Trump y la guerra comercial contra Canadá: cuando el comercio se convierte en soberanía
Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 34 segundos
La ruptura de las negociaciones entre Estados Unidos y Canadá revela algo más profundo que un desacuerdo arancelario: la administración Trump pretende convertir el comercio en un instrumento de subordinación política. Washington no solo exige acceso a mercados; pretende condicionar decisiones soberanas de su vecino. En las conversaciones llegó a plantear exigencias sobre la política comercial canadiense hacia terceros países y sobre sus políticas de apoyo a la producción nacional.
El método es conocido: presión arancelaria, amenazas y negociación bajo la espada de Damocles. Trump llegó a anunciar que los aranceles sobre automóviles, camiones, piezas y acero canadienses podrían alcanzar el 50% desde enero de 2027, mientras calificaba a los funcionarios canadienses de “payasos”. La diplomacia comercial queda así degradada a una relación de fuerza en la que Washington pretende imponer las condiciones.
La administración estadounidense exige además una prerrogativa particularmente reveladora: conservar el derecho de modificar unilateralmente los aranceles contra Canadá incluso después de firmado un eventual acuerdo. Es decir, Washington quiere que su propia firma carezca de la estabilidad que normalmente supone un tratado. Como señaló Mark Carney, la firma estadounidense aparece escrita “con lápiz de carbón”, se borra con una goma.
El conflicto llegó incluso al terreno cultural. Las políticas canadienses destinadas a promover contenidos nacionales y producciones en francés fueron consideradas por Washington una interferencia en la libertad de las plataformas digitales. En Quebec, además, la ley de soberanía cultural busca garantizar la presencia del francés en las grandes plataformas. Estas medidas forman parte de una concepción de la cultura como derecho y soberanía, no como simple mercancía.
Aquí aparece una de las contradicciones más significativas de la política de Trump: mientras Estados Unidos protege agresivamente sus propios intereses industriales mediante aranceles y políticas de apoyo nacional, pretende presentar como “discriminación” las medidas canadienses destinadas a proteger su cultura. La excepción cultural prevista en el acuerdo comercial norteamericano reconoce, además, que estas políticas quedan fuera de su perímetro.
La presión va todavía más lejos. Según la reconstrucción de las últimas horas de las conversaciones, Washington pretendía que Canadá alineara sus aranceles hacia terceros países con los decididos por Estados Unidos. El objetivo es China: impedir la consolidación de la relación comercial con la potencia rival. Eso habría limitado la capacidad canadiense de diversificar sus relaciones comerciales, precisamente cuando Ottawa busca reducir su dependencia de su poderoso vecino. Ya no se trata solamente de comercio: es una disputa por quién decide la política económica de Canadá.
La respuesta de la sociedad canadiense está siendo significativa. El apoyo al gobierno de Mark Carney es unánime y una gran mayoría de canadienses respalda una posición más firme frente a Washington, mientras el conflicto ha reactivado un sentimiento de unidad nacional incluso en Quebec. El boicot a productos estadounidenses también vuelve a ganar fuerza, expresión de un malestar que trasciende las diferencias partidarias.
Para Trump, el problema es que la confrontación ocurre en un momento políticamente desfavorable. Su aprobación ha caído al 33%, uno de los niveles más bajos de su presidencia, mientras los republicanos enfrentan una elección de medio mandato en la que arriesgan sus mayorías legislativas. La guerra comercial puede convertirse así en un bumerán: los aranceles que pretende utilizar como arma de presión sobre Canadá también amenazan con elevar precios y afectar industrias de estados decisivos para las elecciones de noviembre.
El contrasentido es brutal: Trump pretende demostrar fuerza frente a Canadá, pero puede estar fabricando simultáneamente un problema electoral interno. La confrontación amenaza las cadenas productivas norteamericanas y puede reactivar las presiones inflacionarias justamente cuando la economía estadounidense necesita estabilidad. La política de “America First” corre así el riesgo de terminar perjudicando a los mismos consumidores y trabajadores estadounidenses que dice defender.
Para Chile, la experiencia canadiense contiene una advertencia estratégica: integración comercial no puede significar subordinación. Un país demasiado dependiente de un solo mercado y políticamente dócil queda expuesto a que una potencia imperialista convierta sus ventajas económicas en instrumentos de presión política. La lección no es cerrar la economía, sino diversificar mercados, fortalecer capacidades productivas propias, defender la soberanía regulatoria y asegurar la protección de los salarios. En tiempos de Trump, se impone una política económica con un gobierno que defienda los intereses estratégicos no solo de boca. Pero sobre todo se necesita una propuesta económica de transición ecológica y socialista: es una condición de la soberanía nacional en medio del caos planetario.
Leopoldo Lavín Mujica
Autor
