Comunidades llevan a la justicia ambiental el proyecto de torres de alta tensión Itahue-Hualqui

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Comunidades del Maule y Biobío recurrirán al Segundo Tribunal Ambiental para impugnar la decisión que mantuvo vigente la aprobación ambiental de una línea de transmisión eléctrica de 407 kilómetros. La reclamación cuestionará los impactos sobre ecosistemas, actividades agrícolas y formas de vida locales, la ausencia de consulta indígena y la falta de una evaluación integral de los efectos acumulativos de distintos megaproyectos proyectados en los territorios.

La disputa por el proyecto eléctrico Itahue-Hualqui entrará en una nueva etapa. Comunidades de las regiones del Maule y Biobío, junto con la ONG Defensa Ambiental, anunciaron que recurrirán al Segundo Tribunal Ambiental para cuestionar la aprobación del Sistema de Transmisión Zonal Grupo 3 S/E Itahue-S/E Hualqui, una infraestructura de aproximadamente 407 kilómetros que atravesaría una veintena de comunas.

La acción judicial se produce después de que el Comité de Ministros rechazara el recurso administrativo de invalidación presentado contra la autorización ambiental del proyecto, manteniendo de esta manera vigente su aprobación.

La iniciativa fue presentada por el consorcio español CELEO Redes, a través de Mataquito Transmisora de Energía, y contempla la construcción de una extensa red de transmisión entre las regiones del Maule y Biobío.

Las organizaciones opositoras sostienen que la evaluación ambiental presenta vacíos técnicos y que no fueron considerados adecuadamente los efectos que una infraestructura de esta magnitud podría generar sobre ecosistemas, bosque nativo, cursos de agua, fauna y actividades productivas rurales.

Pero la controversia va más allá de las torres y líneas eléctricas. Uno de los argumentos que las comunidades pretenden llevar ante la justicia ambiental apunta a los impactos acumulativos y sinérgicos que podrían generarse por la concentración de proyectos energéticos y otras iniciativas de gran escala en estos territorios, incluidas aquellas vinculadas a la minería de tierras raras.

Cuestionamientos a la evaluación ambiental

Entre los argumentos anunciados para la reclamación figura la supuesta falta de fundamentación técnica para revertir pronunciamientos desfavorables emitidos durante la evaluación por organismos sectoriales, particularmente la Corporación Nacional Forestal (CONAF).

Las organizaciones también cuestionan la línea de base utilizada para caracterizar la flora y vegetación existente en el trazado.

Según los antecedentes entregados por las comunidades, la evaluación no habría considerado suficientemente especies en categoría de conservación, ecosistemas críticos ni remanentes de bosque nativo situados en sectores próximos al área de influencia y amortiguación del Parque Nacional Nonguén.

En materia de fauna, los reclamantes sostienen que tampoco habrían sido evaluados adecuadamente la fragmentación y pérdida de hábitats, el impacto acústico de la infraestructura y los riesgos de colisión o electrocución que las líneas eléctricas podrían representar para aves migratorias, rapaces y especies endémicas o amenazadas.

A ello se suman las intervenciones necesarias para instalar torres, caminos y otras obras en sectores de ladera. Las comunidades advierten sobre potenciales procesos de erosión, arrastre de sedimentos y afectación de humedales, vegas y cursos de agua.

Consulta indígena y formas de vida locales

Otro de los puntos centrales de la futura reclamación será la ausencia de un proceso de consulta indígena.

Las organizaciones sostienen que el trazado podría afectar territorios ancestrales, sitios de significación cultural y ceremonial, espacios utilizados para la recolección de lawen y otras prácticas tradicionales de comunidades y asociaciones indígenas ubicadas en las comunas atravesadas por el proyecto.

También cuestionan la forma en que fueron considerados los efectos sobre las actividades agrícolas, apícolas y ganaderas que constituyen el sustento de numerosas familias rurales.

A esos impactos agregan la eventual división de terrenos, depreciación de propiedades, ruido, exposición a campos electromagnéticos y riesgos asociados a incendios forestales.

Marioles Quevedo, vecina de Maqueuto Sur, afirma que la oposición al proyecto responde precisamente a esas características del territorio.

“Defendiendo mi territorio, defendiendo mi naturaleza y los animales silvestres de Maqueuto Sur, donde quieren instalar doce hectáreas de torres produciendo un gran daño al ecosistema, un impacto ambiental. Nuestro entorno es apícola, agrícola y ganadero. Todos mis vecinos y mi familia no queremos este tipo de torres de transmisión eléctrica, debido a su alto impacto a nuestro ecosistema y su entorno natural”, señaló.

“Aquí queremos que crezcan nuestros hijos”

Los cuestionamientos alcanzan también al proceso de participación ciudadana. Las organizaciones sostienen que hubo exclusión de agrupaciones comunitarias e indígenas y que las instancias desarrolladas durante la evaluación resultaron insuficientes.

Macarena Lagos, integrante de la agrupación Toconey No Se Toca, en la Región del Maule, explicó que la decisión de acudir a los tribunales busca prolongar una defensa territorial que las comunidades mantienen desde la presentación del proyecto.

“Como comunidad de Toconey estamos defendiendo nuestro territorio. Aquí nacieron nuestros abuelos, aquí crecimos y aquí queremos que crezcan nuestros hijos. Es por eso que nos hacemos parte de este recurso”, señaló.

Lagos asegura además que representantes de la empresa reconocieron durante la presentación de la iniciativa que esta no reportaría beneficios directos para la localidad.

“Cuando vino la empresa, sus representantes reconocieron que este proyecto no traería ningún beneficio a nuestra localidad. Ninguno. Es por esta razón que asumimos este desafío y llegaremos hasta el final. Porque rendirse no es una opción. Es entregar nuestro territorio en bandeja. Es abrir la puerta a todo lo que pueda venir asociado a él y a otros megaproyectos que quieran instalarse”, agregó.

El debate por los impactos acumulativos

Este último punto constituye una de las dimensiones más relevantes de la controversia.

La reclamación pretende cuestionar la manera en que el sistema de evaluación ambiental abordó los efectos sinérgicos y acumulativos de proyectos que, aunque sean tramitados separadamente, terminan concentrándose sobre un mismo territorio.

Las comunidades mencionan específicamente la Subestación Las Delicias, obra que, según sostienen, podría desempeñar una función habilitante para otras iniciativas energéticas, entre ellas el Parque Eólico Quirihue Poniente.

Desde esa perspectiva, argumentan que la evaluación ambiental debería considerar el territorio como un conjunto y no únicamente los efectos aislados de cada iniciativa.

La instalación simultánea o sucesiva de líneas de transmisión, subestaciones, parques eólicos y otros megaproyectos puede producir efectos acumulativos sobre caminos rurales, niveles de ruido, tránsito de vehículos pesados, paisaje, biodiversidad y actividades agrícolas y ganaderas.

Es precisamente este enfoque el que las comunidades pretenden poner ahora bajo revisión judicial.

Dos causas ante el Tribunal Ambiental

El abogado de la ONG Defensa Ambiental, Francisco Astorga, explicó que la presentación ante el Tribunal Ambiental es el paso siguiente después del rechazo administrativo.

“Dado el rechazo de nuestro recurso de invalidación por parte del Comité de Ministros, vamos a recurrir ante el Tribunal Ambiental para que sea éste quien acoja los Recursos de Invalidación y Reclamación de Observaciones Ciudadanas”, afirmó.

La nueva reclamación se sumará a acciones relacionadas con observaciones ciudadanas que ya se encuentran en tramitación ante el Segundo Tribunal Ambiental.

Se trata de procedimientos diferentes. La nueva acción pretende impugnar la resolución del Comité de Ministros sobre el recurso de invalidación, mientras que las otras reclamaciones se originaron en cuestionamientos formulados durante el proceso de participación ciudadana.

Una vez que la nueva causa sea admitida a trámite, ambos procedimientos continuarán su curso ante la justicia ambiental. Según informaron las organizaciones, los alegatos podrían ser conocidos conjuntamente en una audiencia pública cuya fecha deberá determinar el Tribunal.

La controversia sobre Itahue-Hualqui, por lo tanto, está lejos de cerrarse.

Lo que comenzó como la evaluación de una infraestructura destinada a reforzar el sistema eléctrico entre Maule y Biobío se ha transformado también en una disputa sobre cómo se evalúan los efectos acumulativos de los grandes proyectos sobre territorios rurales sometidos simultáneamente a distintas presiones energéticas, extractivas y de infraestructura.

Esa discusión será ahora trasladada desde la administración ambiental a los tribunales.