Siria: expertos de la ONU exigen derogar las leyes de desposesión heredadas del régimen de Assad
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La reconstrucción de Siria no podrá basarse en las mismas normas que facilitaron el desplazamiento y la pérdida de viviendas de miles de personas durante años de conflicto. Así lo afirmaron tres expertos independientes de las Naciones Unidas, quienes instaron al Gobierno de Transición sirio a suspender y revisar las leyes que, bajo el régimen de Bashar al Assad, permitieron amplios procesos de expropiación y desposesión.
En una declaración difundida el 2 de septiembre desde Ginebra, los relatores especiales señalaron que el Decreto N.º 66 de 2012 y la Ley N.º 10 de 2018 favorecieron los intereses inmobiliarios de una minoría privilegiada en detrimento de los derechos de vivienda de amplios sectores de la población.
“Estos instrumentos jurídicos condujeron al desplazamiento y a la desposesión generalizados de miles de familias en beneficio de una élite privilegiada”, afirmaron los expertos.
Las normas fueron promovidas por las autoridades sirias como herramientas para la reurbanización y la reconstrucción de zonas afectadas por la guerra. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han denunciado durante años que estos mecanismos permitieron la confiscación de propiedades de personas desplazadas, refugiadas o incapaces de acreditar la titularidad de sus viviendas tras años de conflicto.
Una oportunidad histórica para reparar injusticias
Los expertos consideran que la actual transición política ofrece una oportunidad única para corregir las consecuencias de esas políticas y garantizar que la recuperación del país se base en principios de justicia y derechos humanos.
“Siria tiene una oportunidad histórica para transformar una de las mayores crisis de desplazamiento del mundo en una recuperación inclusiva y sostenible”, señalaron.
Al mismo tiempo, advirtieron que los planes de reconstrucción actualmente en marcha enfrentan retrasos administrativos y financieros y no están respondiendo adecuadamente a las necesidades de las personas desplazadas dentro del país, de los refugiados ni de las familias de desaparecidos y detenidos.
La cuestión es especialmente sensible en un país donde millones de personas continúan fuera de sus hogares tras más de una década de conflicto armado. Para muchos refugiados, la posibilidad de regresar depende directamente de que se reconozcan y protejan sus derechos sobre viviendas, terrenos y propiedades.
El derecho a la vivienda sigue ausente
Otro de los puntos destacados por los expertos es la ausencia del derecho a una vivienda adecuada en la Declaración Constitucional de 2025, documento que guía actualmente la transición política siria.
Aunque la declaración reconoce el derecho a la propiedad privada y la protección de la vida privada y familiar, no incluye explícitamente el derecho a la vivienda, considerado un derecho humano fundamental en numerosos instrumentos internacionales.
Los relatores recordaron además que el artículo 48 de la Declaración Constitucional establece la anulación de todas las leyes excepcionales que hayan perjudicado al pueblo sirio y sean incompatibles con los derechos humanos. Sin embargo, señalaron que las autoridades no han presentado hasta ahora una lista exhaustiva de las normas afectadas por esa disposición.
“Por el momento, solo podemos concluir que la legislación anterior continúa vigente”, indicaron.
Justicia transicional y reconstrucción
Para los expertos de la ONU, la resolución de los conflictos relacionados con la vivienda y la propiedad no constituye únicamente una cuestión jurídica o administrativa, sino un elemento central de cualquier proceso de reconciliación nacional.
Según afirmaron, una verdadera estrategia de justicia transicional debe abordar también las causas socioeconómicas que contribuyeron al conflicto y al descrédito de las instituciones políticas.
“Un enfoque de justicia transicional para la paz y la reconciliación en Siria requiere abordar las causas socioeconómicas profundas del conflicto”, subrayaron.
En este contexto, reclamaron que la futura Constitución siria incluya garantías explícitas para el derecho a una vivienda adecuada y que la nueva Asamblea del Pueblo revise las leyes heredadas del antiguo régimen para reemplazarlas por un marco normativo compatible con las obligaciones internacionales del país.
Reconstruir sobre los derechos humanos
Los expertos concluyeron que las leyes de expropiación aplicadas durante el régimen anterior no pueden servir de base para construir una sociedad democrática y pacífica.
“La reconstrucción de la Siria moderna debe colocar las normas internacionales de derechos humanos en el centro de la reconstrucción social, institucional y urbana”, afirmaron.
La comunicación fue enviada formalmente al Gobierno de Transición sirio, al que los expertos solicitaron explicaciones y medidas concretas para garantizar la restitución de derechos a las personas afectadas por años de desplazamiento y pérdida de propiedades.
En un país donde millones de personas siguen esperando regresar a sus hogares, el debate sobre la vivienda se ha convertido en uno de los grandes desafíos de la transición siria. Para Naciones Unidas, la paz duradera dependerá también de la capacidad de garantizar que quienes fueron despojados de sus hogares puedan recuperar sus derechos y reconstruir sus vidas.
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