Primera romería bajo Kast: miles marchan contra los indultos y en defensa de la memoria

Tiempo de lectura aprox: 4 minutos, 18 segundos

A 53 años del golpe de Estado, miles de personas caminaron este domingo hasta el Cementerio General en una romería que adquirió un significado especial bajo el gobierno de José Antonio Kast. El rechazo a eventuales indultos a condenados por crímenes de lesa humanidad, la defensa del Plan Nacional de Búsqueda y las advertencias frente al negacionismo atravesaron una movilización que volvió a mostrar que la memoria permanece como un conflicto abierto en la sociedad chilena.

Miles de personas volvieron este domingo 6 de septiembre a recorrer las calles de Santiago para homenajear a las víctimas del golpe de Estado de 1973 y de la dictadura. La tradicional romería, realizada en vísperas del 53º aniversario del derrocamiento del gobierno de Salvador Allende, avanzó desde Los Héroes hasta el Cementerio General bajo un amplio despliegue policial.

No existen hasta ahora cifras oficiales que permitan establecer con precisión el número de participantes ni comparar la convocatoria con años anteriores. Sin embargo, distintos medios nacionales e internacionales coincidieron en describirla como masiva o multitudinaria. Cooperativa informó de “miles de personas”, mientras Prensa Latina y otros medios internacionales utilizaron términos similares.

La imagen de una extensa columna avanzando por el centro de Santiago tuvo este año, sin embargo, un significado diferente. Fue la primera romería por las víctimas del golpe bajo el gobierno de José Antonio Kast y estuvo marcada por las advertencias de las organizaciones de derechos humanos ante los retrocesos en las políticas de memoria, verdad y justicia.

Las consignas “Ni perdón ni olvido” y “No a los indultos” acompañaron buena parte de la marcha. No se trataba solamente de recordar los crímenes cometidos hace más de medio siglo. Los manifestantes expresaron su rechazo a eventuales beneficios para condenados por violaciones de derechos humanos y reclamaron la continuidad y fortalecimiento del Plan Nacional de Búsqueda de detenidos desaparecidos.

Las deudas de 53 años

“Hoy día estamos a 53 años del golpe y siguen las deudas en torno a la verdad y justicia, todavía hay más de mil detenidos desaparecidos”, declaró a Prensa Latina Pablo Ruiz, encargado de comunicaciones de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Sociales y Derechos Humanos.

Ruiz volvió sobre uno de los principales obstáculos que han enfrentado las familias durante décadas: el pacto de silencio de quienes participaron en los crímenes de la dictadura. Muchos responsables están muriendo sin revelar el destino de las personas hechas desaparecer por los organismos represivos.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y recientemente galardonada con el Premio Nacional de Derechos Humanos, Alicia Lira, insistió en que la romería no pertenece solamente a las víctimas y sus familiares. Es, afirmó, una convocatoria a toda la sociedad chilena porque las tareas de verdad, justicia y reparación permanecen inconclusas.

La movilización había sido antecedida por una señal política significativa. El 27 de agosto, Lira y la senadora Fabiola Campillai llegaron hasta La Moneda para entregar una carta al presidente Kast denunciando retrocesos en materia de derechos humanos y reclamando que el Plan Nacional de Búsqueda se convierta en ley. Las organizaciones expresaron además su rechazo a indultos o amnistías que puedan beneficiar a responsables de violaciones de derechos humanos.

Es ese contexto el que explica buena parte del tono que adquirió la romería de este año.

Durante las últimas décadas, la marcha al Cementerio General ha sido simultáneamente un acto de homenaje y una exigencia de justicia. Este año incorporó de manera mucho más visible una tercera dimensión: la defensa de lo avanzado frente a la posibilidad de retroceder.

Morandé cerrada

Uno de los momentos más simbólicos ocurrió frente al Palacio de La Moneda.

La columna pasó por el entorno de la sede presidencial, pero no pudo ingresar por calle Morandé para realizar el tradicional homenaje a Salvador Allende debido al cierre de los accesos dispuesto por las fuerzas policiales.

La situación adquiere inevitablemente una dimensión simbólica. Morandé 80 forma parte de la memoria material del golpe de Estado: por aquella puerta ingresaba habitualmente Allende a La Moneda y por allí fue retirado su cuerpo después del bombardeo y asalto al palacio presidencial el 11 de septiembre de 1973.

La imposibilidad de acercarse este año a ese lugar ocurrió además en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. Cooperativa informó que cerca de 1.500 funcionarios policiales fueron desplegados a lo largo del recorrido.

La romería tuvo también como telón de fondo la decisión del presidente Kast de no realizar actos oficiales por el aniversario del golpe de Estado, circunstancia que refuerza el contraste entre la movilización de las organizaciones sociales y de derechos humanos y la posición adoptada por el Ejecutivo frente a la conmemoración.

Una memoria que vuelve al presente

Familiares de víctimas, organizaciones de derechos humanos, sindicatos, estudiantes y organizaciones políticas caminaron hasta el Memorial del Detenido Desaparecido y del Ejecutado Político llevando fotografías, claveles y rosas rojas.

También participaron dirigentes políticos y parlamentarios. Entre ellos estuvo la exministra Jeannette Jara, quien sostuvo que la búsqueda de justicia no corresponde únicamente a las agrupaciones de familiares, sino que constituye una responsabilidad de la sociedad chilena.

La diputada Nathalie Castillo puso el acento en el contexto político actual y llamó a defender las garantías democráticas frente al autoritarismo y el negacionismo. “Es un acto de memoria, es un compromiso político, democrático con quienes lucharon, con quienes fueron perseguidos, ejecutados, hechos desaparecer por la dictadura”, señaló durante la jornada.

La romería parece recuperar así una dimensión que inevitablemente conecta el pasado con el presente. La memoria deja de ser solamente evocación cuando las organizaciones que durante décadas han buscado a los desaparecidos perciben amenazadas las políticas construidas para avanzar en verdad y justicia.

Incidentes al final de una marcha masiva

La movilización principal transcurrió de manera pacífica, aunque hacia el final de la jornada se produjeron enfrentamientos en las inmediaciones y dentro del Cementerio General.

Según Cooperativa, alrededor de 50 encapuchados instalaron barricadas y lanzaron piedras, fuegos artificiales y bombas molotov contra Carabineros. La policía respondió utilizando carros lanzaguas y lanzagases y llegó a ingresar al camposanto.

El balance policial fue actualizado este lunes: 50 personas fueron detenidas, siete de ellas menores de edad. De acuerdo con Carabineros, 38 son chilenas y 12 extranjeras. Parte de las detenciones se produjo durante controles realizados antes de iniciarse la movilización.

Los incidentes alteraron además el funcionamiento del Metro y obligaron al cierre temporal de algunas estaciones.

Pero reducir la jornada a esos enfrentamientos distorsionaría su dimensión principal. Los desórdenes fueron protagonizados por grupos reducidos dentro de una movilización de miles de personas que recorrió Santiago para llegar hasta el memorial del Cementerio General.

Una disputa que no pertenece al pasado

A 53 años del golpe de Estado, más de mil detenidos desaparecidos continúan sin ser encontrados. Sus familias envejecen y mueren sin conocer qué ocurrió con ellos. Al mismo tiempo, envejecen y mueren quienes conocen información que nunca entregaron a la justicia.

Esa realidad explica por qué la romería sigue convocando.

Pero la multitud que este domingo caminó hacia el Cementerio General expresó algo más. En un escenario político distinto al de los últimos años, la memoria adquirió nuevamente un carácter defensivo.

Ya no se marcha únicamente para preguntar dónde están.

Se marcha también para impedir que los crímenes sean relativizados, que quienes fueron condenados por ellos recuperen una impunidad que tardó décadas en comenzar a romperse y que las políticas públicas destinadas a encontrar a los desaparecidos sean debilitadas o abandonadas.

La masiva romería de este domingo dejó así una señal política que excede la conmemoración del 11 de septiembre: 53 años después del golpe, la disputa por la memoria, la verdad y la justicia no está cerrada. Ha vuelto, con fuerza, al presente.