Los centros de datos amenazan la resiliencia eléctrica, advierte la UNECE

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La expansión de la inteligencia artificial y de otras tecnologías intensivas en electricidad está desbordando la planificación de las redes. La ONU reclama una política integrada que tenga en cuenta el agua, el territorio, la soberanía digital, el desarrollo económico y los costes sociales de esta transformación.

La expansión acelerada de los centros de datos, especialmente de aquellos orientados a la inteligencia artificial, está modificando las condiciones de estabilidad de los sistemas eléctricos. Expertos de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE) advierten que el crecimiento de estas infraestructuras no solo plantea desafíos para la fiabilidad y la resiliencia de las redes, sino también para el uso del agua y del suelo, las inversiones públicas, el desarrollo económico y las comunidades locales.

El consumo mundial de electricidad de los centros de datos podría pasar de aproximadamente 485 teravatios-hora en 2025 a 950 teravatios-hora en 2030, una cifra equivalente al 3 por ciento de la demanda global. A esta expansión se suma el consumo de la minería de criptomonedas, estimado entre 100 y 130 teravatios-hora anuales, así como el incremento de la electrificación industrial.

El crecimiento, además, se concentra en determinadas regiones y avanza a un ritmo que las redes eléctricas difícilmente pueden acompañar. Mientras una instalación de gran escala puede construirse en un plazo de entre dos y cinco años, las redes de transmisión suelen requerir más de una década debido a los procesos de planificación, autorización y construcción.

La brecha ya es visible en distintos países. Irlanda ha impuesto restricciones a nuevas conexiones en Dublín; los Países Bajos han endurecido sus decisiones de planificación ante la escasez de suelo y las limitaciones de infraestructura; y en Estados Unidos se prevé que los grandes consumidores, particularmente los centros de datos, ejerzan una presión considerable sobre la demanda de equipamiento y las cadenas de suministro antes de 2030.

Una demanda difícil de gobernar

Uno de los principales riesgos señalados por la UNECE es la escasa visibilidad sobre el comportamiento operativo de estas instalaciones. La falta de información estandarizada dificulta anticipar sus necesidades, planificar la red y gestionar variaciones repentinas de carga. Por ello, el organismo reclama mayor transparencia, sistemas comunes de reporte e intercambio de información en tiempo real entre operadores, reguladores, desarrolladores y autoridades locales.

En sistemas con una alta participación de energías renovables, los centros de datos dedicados a la inteligencia artificial pueden tener efectos desproporcionados sobre la estabilidad de la tensión y la frecuencia debido a la rapidez con que varía su demanda. En situaciones extremas, esas oscilaciones podrían provocar desconexiones imprevistas, inestabilidad de la red e incluso fallos en cascada.

Los marcos regulatorios existentes fueron diseñados para escenarios de crecimiento gradual y previsible. Los nuevos grandes consumidores, en cambio, introducen una demanda concentrada, rápida y difícil de estimar. El resultado es un desajuste entre la velocidad de expansión de las instalaciones y la capacidad de las redes para absorberlas.

La regulación ambiental también permanece fragmentada. El impacto de estas infraestructuras no se limita al consumo eléctrico: incluye emisiones, utilización de agua, ocupación del suelo, materiales, residuos electrónicos y efectos acumulativos cuando varios centros se concentran en una misma zona. La UNECE propone que los sistemas de evaluación y reporte incorporen todo el ciclo de vida de las instalaciones.

Quién paga la expansión

La llegada de grandes centros de datos obliga asimismo a revisar la distribución de los costes. La ampliación de las redes exige inversiones significativas y plantea quién debe asumirlas: los desarrolladores, los operadores de infraestructura o el conjunto de los consumidores. Sin reglas claras, advierte el documento, pueden producirse subsidios cruzados, inversiones ineficientes o retrasos en el desarrollo de nuevas capacidades.

También ganan importancia las políticas de localización. Las empresas tienden a concentrarse en zonas con electricidad barata, buena conectividad y regulaciones favorables, aunque esas decisiones privadas no siempre coinciden con las necesidades del sistema eléctrico. La selección de emplazamientos debería considerar la disponibilidad de agua, las restricciones territoriales, los impactos ambientales, la conectividad digital y las posibilidades de generar beneficios económicos locales.

El bajo precio de la electricidad, por sí solo, tampoco garantiza un desarrollo duradero. Las regiones pueden atraer inversiones en computación avanzada y, al mismo tiempo, asumir los costes de la infraestructura, la presión sobre los recursos y las transformaciones del mercado laboral, mientras una parte sustancial del valor generado por la inteligencia artificial queda capturada fuera del territorio.

De consumidores a actores del sistema

Los centros de datos también podrían aportar flexibilidad a las redes, aunque ese potencial sigue infrautilizado. La respuesta de la demanda, el desplazamiento de cargas, el almacenamiento, la generación in situ y la recuperación del calor residual permitirían integrar estas instalaciones con otros activos energéticos e industriales.

Sin embargo, los incentivos económicos actuales favorecen en general una operación continua, lo que limita la disposición de las empresas a adaptar su consumo a las necesidades del sistema. Para que esa flexibilidad se materialice, serían necesarios mecanismos regulatorios y de mercado que remuneren adecuadamente la capacidad de reducir o desplazar la demanda.

Algunos países ya avanzan hacia modelos de conexión condicionada. Irlanda, por ejemplo, vincula determinadas conexiones de centros de datos a la incorporación de nueva capacidad de generación. Pero la ausencia de estándares comunes mantiene la incertidumbre y deja abiertas importantes diferencias entre jurisdicciones.

La UNECE propone una hoja de ruta gradual que combine la gestión inmediata de los riesgos con una reforma de la planificación a largo plazo. El objetivo es abandonar las decisiones reactivas sobre conexión y avanzar hacia una integración estratégica de los grandes consumidores eléctricos.

La expansión de la inteligencia artificial no debería evaluarse únicamente por su impacto sobre la capacidad de la red o las emisiones. También debe analizarse desde la perspectiva de la soberanía digital, la distribución de los beneficios y los costes, el desarrollo económico, la gestión ambiental y la seguridad nacional. Sin una política deliberada, advierte el organismo, los países podrían terminar utilizando electricidad escasa para producir valor tecnológico capturado en el exterior, mientras absorben localmente los costes de infraestructura y sus consecuencias sociales.