Kast tropieza con su propia agenda de seguridad: Gobierno se abre a retirar la principal reforma de la ACOT

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Un día después de que José Antonio Kast pidiera al Congreso acelerar la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo tras el asesinato del carabinero Christopher Aguilera, el Gobierno reconoció que evalúa retirar su reforma constitucional de seguridad, una de las principales piezas de la ACOT. La iniciativa no consiguió los votos necesarios y provocó reparos incluso en el oficialismo. La Moneda busca ahora reemplazarla por un texto negociado en el Senado. El episodio constituye un tropiezo para el Ejecutivo, aunque todavía es prematuro establecer qué consecuencias tendrá sobre el resto de su agenda de seguridad.

El fin de semana parecía ofrecer a La Moneda la posibilidad de volver a uno de los terrenos centrales del discurso de José Antonio Kast: la seguridad.

El asesinato del cabo segundo Christopher Aguilera durante una fiscalización en Lo Espejo y una sucesión de hechos violentos registrados en la Región Metropolitana llevaron al Presidente a exigir rapidez al Congreso.

“Tenemos que ir más rápido”, sostuvo Kast.

Y fue todavía más explícito:

“La agenda contra el crimen organizado y el terrorismo ya está presentada, le pido al Congreso que aceleremos el paso. Los Carabineros y los chilenos no pueden seguir esperando”.

El mandatario sostuvo además que frente a hechos de esta gravedad “no hay tiempo para discusiones políticas ni mezquindades”.

Apenas un día después, sin embargo, el Gobierno tuvo que reconocer una dificultad bastante más incómoda.

Una de las piezas principales de esa misma agenda podría ser retirada porque no tiene suficientes votos para ser aprobada.

No se retira la ACOT

Es necesario hacer una precisión.

El Gobierno no está retirando la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo completa.

La ACOT está formada por más de 30 iniciativas que se encuentran en diferentes etapas de tramitación. Algunas han avanzado y otras permanecen entrampadas.

Lo que La Moneda evalúa retirar es su reforma constitucional de seguridad, presentada por Kast el 10 de agosto como una de las piezas centrales de la nueva arquitectura con que pretendía enfrentar el crimen organizado y el terrorismo.

La iniciativa no era menor.

Pretendía consagrar expresamente la seguridad pública como deber del Estado, crear un nuevo estado de excepción constitucional, establecer un registro de organizaciones criminales, introducir regímenes penitenciarios diferenciados y facilitar la incautación de bienes relacionados con organizaciones criminales.

Pero precisamente su amplitud terminó convirtiéndose en uno de sus principales problemas.

Los votos nunca estuvieron

La reforma necesitaba un quórum constitucional elevado.

Y La Moneda no consiguió reunirlo.

Las dificultades eran conocidas desde agosto. La UDI y Renovación Nacional plantearon reparos incluso antes de que comenzara la discusión definitiva, particularmente respecto de la incorporación en la Constitución de materias que algunos parlamentarios consideraban propias de la legislación ordinaria y sobre el nuevo estado de excepción.

El proyecto permitía establecer un Estado de Excepción de Seguridad Pública por 120 días, prorrogable por otros 120, sin autorización previa del Congreso durante ese período.

Ese diseño generó resistencias.

A comienzos de septiembre el Gobierno ya había tenido que retirar la suma urgencia después de comprobar que no disponía de los 29 votos necesarios en el Senado. Dos semanas después, la situación seguía prácticamente igual.

Ahora el Ejecutivo parece haber asumido que el proyecto, en su actual redacción, difícilmente podrá prosperar.

“No tiene fuerza suficiente”

El diputado de Renovación Nacional Diego Schalper entregó este martes una descripción especialmente clara de la situación.

Después de conversar con el ministro de Seguridad, Martín Arrau, aseguró que el Ejecutivo está dispuesto a retirar su propuesta para permitir la elaboración de un nuevo texto.

Según Schalper, el Gobierno comprendió que su iniciativa “no tiene fuerza suficiente”.

Arrau confirmó posteriormente que el retiro está entre las alternativas que se están estudiando.

“No nos enamoramos de una redacción en particular”, sostuvo el ministro.

La Moneda espera ahora una propuesta que preparan los senadores Arturo Squella, del Partido Republicano, y Andrés Longton, de Renovación Nacional. También existen conversaciones con Pedro Araya y Paulina Vodanovic, integrantes de la Comisión de Constitución del Senado.

La fórmula que se está explorando consiste en retirar la reforma gubernamental si existe un texto alternativo capaz de reunir un acuerdo más amplio.

El senador Pedro Araya confirmó que se busca construir una propuesta en la cual Gobierno y oposición puedan incorporar los aspectos que consideran fundamentales para enfrentar los problemas de seguridad pública.

¿Derrota o negociación?

Arrau rechazó que un eventual retiro constituya una derrota.

“Avanzar en cualquier ley que le haga bien a Chile y a la seguridad, por supuesto que no es una derrota”, afirmó.

Desde el punto de vista legislativo, su argumento tiene fundamento: retirar un proyecto que no dispone de votos y sustituirlo por otro negociado puede ser una manera de conseguir finalmente una reforma.

Pero desde el punto de vista político resulta difícil desconocer el tropiezo.

Fue el propio Presidente quien presentó la reforma el 10 de agosto como uno de los componentes centrales de su ofensiva contra el crimen organizado.

La iniciativa fue elaborada por el Ejecutivo.

La Moneda le otorgó urgencia.

Y finalmente fue el propio oficialismo el que impidió que el Gobierno reuniera los votos suficientes para hacerla avanzar en los términos originalmente propuestos.

No estamos entonces frente a un rechazo impuesto exclusivamente por la oposición.

La reforma tampoco logró ordenar a las fuerzas que sostienen al Gobierno.

El contraste con el fin de semana

La oportunidad en que se produce este retroceso resulta especialmente significativa.

El asesinato de Christopher Aguilera provocó una fuerte conmoción pública.

Kast decretó tres días de duelo nacional y pidió un “acuerdo transversal” para acelerar las normas destinadas a enfrentar el crimen organizado.

El fin de semana había dejado además al menos otras seis personas fallecidas en hechos violentos, aumentando nuevamente la presión política sobre la agenda de seguridad.

La Moneda intentó utilizar ese escenario para imprimir velocidad a sus proyectos.

Pero el problema que enfrenta ahora demuestra que la dificultad no consiste solamente en convencer a la oposición.

También necesita convencer a su propia coalición.

La ACOT avanza por carriles distintos

Eso tampoco significa que toda la agenda de seguridad esté paralizada.

Algunos proyectos han avanzado.

El Congreso, por ejemplo, ya despachó la ampliación del plazo de flagrancia desde 12 hasta 24 horas para determinadas actuaciones policiales y hasta 48 horas cuando interviene la Policía Marítima.

Otros proyectos siguen abiertos.

Las Reglas de Uso de la Fuerza permanecen en Comisión Mixta; infraestructura crítica continúa en una mesa técnica y existen otras iniciativas relacionadas con expulsión de extranjeros, facultades policiales y crimen organizado.

Por eso sería exagerado afirmar que la ACOT fracasó.

Lo que sí fracasó hasta ahora es la capacidad del Gobierno para construir los apoyos necesarios alrededor de una de sus reformas más ambiciosas.

Un problema político, no solamente legislativo

El episodio vuelve a mostrar una dificultad que ha acompañado a Kast durante estos primeros meses.

La Moneda puede tener una agenda.

Puede disponer de iniciativa legislativa.

Puede incluso dominar momentáneamente la discusión pública.

Pero para convertir esa agenda en leyes necesita mayorías que no posee por sí sola.

Y eso obliga a negociar.

La reforma constitucional de seguridad necesitaba cuatro séptimos de los parlamentarios. En el Senado eso significa 29 votos.

El Gobierno nunca consiguió reunirlos.

La dificultad se vuelve mayor cuando las objeciones provienen también de RN y la UDI.

Kast puede responsabilizar al Congreso por la lentitud de determinadas iniciativas, pero en este caso una parte sustancial del problema se encuentra dentro del mismo sector político que sostiene a su administración.

De la ofensiva al repliegue

Hace menos de dos meses la reforma fue presentada como una transformación estructural.

Hoy el Ejecutivo está dispuesto a reemplazarla por una propuesta negociada.

Eso no significa necesariamente que las ideas principales desaparecerán.

Arrau ha señalado que el Gobierno quiere preservar herramientas como una mayor segmentación penitenciaria y mayores capacidades para enfrentar al crimen organizado.

Parte del contenido original podría reaparecer en el nuevo proyecto.

Pero la diferencia política es evidente.

La Moneda ya no estará definiendo por sí sola los términos de la reforma.

Tendrá que acordarlos.

Una paradoja para Kast

La situación deja una paradoja.

Justo cuando el Gobierno intenta recuperar la seguridad como uno de los ejes centrales de su agenda política, debe retroceder en una de las principales herramientas que había diseñado para desarrollarla.

El asesinato de un carabinero y los crímenes del fin de semana aumentaron la presión para legislar.

Pero la conmoción provocada por esos hechos no eliminó las diferencias parlamentarias ni convirtió automáticamente en aceptable la propuesta constitucional del Ejecutivo.

La seguridad puede generar urgencia.

No necesariamente genera acuerdo sobre las soluciones.

Lo que viene ahora

El desenlace todavía está abierto.

El Gobierno puede retirar definitivamente su reforma.

Puede modificarla mediante indicaciones.

O puede respaldar un nuevo texto elaborado transversalmente en el Senado.

Arrau dice que todas esas posibilidades están siendo evaluadas.

Por eso todavía es prematuro saber cuáles serán las consecuencias políticas del episodio.

Una negociación exitosa podría permitir al Gobierno rescatar parte importante de sus objetivos.

Un nuevo fracaso, en cambio, profundizaría las dificultades de La Moneda para transformar su discurso de seguridad en resultados legislativos.

Lo que ya puede afirmarse es algo más acotado.

Kast pidió el domingo al Congreso que acelerara la ACOT porque “los Carabineros y los chilenos no pueden seguir esperando”.

Cuarenta y ocho horas después, su Gobierno reconoce que una de sus principales reformas no tiene los votos y estudia retirarla.

La seguridad volvió al centro de la agenda.

Pero también volvió a mostrar uno de los problemas que enfrenta La Moneda desde que asumió:

para gobernar no basta con instalar una prioridad. También hay que construir las mayorías capaces de convertirla en ley.

Simón del Valle