Kast vuelve a la seguridad: La Moneda busca recuperar su agenda original en una semana políticamente adversa

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La muerte del cabo segundo Christopher Aguilera durante una fiscalización en Lo Espejo y los hechos violentos registrados durante el fin de semana llevaron al Presidente a pedir al Congreso que acelere la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo. La seguridad vuelve así al centro del discurso presidencial justo cuando Kast enfrenta bajos niveles de aprobación, dificultades económicas, la controversia por el Escudo de las Américas y una oposición que intenta recuperar coordinación política.

José Antonio Kast vuelve al terreno donde construyó una parte fundamental de su capital político: seguridad, delincuencia, narcotráfico e inmigración irregular.

La muerte del cabo segundo de Carabineros Christopher Andrés Aguilera Fernández, de 30 años, después de recibir un disparo en la cabeza durante una fiscalización en Lo Espejo, produjo una inmediata reacción presidencial.

“En materia de seguridad e inmigración ilegal hemos avanzado, pero tenemos que ir más rápido”, señaló Kast.

Y agregó una petición concreta:

“La agenda contra el crimen organizado y el terrorismo ya está presentada, le pido al Congreso que aceleremos el paso”.

La declaración confirma que La Moneda pretende volver a colocar la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, ACOT, en el centro de la discusión política.

No es una decisión sorprendente.

El problema es que el escenario en que Kast intenta recuperar su agenda original es bastante diferente al de comienzos de su mandato.

Un fin de semana marcado por la violencia

La muerte de Aguilera tiene un impacto especialmente fuerte.

El funcionario participaba durante la tarde del domingo en una fiscalización realizada por personal de la 42ª Comisaría de Radiopatrullas en el sector Las Dunas de Lo Espejo. Según los antecedentes conocidos hasta ahora, los policías fiscalizaban a un grupo de aproximadamente siete personas cuando uno de los individuos disparó contra el carabinero.

Aguilera recibió un impacto en la cabeza y posteriormente murió. El atacante fue abatido por otro funcionario policial.

El carabinero tenía 30 años y era padre de un niño de diez meses.

Su asesinato se sumó a otros episodios violentos ocurridos durante el fin de semana en la Región Metropolitana y volvió a colocar los homicidios y el uso de armas de fuego en las primeras páginas de los medios.

La reacción política era inevitable.

Pero Kast fue más allá de condenar el crimen y entregar sus condolencias a Carabineros.

Utilizó el caso para pedir explícitamente acelerar su agenda legislativa.

“No hay tiempo para discusiones políticas”

El Presidente afirmó que estos hechos demuestran que “no hay tiempo para discusiones políticas ni mezquindades”.

La frase permite anticipar el argumento que probablemente utilizará La Moneda durante los próximos días: existe una emergencia de seguridad y el Congreso debe acelerar la aprobación de las herramientas solicitadas por el Ejecutivo.

Sin embargo, la tramitación de la ACOT es bastante más compleja que una confrontación entre un Gobierno que quiere combatir la delincuencia y un Parlamento que se niega a hacerlo.

La agenda incluye numerosas iniciativas de naturaleza muy diferente.

Algunas han avanzado con rapidez. Otras han generado cuestionamientos constitucionales, jurídicos o políticos. También existen críticas porque determinadas materias de seguridad no fueron incorporadas originalmente.

La propia Cámara registra, por ejemplo, una solicitud presentada el 1 de septiembre manifestando preocupación por la ausencia de proyectos específicamente destinados a seguridad rural dentro de la ACOT.

Por tanto, “acelerar” no significa simplemente aprobar un paquete homogéneo de leyes.

Significa discutir proyectos que modifican áreas importantes de la institucionalidad de seguridad del Estado.

La reforma constitucional

La pieza más ambiciosa de la ACOT es probablemente la reforma constitucional presentada por Kast el 10 de agosto.

El proyecto pretende incorporar expresamente la seguridad pública como deber del Estado, crear un nuevo estado de excepción, establecer un registro de organizaciones criminales, permitir regímenes penitenciarios diferenciados y facilitar la incautación de bienes vinculados a esas organizaciones.

Son modificaciones de considerable alcance.

Por ello han generado discusión incluso entre sectores que comparten la necesidad de fortalecer la respuesta contra el crimen organizado.

La controversia no consiste necesariamente en decidir entre seguridad e inseguridad.

Consiste también en determinar cuáles instrumentos son eficaces, qué controles requieren y hasta dónde deben ampliarse las atribuciones estatales.

El asesinato de un carabinero aumenta comprensiblemente la presión política.

Pero no elimina esas preguntas.

Volver al terreno conocido

Para Kast, sin embargo, la seguridad ofrece además una oportunidad política.

Durante buena parte de su trayectoria, el Presidente construyó su discurso alrededor del orden público, el control migratorio, el fortalecimiento policial y el combate contra la delincuencia.

Es probablemente uno de los ámbitos en que su identidad política aparece con mayor claridad.

Pero durante las últimas semanas la agenda presidencial se desplazó hacia terrenos bastante menos favorables.

Economía.

Empleo.

Conflictos dentro del oficialismo.

Resultados legislativos.

Política exterior.

Y, sobre todo, el Escudo de las Américas.

La adhesión chilena a la iniciativa impulsada por Donald Trump abrió una controversia que todavía no termina.

Esta tarde, además, el canciller Francisco Pérez Mackenna enfrentará en la Cámara de Diputados una interpelación donde deberá responder, entre otras materias, por las circunstancias y alcances de esa decisión.

La Moneda comienza así la semana defendiendo simultáneamente dos agendas.

Una que conoce perfectamente: seguridad.

Otra que todavía intenta explicar: política exterior.

Pero las preocupaciones ciudadanas han cambiado

Existe además un problema que el Gobierno no puede resolver simplemente volviendo a hablar de delincuencia.

Las encuestas de septiembre muestran que las preocupaciones económicas han adquirido una importancia creciente.

Empleo, crecimiento, salarios, capacidad de compra y costo de vida aparecen entre las inquietudes centrales.

Al mismo tiempo, distintas encuestas han colocado la aprobación presidencial en niveles bajos.

Pulso Ciudadano registró este fin de semana 28,2% de aprobación y 57,6% de desaprobación.

Criteria había situado a Kast en 29% de aprobación y 59% de rechazo.

Data Influye registró 25% de aprobación y 62% de desaprobación.

Las metodologías son diferentes y esos porcentajes no pueden compararse mecánicamente.

Pero las tres mediciones describen un problema semejante: Kast conserva una base importante de respaldo, pero enfrenta una mayoría considerable que evalúa negativamente su gestión.

El retorno de la seguridad a la agenda ocurre dentro de ese escenario.

Seguridad y economía

Este es probablemente el desafío más difícil para La Moneda.

La seguridad continúa siendo una preocupación ciudadana importante. El asesinato de Christopher Aguilera recuerda de manera dramática que la violencia armada y el crimen organizado constituyen problemas reales que requieren respuestas públicas.

Pero la ciudadanía no vive una sola preocupación a la vez.

Puede exigir seguridad y simultáneamente preocuparse por encontrar trabajo.

Puede respaldar mayores atribuciones policiales y al mismo tiempo evaluar negativamente la situación económica.

Puede considerar necesario combatir el narcotráfico y preguntarse cuánto cuesta llenar el carro del supermercado.

Durante los primeros meses del Gobierno, Kast podía intentar ordenar buena parte de su relato político alrededor de la seguridad.

Ahora necesita responder en varios frentes simultáneamente.

Una ACOT que nunca desapareció

Tampoco sería correcto afirmar que la agenda contra el crimen organizado había sido abandonada.

La ACOT continúa su tramitación parlamentaria y algunos de sus proyectos han avanzado.

Un ejemplo es la iniciativa que fortalece la institucionalidad municipal en seguridad pública, ingresada el 4 de agosto y que ya pasó desde la Cámara al Senado, donde el Ejecutivo ha mantenido urgencia legislativa.

Otros proyectos siguen su discusión en distintas comisiones.

La novedad política no es entonces el regreso formal de ACOT.

Es el intento presidencial de volver a convertirla en el eje dominante de la agenda pública.

La muerte de Aguilera proporciona a La Moneda un argumento poderoso para exigir velocidad legislativa.

La pregunta es si también le permitirá recuperar iniciativa política.

Una semana complicada para La Moneda

El calendario ayuda a comprender la urgencia.

Este lunes estará marcado por la interpelación al canciller Pérez Mackenna.

El Escudo de las Américas continuará probablemente ocupando parte importante de la discusión política.

Y durante los próximos días la oposición intentará proyectar una imagen de mayor coordinación alrededor de Michelle Bachelet y Gabriel Boric.

A ello se agregan las movilizaciones convocadas para esta semana por organizaciones feministas, trabajadores de la salud y estudiantes.

La Moneda enfrenta, por tanto, varios frentes simultáneos.

En ese escenario, volver a seguridad tiene una lógica política evidente.

Permite al Presidente recuperar un lenguaje conocido.

Orden.

Autoridad.

Policías.

Crimen organizado.

Urgencia.

Pero el Congreso no parte de cero

Existe, sin embargo, una simplificación que debería evitarse.

Presentar cualquier demora legislativa como producto de “discusiones políticas” o “mezquindades” desconoce que el Congreso ya ha tramitado iniciativas de seguridad y que algunas propuestas gubernamentales requieren deliberación precisamente por la magnitud de los cambios que introducen.

La seguridad democrática no consiste únicamente en aumentar atribuciones.

También exige controles, eficacia institucional, coordinación entre organismos y respeto a las garantías constitucionales.

La muerte de un funcionario policial puede acelerar legítimamente una discusión.

No debería reemplazarla.

El regreso de Kast

El Presidente intenta comenzar esta semana hablando nuevamente de uno de sus temas centrales.

Es comprensible políticamente y previsible después de un fin de semana marcado por hechos violentos.

Pero Kast regresa a la seguridad en condiciones distintas de aquellas que encontró cuando llegó a La Moneda.

Ahora carga seis meses de Gobierno.

Una aprobación deteriorada.

Una economía que preocupa a amplios sectores.

Una controversia internacional todavía abierta.

Dificultades legislativas.

Y una oposición que intenta reorganizarse.

La seguridad puede devolverle iniciativa en el debate público.

Lo que todavía no sabemos es cuánto puede modificar un escenario político en el que los problemas ciudadanos se han multiplicado.

Porque el Gobierno ya no enfrenta solamente una pregunta:

cómo combatir el crimen organizado.

Ahora debe responder también cómo recuperar el empleo, cómo mejorar las expectativas económicas, cómo ordenar su política exterior y cómo reconstruir una confianza presidencial que varias encuestas muestran debilitada.

La ACOT vuelve al centro.

Pero el país político al que regresa ya no es el mismo.

Simón del Valle