Pascua Lama vuelve por otra puerta: la crisis ambiental que Chile dejó de mirar

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Más de una década después de la paralización de Pascua Lama, Barrick vuelve a explorar el potencial minero de la alta cordillera del Valle del Huasco mediante el proyecto El Alto. Las comunidades diaguitas cuestionan su aprobación y ahora una insólita crisis en el Tribunal Ambiental vuelve a poner bajo la lupa un conflicto que Chile parecía haber olvidado.

Mientras la política chilena consume sus energías en seguridad, migración, disputas parlamentarias y alineamientos internacionales, uno de los conflictos ambientales más emblemáticos de las últimas décadas vuelve silenciosamente a la superficie. Ocurre en la alta cordillera de Atacama, en el mismo territorio donde el proyecto Pascua Lama terminó clausurado después de años de infracciones, sanciones, litigios y movilización de las comunidades del Valle del Huasco.

Ahora se llama Prospección Minera El Alto. Es formalmente un proyecto diferente. Pero pertenece a Compañía Minera Nevada SpA, filial de Barrick Gold, se emplaza en el área donde se desarrolló Pascua Lama y pretende determinar nuevamente el potencial económico de los recursos minerales existentes en la cordillera.

El proyecto, aprobado ambientalmente en enero de 2026, considera una inversión de US$35 millones y una campaña de prospección mediante sondajes diamantinos. Según los antecedentes del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), contempla 43 plataformas dentro de un área aproximada de 212 hectáreas, aunque las obras ocuparían efectivamente unas cinco hectáreas. Su objetivo declarado es aumentar la certeza respecto del potencial del recurso metálico y delimitar recursos y reservas mineras.

Dicho de otra manera: todavía no estamos frente a un nuevo proyecto de explotación minera, pero sí ante una operación destinada a establecer si existe base geológica y económica para avanzar posteriormente hacia ella.

Y allí comienza el problema.

Un proyecto clausurado que todavía se está cerrando

Pascua Lama no terminó porque Barrick simplemente desistiera de explotarlo. Terminó después de graves incumplimientos ambientales y de una larga controversia administrativa y judicial que culminó con la clausura definitiva de las instalaciones chilenas.

Pero esa historia ni siquiera está completamente terminada.

Actualmente continúa la tramitación ambiental de una Modificación de la Fase de Cierre de Pascua Lama, también presentada por Compañía Minera Nevada. El proyecto de cierre considera una inversión de US$136 millones y se desarrolla sobre unas 140 hectáreas en el mismo sector cordillerano de Alto del Carmen. El propio expediente ambiental señala que las modificaciones son necesarias porque las medidas originalmente contempladas ya no reflejan el estado definitivo en que quedó Pascua Lama.

La paradoja resulta difícil de ignorar: mientras una parte de la empresa trabaja administrativamente para cerrar Pascua Lama, otra busca explorar nuevamente el potencial mineral del territorio.

Incluso durante la evaluación ambiental de El Alto aparecieron dudas respecto de la separación efectiva entre ambos proyectos.

Documentos oficiales del SEA advirtieron que podía existir superposición espacial y temporal entre El Alto y la modificación del cierre de Pascua Lama. La autoridad pidió a la empresa explicar cómo podían no interferir ambas iniciativas y solicitó analizar eventuales efectos acumulativos. En observaciones posteriores volvió a señalar que el análisis presentado no abordaba suficientemente posibles impactos acumulativos indirectos sobre ecosistemas previamente intervenidos, fauna, vegetación y comunidades.

Barrick sostiene una posición distinta: El Alto sería un proyecto nuevo, autónomo y operacionalmente independiente de Pascua Lama. Según los antecedentes incorporados al proceso ambiental, las plataformas y caminos que utilizará corresponderían a antiguas campañas de exploración realizadas entre 1988 y 2001 y no a instalaciones sometidas a la clausura de Pascua Lama.

Es precisamente esa frontera —dónde termina Pascua Lama y dónde comienza El Alto— la que las comunidades cuestionan.

Las comunidades vuelven a los tribunales

La Comunidad Agrícola Diaguita Los Huascoaltinos y otras organizaciones y habitantes del territorio han recurrido contra la autorización ambiental.

Uno de sus argumentos centrales es que resulta artificial presentar El Alto como una operación completamente independiente cuando los nuevos sondajes se realizarían en un territorio intervenido durante décadas por la misma empresa y donde todavía está pendiente ejecutar el cierre de Pascua Lama.

En una de las reclamaciones presentadas ante la autoridad ambiental se sostiene que las 43 plataformas calificadas como “existentes” y parte de los caminos fueron utilizados por actividades relacionadas con Pascua Lama. Los reclamantes también recuerdan los impactos ambientales que estuvieron detrás de la sanción aplicada al antiguo proyecto y sostienen que esos antecedentes deberían formar parte de la evaluación de cualquier nueva intervención sobre el territorio.

No es una discusión menor.

Lo que está en juego es si una compañía cuyo proyecto fue clausurado puede desarrollar una nueva iniciativa de exploración en el mismo espacio mediante una autorización ambiental independiente, mientras simultáneamente continúa el proceso destinado a cerrar definitivamente el proyecto anterior.

Será la institucionalidad ambiental y judicial la que deberá resolver esa controversia.

Pero ahora apareció un problema adicional.

Y es grave.

Una decisión que apareció antes que la decisión

El miércoles 23 de septiembre ocurrió un episodio insólito en el Primer Tribunal Ambiental.

Según reveló una investigación de BioBioChile, el sitio oficial del tribunal publicó una información señalando que habían sido rechazadas las medidas cautelares solicitadas contra Prospección Minera El Alto.

Había un problema elemental: en los expedientes todavía no aparecía publicada ninguna resolución que sustentara ese anuncio.

La noticia permaneció durante algunas horas en la página institucional y posteriormente fue retirada.

Al día siguiente ocurrió algo todavía más extraordinario: los tres ministros titulares del Primer Tribunal Ambiental se inhabilitaron para seguir conociendo las causas relacionadas con El Alto.

El tribunal informó posteriormente que había reforzado sus protocolos internos de comunicación de decisiones jurisdiccionales, pero no entregó una explicación detallada de lo sucedido, invocando el carácter pendiente de las causas.

La secuencia es suficientemente inquietante por sí misma.

Primero apareció públicamente el resultado de una decisión judicial que todavía no estaba disponible en el expediente. Después desapareció la publicación. Finalmente, todos los ministros que debían conocer el asunto se apartaron.

No es necesario especular sobre las causas para advertir el daño institucional que un episodio semejante puede provocar.

La justicia ambiental necesita no solo independencia. Necesita también que esa independencia resulte transparente y verificable para las comunidades, las empresas y la ciudadanía.

Vínculos que exigen máxima transparencia

La investigación periodística añadió otro antecedente.

El relator asignado a las causas, Álvaro Funes Palacios, había trabajado anteriormente como jefe de Asuntos Legales de Minera Zaldívar, empresa cuya propiedad comparte Barrick.

Ese antecedente no prueba por sí mismo ninguna irregularidad ni permite concluir que haya existido una intervención indebida. Pero en un litigio de esta sensibilidad constituye un elemento que exige especial transparencia institucional.

Después de la inhabilitación de los tres ministros titulares, los expedientes fueron derivados al Segundo Tribunal Ambiental de Santiago. Allí podría surgir otra situación que deberá resolverse conforme a las normas de inhabilidad: la presidenta de ese tribunal, Marcela Godoy, está casada con Gonzalo Montoya Cisterna, gerente legal de Minera Zaldívar, según los antecedentes publicados por BioBioChile.

Nada de esto demuestra que Barrick haya intervenido en las decisiones de los tribunales.

Afirmarlo sería ir más allá de los antecedentes disponibles.

Pero sí demuestra algo diferente: un conflicto ambiental de enorme sensibilidad pública ha entrado en una zona institucional que requiere explicaciones claras y rápidas.

Pascua Lama nunca desapareció

Quizás ese sea el aspecto más importante de esta historia.

Durante años Pascua Lama fue uno de los grandes símbolos del conflicto entre minería de gran escala, disponibilidad de agua, protección de glaciares, comunidades locales y poder económico en Chile.

Después desapareció de los titulares.

No porque sus problemas hubieran desaparecido, sino porque la agenda política cambió.

Seguridad. Migración. Crecimiento. Inversión. Desregulación. Crisis fiscal. Conflictos internacionales.

El medio ambiente ha ido descendiendo varios lugares en la conversación pública.

Pero los ecosistemas no funcionan según el ciclo de las noticias.

El agua del Valle del Huasco, los glaciares cordilleranos, las comunidades diaguitas y las consecuencias de décadas de intervención minera siguen allí.

También sigue allí Pascua Lama.

De hecho, la Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama tiene programado para el 1 de octubre volver a abordar recursos de invalidación contra la RCA favorable de Prospección Minera El Alto, además de una solicitud presentada por la Comunidad Agrícola Diaguita Los Huascoaltinos.

Por eso reducir lo ocurrido esta semana a un traspié administrativo del Tribunal Ambiental sería perder de vista el verdadero problema.

Lo sucedido obliga a volver a mirar hacia la cordillera.

Porque detrás de una publicación retirada, tres jueces inhabilitados y una controversia procesal aparece una pregunta mucho más profunda: ¿qué significa realmente clausurar un proyecto minero si, años después, la misma empresa puede volver a explorar el mismo territorio mediante un proyecto jurídicamente diferente?

El Alto no es todavía Pascua Lama II.

Pero tampoco puede analizarse como si Pascua Lama jamás hubiera existido.

Y después de todo lo ocurrido en el Valle del Huasco, esa memoria ambiental debería ser precisamente el punto de partida.

Félix Montano