¿Quién mueve la tijera? La ruta del recorte a Cultura y las preguntas que Hacienda aún no responde

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El Presupuesto 2027 reduce en 10,1% los recursos del Ministerio de las Culturas, pero el ajuste está lejos de ser uniforme. El Fondo del Libro cae 17,6%, Sitios de Memoria 25,3%, el Fondo del Patrimonio 45,3%, el Pase Cultural más de 50% y Mejoramiento Integral de Bibliotecas 57,9%. La ruta del recorte comenzó meses antes, cuando Hacienda recomendó eliminar o reducir decenas de programas. Sin embargo, no todos los castigados tienen evaluaciones negativas recientes que expliquen la magnitud de las rebajas. El caso obliga a preguntar qué parte de la tijera responde a criterios técnicos y qué parte a decisiones políticas sobre las prioridades del Estado.

El recorte de 10,1% al presupuesto del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio es suficientemente grande como para convertirse por sí solo en una noticia.

Los recursos de la cartera bajarían desde una base comparable de aproximadamente $489.899 millones en 2026 a $440.518 millones en 2027. Son cerca de $49.400 millones menos.

Pero la cifra general oculta una historia bastante más interesante.

El ajuste no se distribuye proporcionalmente entre todos los programas.

Mientras algunas instituciones prácticamente mantienen sus transferencias, otras áreas pierden una quinta parte, la mitad o incluso casi la totalidad de determinados recursos de inversión.

El Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura cae 17,6%; el Programa Sitios de Memoria, 25,3%; el Fondo del Patrimonio Cultural, alrededor de 45%; el Pase Cultural, 50,8%; y Mejoramiento Integral de Bibliotecas, 57,9%. Algunas asignaciones desaparecen por completo. Emol

La pregunta, entonces, deja de ser solamente cuánto pierde Cultura.

La pregunta es quién decidió dónde debía caer la tijera y con qué criterio.

La historia comenzó en abril

El Presupuesto que llegó esta semana al Congreso no nació en septiembre.

Su ruta puede rastrearse al menos hasta abril, cuando el Ministerio de Hacienda envió a las diferentes carteras las instrucciones para preparar el proyecto 2027.

El denominado Oficio 16 clasificó cientos de programas según tres posibilidades: mantenerlos sin observaciones, aplicarles ajustes presupuestarios de al menos 15% o estudiar su descontinuación.

En total, Hacienda sugirió inicialmente descontinuar 142 programas y ajustar otros 260. La Tercera

En aquel momento Jorge Quiroz intentó reducir el alcance político del documento.

“No es un decreto”, explicó. Lo definió como una orientación destinada a la “contención y evaluación del gasto” y sostuvo que correspondía a una etapa normal de formulación presupuestaria. Hacienda agregó que los ministerios podían presentar sus propias propuestas y discutir las recomendaciones con Dipres. Hacienda

Era cierto: las recomendaciones de abril no constituían todavía el Presupuesto definitivo.

Pero tampoco eran inocuas.

Cinco meses después, una parte importante de aquella lógica de ajuste aparece materializada en el proyecto enviado al Congreso.

Y Cultura estuvo desde el comienzo entre las carteras particularmente expuestas.

Cultura ya estaba en la mira

El anexo entregado por Hacienda recomendaba descontinuar aproximadamente 16,4% de los programas de Cultura y ajustar otro 39,3%.

Entre los programas puestos entonces en discusión aparecían Bibliomás —antiguo Bibliometro—, la Biblioteca Pública Digital, programas patrimoniales, Escuelas de Rock y otras iniciativas.

El ministro Francisco Undurraga reaccionó con cautela.

Recordó que Hacienda había presentado esas recomendaciones como sugerencias y que todavía existía espacio para defender programas durante la construcción del proyecto definitivo. La Tercera

Ese proceso de negociación efectivamente existió.

La pregunta es qué argumentos prevalecieron finalmente.

Porque el resultado muestra que Cultura no recibió simplemente una reducción uniforme del 10,1%.

Recibió una combinación de decisiones muy diferentes.

Algunos programas sobreviven prácticamente intactos.

Otros son reducidos brutalmente.

Eso significa que hubo selección.

El Fondo del Libro: una pregunta sin respuesta evidente

El caso del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura es especialmente ilustrativo.

El proyecto reduce sus recursos desde aproximadamente $12.647 millones a $10.416 millones, una caída real de 17,6%. Emol

Si el principio aplicado por Hacienda fuera sencillamente castigar programas con mala evaluación, debería existir una correspondencia relativamente clara entre ambos antecedentes.

Pero no es eso lo que aparece en la información pública disponible.

La última evaluación que figura en Dipres para el Fondo del Libro corresponde a una Evaluación Focalizada de Ámbito realizada en 2018.

Su clasificación fue “desempeño medio”. No “desempeño bajo” ni “mal desempeño”. Dipres

Eso no significa que el programa sea perfecto.

Tampoco significa que deba conservar indefinidamente cada peso de su presupuesto.

Pero sí significa que la explicación “se recorta porque estaba mal evaluado” resulta insuficiente, al menos con la evidencia actualmente disponible.

Si Hacienda dispone de una evaluación posterior, de indicadores de desempeño más recientes o de otros antecedentes que justifiquen reducir casi una quinta parte del fondo, debería explicitarlos.

Hasta ahora esa explicación no aparece públicamente.

Y la reducción tiene consecuencias que van mucho más allá de grandes editoriales.

El Fondo financia creación, edición, traducción, bibliotecas, difusión, festivales, librerías y proyectos vinculados a la lectura en distintas regiones.

Por eso la pregunta es concreta:

¿qué problema se pretende corregir reduciendo 17,6% el Fondo del Libro?

Bibliotecas: casi 60% menos

Algo similar ocurre con Mejoramiento Integral de Bibliotecas, que pierde 57,9%.

La magnitud llama la atención incluso dentro de un presupuesto restrictivo. El Mostrador

Si un programa pierde más de la mitad de sus recursos en un solo ejercicio presupuestario, existen solo algunas explicaciones posibles: terminó una etapa excepcional de inversión; hubo una decisión de trasladar las funciones a otro programa; existe una evaluación particularmente negativa; o simplemente fue seleccionado como una de las áreas donde debía concentrarse el ahorro.

La documentación conocida hasta ahora no permite determinar con claridad cuál de esas razones explica el recorte.

Y eso importa.

Porque una cosa es decidir que un programa debe gastar menos después de demostrar que ha cumplido una etapa o funciona mal.

Otra es fijar primero una reducción fiscal y luego distribuirla entre los programas disponibles.

Ambos caminos producen el mismo número en la Ley de Presupuestos.

Pero políticamente significan cosas muy diferentes.

Sitios de Memoria: aquí sí conocemos quién ordenó un recorte

En el Programa Sitios de Memoria existe un antecedente mucho más explícito.

El Presupuesto 2027 contempla aproximadamente $683 millones, una caída de 25,3% respecto de la base comparable de $915 millones. CIPER Chile

Pero meses antes ya se había producido otro episodio.

El Servicio Nacional del Patrimonio Cultural informó oficialmente que la convocatoria 2026-2027 había sido diseñada inicialmente con un presupuesto de $1.003 millones.

Después ocurrió algo muy concreto:

el Ministerio de Hacienda instruyó una rebaja de $800 millones.

El presupuesto disponible para seleccionar proyectos terminó reducido a unos $630,8 millones. Gobierno Regional de Santiago

Aquí no hay necesidad de especular sobre quién movió la tijera.

La información oficial dice que fue Hacienda.

El programa financia gastos operacionales y personal de organizaciones que gestionan sitios reconocidos como monumentos históricos, con el propósito de conservarlos, mantenerlos abiertos al público y desarrollar actividades de memoria y derechos humanos. Patrimonio Cultural

Y ahora vuelve a sufrir una reducción importante para 2027.

En este caso el ajuste presupuestario coincide además con una valoración política explícita desde un sector del oficialismo.

La presidenta de la Comisión de Cultura de la Cámara, la republicana Javiera Rodríguez, dijo este sábado que “celebra” algunos recortes, mencionando específicamente sitios de memoria y transferencias a determinadas organizaciones, porque —según señaló— “las prioridades cambiaron”. BioBioChile

No es necesario atribuir esa posición a todo el Gobierno.

Pero tampoco puede ignorarse.

Una representante relevante del oficialismo está diciendo abiertamente que considera positivas algunas de las reducciones.

Patrimonio: una tijera todavía mayor

La intensidad del ajuste aumenta cuando se observa el patrimonio.

El Fondo del Patrimonio cae aproximadamente 45,3% y otras líneas relacionadas con conservación y patrimonio registran descensos superiores al 30% y 40%. El Mostrador

Aquí apareció incluso una crítica significativa desde la propia centroderecha.

El senador Luciano Cruz-Coke, exministro de Cultura durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, calificó la reducción global de Cultura como “excesiva e innecesaria” y preguntó expresamente cómo explica Dipres una disminución de alrededor de 45% en el Fondo del Patrimonio. BioBioChile

Su argumento contiene una dimensión adicional.

Los fondos patrimoniales no solamente financian preservación cultural.

También pueden activar obras de restauración, empleo especializado, construcción y actividad económica.

Eso resulta particularmente llamativo en un momento en que el mismo Gobierno está impulsando Chile Despega y utilizando la obra pública como instrumento para enfrentar el desempleo.

El Estado reduce determinados fondos que pueden financiar inversión y empleo mientras, por otra vía, intenta acelerarlos.

Al menos merece explicación.

No toda Cultura fue tratada igual

Hay otro dato importante para evitar una conclusión simplista.

El Gobierno no redujo todo indiscriminadamente.

Algunas transferencias a instituciones culturales permanecen relativamente estables y aparecen nuevas asignaciones vinculadas a iniciativas específicas, entre ellas la participación chilena en la Feria del Libro de Frankfurt. El bloque general de determinadas organizaciones colaboradoras presenta variaciones mucho menores que los fondos de patrimonio o lectura.

Esto refuerza la idea principal.

No estamos frente a una poda horizontal.

Estamos frente a una reasignación selectiva.

Y toda reasignación selectiva expresa prioridades.

Técnica y política

La Dirección de Presupuestos dispone de un sistema profesional de evaluación de programas públicos.

Eso constituye una herramienta necesaria.

No tendría sentido sostener que cada programa estatal debe sobrevivir indefinidamente por el solo hecho de existir.

Los programas deben poder evaluarse, reformularse e incluso cerrarse.

Pero justamente por eso resulta necesario conocer cómo se utilizan esas evaluaciones para tomar decisiones presupuestarias.

El debate provocado por el Oficio 16 ya había mostrado un problema.

Ignacio Irarrázaval, del Centro de Políticas Públicas UC, advirtió entonces que existían programas recomendados para cierre sin evaluaciones negativas equivalentes y otros con problemas conocidos que recibían tratamientos diferentes. Su observación era que faltaba claridad sobre qué antecedentes se utilizaban y cómo se ponderaban. La Tercera

Cinco meses después, esa pregunta continúa vigente.

El Fondo del Libro ofrece un ejemplo particularmente claro.

Si su última evaluación disponible registra desempeño medio, ¿por qué pierde 17,6%?

Si Mejoramiento Integral de Bibliotecas cae casi 58%, ¿qué evaluación respalda esa magnitud?

Si el Fondo del Patrimonio se reduce 45%, ¿se debe a una mala evaluación, a proyectos terminados o simplemente a que Hacienda decidió asignar menos recursos al sector?

Las respuestas pueden existir.

Lo que falta es que sean públicas.

La satisfacción de republicanos y libertarios

En paralelo, sectores republicanos y libertarios han expresado satisfacción ante distintos componentes del ajuste.

Ese hecho no requiere demasiada interpretación.

La presidenta republicana de la Comisión de Cultura ya explicó que considera que las prioridades nacionales han cambiado y señaló expresamente su satisfacción por reducciones relacionadas con sitios de memoria y ciertas organizaciones.

Otros sectores de derecha, sin embargo, discrepan.

Cruz-Coke sostiene que Cultura está siendo castigada desproporcionadamente y pide que Kast reponga recursos durante la discusión presupuestaria.

Por tanto, ni siquiera dentro del sector gobernante existe una interpretación única sobre cuánto debe reducirse.

Eso transforma la tramitación legislativa en algo más que una disputa Gobierno-oposición.

¿Quién mueve finalmente la tijera?

Formalmente, la respuesta es conocida.

Los ministerios preparan sus propuestas.

Dipres las analiza.

Hacienda establece marcos y negocia recursos.

El Presidente envía el proyecto final.

Y después el Congreso discute las partidas.

Pero conocer el procedimiento no basta para conocer los criterios.

En Cultura existen ahora diferencias tan grandes entre programas que resulta legítimo exigir una explicación programa por programa.

No porque el gasto cultural deba estar protegido de cualquier evaluación.

Precisamente por lo contrario.

Si la justificación del Gobierno es que se está construyendo un Estado más eficiente y que cada peso público debe demostrar resultados, entonces ese mismo estándar debería aplicarse a las decisiones de Hacienda.

Un recorte de 10% puede responder a una restricción fiscal.

Uno de 17%, 45% o 58% exige algo más.

Exige explicar por qué ese programa y no otro.

Y hasta ahora, en varios de los casos más importantes de Cultura, esa es precisamente la respuesta que falta.

Simón del Valle