De la Espriella convierte los muertos en mensaje de poder y abre una fuerte controversia en Colombia

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La exhibición de cadáveres de combatientes abatidos en operaciones militares ha provocado críticas que desbordan a la izquierda colombiana. Mientras el gobierno reivindica su ofensiva contra los grupos armados, juristas, especialistas en seguridad, dirigentes políticos y medios cuestionan que el Estado transforme los cuerpos de los muertos en instrumentos de propaganda. La polémica adquiere una dimensión adicional por la muerte de menores reclutados durante los bombardeos.

El presidente colombiano Abelardo de la Espriella lleva menos de un mes en el poder, pero ya ha dejado una imagen que probablemente acompañará a su gobierno: el mandatario caminando entre decenas de cadáveres cubiertos con telas blancas mientras explica ante las cámaras los resultados de una operación militar.

La escena corresponde a la Operación Azarías, ejecutada en Guaviare contra la estructura Carolina Ramírez, vinculada a las disidencias de las FARC encabezadas por Iván Mordisco. El gobierno presentó la acción como uno de sus primeros grandes golpes contra las organizaciones armadas y confirmó la muerte de numerosos combatientes, entre ellos alias “Tigre”, uno de los principales jefes de esa estructura.

Pero fue la manera escogida por De la Espriella para comunicar el resultado la que terminó provocando una controversia nacional.

En un video divulgado por la propia Presidencia, De la Espriella aparece junto al ministro de Defensa, Jorge Mora, y altos mandos militares recorriendo el lugar donde habían sido colocados los cuerpos. Mientras señala las bolsas que contienen los cadáveres, describe las acciones atribuidas a los fallecidos y reivindica la ofensiva militar de su gobierno.

La escena no fue un hecho aislado. Apenas dos días después, el mandatario volvió a presentarse ante cadáveres, esta vez en Riohacha, después de una operación policial en la que murieron Naín Andrés Pérez Toncel, alias “Bendito Menor”, jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada; su pareja y otras dos personas. Los cuatro cuerpos cubiertos fueron nuevamente utilizados como telón de fondo del anuncio presidencial.

Una crítica que desborda a la izquierda

Las primeras reacciones provinieron de la oposición. El expresidente Gustavo Petro cuestionó duramente la utilización de los cuerpos y sostuvo que cualquier animadversión debe terminar con la muerte. Iván Cepeda también acusó al mandatario de convertir los cadáveres en una exhibición.

Pero la controversia rápidamente desbordó las fronteras del petrismo.

Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y excandidata presidencial, cuestionó también la conducta del mandatario y sostuvo que las imágenes no representan una victoria del Estado. Su crítica resulta políticamente significativa porque López no pertenece al Pacto Histórico ni puede ser identificada simplemente con la oposición de izquierda al nuevo gobierno.

También surgieron objeciones desde especialistas en seguridad. Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá, ha planteado una distinción fundamental: una democracia puede utilizar legítimamente fuerza incluso letal contra actores armados cuando las circunstancias lo justifican, pero una vez terminada la operación existen obligaciones legales y humanitarias respecto de los cuerpos.

Los muertos, señaló Acero, deben ser sometidos a procedimientos judiciales y forenses y posteriormente entregados a sus familiares. No corresponde convertirlos en “trofeos de guerra” para transmitir mensajes políticos.

La discusión, por tanto, ya no gira únicamente alrededor de si las Fuerzas Armadas deben combatir a las disidencias de las FARC, el ELN u otras organizaciones criminales. La cuestión es otra: qué límites debe imponerse el Estado incluso cuando ejerce legítimamente la fuerza.

“El Estado colombiano no puede ser cruel”

Uno de los cuestionamientos más categóricos apareció en el editorial de El Espectador, bajo un título difícilmente más explícito: “El Estado colombiano no puede ser cruel”.

El diario parte precisamente por reconocer la gravedad de las acciones de las organizaciones armadas, incluido el reclutamiento forzado de menores, y considera necesaria una ofensiva estatal contra ellas.

Pero establece una frontera.

La exhibición de cadáveres, sostiene el editorial, degrada el debate público, potencia la violencia y elimina las exigencias éticas que distinguen precisamente al Estado de las organizaciones criminales. El Estado, señala el periódico, no existe para producir muertos y exhibirlos como trofeos.

Ese argumento resulta central porque evita reducir la controversia a la tradicional división colombiana entre partidarios de la negociación y defensores de la mano dura.

Incluso aceptando que determinadas operaciones militares sean legítimas y necesarias, la pregunta permanece: ¿por qué necesita el presidente caminar entre cadáveres para demostrar que el Estado recuperó la iniciativa?

Los menores muertos

La controversia adquiere una dimensión todavía más delicada por la presencia de menores reclutados entre quienes han muerto durante los bombardeos.

Medicina Legal confirmó que dos menores estaban entre los fallecidos de la Operación Azarías. En una operación anterior en El Retorno, también en Guaviare, habían muerto otros tres adolescentes. Las informaciones disponibles elevan a seis el número de menores muertos en ataques aéreos durante las primeras semanas del nuevo gobierno.

El problema tampoco nació con De la Espriella. Colombia arrastra desde administraciones anteriores la controversia sobre la utilización de bombardeos contra campamentos donde pueden encontrarse niños y adolescentes reclutados por organizaciones armadas.

Un editorial anterior de El Espectador recordó que menores murieron en operaciones militares tanto durante el gobierno de Iván Duque como durante el de Gustavo Petro. El dilema, por tanto, atraviesa las fronteras políticas: que un grupo armado reclute ilegalmente a un niño no elimina la obligación especial del Estado de protegerlo.

La diferencia está en que el nuevo gobierno ha colocado nuevamente los bombardeos en el centro de su estrategia militar y los ha acompañado de una comunicación presidencial particularmente agresiva.

La justicia ya intervino.

El Juzgado 34 de Familia de Bogotá ordenó provisionalmente al Gobierno, al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Militares abstenerse de realizar bombardeos sobre objetivos respecto de los cuales exista información cierta o razonable acerca de la presencia de menores reclutados.

La resolución no prohíbe los bombardeos en general, pero obliga al Estado a evaluar alternativas menos lesivas cuando exista riesgo para niños y adolescentes.

Paralelamente, el Congreso comenzó a exigir explicaciones al ministro de Defensa, Jorge Mora, por las operaciones en las que han muerto menores, incluyendo iniciativas de control político y una moción de censura promovida desde la Cámara.

La política como espectáculo de fuerza

Existe finalmente una dimensión política que comienza a hacerse evidente.

De la Espriella llegó al gobierno prometiendo abandonar la estrategia de negociación de su antecesor y recuperar territorialmente las zonas controladas por organizaciones armadas. En sus primeras semanas suspendió procesos de diálogo y colocó a las Fuerzas Armadas en el centro de su política de seguridad.

El problema no es solamente la ofensiva militar sino su representación.

La comunicación presidencial busca transmitir imágenes inequívocas: armas capturadas, enemigos abatidos, jefes criminales muertos y un presidente físicamente presente junto a los cuerpos.

Es una política diseñada también para las redes sociales, donde la eficacia del Estado deja de expresarse mediante estadísticas, investigaciones judiciales o recuperación territorial y pasa a representarse mediante imágenes de sometimiento del adversario.

No todos rechazan esa estrategia. Sectores partidarios del gobierno sostienen que las imágenes tienen un efecto disuasorio y transmiten respaldo a las Fuerzas Armadas. La revista Semana, desde una posición favorable a la ofensiva, ha destacado los resultados operacionales de estas primeras semanas y la caída de varios jefes de organizaciones criminales.

Precisamente allí se encuentra el fondo de la discusión.

Colombia no está debatiendo solamente cómo enfrentar a sus organizaciones armadas. Está comenzando a discutir qué tipo de Estado pretende construir De la Espriella alrededor de esa guerra.

Un Estado democrático puede utilizar legítimamente la fuerza. Puede perseguir organizaciones criminales, recuperar territorios e incluso realizar operaciones militares en las que mueran combatientes.

Pero otra cosa es convertir esos muertos en una escenografía presidencial.

La diferencia puede parecer simbólica. En un país marcado durante décadas por masacres, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y millones de víctimas del conflicto armado, está lejos de serlo.

Fuentes. Prensa Latina, El Espectador, El Diario.es, El País.