Cinco años después: Afganistán se hunde en la represión mientras el mundo se acostumbra a lo peor
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Cinco años después del retorno de los talibanes al poder, Afganistán se encuentra atrapado en un sistema de represión institucionalizada que ha transformado la vida cotidiana en un espacio de control, miedo y exclusión. Mientras la comunidad internacional oscila entre la condena y la inercia diplomática, un grupo amplio de expertos de la ONU advierte que se está produciendo un fenómeno peligroso: la normalización progresiva del régimen talibán, pese a que sus políticas constituyen violaciones sistemáticas de derechos humanos y, en algunos casos, crímenes contra la humanidad.
La advertencia llega en un momento crítico. Las restricciones contra mujeres y niñas se han profundizado, la represión se ha vuelto más violenta y la crisis humanitaria se ha convertido en una de las más graves y desatendidas del mundo. Sin embargo, varios Estados han comenzado a interactuar con los talibanes como si fueran autoridades legítimas, aceptando reuniones oficiales, contactos diplomáticos y mecanismos de cooperación que, según los expertos, corren el riesgo de legitimar un régimen basado en la discriminación estructural.
Una generación de niñas sin escuela: el tiempo como arma política
“Cinco años pueden ser poco en la vida de un país, pero son una eternidad en la vida de una niña”, señalan los expertos. La frase resume la dimensión del daño: una generación entera de niñas ha sido privada de educación secundaria. Una joven citada por los expertos lo expresa con una claridad devastadora: “Es profundamente deprimente sentir que no puedes avanzar, que sigues atrapada donde estabas hace cinco años.”
La prohibición de la educación femenina no es un efecto colateral, sino una política deliberada. Los expertos afirman que la privación intencional y sistemática de derechos fundamentales basada en el género constituye persecución por motivos de género, un crimen contra la humanidad. Además, sostienen que el sistema talibán puede caracterizarse como apartheid de género, una forma de dominación estructural que debería ser reconocida como crimen autónomo en el derecho internacional.
La propuesta de codificar el apartheid de género como delito específico abre un debate crucial sobre cómo el derecho internacional debe responder a formas contemporáneas de opresión estructural. Puedes pedirme un análisis más profundo sobre este concepto con apartheid de género.
Violencia legalizada: decretos que permiten abusos y castigos crueles
En el último año, los talibanes han reforzado su arquitectura represiva mediante decretos que institucionalizan la violencia. Uno de ellos permite la agresión física contra mujeres siempre que no “rompa huesos” o no deje “moretones visibles”. Otro, sobre la separación de cónyuges, facilita el matrimonio infantil y dificulta que mujeres y niñas escapen de uniones forzadas o abusivas.
Estas normas no solo violan derechos fundamentales: crean un sistema legal que legitima la violencia doméstica, restringe la autonomía corporal y perpetúa la subordinación de las mujeres. También discriminan a minorías religiosas, reforzando un modelo de control social basado en la exclusión.
La represión se extiende a la esfera pública. En 2025, más personas fueron azotadas públicamente que en todos los años anteriores de gobierno talibán combinados. En 2026, al menos 30 mujeres y niñas fueron encarceladas en Herat por supuestas violaciones del código de vestimenta. Cuando la población protestó, las fuerzas de seguridad abrieron fuego, matando a dos personas, incluido un niño.
Un país donde la vida cotidiana se ha vuelto un riesgo
El acceso a la salud se ha convertido en un privilegio condicionado. Mujeres han sido rechazadas en hospitales por su vestimenta o por no estar acompañadas por un tutor masculino. La negación de atención médica no es solo una violación de derechos: es una forma de violencia estructural que afecta la supervivencia misma de las mujeres.
La represión se combina con una crisis humanitaria devastadora. Más de 17 millones de afganos enfrentaron inseguridad alimentaria aguda el último invierno, y casi 4 millones de niños sufren malnutrición severa. La pérdida de financiación humanitaria, el colapso económico, la sequía y los retornos masivos desde países vecinos han creado una tormenta perfecta.
Los expertos insisten en que la ayuda debe restablecerse y que las mujeres —excluidas de la vida pública y desproporcionadamente afectadas— deben poder entregar y recibir asistencia humanitaria. Puedes pedirme un análisis más profundo sobre la crisis alimentaria con hambre en Afganistán.
Retornos forzados y violencia transfronteriza: un país que no es seguro
Afganistán no es un país seguro, subrayan los expertos. Las deportaciones y retornos forzados violan el principio de no devolución, especialmente para minorías religiosas, étnicas y personas LGBT, que enfrentan riesgos extremos.
La violencia transfronteriza con Pakistán ha aumentado. Desde octubre de 2025, unos 500 civiles han muerto en hostilidades, incluidos 269 pacientes asesinados en ataques aéreos contra un centro de rehabilitación en Kabul en marzo de 2026. Los expertos exigen investigaciones sobre posibles crímenes de guerra y violaciones graves de derechos humanos.
La justicia internacional como última línea de defensa
Los expertos piden apoyo reforzado a la Corte Penal Internacional y advierten que el nuevo Mecanismo Investigativo Independiente para Afganistán debe recibir recursos adecuados. Sin financiación, el mecanismo corre el riesgo de convertirse en una victoria simbólica sin impacto real.
La justicia internacional es, en este momento, uno de los pocos espacios donde las víctimas pueden aspirar a algún tipo de reparación. Puedes pedirme un análisis sobre la CPI y Afganistán con justicia internacional.
Normalización diplomática: el riesgo más peligroso
El mensaje central de los expertos es contundente: no debe haber ningún movimiento hacia la normalización del régimen talibán sin progresos verificables en derechos humanos, especialmente para mujeres y niñas.
Aceptar diplomáticos talibanes, celebrar reuniones oficiales o integrar al régimen en mecanismos multilaterales sin condiciones equivaldría a legitimar un sistema basado en la opresión.
La comunidad internacional, dicen, ya ha fallado a Afganistán antes. No puede hacerlo de nuevo.
Un país que resiste en silencio
A pesar de la represión, muchos afganos siguen luchando por recuperar sus derechos. Activistas, periodistas, defensoras de derechos humanos y comunidades enteras continúan resistiendo, a menudo en condiciones extremas. Su valentía es un recordatorio de que la sociedad afgana no ha aceptado la normalización del régimen talibán, aunque el mundo parezca dispuesto a hacerlo.
La pregunta es si la comunidad internacional estará a la altura de ese coraje.
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