En Suiza, la indignación contra Syngenta cuestiona todo un sistema

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El 3 de octubre de 2026, cerca de 300 personas marcharon en Monthey, en el cantón del Valais, hasta las instalaciones industriales de Syngenta. Detrás de la denuncia contra los pesticidas, la movilización cuestionaba una estructura más amplia: la de una agricultura dominada por grandes empresas transnacionales capaces de privatizar los beneficios y socializar los daños.

En la estación de Monthey, las personas manifestantes caminaron hacia la fábrica química de Syngenta detrás de pancartas que resumían el conflicto: «Pesticidas, Syngenta: ni aquí ni en ninguna parte» y «Syngenta, quien contamina paga». Convocada, entre otras organizaciones, por Uniterre, Public Eye, BreakFree Suiza, el CETIM, Les Soulèvements de la Terre Genève y varios colectivos locales, la movilización reunió a unas 300 personas. También se organizaron acciones paralelas en Basilea y en otros países.

La manifestación no pretendía ser únicamente simbólica. Las organizaciones exigían a Syngenta que publicara la lista de sustancias fabricadas en Monthey, que pusiera fin a la producción destinada a exportar productos prohibidos en Suiza o en Europa y que asumiera los daños provocados por sus actividades. También reclamaban transparencia sobre los vertidos industriales y el fin de los procedimientos que impiden a las autoridades locales acceder a la información necesaria para proteger el agua potable.

Monthey, laboratorio de un doble rasero

La planta del Valais ocupa un lugar estratégico en la organización mundial de Syngenta. La empresa la presenta como un importante centro de producción e industrialización, instalado en un entorno regulatorio que permite fabricar y exportar productos fitosanitarios. Para sus opositores, esta descripción industrial significa sobre todo que Suiza acoge los beneficios y las infraestructuras, mientras los riesgos se dispersan por los campos, las aguas y los cuerpos.

El caso del 1,2,4-triazol concentra buena parte de las críticas. Según las organizaciones movilizadas, más de 60 toneladas de esta sustancia fueron vertidas al Ródano desde las instalaciones de Monthey. La contaminación afectaría a la calidad del agua en torno al lago Lemán y podría concernir a cerca de un millón de personas en la Suiza francófona y en la vecina Francia. Algunas localidades deben plantearse ahora la construcción de infraestructuras de tratamiento, mientras el acceso a la información sobre los vertidos y las responsabilidades sigue siendo objeto de controversia.

La cuestión va más allá de la contaminación de un río. ¿Quién decide cuál es el nivel de riesgo aceptable? ¿Quién controla las instalaciones? ¿Quién paga los análisis y la descontaminación? ¿Y quién responde de las consecuencias cuando los efectos sobre la salud aparecen años más tarde?

En el sistema actual, la respuesta suele estar predeterminada: las administraciones públicas financian, las poblaciones expuestas soportan los riesgos y las empresas alegan que han cumplido con las autorizaciones concedidas. El principio de que «quien contamina paga» se convierte así en una promesa abstracta, mientras los contribuyentes terminan asumiendo el coste real de la contaminación.

Una industria que exporta el riesgo

Syngenta no está cuestionada únicamente por los vertidos industriales en Suiza. La empresa forma parte de un sector cuyo modelo económico se basa en la comercialización mundial de semillas, herbicidas, fungicidas e insecticidas. Estos productos se venden en contextos regulatorios muy diferentes, con niveles de protección desiguales según los países.

Una parte importante de los ingresos de Syngenta procede de pesticidas clasificados como altamente peligrosos por organizaciones especializadas. Varias sustancias presentes en los productos comercializados por la empresa son consideradas especialmente preocupantes. Algunas están prohibidas en Suiza o en la Unión Europea, pero continúan vendiéndose en países con regulaciones menos protectoras, como Brasil, Argentina o India.

La atrazina ofrece un ejemplo revelador. Prohibida en Suiza y en la Unión Europea, entre otras razones por la contaminación de las aguas, todavía se comercializaba en Brasil. La sustancia fue detectada en una amplia mayoría de las muestras de agua potable analizadas en investigaciones sobre el uso de pesticidas en el país.

Este tipo de comercio se basa en una ficción jurídica: una sustancia considerada demasiado peligrosa para la población europea pasaría a ser aceptable cuando se exporta a países con normas menos estrictas.

Sin embargo, las personas trabajadoras del campo y las comunidades rurales son precisamente quienes disponen de menos medios para protegerse. La exposición no afecta únicamente a quien pulveriza el producto. También alcanza a los trabajadores de las plantaciones, las familias que viven cerca de los cultivos, las comunidades vecinas, los suelos, las aguas subterráneas, los insectos polinizadores y las generaciones futuras.

Daños sanitarios que no caben en una estadística

Los pesticidas no producen todos los mismos efectos y conviene evitar atribuir automáticamente cada enfermedad a una sustancia concreta. Pero la acumulación de alertas es suficiente para hacer insostenible el discurso según el cual bastaría con respetar las etiquetas y las dosis recomendadas.

Las organizaciones movilizadas denuncian intoxicaciones agudas, enfermedades crónicas y cánceres, especialmente entre agricultores, trabajadores agrícolas y comunidades rurales. El paraquat, un herbicida históricamente asociado a Syngenta, es objeto de procedimientos judiciales en Estados Unidos por un supuesto vínculo con la enfermedad de Parkinson. Mientras cientos de demandantes han rechazado propuestas de acuerdo, la empresa continúa negando cualquier responsabilidad y sostiene que el producto es seguro cuando se utiliza siguiendo las instrucciones.

El problema también es político: la carga de la prueba recae generalmente sobre las víctimas. Deben demostrar la exposición, establecer la relación causal, identificar a la empresa responsable e iniciar procedimientos largos y costosos. La multinacional, por su parte, puede recurrir a equipos jurídicos, expertos, filiales y cadenas de suministro que dificultan la identificación de responsabilidades.

El poder de las transnacionales no termina en las fronteras

La campaña respaldada por el CETIM sitúa la movilización contra Syngenta dentro de una lucha más amplia: la lucha contra la impunidad de las empresas transnacionales. Una compañía puede tener su sede en Suiza, producir en varios países, vender en todos los continentes y distribuir sus responsabilidades entre distintas filiales. Las víctimas, en cambio, suelen quedar limitadas a una jurisdicción local y a recursos muy reducidos.

Este desequilibrio es el que pretende corregir el proyecto de tratado vinculante de la ONU sobre empresas y derechos humanos. El proceso comenzó en 2014, cuando el Consejo de Derechos Humanos creó un grupo de trabajo intergubernamental encargado de elaborar un instrumento jurídicamente obligatorio. La duodécima sesión de este grupo está prevista en Ginebra del 12 al 16 de octubre de 2026.

Para el CETIM y la Campaña Mundial, un tratado de este tipo debería:

• imponer a las empresas una responsabilidad directa en materia de derechos humanos y medio ambiente;
• permitir que las víctimas obtengan reparación en el país donde se encuentra la empresa matriz;
• establecer una responsabilidad solidaria entre la sociedad matriz, sus filiales y sus subcontratistas;
• hacer prevalecer los derechos humanos sobre los acuerdos comerciales y los mecanismos de arbitraje;
• proteger a campesinos, trabajadores, sindicatos y defensores del medio ambiente;
• garantizar el acceso a los documentos y pruebas en poder de las empresas;
• impedir que una multinacional se desentienda de sus responsabilidades alegando la personalidad jurídica independiente de sus filiales.

Sin estas garantías, las obligaciones de «debida diligencia» corren el riesgo de convertirse en simples ejercicios administrativos. Una empresa podrá publicar una política de responsabilidad, identificar riesgos y prometer medidas correctivas sin que las personas afectadas puedan demandarla realmente ni obtener reparación.

Cambiar el sistema, no solamente un producto

La cuestión planteada en Monthey no se refiere únicamente a un pesticida concreto. Afecta al modelo agrícola en su conjunto.

En la agricultura industrial, las empresas venden las semillas, los productos químicos y las soluciones técnicas destinadas a compensar las debilidades del sistema que ellas mismas han contribuido a consolidar. Los agricultores se vuelven dependientes de insumos costosos, mientras los riesgos se transfieren a la sociedad. La promesa de una seguridad alimentaria basada en la química oculta a menudo otra realidad: suelos empobrecidos, pérdida de biodiversidad, endeudamiento campesino y una exposición creciente a sustancias tóxicas.

Una transición creíble no puede consistir simplemente en sustituir un producto peligroso por otro ligeramente menos peligroso. Requiere fortalecer la agroecología, la investigación pública independiente, los circuitos cortos, la soberanía sobre las semillas y los ingresos de los agricultores.

También exige que quienes trabajan en el campo no queden solos frente al coste del cambio. Reducir el uso de pesticidas requiere precios justos, apoyo técnico y una política agrícola que deje de favorecer los modelos más dependientes de la agroindustria química.

La movilización de Monthey conecta así tres luchas que a menudo se presentan por separado: la defensa del agua, la salud de los trabajadores y de las poblaciones rurales, y la democratización de la economía. Afirma que las decisiones industriales no pueden quedar abandonadas en manos de los consejos de administración, del mismo modo que la reparación de los daños no puede depender de la buena voluntad de las empresas.

El futuro tratado de la ONU no bastará, por sí solo, para transformar la agricultura. Pero podría modificar la relación de fuerzas: otorgar derechos exigibles a las víctimas, hacer responsables a las empresas matrices por las acciones de sus filiales y situar los derechos humanos por encima de los intereses comerciales. Por eso la campaña contra las transnacionales es inseparable de la lucha contra Syngenta.

En Monthey, las personas manifestantes no pedían únicamente que la fábrica cambiara sus prácticas. Cuestionaban el derecho de un sistema a producir los peligros aquí, exportarlos a otros lugares y presentar después cada catástrofe como un accidente aislado.

«Ni aquí ni en ninguna parte» significa precisamente eso: ninguna población debe convertirse en una variable de ajuste para garantizar la rentabilidad de una multinacional.