El agua, entre la catástrofe climática y la deuda de los Estados

Tiempo de lectura aprox: 5 minutos, 51 segundos

El ciclo del agua se vuelve más imprevisible mientras las reservas continentales disminuyen, los glaciares retroceden y las inundaciones y sequías se suceden sin tregua. La crisis no es únicamente ambiental: es también política, sanitaria y social. Frente a ella, el reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento sigue sin traducirse en infraestructuras, controles ni financiación suficientes.

Ginebra, 17 de septiembre de 2026. El agua dulce del planeta está entrando en una fase de creciente inestabilidad. En 2025, los caudales fluviales globales registraron uno de sus niveles más bajos de los últimos 35 años. Durante siete años consecutivos, los ríos con caudales considerados normales fueron una minoría. Y desde mediados de la década de 2010, la cantidad total de agua almacenada en la superficie terrestre mantiene una tendencia descendente.

El balance presentado por la Organización Meteorológica Mundial no describe una anomalía aislada, sino una transformación persistente del ciclo hidrológico. El planeta oscila entre el exceso y la escasez, entre inundaciones devastadoras y sequías prolongadas, sin que las sociedades dispongan del tiempo necesario para recuperarse de un desastre antes de enfrentar el siguiente.

En 2025, los caudales estuvieron por debajo de lo normal en el 36% de las cuencas del mundo. El número de cuencas con condiciones normales se situó entre el 34% y el 38%, frente a una media del 46% durante el período 1991-2020. En cada uno de los últimos cinco años, los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales informaron de inundaciones o sequías récord.

La pérdida de hielo confirma la dimensión estructural del problema. Por cuarto año consecutivo, todas las grandes regiones glaciares registraron una reducción de su masa. Entre 2023 y 2025, los glaciares perdieron alrededor de 1.400 gigatoneladas de agua: un volumen equivalente al necesario para llenar unos 560 millones de piscinas olímpicas y cercano a un tercio de las extracciones anuales de agua dulce.

Los glaciares funcionan como reservas naturales. Durante las estaciones secas liberan agua acumulada durante años o décadas y sostienen el abastecimiento de millones de personas, la agricultura y la producción hidroeléctrica. Su desaparición genera primero un aumento del riesgo de inundaciones y, más adelante, una reducción de los caudales disponibles. La reserva que amortiguaba los años malos se está agotando.

También las aguas subterráneas muestran señales de deterioro. Cerca de dos tercios de los pozos monitoreados en el mundo presentaron en 2025 condiciones fuera de los parámetros históricos. La tendencia se desplazó aún más hacia el déficit en comparación con 2024. La humanidad no sólo enfrenta la variabilidad de las lluvias: está consumiendo las reservas que permitían compensarla.

La geografía desigual de la emergencia

Asia y África concentraron al menos la mitad de los fenómenos extremos vinculados con el agua registrados durante los últimos cinco años y más del 80% de las muertes asociadas. La paradoja es evidente: las regiones más golpeadas son también aquellas donde persisten mayores carencias de observación hidrológica.

La información disponible ha mejorado. El informe de la Organización Meteorológica Mundial amplió sus variables de análisis de tres a quince desde su primera edición, en 2021, y extendió la cobertura de países. Pero grandes zonas de África y Asia continúan subrepresentadas en los sistemas de medición, precisamente allí donde las sequías, inundaciones y desplazamientos provocados por el agua tienen consecuencias más graves.

Sin datos no hay alerta temprana, planificación ni respuesta eficaz. La falta de estaciones de medición, registros públicos y análisis independientes no constituye un problema meramente técnico. Deja a comunidades enteras expuestas a decisiones tomadas a ciegas y facilita que la contaminación permanezca oculta.

El agua no respeta fronteras. Una cuenca puede atravesar varios países; el retroceso de un glaciar puede modificar el abastecimiento de poblaciones situadas cientos de kilómetros aguas abajo; una política agrícola o industrial aplicada en un territorio puede comprometer la salud de otro. La gestión hídrica exige, por tanto, datos compartidos, normas comunes y sistemas de alerta coordinados.

Pero la cooperación internacional sigue avanzando más lentamente que la crisis.

Del acceso al agua al derecho al saneamiento

El deterioro del ciclo hidrológico coincide con una deuda política más antigua: el reconocimiento formal del derecho humano al agua potable y al saneamiento todavía no garantiza su ejercicio efectivo.

El saneamiento suele ocupar un lugar secundario frente al agua potable. Su dimensión política parece menos visible, pero resulta inseparable de ella. Sin retretes seguros, sistemas de alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, gestión de lodos fecales y control de vertidos, no puede protegerse la salud, la alimentación, la vivienda ni el medioambiente.

El saneamiento debe comprender instalaciones dignas, privadas e higiénicas; la recogida y el tratamiento de aguas residuales y excrementos; la higiene menstrual; el drenaje de aguas pluviales; la gestión de residuos sólidos y el tratamiento de los vertidos industriales y agrícolas. Reducirlo a la construcción de letrinas sería ignorar la cadena completa mediante la cual una sociedad contamina o protege sus fuentes de agua.

La obligación no puede recaer sobre familias y comunidades que carecen de recursos. Los Estados deben construir redes de alcantarillado, financiar soluciones adecuadas en zonas rurales y urbanas, instalar plantas de tratamiento y garantizar la gestión de los residuos producidos por las fosas sépticas. Allí donde el saneamiento convencional no sea viable, deben desarrollarse sistemas secos y alternativas adaptadas a las condiciones locales.

La pobreza no puede utilizarse como argumento para aplazar indefinidamente los derechos humanos. La falta de fondos públicos exige establecer prioridades, no abandonar responsabilidades. En los hogares más pobres, son habitualmente las mujeres quienes soportan el costo de la crisis: recorren mayores distancias para buscar agua, cuidan a las personas enfermas y enfrentan los riesgos derivados de la falta de instalaciones sanitarias.

La inversión en saneamiento no es un gasto accesorio. Es una política de salud pública, igualdad y prevención de desastres.

La contaminación que el desarrollo oculta

La crisis del agua no se explica únicamente por el cambio climático. La contaminación tóxica agrava sus efectos y, en numerosos territorios, convierte el agua en un vector de enfermedad.

Metales pesados, agrotóxicos, hidrocarburos, residuos mineros y sustancias químicas persistentes —como los PFAS— contaminan ríos, acuíferos y suelos. Las fuentes son conocidas: minería legal e ilegal, explotación de combustibles fósiles, agricultura intensiva, industria y vertidos urbanos insuficientemente tratados.

Los impactos son acumulativos. La exposición prolongada afecta especialmente a niños, niñas y bebés, con consecuencias que pueden ser irreversibles. Sin embargo, los datos sobre calidad del agua siguen siendo incompletos, inaccesibles o directamente ocultos. En algunos países, quienes denuncian la contaminación se exponen a sanciones o persecuciones.

La aplicación del principio de que quien contamina paga y restaura continúa siendo excepcional. Con frecuencia, los costos de la contaminación se trasladan a las comunidades, mientras las empresas conservan los beneficios. La lógica es conocida: privatizar las ganancias y socializar la enfermedad, la pérdida de cosechas y la destrucción de los ecosistemas.

Prohibir las actividades más peligrosas y obligar a quienes generan vertidos tóxicos a financiar su tratamiento no es una medida radical. Es el contenido mínimo de cualquier política coherente de protección del agua.

El Nilo: una cuenca al límite

Egipto concentra varios de estos desafíos. El Nilo atraviesa un corredor de aproximadamente 1.000 kilómetros en el que viven unos 120 millones de personas y se desarrollan múltiples actividades productivas. En el delta, alrededor de 50 millones de personas se encuentran expuestas al ascenso del nivel del mar provocado por el cambio climático.

A la presión climática se suma la contaminación acumulada procedente de descargas industriales y urbanas, así como de los retornos del riego. La potabilidad del agua queda comprometida para decenas de millones de personas empobrecidas. La expansión del riego en zonas desérticas, por otro lado, desvía caudales y aguas de drenaje que podrían contribuir a contener la salinización del delta.

El resultado es una crisis que amenaza simultáneamente el abastecimiento, la agricultura, la salud pública y la estabilidad territorial. Para abordarla, es indispensable publicar los análisis de calidad del agua y derogar las normas que castigan a quienes denuncian la contaminación. La transparencia no es un lujo institucional: constituye la base de la confianza pública y de cualquier política de prevención.

Una gobernanza mundial ausente

La crisis del agua también revela una anomalía del sistema multilateral. Las Naciones Unidas no cuentan con una institución especializada en la gestión del agua y de los ecosistemas acuáticos comparable a la Organización Mundial de la Salud en el ámbito sanitario.

El vacío ha permitido que foros internacionales decisivos sean organizados, en gran medida, bajo la influencia del sector privado. Sería difícil imaginar que la respuesta mundial a una pandemia quedara en manos de la industria farmacéutica. Sin embargo, en materia de agua, una situación semejante se ha vuelto habitual.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua celebrada en 2023 reabrió una pregunta planteada medio siglo atrás en Mar del Plata: ¿asumirá la ONU una responsabilidad permanente frente a la crisis mundial del agua? Institucionalizar esa conferencia bajo auspicios de Naciones Unidas, con participación amplia de comunidades, organizaciones sociales, pueblos indígenas, autoridades locales y expertos independientes, sería un primer paso.

El multilateralismo atraviesa una etapa de debilitamiento. Los Gobiernos que cuestionan los derechos humanos y promueven la ley del más fuerte encuentran un terreno cada vez más favorable. Pero la crisis puede ser también una oportunidad de reforma. La gestión del agua exige superar la fragmentación institucional, fortalecer los servicios públicos y reconocer el papel de las comunidades que, en numerosos territorios, sostienen sistemas de abastecimiento allí donde el Estado y el mercado han fracasado.

Los modelos comunitarios no deben ser utilizados para descargar responsabilidades públicas. Deben recibir financiación, apoyo técnico y garantías jurídicas, con participación igualitaria de las mujeres, que suelen asumir la mayor parte del trabajo cotidiano relacionado con el agua y el saneamiento.

La cuestión ya no es si habrá agua suficiente para todos. La cuestión es quién tendrá acceso a ella, quién decidirá sobre su distribución y quién pagará el costo de su contaminación. Mientras se derriten los glaciares, se vacían los acuíferos y aumentan las inundaciones, la respuesta continúa dependiendo de decisiones políticas que no pueden seguir aplazándose.

El agua no es una mercancía más ni una variable secundaria de la crisis climática. Es la condición material de todos los demás derechos.