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El Escudo que La Moneda no ha explicado: inversiones, minerales críticos, coordinación diplomática y TIAR

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La explicación entregada en Chile ha puesto el acento en la cooperación contra el crimen organizado, el intercambio de inteligencia y la capacitación policial. Pero la declaración suscrita por Chile en Nueva York muestra un proyecto de mayor alcance. El Escudo de las Américas incluye revisión de inversiones, cadenas de minerales críticos, proveedores de infraestructura digital y coordinación de posiciones en organismos internacionales. Su primera iniciativa multilateral contempla recurrir al TIAR.

La incorporación de Chile al Escudo de las Américas ha sido explicada por el Gobierno principalmente como una herramienta para combatir el crimen organizado transnacional. Intercambio de inteligencia, análisis de datos, capacitación para Carabineros y la PDI y cooperación fronteriza han ocupado buena parte de las explicaciones oficiales.

El presidente José Antonio Kast ha agregado dos precisiones: no se trata de un tratado internacional y la adhesión no autoriza operaciones militares estadounidenses en territorio chileno.

Ambas cuestiones son relevantes. Pero no describen por completo el acuerdo político al que Chile acaba de adherir.




La “Declaración conjunta sobre la defensa de la soberanía hemisférica”, publicada por el Departamento de Estado estadounidense y suscrita por Chile junto a otros gobiernos de la región, muestra que el Escudo de las Américas descansa sobre tres pilares: seguridad, economía y coordinación multilateral.

Y las declaraciones realizadas por el secretario de Estado Marco Rubio ante los mandatarios y cancilleres participantes eliminan cualquier duda sobre esa amplitud.

“Esto no se trata solamente del crimen transnacional”, afirmó Rubio.

El secretario de Estado explicó que la nueva alianza también busca que sus integrantes actúen conjuntamente en materias económicas y diplomáticas.

Por tanto, para comprender lo que Chile acaba de suscribir es necesario mirar más allá del narcotráfico.

Primer pilar: seguridad

La lucha contra el crimen organizado constituye efectivamente uno de los componentes centrales del Escudo.

Los países participantes buscan ampliar el intercambio de inteligencia, compartir tecnologías, coordinar sus sistemas de seguridad y adoptar medidas conjuntas contra organizaciones criminales que operan en varios Estados.

La declaración identifica 24 organizaciones consideradas narcoterroristas o criminales transnacionales y plantea medidas como congelamiento de activos, restricciones migratorias y de visas, persecución de redes financieras y sanciones contra quienes proporcionen apoyo material a esas organizaciones.

En la lista aparecen, entre otros, el Tren de Aragua, MS-13, Barrio 18, carteles mexicanos, Clan del Golfo, Primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho, ELN, grupos disidentes de las FARC y Sendero Luminoso.

Esta es la dimensión que ha ocupado la mayor parte de la explicación del Gobierno chileno.

Pero es solamente una de tres.

Segundo pilar: economía

El componente económico resulta especialmente relevante para Chile y ha recibido considerablemente menos atención.

La declaración contempla fortalecer la cooperación económica entre los participantes, pero incorpora además tres áreas estratégicas: revisión de inversiones extranjeras, minerales críticos e infraestructura digital.

El primer punto plantea explorar mecanismos de investment screening, es decir, sistemas que permitan revisar determinadas inversiones extranjeras considerando no solamente criterios comerciales, sino también sus eventuales implicancias para la seguridad nacional.

Estados Unidos posee desde hace décadas un sistema de este tipo a través del Comité de Inversión Extranjera, conocido como CFIUS, que examina operaciones que podrían afectar sectores considerados sensibles.

El documento del Escudo no obliga a Chile a reproducir el modelo estadounidense ni establece qué inversiones deberían ser revisadas. Habla de explorar mecanismos.

Pero la incorporación del tema es significativa.

Hasta ahora, Chile ha mantenido un régimen comparativamente abierto a la inversión extranjera. Introducir criterios de seguridad nacional para determinadas inversiones supone una discusión económica y estratégica que excede ampliamente la persecución del narcotráfico.

Cobre, litio y minerales críticos

El segundo elemento económico toca directamente uno de los principales intereses estratégicos de Chile.

La declaración propone proteger las cadenas de suministro de minerales críticos mediante fuentes diversificadas y consideradas confiables.

Para Chile, esta discusión alcanza inevitablemente al cobre y al litio, y potencialmente a otros recursos minerales estratégicos.

No aparece de la nada.

Estados Unidos lleva años intentando reducir vulnerabilidades en las cadenas de suministro de minerales esenciales para baterías, electromovilidad, electrónica, defensa y tecnologías avanzadas.

La competencia internacional por estos recursos se ha convertido además en uno de los principales terrenos de disputa económica entre Washington y Beijing.

El documento firmado por Chile no menciona a China y sería incorrecto sostener que obliga al país a excluir inversiones o compradores chinos.

Pero tampoco puede analizarse el concepto de cadenas de suministro “confiables” al margen del contexto geopolítico en que Washington viene desarrollando su política sobre minerales críticos.

Para Chile la pregunta es particularmente importante: China no es un actor económico marginal, sino su principal socio comercial.

¿Qué es un “proveedor confiable”?

El tercer elemento económico puede tener consecuencias igualmente relevantes.

Los integrantes del Escudo se proponen desarrollar regulaciones sobre “proveedores confiables” para infraestructura digital.

La expresión parece técnica, pero detrás de ella existe una discusión geopolítica de gran magnitud.

Estados Unidos lleva años cuestionando la participación de determinadas compañías chinas, especialmente Huawei y ZTE, en redes de telecomunicaciones e infraestructura digital estratégica.

La declaración firmada por Chile no excluye expresamente a ninguna empresa ni establece que los criterios estadounidenses deban ser adoptados automáticamente por los demás participantes.

Precisamente por eso quedan preguntas importantes por responder.

¿Qué condiciones deberá cumplir una empresa para ser considerada un “proveedor confiable”?

¿Quién establecerá esos criterios?

¿A qué infraestructura se aplicarán?

¿Telecomunicaciones? ¿Centros de datos? ¿Cables submarinos? ¿Servicios digitales del Estado?

Y, sobre todo, ¿mantendrá Chile autonomía para definir esos estándares según sus propios intereses?

Son cuestiones que la explicación pública entregada hasta ahora por La Moneda no ha desarrollado.

La palabra que el documento no menciona: China

No corresponde afirmar que el Escudo sea formalmente una alianza contra China. El documento no lo dice.

Pero tampoco puede ignorarse que varios de sus instrumentos económicos coinciden con prioridades centrales de la estrategia estadounidense frente a Beijing: control de inversiones sensibles, cadenas de minerales críticos, infraestructura digital y proveedores confiables.

Esta dimensión resulta especialmente significativa porque el canciller Francisco Pérez Mackenna había sostenido pocos días antes que Chile debía mantener relaciones importantes tanto con Estados Unidos como con China.

También el senador UDI Iván Moreira ha advertido que el país necesita mantener un equilibrio entre ambas potencias y no quedar obligado a escoger una de ellas.

La adhesión al Escudo hace que esa política de equilibrio tenga ahora que enfrentar una prueba concreta.

Tercer pilar: coordinación multilateral

Probablemente este sea el aspecto menos explicado en Chile.

La declaración conjunta establece explícitamente como uno de sus pilares la coordinación multilateral.

Y Marco Rubio explicó ante los participantes qué entiende Washington por ese concepto.

Según el secretario de Estado, los países que integran la iniciativa pueden coordinar sus recursos diplomáticos, actuar conjuntamente y llevar posiciones comunes a los organismos internacionales.

Rubio habló incluso de la posibilidad de coordinar votos.

Esto tampoco significa que Chile haya aceptado votar automáticamente junto a Estados Unidos.

El documento no establece semejante obligación.

Pero la intención política declarada es relevante: el Escudo aspira a convertirse también en un espacio de concertación diplomática entre sus integrantes.

Y eso abre interrogantes mucho más amplios que la cooperación policial.

¿En qué materias se coordinarán posiciones?

¿Solamente frente al crimen organizado?

¿También respecto de sanciones internacionales?

¿Venezuela?

¿Cuba?

¿China?

¿Conflictos internacionales?

¿Candidaturas en organismos multilaterales?

¿Resoluciones de Naciones Unidas?

El documento no responde esas preguntas.

Pero Rubio deja claro que Washington concibe el Escudo como algo más amplio que una red de seguridad.

“Hablar con una sola voz”

La expresión utilizada por el secretario de Estado merece especial atención.

La lógica propuesta consiste en que gobiernos con intereses compartidos puedan “hablar con una sola voz” en el escenario internacional.

Para una potencia como Estados Unidos esa coordinación tiene un valor evidente.

Para países medianos o pequeños como Chile, en cambio, plantea otra cuestión: cómo obtener las ventajas de actuar conjuntamente sin perder autonomía diplomática.

Chile posee una larga tradición de participación multilateral y ha mantenido históricamente posiciones que no siempre coinciden con Washington.

Por ello, la cuestión no es si coordinarse internacionalmente es positivo o negativo en abstracto.

La cuestión es qué se coordina, con quién y bajo qué condiciones.

El TIAR: la primera acción concreta

La dimensión multilateral no permanece solamente en el terreno de las declaraciones.

Los países firmantes anunciaron una primera iniciativa concreta: solicitar al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos la convocatoria del Órgano de Consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR.

El objetivo es discutir a nivel ministerial posibles acciones colectivas frente a organizaciones consideradas narcoterroristas.

Este punto requiere especial cuidado.

El TIAR no es un organismo policial. Es un tratado de defensa colectiva creado en 1947, en los comienzos de la Guerra Fría, bajo el principio de que determinadas amenazas contra un Estado americano pueden ser consideradas una amenaza para el conjunto.

Invocar el TIAR no significa automáticamente una intervención militar ni implica que Chile haya autorizado el uso de fuerzas extranjeras.

Pero sí representa un cambio conceptual importante.

El crimen organizado deja de ser tratado exclusivamente como un fenómeno policial, judicial y financiero y comienza a ser incorporado también al sistema hemisférico de seguridad colectiva.

Esto ayuda a comprender el lenguaje empleado por Donald Trump durante la reunión de Nueva York.

El mandatario estadounidense afirmó que los carteles habían hecho “la guerra” a los pueblos del hemisferio y que ahora Estados Unidos les estaba haciendo “la guerra” a ellos.

Después ofreció a los gobernantes presentes ayuda directa:

“Hágannoslo saber y los eliminamos”.

Y agregó:

“Si no pueden, lo haremos nosotros por ustedes”.

La invocación del TIAR y el lenguaje de guerra utilizado por Trump no son jurídicamente equivalentes. Pero forman parte de una misma tendencia: la transformación del narcotráfico y el crimen organizado desde un problema de seguridad pública hacia una amenaza de seguridad hemisférica.

Una alianza más amplia de lo explicado

Rubio utilizó además una palabra significativa para describir el Escudo: alianza.

Kast ha señalado correctamente que la adhesión no constituye un tratado internacional.

Las dos afirmaciones no son necesariamente contradictorias.

Una alianza política no requiere obligatoriamente un tratado.

Lo relevante es otra cosa: mientras la explicación chilena se ha concentrado en inteligencia, policías y fronteras, Washington describe una arquitectura que pretende coordinar seguridad, economía y diplomacia.

La diferencia de énfasis es considerable.

El Escudo explicado hasta ahora en Chile podría resumirse así:

crimen organizado, inteligencia, Carabineros, PDI y fronteras.

El documento firmado por Chile agrega:

inversiones extranjeras, minerales críticos, infraestructura digital, coordinación diplomática, posiciones multilaterales y TIAR.

Eso no convierte automáticamente al Escudo en una estructura de subordinación a Washington.

Pero demuestra que sus alcances son bastante mayores que los destacados inicialmente por el Gobierno.

Las preguntas que La Moneda todavía debe responder

La discusión pública se ha concentrado hasta ahora en determinar si la adhesión permitirá operaciones militares estadounidenses en Chile.

Kast ha respondido que no.

Pero después de conocer la declaración conjunta y las explicaciones de Rubio aparecen preguntas diferentes.

¿Qué mecanismos de revisión de inversiones está dispuesto a estudiar Chile?

¿Qué significará en la práctica asegurar cadenas “confiables” de minerales críticos?

¿Qué empresas podrán ser consideradas proveedores confiables de infraestructura digital?

¿Cómo afectará todo esto la relación económica con China?

¿En qué materias Chile está dispuesto a coordinar posiciones diplomáticas con los integrantes del Escudo?

¿Significa esa coordinación también votar conjuntamente en determinados organismos internacionales?

¿Con qué posición concurrirá Chile a una eventual convocatoria del TIAR?

Y existe además una pregunta interna.

Si la adhesión estaba decidida antes del viaje de Kast a Nueva York, como ha señalado posteriormente el Gobierno, ¿qué ministros conocían todos estos alcances cuando públicamente se afirmaba que la incorporación todavía estaba siendo evaluada?

Porque una decisión que involucra seguridad, inversiones extranjeras, minerales críticos, infraestructura digital, política exterior y mecanismos hemisféricos de defensa colectiva difícilmente puede considerarse exclusivamente una decisión policial.

Chile acaba de incorporarse a una iniciativa cuya verdadera dimensión recién comienza a conocerse.

El combate al crimen organizado es una parte importante del Escudo de las Américas.

Pero los propios documentos firmados por Chile muestran que no es la única.

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