Malvinas vuelve a tensionar la relación con Argentina: negocios en Punta Arenas, petróleo y otra contradicción en el Gobierno

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A menos de un mes de que José Antonio Kast reafirmara ante Javier Milei el respaldo chileno a los derechos de soberanía argentinos sobre las Malvinas, las declaraciones del ministro de Defensa, Fernando Barros, y una creciente relación comercial entre Punta Arenas y las islas abrieron un nuevo foco de tensión. Buenos Aires advirtió este martes que espera que Chile respete los compromisos vigentes y observa especialmente cualquier apoyo logístico relacionado con la explotación de recursos naturales. Detrás de la controversia aparece Sea Lion, el proyecto petrolero que Argentina intenta detener y que podría transformar la economía del archipiélago.

La relación entre Chile y Argentina vuelve a enfrentarse a una controversia territorial pocas semanas después de las diferencias surgidas por el Estrecho de Magallanes.

Esta vez el escenario son las islas Malvinas.

Y el asunto ya no se limita a una declaración desafortunada de un ministro.

En Punta Arenas se desarrollan contactos comerciales con empresarios procedentes de las islas, se proyecta una nueva conexión marítima con el archipiélago y Argentina investiga vuelos entre Malvinas y territorio chileno que considera irregulares.

Todo esto ocurre mientras Buenos Aires intensifica su ofensiva contra el proyecto petrolero Sea Lion, destinado a explotar hidrocarburos en las aguas disputadas alrededor de las islas.

El canciller argentino Pablo Quirno envió este martes una advertencia cuidadosamente formulada a Santiago.

“Tenemos acuerdos vigentes con Chile y obviamente esperamos que Chile respete esos tratados como nosotros también los respetamos”, afirmó.

Pero también evitó transformar inmediatamente el episodio en una crisis diplomática.

Describió la relación bilateral como “muy fluida” e “intensa” y aseguró que Argentina confía en los compromisos asumidos por José Antonio Kast.

La advertencia, sin embargo, está hecha.

Lo que Kast acordó con Milei

El origen inmediato del problema puede encontrarse en un documento firmado políticamente apenas unas semanas atrás.

El 3 de septiembre, después de la reunión entre Kast y Javier Milei en La Moneda, ambos gobiernos emitieron una declaración conjunta.

Kast reiteró allí “el respaldo del Gobierno de Chile a los legítimos derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.

También respaldó la reanudación de negociaciones entre Argentina y Reino Unido para alcanzar una solución pacífica a la disputa.

Pero el documento contiene otro párrafo que hoy adquiere particular importancia.

Milei expresó que Argentina valoraría los esfuerzos del Gobierno chileno destinados a evitar la consolidación de “actividades logísticas ilegales unilaterales” en la zona disputada relacionadas con la exploración y explotación de hidrocarburos y recursos pesqueros.

El comunicado fue publicado tanto por Presidencia como por la Cancillería chilena.

No existe allí una prohibición general al comercio entre Magallanes y los habitantes de las islas.

Pero sí queda establecida una cuestión especialmente sensible para Buenos Aires: Chile no debería convertirse en plataforma logística para la explotación unilateral de los recursos naturales de la zona disputada.

Y precisamente esa frontera entre comercio y apoyo logístico es la que ahora comienza a discutirse.

Barros introduce la autodeterminación

El ministro de Defensa, Fernando Barros, añadió otro elemento a la controversia.

Durante una visita a Magallanes defendió el derecho de la comunidad regional a mantener relaciones comerciales legalmente permitidas con las islas y señaló que no veía impedimentos para esas actividades.

Pero fue más allá.

Al referirse a la controversia territorial, Barros sostuvo que existen dos principios en tensión: la integridad territorial reclamada por Argentina y la autodeterminación de quienes viven en las islas.

La referencia produjo repercusiones inmediatas porque el principio de autodeterminación constituye precisamente uno de los principales argumentos utilizados por Reino Unido y por las autoridades de las islas frente a la reivindicación argentina.

Buenos Aires rechaza que ese principio sea aplicable al caso Malvinas.

La posición histórica chilena, por su parte, ha respaldado los derechos argentinos de soberanía y una solución negociada conforme a las resoluciones de Naciones Unidas.

El canciller Francisco Pérez Mackenna tuvo entonces que volver a precisar cuál es la política oficial chilena: el Gobierno mantiene su respaldo a los derechos de soberanía argentinos.

“Palabra de Presidente mata a ministro”

Quirno respondió este martes directamente a las declaraciones de Barros.

Lo hizo con una frase poco habitual en el lenguaje diplomático:

“Palabra de Presidente mata a ministro”.

Para Argentina, explicó, lo relevante es lo acordado directamente entre Milei y Kast.

El canciller argentino recordó que el Gobierno chileno se comprometió a continuar respaldando la reivindicación argentina y sostuvo que existe además un entendimiento respecto de que desde Chile no se facilitará apoyo logístico para la explotación de recursos naturales en la zona disputada.

De esta manera Buenos Aires optó, por ahora, por separar las declaraciones del ministro de Defensa de la posición oficial de La Moneda.

Es una salida que evita una escalada inmediata.

Pero también constituye una desautorización bastante explícita de la interpretación formulada por Barros.

El problema está ahora en Punta Arenas

La controversia sería probablemente menor si no coincidiera con acontecimientos concretos en Magallanes.

Una delegación empresarial procedente de las islas llegó a Punta Arenas para participar en encuentros con empresarios y representantes locales.

Paralelamente se trabaja en una nueva ruta marítima comercial entre Punta Arenas y Port Stanley.

Según los antecedentes conocidos, el primer viaje podría realizarse durante noviembre.

La conexión permitiría reducir considerablemente la distancia de abastecimiento respecto de Montevideo, actualmente uno de los principales puntos de conexión comercial del archipiélago.

Desde una perspectiva estrictamente regional, existe un interés económico evidente.

Punta Arenas está mucho más cerca de las islas que los puertos uruguayos y posee infraestructura, servicios marítimos y experiencia logística asociada a las operaciones australes y antárticas.

Pero precisamente esas ventajas explican también la preocupación argentina.

Comercio sí, petróleo no

La cuestión decisiva será determinar dónde termina una relación comercial ordinaria y dónde comienza el apoyo logístico a actividades de explotación de recursos que Argentina considera ilegales.

El propio Barros reconoció que el punto “potencialmente más conflictivo” son las exploraciones petroleras y mineras.

Y en el centro de esa preocupación aparece un nombre:

Sea Lion.

Se trata del proyecto petrolero que desarrollan la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration al norte de las islas.

Está previsto que la producción pueda comenzar en 2028.

Argentina considera que la explotación es ilegal porque se realiza en un espacio marítimo cuya soberanía reclama y sin autorización argentina. Reino Unido y las autoridades de las islas sostienen, por el contrario, que poseen facultades para desarrollar esos recursos.

El proyecto tiene además una dimensión económica considerable.

La explotación petrolera podría transformar los ingresos del pequeño territorio, cuya economía depende actualmente en buena medida de la pesca.

Por eso Sea Lion no es un elemento secundario de la nueva tensión.

Es probablemente uno de sus principales motores.

Milei lleva la disputa al terreno internacional

El Gobierno argentino acaba de aumentar la presión.

Milei ordenó iniciar un procedimiento de arbitraje internacional contra Reino Unido bajo la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para intentar detener Sea Lion.

Buenos Aires dio a Londres un plazo de dos semanas para frenar las operaciones y anunció que, de no producirse esa suspensión, solicitará medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

Argentina sostiene que la explotación unilateral de hidrocarburos agrava la disputa territorial.

Reino Unido mantiene una posición diferente y respalda el derecho de los habitantes de las islas a decidir sobre su futuro político y económico.

El conflicto, por tanto, se encuentra entrando en una etapa nueva.

Y Chile aparece geográficamente en medio de ella.

El vuelo que aumentó la tensión

A ese escenario se añadió otro incidente.

Argentina denunció que una aeronave con matrícula británica vinculada a Thales UK Limited realizó operaciones entre las Malvinas y Punta Arenas sin autorización argentina.

Milei ordenó iniciar procedimientos sancionatorios, eventuales acciones penales y gestiones diplomáticas relacionadas con esos vuelos.

El episodio resulta especialmente sensible porque miembros de la delegación isleña que participa en las actividades comerciales en Punta Arenas habrían utilizado esa conexión.

Argentina considera que los vuelos requieren su autorización.

La posición británica sobre las comunicaciones con las islas es diferente, precisamente porque Londres ejerce la administración efectiva del archipiélago y rechaza la soberanía argentina.

Chile queda nuevamente enfrentado a una situación donde una actividad realizada en su territorio se cruza con una disputa de soberanía entre terceros Estados.

Buenos Aires monitorea a Chile

Quirno anunció que Argentina seguirá “monitoreando” lo que ocurre en Punta Arenas.

Recordó los compromisos asumidos por Kast el 3 de septiembre y señaló que Buenos Aires utilizará las herramientas jurídicas y diplomáticas disponibles si considera que sus derechos son afectados.

Pero descartó por ahora interpretar los acontecimientos como una “traición” chilena.

“No tenemos por qué dudar de la palabra y de lo escrito por nuestros gobiernos”, sostuvo.

La frase permite medir con bastante precisión el momento diplomático.

Todavía no existe una ruptura.

Existe una advertencia.

Magallanes tiene también sus propios intereses

Desde Punta Arenas el asunto se observa de otra manera.

Para empresarios y autoridades regionales, las islas constituyen un mercado cercano con posibilidades comerciales y logísticas.

Esa realidad geográfica ha existido durante décadas y no desaparece por la disputa argentino-británica.

El problema es que el desarrollo de Sea Lion aumenta enormemente la escala potencial de esas relaciones.

Una cosa es vender productos o prestar servicios a una población de algunos miles de habitantes.

Otra es transformarse eventualmente en una plataforma logística para una nueva industria petrolera en aguas cuya soberanía Argentina disputa.

Precisamente por eso el acuerdo Kast-Milei del 3 de septiembre resulta ahora tan importante.

Otra contradicción dentro del Gobierno

El episodio tiene además una dimensión política interna.

No es la primera vez durante las últimas semanas que ministros del Gobierno entregan señales diferentes sobre asuntos sensibles de política exterior.

Ocurrió con el Escudo de las Américas.

Mientras Defensa sostenía que Chile todavía desconocía suficientemente el contenido de la iniciativa estadounidense, Cancillería la evaluaba y pocas semanas después Kast anunció la adhesión.

Ahora ocurre algo semejante con Malvinas.

El ministro de Defensa introduce públicamente el principio de autodeterminación.

Cancillería debe posteriormente reafirmar que la política oficial continúa siendo el respaldo a los derechos de soberanía argentinos.

La contradicción resulta todavía más llamativa porque el propio Pérez Mackenna había señalado el 7 de septiembre, después de las anteriores controversias con Argentina, que la política exterior es una política de Estado y que Chile debe actuar “con una sola voz”.

Tres semanas después, esa voz vuelve a mostrar diferencias.

Del Estrecho a las Malvinas

Existe además una llamativa inversión de posiciones.

A comienzos de septiembre fue Chile quien debió reafirmar ante Argentina que el Estrecho de Magallanes se encuentra íntegramente bajo soberanía chilena, después de declaraciones provenientes del país vecino.

Kast y Milei terminaron estableciendo por escrito que los tratados de 1881 y 1984 reconocen la soberanía chilena sobre la totalidad del estrecho.

Ahora es Argentina la que recuerda a Chile los compromisos relacionados con Malvinas.

Dos controversias diferentes, con fundamentos jurídicos diferentes, pero concentradas en pocas semanas y en el mismo espacio estratégico del extremo austral.

Una frontera que habrá que definir

La pregunta inmediata no es si Chile modificará su posición histórica sobre Malvinas.

Pérez Mackenna ha dicho que no.

La cuestión práctica es otra.

¿Hasta dónde pueden llegar las relaciones económicas entre Magallanes y las islas sin transformarse en apoyo logístico a la explotación de recursos naturales que Argentina considera ilegal?

La respuesta será cada vez más importante a medida que avance Sea Lion.

Si Punta Arenas se convierte simplemente en un punto de intercambio comercial con los habitantes del archipiélago, La Moneda podrá sostener que aquello no contradice su respaldo diplomático a Argentina.

Si empresas chilenas comienzan a prestar servicios relevantes para la explotación petrolera, el problema será distinto.

Y Buenos Aires ya avisó que estará observando.

El Gobierno de Kast enfrenta así un nuevo frente de política exterior apenas una semana después de la controversia por el Escudo de las Américas.

Esta vez no se trata de Washington.

Se trata del vecino con el que Chile comparte más de cinco mil kilómetros de frontera y una compleja historia de acuerdos territoriales.

Por ahora Argentina ha evitado convertir el episodio en una crisis.

Pero su canciller dejó una frase que funciona al mismo tiempo como recordatorio y advertencia:

“Tenemos acuerdos vigentes con Chile y esperamos que Chile respete esos tratados”.

La próxima discusión probablemente no será sobre declaraciones.

Será sobre qué actividades concretas comienzan a desarrollarse desde Punta Arenas hacia las Malvinas y, especialmente, si alguna de ellas termina conectada con el petróleo de Sea Lion.

Simón del Valle