días. El argentino aseguraba además que la empresa tenía numerosos clientes corporativos chilenos.
García tenía simultáneamente una trayectoria política propia.
Presidió una fundación inscrita para participar por el Rechazo, mantuvo vínculos con sectores conservadores y republicanos y entrevistó a José Antonio Kast en un espacio dedicado al proceso constitucional.
No hay ilegalidad demostrada en esas relaciones.
Pero muestran que Numen había desarrollado raíces locales.
Del Rechazo a Kast
Y aquí aparece la continuidad política que vuelve relevante esta historia seis años después.
El proceso constituyente funcionó como un gigantesco laboratorio político para la derecha chilena.
Empresarios financiaron campañas.
Surgieron organizaciones ciudadanas.
Se desarrollaron estrategias territoriales.
Se construyeron bases digitales.
Se probaron mensajes.
Se segmentaron públicos.
Y se aprendió a transformar el miedo y la indignación en movilización electoral.
Parte de los protagonistas de ese ciclo continuó posteriormente alrededor de José Antonio Kast y el Partido Republicano.
Alejandro Irarrázaval participó de Casa Común por el Rechazo y hoy es jefe de asesores del Presidente.
Ignacio Dülger también pasó por Casa Común, participó en las campañas de Kast y llegó al Segundo Piso antes de anunciar recientemente su salida para asumir la dirección ejecutiva de Acción Republicana.
Felipe Costabal comenzó su trayectoria electoral en el Rechazo de 2020, pasó por la campaña presidencial de Kast en 2021, estuvo a cargo del frente digital de la Franja Ciudadana del Rechazo en 2022, continuó trabajando con Republicanos y participó en la campaña presidencial de 2025. Hoy encabeza la Secretaría de Comunicaciones de La Moneda.
Estas trayectorias no demuestran que todos ellos participaran en operaciones ilegales ni que hayan trabajado directamente con Cerimedo.
Demuestran otra cosa:
continuidad política, profesional y organizativa entre las campañas contra el proceso constituyente y el proyecto que finalmente llevó a Kast a La Moneda.
La conexión que todavía falta aclarar
Existe además una declaración particularmente relevante.
Agustín Romo, integrante del equipo digital de Javier Milei, afirmó públicamente en 2023 que Cerimedo había trabajado en campañas de Bolsonaro y Kast.
Hasta ahora no se ha transparentado qué campaña de José Antonio Kast fue, qué servicios prestó Cerimedo, quién los contrató ni cómo fueron financiados.
El País, por ejemplo, advierte que no existe hasta ahora evidencia pública suficiente para acreditar por vías independientes ese trabajo para un candidato presidencial chileno.
Precisamente por eso las preguntas deben responderse documentalmente.
La detención de Cerimedo vuelve insuficiente el silencio.
Neuroc, Dress y una coincidencia
La discusión adquirió todavía mayor intensidad porque la detención de Cerimedo coincidió con la desaparición de X de dos conocidas cuentas chilenas de ultraderecha: Neuroc y Dress.
Ambas habían sido mencionadas durante las controversias por los ataques digitales contra Evelyn Matthei durante la presidencial de 2025.
No existe evidencia conocida que conecte a Cerimedo con esas cuentas.
Además, Neuroc había anunciado su retiro antes de la detención del argentino.
Por tanto, presentar esa coincidencia como prueba sería precisamente incurrir en el tipo de manipulación informativa que este artículo cuestiona.
Lo relevante es otro aspecto.
El episodio demuestra hasta qué punto las cuentas anónimas y las operaciones digitales se convirtieron en un componente normal de la disputa política chilena.
La pregunta llega a La Moneda
Jaime Araya llevó este domingo la cuestión hasta Alejandro Irarrázaval.
Y eso cambia la naturaleza política del caso.
Ya no estamos únicamente reconstruyendo lo que ocurrió durante los plebiscitos.
El Congreso comienza a preguntar si existen reuniones, comunicaciones, asesorías, contratos o pagos que permitan establecer con mayor precisión la relación entre Cerimedo y quienes posteriormente llegaron al gobierno.
Es una pregunta razonable.
No porque la pertenencia a Casa Común convierta a Irarrázaval en responsable de las actividades de Cerimedo.
Sino porque hoy ocupa una de las posiciones de mayor confianza del Presidente de la República y existen antecedentes públicos suficientes para justificar transparencia sobre aquella relación.
El laboratorio
El proceso constituyente chileno produjo dos derrotas constitucionales de signos políticos diferentes.
Pero produjo además algo menos visible.
Un laboratorio de guerra política digital.
En ese período se ensayaron formas de organización que podían operar fuera de los partidos; campañas territoriales construidas como iniciativas ciudadanas; segmentación intensiva de públicos; medios digitales ideologizados; cuentas anónimas; mensajes emocionales y estrategias destinadas no solamente a convencer, sino a instalar miedo.
No todo aquello fue ilegal.
No todo fue desinformación.
Y sería intelectualmente deshonesto atribuir el resultado de una elección de millones de personas a bots o consultores digitales.
Pero sería igualmente ingenuo sostener que esas herramientas no importan.
Porque una elección democrática depende también de la calidad del espacio informativo donde los ciudadanos toman sus decisiones.
El método Cerimedo
Cerimedo resulta importante no porque haya inventado estas técnicas.
Es importante porque las describe con una franqueza poco habitual.
Bots.
Trolls.
Inteligencia artificial.
Campañas negativas.
Segmentación.
Medios propios.
Encuestas convertidas en instrumentos políticos.
Operaciones capaces de atravesar fronteras.
Brasil, Chile, Argentina, Bolivia.
Distintos candidatos, diferentes circunstancias, pero un mismo aprendizaje: en la política contemporánea no basta con conquistar votos; primero hay que conquistar la conversación que los produce.
Y para hacerlo resulta enormemente útil que el ciudadano no pueda distinguir siempre dónde termina una opinión espontánea y dónde comienza una operación profesional.
Una democracia sin defensas suficientes
Fernando Cerimedo está hoy preso preventivamente en Bolivia por una causa completamente distinta.
Será la justicia boliviana la que determine su eventual responsabilidad penal.
Para Chile, sin embargo, la pregunta es otra.
¿Cómo fue posible que durante años operaran mecanismos de propaganda política cuya autoría, financiamiento y alcance resultaban tan difíciles de rastrear?
¿Por qué las alertas de 2020 no produjeron reformas?
¿Por qué 202 denuncias de desinformación pudieron llegar al Servel en 2022 sin que el organismo tuviera facultades suficientes para investigarlas?
¿Quién pagó los trabajos de Cerimedo?
¿Qué servicios prestó realmente en Chile?
¿Trabajó para las campañas de Kast, como afirmó públicamente un integrante del equipo digital de Milei?
¿Y qué capacidad tiene hoy la democracia chilena para detectar una operación semejante si vuelve a ocurrir?
Nada de esto convierte los resultados electorales chilenos en fraudulentos.
Pero tampoco permite ignorar una evidencia más incómoda:
la democracia puede contar perfectamente cada voto y, al mismo tiempo, ser extraordinariamente vulnerable durante el proceso en que esos votos se forman.
El caso Cerimedo ha comenzado finalmente a llevar esas preguntas desde las redes sociales hasta el Congreso.
Llegan seis años tarde.
Pero ahora apuntan directamente hacia los empresarios que financiaron el Rechazo, las estructuras que combatieron el proceso constituyente, el crecimiento posterior del Partido Republicano y el entorno político que terminó acompañando a José Antonio Kast hasta La Moneda.
Y esta vez la respuesta no debería quedar en manos de los algoritmos.
Félix Montano
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