La patada, la provocación y la lucha de clases

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La agresión contra estudiantes de derecha en el frontis de la Universidad Católica fue injustificable. Pero convertir aquel episodio únicamente en una historia sobre odio e intolerancia impide comprender la escena completa: una marcha multitudinaria, una contramanifestación organizada, dos visiones del país enfrentadas en la misma vereda y una autoridad que, conociendo ambas convocatorias, no evitó el choque. Carlos Peña ha planteado una pregunta necesaria: condenar la violencia no basta; también hay que intentar comprenderla.

La imagen es brutal. Una joven es golpeada por la espalda en medio de los incidentes ocurridos frente a la Casa Central de la Universidad Católica. No hay mucho que discutir sobre ese acto. Es una agresión injustificable y quien la cometió debe responder por ella.

Pero después de condenar la patada comienza el problema.

Porque una patada puede ser descrita en pocos segundos. Comprender las condiciones que hicieron posible esa escena requiere bastante más.

Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales y un liberal difícilmente sospechoso de simpatizar con la violencia callejera, planteó este domingo en El Mercurio una cuestión que vale la pena considerar. Después de condenar la agresión, advirtió sobre una tendencia a moralizar la violencia de tal manera que la condena termine sustituyendo su explicación.

La distinción es importante.

Comprender no significa justificar. Preguntarse por qué alguien ejerce violencia no significa absolverlo. Una sociedad democrática castiga las agresiones, pero también intenta comprender las condiciones sociales y políticas que las producen.

Y en este caso hay bastante más que una patada.

Antes de la patada

La marcha convocada por la Confech estaba anunciada. Miles de estudiantes avanzaban por la Alameda protestando contra las políticas educacionales del Gobierno y los recortes presupuestarios que anticipaban para el sector.

También estaba anunciada la contramanifestación.

Estudiantes vinculados a organizaciones de derecha de la Universidad Católica se habían organizado en el frontis de Casa Central. Vestían camisetas identificatorias, desplegaron banderas y lienzos y esperaron allí el paso de la marcha.

“No queremos un Chile paralizado, queremos un Chile que prospere”, decía una de sus consignas.

Tenían todo el derecho a decirlo.

Una democracia que reconoce el derecho de miles de estudiantes a marchar debe reconocer igualmente el derecho de cien jóvenes a manifestarse contra esa marcha. La superioridad numérica no concede derechos adicionales ni autoriza a golpear al adversario.

Pero reconocer ese derecho tampoco obliga a fingir que la escena era políticamente neutra.

Instalar una contramanifestación frente al recorrido de miles de personas que sostienen exactamente las ideas que se están impugnando constituye una confrontación política deliberada. No sabemos, y no existe evidencia para afirmarlo, que quienes la organizaron buscaran provocar una agresión. Afirmarlo sería atribuirles una intención que no podemos demostrar.

Lo que sí sabemos es que decidieron confrontar políticamente a una multitud y que la autoridad permitió que ambos grupos se encontraran.

Lo que ocurrió después no era inevitable.

Pero tampoco era inimaginable.

¿Y la autoridad?

Este aspecto ha desaparecido curiosamente de buena parte de la discusión posterior.

La marcha era conocida. La contramanifestación también. El Estado dispone de policías, inteligencia preventiva, barreras y protocolos precisamente para evitar que grupos políticamente enfrentados terminen golpeándose en la calle.

El abogado Luis Mariano Rendón llevó este punto a la Contraloría y acusó al delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, de “falta de servicio”. Su argumento es sencillo: como ocurre en un partido de fútbol considerado de alto riesgo, si la autoridad sabe que dos grupos enfrentados coincidirán en determinado lugar, su responsabilidad consiste en impedir el contacto físico.

Puede discutirse jurídicamente la acusación de Rendón. Pero la pregunta política permanece.

¿Por qué estaban unos frente a otros?

Es especialmente pertinente ahora que el presidente José Antonio Kast ha anunciado que, antes de autorizar futuras marchas, el Gobierno exigirá mayores responsabilidades a quienes las convoquen.

Aquí aparece una curiosa inversión.

El Gobierno considera que los organizadores de una manifestación de miles de personas deberían haber previsto que algunos participantes podían cometer actos violentos y deberían colaborar en su identificación.

Cabe entonces preguntar: ¿por qué la autoridad responsable del orden público no debía prever exactamente lo mismo?

Si el riesgo era previsible para los organizadores después de ocurridos los hechos, también debería haber sido previsible para el Estado antes de que ocurrieran.

Dos maneras de entender Chile

Pero todavía falta algo.

¿Por qué esos jóvenes querían enfrentarse políticamente?

La respuesta habitual ha sido hablar de intolerancia, polarización y odio. Son conceptos útiles, pero insuficientes. Describen una temperatura emocional sin explicar qué la produce.

Tal vez haya que recuperar una expresión que prácticamente desapareció del vocabulario político durante las últimas décadas: lucha de clases.

La expresión incomoda. Parece antigua. Evoca fábricas, obreros industriales, burgueses con sombrero y categorías sociales propias del siglo XX.

Pero las clases sociales no desaparecieron porque dejáramos de hablar de ellas.

Tampoco la lucha de clases necesita adoptar la forma clásica imaginada por el marxismo del siglo pasado. Puede expresarse culturalmente, territorialmente, electoralmente. Puede aparecer en las expectativas sobre el futuro, en la relación con el Estado, en la educación a la que se accede y hasta en el significado diferente que dos grupos atribuyen a una palabra aparentemente inocente como “prosperidad”.

Eso era también lo que se encontraba frente a la Universidad Católica.

Para una parte de quienes marchaban, movilizarse significaba defender educación, financiamiento público y derechos sociales frente a un Gobierno que prepara un ajuste presupuestario.

Para quienes desplegaron el lienzo frente a ellos, esa misma movilización significaba paralizar el país y dificultar su prosperidad.

Ambos hablaban de Chile.

Pero probablemente no hablaban del mismo Chile.

La UC y la élite

La Universidad Católica agrega inevitablemente otra dimensión simbólica.

Sería una simplificación describir hoy a la UC como una universidad exclusiva de las clases altas. Su composición social ha cambiado, han aumentado los estudiantes provenientes de establecimientos públicos y subvencionados y la gratuidad ha modificado parcialmente el acceso a instituciones que históricamente estuvieron mucho más concentradas socialmente.

Pero tampoco tendría sentido borrar su historia.

La Universidad Católica ha ocupado durante décadas un lugar central en la formación de las élites políticas, económicas y profesionales chilenas. Sus redes atraviesan empresas, estudios jurídicos, medios, organizaciones conservadoras y partidos de derecha.

Y algunos de los movimientos que participaron en la contramanifestación se identifican precisamente con esa tradición política.

Eso no convierte a cada estudiante de la UC en representante de una clase social ni autoriza a nadie a agredirlo.

Pero entrega contexto.

Una marcha de miles de estudiantes que reclama por educación y derechos sociales pasando frente a una institución emblemática de la élite chilena, mientras un grupo organizado desde su interior levanta un lienzo acusándolos de impedir que Chile prospere, contiene una carga simbólica difícil de ignorar.

La violencia posterior no fue una consecuencia necesaria de esa contradicción.

La contradicción, sin embargo, existía antes de la violencia.

El peligro de comenzar la historia demasiado tarde

Hay una forma particularmente cómoda de contar estos acontecimientos.

La historia comienza cuando aparece la patada.

Antes no ocurrió nada.

Hay una joven agredida, unos violentistas, una condena transversal y finalmente un Gobierno que anuncia medidas para impedir que aquello vuelva a ocurrir.

El relato es impecable.

Y probablemente incompleto.

Antes de la patada existía una marcha por la educación. Existía un presupuesto que provoca inquietud entre estudiantes y trabajadores. Existía una contramanifestación organizada para enfrentar políticamente esa marcha. Existían miles de jóvenes avanzando por la Alameda y decenas esperándolos frente a la Universidad Católica. Existía una autoridad que sabía que ambos grupos iban a coincidir.

Nada de aquello justifica golpear a nadie.

Todo aquello ayuda a comprender por qué ocurrió lo que ocurrió.

Peña tiene razón en un punto fundamental: la condena moral puede convertirse paradójicamente en una forma de no pensar.

Se dice “violencia”, luego “odio”, después “intolerancia” y finalmente se cierra el expediente.

Pero ¿de dónde proviene ese odio? ¿Por qué jóvenes de edades semejantes llegan a considerarse adversarios tan radicales? ¿Qué experiencias sociales los separan? ¿Por qué unos sienten que deben marchar para conservar derechos y otros consideran que esas movilizaciones impiden prosperar?

Esas preguntas son más difíciles que condenar una patada.

Del agresor a los manifestantes

Por eso resultan especialmente delicadas las declaraciones posteriores del Presidente.

La responsabilidad penal es individual. Quien golpea debe responder por el golpe. Quien destruye bienes públicos debe responder por la destrucción.

Otra cosa es trasladar esa responsabilidad hacia quienes convocan una manifestación y convertir el comportamiento de una fracción de los participantes en condición para autorizar futuras movilizaciones.

Ese desplazamiento merece mucha atención.

Porque entonces la secuencia comienza con una agresión individual y puede terminar afectando un derecho colectivo.

No hay antecedentes que permitan afirmar que la contramanifestación fue organizada con ese propósito. Tampoco los hay para sostener que existió una operación destinada a generar violencia para justificar posteriormente restricciones a las marchas.

No necesitamos semejante hipótesis para advertir el problema.

Basta observar lo ocurrido.

Hubo una contramanifestación. Hubo una agresión. La autoridad no impidió el enfrentamiento. Y ahora el Gobierno anuncia que endurecerá las condiciones bajo las cuales podrán realizarse futuras manifestaciones.

Son hechos distintos.

Pero sus consecuencias políticas pueden encontrarse.

La lucha de clases que no queríamos nombrar

Tal vez el episodio frente a la Católica tenga algo que decir sobre el Chile que estamos construyendo.

Durante décadas se nos dijo que las viejas categorías sociales habían perdido sentido. Éramos consumidores, emprendedores, ciudadanos, contribuyentes, usuarios. La palabra clase fue desapareciendo del lenguaje público.

Pero la desigualdad permaneció.

También permanecieron las diferencias en educación, patrimonio, vivienda, redes sociales, seguridad económica y expectativas de futuro.

Cuando esas diferencias dejan de encontrar mediaciones políticas capaces de procesarlas, regresan de otras maneras.

A veces regresan electoralmente.

A veces mediante estallidos sociales.

Y algunas veces pueden aparecer brutalmente en una vereda de la Alameda.

La patada contra una estudiante de derecha fue una agresión cobarde y debe ser condenada.

Pero sería tranquilizador en exceso pensar que el problema terminó cuando identificamos al agresor.

La pregunta verdaderamente incómoda empieza después:

¿qué está ocurriendo en una sociedad para que dos grupos de jóvenes terminen representando visiones tan enfrentadas del país que habitan?

Podemos llamarlo polarización.

Podemos llamarlo odio.

También podríamos atrevernos a utilizar una expresión mucho más antigua.

Lucha de clases.

Félix Montano