Seis meses de Kast: el gobierno se debilita, pero la ultraderecha empuja los límites de la democracia

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A seis meses de llegar a La Moneda, José Antonio Kast enfrenta una economía debilitada y una fuerte caída de apoyo. Pero el proyecto de la ultraderecha no se detiene: ya consiguió una victoria estructural con la megarreforma y busca avanzar sobre seguridad, poder presidencial, inmigración, memoria y derechos humanos. El caso Cerimedo y las redes de bots y trolls agregan una inquietante dimensión sobre los métodos utilizados para disputar el poder.

José Antonio Kast llegó a La Moneda hace seis meses prometiendo un “gobierno de emergencia”. Chile, decía, necesitaba recuperar el orden, crecer, crear empleos, controlar sus fronteras y reconstruir un Estado que la izquierda habría llevado al deterioro. Medio año después, buena parte de aquellas emergencias continúa allí y algunas incluso se han agravado. Pero reducir el balance del gobierno a sus resultados económicos o a su caída en las encuestas sería quedarse en la superficie.

Porque mientras el gobierno pierde apoyo y la economía retrocede, comienza a distinguirse con mayor claridad algo más profundo: el proyecto político de la ultraderecha chilena y su voluntad de modificar algunos de los equilibrios sobre los que se reconstruyó la democracia desde 1990.

No ha podido hacerlo sin resistencia. La oposición ha reaccionado, el Congreso ha impuesto límites y sectores de la propia derecha tradicional han rechazado los impulsos más autoritarios de La Moneda. Pero sería un error interpretar esas resistencias, o la caída de Kast en las encuestas, como el agotamiento del proyecto. La ultraderecha sigue empujando. Ya obtuvo una victoria estructural con su megarreforma económica y tributaria y busca avanzar ahora sobre otros terrenos: seguridad, facultades presidenciales, inmigración, memoria, derechos humanos y la propia concepción del Estado.

La pregunta de los seis meses, por tanto, no es solamente cuánto ha cumplido Kast. Es hacia dónde intenta llevar a Chile y hasta dónde conseguirán acompañarlo la derecha tradicional y las instituciones democráticas.

La promesa que comienza a desmoronarse

Incluso desde sectores que difícilmente podrían considerarse adversarios del gobierno comienza a reconocerse el deterioro. La Tercera, al evaluar este sábado los seis primeros meses del denominado “gobierno de emergencia”, concluye que, pese a algunos avances, el balance de la gestión de las emergencias que el propio Kast definió “no parece satisfactorio”. Otra crónica del mismo diario habla directamente del “desplome de las expectativas” dentro del oficialismo.

No es difícil comprender la inquietud.

El crecimiento se ha frenado, el desempleo permanece por encima del 9% y el propio Presidente reconoció esta semana que el empleo constituye un problema que su gobierno todavía no ha conseguido resolver.

La aprobación presidencial ha descendido hasta niveles cercanos a un tercio de la población. La promesa de que el solo cambio político produciría un shock de confianza, inversión y crecimiento no se ha cumplido.

El argumento gubernamental es conocido: heredó una economía debilitada y las reformas necesitan tiempo para producir resultados. Parte del empresariado comparte esa interpretación. Juan Sutil, expresidente de la CPC, sostiene que el gobierno está reconstruyendo los “cimientos” para que la economía vuelva a funcionar y considera muy exitosa su gestión en cuestiones sustantivas.

Pero hay una contradicción difícil de ocultar: Kast no llegó ofreciendo una transición lenta. Llegó declarando una emergencia y prometiendo resultados rápidos.

La emergencia continúa seis meses después.

Pero Kast sí consiguió cambiar algo

Aquí aparece el problema que un balance limitado a las cifras económicas puede ocultar.

El gobierno ya consiguió una victoria política de enorme importancia: la denominada megarreforma de Reconstrucción Nacional.

No fue una medida económica más. Rebajó la carga tributaria empresarial, avanzó hacia la reintegración del sistema, estableció fuertes incentivos a la inversión y buscó otorgar garantías de estabilidad de largo plazo al gran capital. Algunas de sus disposiciones más extremas fueron acotadas durante la tramitación y posteriormente por el Tribunal Constitucional, pero el corazón de la transformación sobrevivió.

La reforma demuestra algo que no debería subestimarse: Kast puede transformar su programa ideológico en legislación cuando consigue sumar a la derecha tradicional y construir una mayoría parlamentaria.

Y eso modifica la lectura de sus seis meses.

La ultraderecha no ha ganado todas sus batallas. Pero ya ganó una de las mayores.

También deja ver con bastante nitidez la concepción de Estado que comienza a emerger: menos Estado para redistribuir, regular y recaudar; más Estado para controlar, vigilar, perseguir y castigar.

No existe contradicción entre ambas dimensiones. Es el modelo.

Cuando la emergencia justifica ampliar el poder

La segunda gran ofensiva llegó por la seguridad.

El gobierno propuso una reforma constitucional que permitiría establecer un nuevo estado de excepción frente a amenazas graves, terrorismo y crimen organizado, otorgando al Ejecutivo facultades extraordinarias y permitiendo mantener el régimen durante hasta 240 días.

La iniciativa encendió alarmas mucho más allá de la izquierda. El problema no era combatir el crimen organizado, objetivo sobre el cual existe amplio consenso, sino cuánto poder podía concentrarse en el Ejecutivo y qué controles democráticos subsistirían durante una excepción tan prolongada.

El Mostrador advirtió que ocho meses podían convertir la excepción en normalidad y señaló que un gobierno democrático estaba aproximándose a fronteras que no debía cruzar.

Esta vez el sistema político reaccionó.

Sectores de Chile Vamos manifestaron reparos, la oposición rechazó la iniciativa y el gobierno debió desacelerar su tramitación al constatar que no disponía de los votos necesarios.

Es una demostración importante de que los contrapesos funcionan.

Pero también revela otra cosa: el fracaso de una iniciativa no significa que haya desaparecido el impulso que la produjo.

Kast ha defendido el principio de la reforma y nada indica que haya abandonado la búsqueda de mayores herramientas presidenciales para enfrentar lo que define como amenazas extraordinarias.

El mecanismo político empieza a resultar reconocible: se declara una emergencia, se argumenta que los instrumentos institucionales existentes son insuficientes y luego se solicita ampliar las facultades del poder para enfrentarla.

No siempre resulta.

Pero cada intento desplaza los límites de la discusión.

Una derecha tradicional que contiene y acompaña

La relación entre Kast y Chile Vamos resulta por eso mucho más compleja que una división entre una derecha democrática y una ultraderecha autoritaria.

En algunas materias, la derecha tradicional ha funcionado como contención. Ocurrió con aspectos de la reforma constitucional y también han surgido discrepancias frente a la llamada “batalla cultural”. Diego Schalper, por ejemplo, sostuvo después del Foro Madrid que la derecha no había sido elegida para una batalla “ideológico-cultural”.

Pero otros sectores del mismo mundo político respaldan precisamente esa ofensiva. Carlos Larraín defendió públicamente el Foro Madrid y reivindicó la convergencia internacional de las derechas.

Y cuando se trató de la megarreforma económica, la colaboración fue suficiente para entregarle a Kast su principal triunfo legislativo.

La relación, entonces, combina resistencia institucional y cooperación programática.

Esa tensión será probablemente decisiva para los próximos años. Kast no posee por sí solo la fuerza necesaria para realizar toda su transformación. Necesita a la derecha tradicional. Y esa derecha deberá decidir, una y otra vez, qué considera un exceso y qué considera parte de un programa compartido.

La batalla también se libra sobre la memoria

El 11 de septiembre acaba de proporcionar otra señal.

Por primera vez desde el retorno de la democracia un gobierno chileno decidió no realizar una conmemoración oficial del golpe de Estado. Kast llamó a no permanecer “anclados en el pasado” mientras en Santiago y numerosas regiones miles de personas participaron en actos, romerías y homenajes a las víctimas de la dictadura.

El episodio no puede separarse de la presión ejercida desde sectores de la derecha para beneficiar a condenados por crímenes de lesa humanidad, de la discusión sobre Punta Peuco, de la carta de Miguel Krassnoff conocida esta semana ni de las interrogantes respecto de la continuidad de determinadas políticas de memoria y derechos humanos.

No significa que Chile esté regresando a la dictadura. Sostenerlo sería una simplificación.

Lo que está ocurriendo es diferente y acaso más profundo: consensos democráticos construidos durante décadas vuelven a ser colocados en discusión desde el propio Estado.

La ultraderecha chilena no necesita restaurar el régimen de 1973. Puede intentar algo distinto: rehabilitar dentro de la democracia ideas que quedaron políticamente desacreditadas después de la dictadura.

También allí se desplazan los límites.

De Milei y Trump a la “batalla cultural”

El fenómeno tampoco termina en las fronteras chilenas.

El Foro Madrid celebrado en Santiago, la cercanía de Kast con Javier Milei, la nueva relación con el gobierno de Donald Trump y las controversias provocadas por el embajador estadounidense Brandon Judd muestran que el gobierno chileno se reconoce dentro de una corriente internacional de derechas radicales que entiende la política como una batalla cultural de alcance global.

Algunas decisiones recientes de política exterior parecen insertarse en esa lógica. Esta semana Chile abandonó las negociaciones de la Convención de Naciones Unidas sobre Cooperación Tributaria Internacional, decisión que se suma a otras posiciones adoptadas por el gobierno en organismos multilaterales y materias valóricas.

También aquí aparece una tensión con la derecha tradicional chilena, históricamente más pragmática en política exterior.

Pero la dirección escogida por Kast resulta cada vez más clara: Chile no debe limitarse a relacionarse con gobiernos ideológicamente afines; debe participar de una ofensiva internacional contra aquello que este espacio político denomina globalismo, progresismo o izquierda cultural.

Cerimedo y la política intoxicada

Hay, sin embargo, otra dimensión del ascenso de esta nueva derecha que recién comienza a quedar expuesta.

El nombre de Fernando Cerimedo, detenido en Bolivia y conocido como el “rey de los trolls”, abrió una investigación que ya no puede considerarse una curiosidad marginal de las redes sociales.

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte abrió una causa destinada a determinar si existieron delitos relacionados con las actividades de Cerimedo en Chile y con una eventual red coordinada de bots que habría actuado durante procesos constituyentes y electorales, incluida la elección presidencial que llevó a Kast a La Moneda.

El Congreso también reaccionó. Una comisión investigadora deberá establecer la eventual existencia de redes coordinadas, sus posibles vínculos con autoridades o funcionarios y un eventual uso de recursos públicos.

Nada de aquello permite afirmar hoy que desde La Moneda se haya dirigido una operación ilegal. La investigación recién comienza y distinguir entre hechos comprobados, denuncias e hipótesis es indispensable.

Pero Cerimedo ha abierto una puerta hacia algo mucho mayor.

Reportea reveló que la Fundación Ciudadanos en Acción, creada por Bernardo Fontaine —actual presidente de Codelco y anteriormente integrante del equipo económico y estratégico de Kast— recibió $1.906 millones en donaciones entre 2015 y 2024 sin identificar públicamente a sus donantes. Según esa investigación, la fundación financió campañas políticas en redes sociales y trabajó con un influencer que administraba una cuenta señalada por difundir información falsa durante la última elección presidencial. La fundación también realizó campañas durante el plebiscito constitucional y contra políticas del gobierno de Gabriel Boric.

Fontaine no respondió las preguntas de Reportea para ese reportaje y el origen de las donaciones permanece sin conocerse públicamente.

El caso Cerimedo, por tanto, importa menos por un individuo que por el ecosistema que deja entrever.

Una columna publicada este sábado por El País advierte precisamente contra el error de convertirlo en un personaje monstruoso y excepcional, porque eso permitiría ocultar una industria política mucho más amplia que ha utilizado desinformación, manipulación de redes y campañas digitales para degradar adversarios y modificar la conversación pública.

La cuestión toca el corazón de una democracia.

Porque la democracia no consiste solamente en depositar correctamente los votos y contarlos. Requiere también que exista un espacio público en el que los ciudadanos puedan deliberar sobre una realidad mínimamente compartida.

Cuando bots, trolls, cuentas anónimas, campañas coordinadas y falsedades fabricadas intervienen masivamente en ese espacio, lo que se altera no es solamente una elección: se alteran las condiciones bajo las cuales una sociedad forma su voluntad política.

Fabricar la emergencia

Aquí Cerimedo se encuentra con la reforma constitucional.

No porque exista evidencia de una operación conjunta —no la hay—, sino porque ambos fenómenos iluminan dimensiones diferentes de una misma política contemporánea.

Una actúa sobre las percepciones.

La otra, sobre las instituciones.

Durante años la nueva derecha construyó un relato basado en una sociedad amenazada: delincuencia fuera de control, inmigración desbordada, economía destruida, izquierda radical, instituciones impotentes, valores tradicionales bajo ataque.

Ese diagnóstico produjo una conclusión política sencilla: Chile necesitaba autoridad.

Las redes sociales fueron un territorio privilegiado para amplificar esos temores.

Y el miedo constituye un poderoso recurso político. Una sociedad convencida de vivir permanentemente bajo amenaza estará más dispuesta a aceptar medidas extraordinarias para protegerse.

Por eso las investigaciones sobre bots y trolls no son un asunto tecnológico ni una pelea entre operadores electorales. Son un problema democrático.

La pregunta que deberá responder Chile es cuánto del clima político de los últimos años surgió espontáneamente de problemas reales —que sin duda existían— y cuánto fue amplificado artificialmente por redes cuya organización y financiamiento todavía desconocemos.

El límite de los bots aparece al gobernar

Pero estos seis meses han producido una paradoja.

Las herramientas capaces de fabricar indignación son mucho menos eficaces para gobernar.

Un ejército de cuentas puede convertir un delito en tendencia. Puede repetir miles de veces una consigna, acosar a un adversario, instalar una falsedad o producir la apariencia de una indignación masiva.

Pero un bot no puede hacer crecer el Imacec. No puede crear un empleo. No puede reducir una lista de espera ni aumentar un salario.

Y ahí comienza el problema de Kast.

La maquinaria política que contribuyó a instalar la imagen de un Chile devastado parece haber sido considerablemente más eficaz que el gobierno encargado de reconstruirlo.

Gobernar exige producir precisamente aquello que la política de polarización destruye: confianza.

Seis meses después

Sería apresurado afirmar que la ultraderecha avanza inexorablemente.

No es así.

Kast pierde apoyo. El Congreso ha impuesto límites. La oposición ha reaccionado. Sectores de Chile Vamos han rechazado algunas de sus iniciativas. La sociedad civil mantiene una enorme vitalidad, como acaba de demostrar el 11 de septiembre. La Fiscalía investiga el caso Cerimedo y la Cámara abrió una comisión investigadora.

La democracia chilena está respondiendo.

Pero tampoco sería prudente interpretar las malas encuestas como una derrota estratégica del proyecto.

Kast no ha frenado.

La megarreforma demuestra que, cuando encuentra las alianzas necesarias, puede producir transformaciones estructurales. La reforma constitucional demuestra hasta dónde está dispuesto a empujar el poder presidencial. La política de memoria revela su voluntad de revisar consensos construidos después de la dictadura. El Foro Madrid muestra el espacio internacional en el que ha decidido inscribirse. Y Cerimedo abre interrogantes sobre los métodos mediante los cuales este nuevo bloque político construyó parte de su poder.

Ese es probablemente el verdadero balance de los primeros seis meses.

El problema de Kast no es solamente que esté gobernando peor de lo que prometió. El problema democrático consiste en observar qué intenta cambiar mientras sus promesas no se cumplen.

Chile está presenciando una disputa entre un proyecto ultraderechista que continúa empujando y un sistema político que comienza a ponerle límites.

Todavía no sabemos quién impondrá la dirección.

Pero una cosa parece ya evidente: después de apenas seis meses, la discusión no es solamente sobre el éxito o fracaso de un gobierno. Es sobre los límites que Chile está dispuesto a defender para seguir siendo la democracia que reconstruyó después de 1990.

Simón del Valle