Ley Cholito: Gobierno recorta 86% del programa en un país donde ocho de cada diez hogares tienen mascotas

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El Presupuesto 2027 reduce de $3.635 millones a $514 millones los recursos del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía. La Subdere argumenta que después de una década no existe una evaluación adecuada de sus resultados y anuncia que lo revisará durante el próximo año. El problema es que el recorte llega antes de esa evaluación y afecta una política destinada a esterilizaciones, atención veterinaria, identificación y prevención del abandono. La decisión ya provoca críticas incluso en el oficialismo.

El ajuste presupuestario del gobierno de José Antonio Kast encontró un nuevo frente y esta vez toca un área particularmente sensible para millones de familias chilenas: sus animales de compañía.

El proyecto de Presupuesto 2027 propone reducir en 85,8% los recursos destinados al Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía, principal instrumento mediante el cual se implementan distintas políticas asociadas a la denominada Ley Cholito.

La partida pasa de aproximadamente $3.635 millones en 2026 a solo $514 millones el próximo año.

El Fondo Concursable destinado a organizaciones de protección animal también disminuye: desde $631 millones a un máximo cercano a $150 millones.

La magnitud de la reducción comenzó a generar críticas desde municipios, organizaciones animalistas y parlamentarios, incluidas voces del propio oficialismo.

Y existe una razón que excede ampliamente las cifras presupuestarias.

Un país de perros y gatos

Chile ha experimentado durante las últimas décadas una profunda transformación en su relación con los animales de compañía.

El primer gran estudio nacional encargado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y realizado por Medicina Veterinaria de la Universidad Católica estimó la existencia de 12,48 millones de perros y gatos con dueño en el país.

De ellos, aproximadamente 8,3 millones eran perros y 4,2 millones gatos.

A ellos se sumaban otros 4 millones de animales sin supervisión conocida, entre ellos unos 3,46 millones de perros.

Pero probablemente el dato más revelador del estudio no sea cuantitativo.

El 92,1% de los responsables de perros y gatos declaró considerar a sus animales integrantes de la familia y una fuente de felicidad.

Datos más recientes apuntan en la misma dirección. El Estudio de Mascotas 2026 de Cadem señala que 86% de los hogares chilenos tiene al menos una mascota. Un 85% considera que sus animales representan una fuente importante de apoyo emocional y bienestar mental y un 77% declara estar dispuesto a modificar su estilo de vida para asegurar su bienestar.

Por eso el recorte difícilmente puede quedar confinado a una discusión técnica de la Subdere.

Afecta una relación cotidiana instalada en millones de hogares.

¿Qué financia realmente el programa?

La denominada Ley Cholito, promulgada en 2017, estableció obligaciones para los propietarios de animales y entregó al Estado y a los municipios responsabilidades relacionadas con la tenencia responsable.

Su implementación incluye campañas de esterilización, vacunación, desparasitación, identificación mediante microchip, registro, atención veterinaria primaria, educación y prevención del abandono.

El Estado exige, además, que perros y gatos sean identificados e inscritos en el Registro Nacional de Mascotas.

Actualmente existen más de 3,5 millones de animales inscritos y alrededor de 2,5 millones de responsables registrados.

La diferencia entre esa cifra y los más de 12 millones de perros y gatos que las estimaciones indican que viven bajo responsabilidad humana muestra que todavía existe una brecha considerable.

Los municipios tienen un papel central en estas políticas.

Durante los últimos años, la Subdere ha financiado cientos de proyectos municipales y de organizaciones de protección animal. Solo en 2025 fueron seleccionados 76 proyectos distribuidos en las 16 regiones, con recursos destinados a esterilizaciones, atención veterinaria, rescate, recuperación, reubicación y educación.

Con el Presupuesto 2027, esa capacidad se reduce drásticamente.

La explicación del Gobierno

La Subdere sostiene que existe una razón técnica para intervenir el programa.

Después de aproximadamente una década de funcionamiento, señala el organismo, no existe una evaluación de impacto suficientemente robusta que permita establecer si la política ha conseguido disminuir efectivamente el abandono, las jaurías, las mordeduras y otros problemas asociados a la tenencia irresponsable.

El cuestionamiento no carece de fundamento.

Especialistas de Medicina Veterinaria de la Universidad Católica han advertido que, a nueve años de la Ley Cholito, existen avances en esterilización y tenencia responsable, pero persisten problemas importantes de abandono, animales sin supervisión, identificación y registro.

Los millones de perros que todavía circulan sin un responsable conocido constituyen la evidencia más visible.

La Subdere también señala que durante 2027 continuarán ejecutándose aproximadamente $3.000 millones correspondientes a proyectos adjudicados anteriormente, por lo que el desplome de la nueva partida presupuestaria no significa que todas las intervenciones desaparezcan inmediatamente.

El organismo anuncia, además, nuevos pilotos de focalización y una evaluación destinada a determinar cómo debería continuar el programa.

Pero justamente allí aparece la principal controversia.

¿Evaluar y después corregir o recortar antes de evaluar?

Si el problema del programa es que después de diez años el Estado no sabe con suficiente precisión qué resultados produjo, parece razonable realizar una evaluación.

Lo menos evidente es por qué esa evaluación debe realizarse después de reducir en 86% su presupuesto.

La secuencia adquiere importancia.

El Gobierno no presenta todavía una nueva política nacional de tenencia responsable que reemplace al programa actual. Tampoco existe aún una evaluación que haya determinado que las esterilizaciones, identificaciones, atención veterinaria o campañas financiadas mediante estos recursos carezcan de efecto.

Existe la constatación de que la política necesita ser evaluada y perfeccionada.

Y existe, antes de realizar esa evaluación, un recorte.

La pregunta que deberá responder el Ejecutivo durante la tramitación presupuestaria es entonces bastante sencilla: si todavía no se conoce adecuadamente el impacto del programa, ¿sobre qué evidencia se decidió que podía funcionar con apenas el 14% de los recursos que tenía?

Los municipios advierten las consecuencias

Las primeras reacciones muestran que la discusión no quedará restringida al Congreso.

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, advirtió que la reducción significará menos esterilizaciones, vacunas y microchips y puede traducirse finalmente en mayor abandono.

Como ejemplo del volumen de intervenciones necesarias, recordó que el programa regional Mascotas en Buenas Manos ha permitido realizar más de 150 mil esterilizaciones e identificaciones, además de miles de vacunaciones y desparasitaciones y la entrega de clínicas veterinarias móviles.

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, planteó otra consecuencia: si disminuyen los recursos nacionales, el costo no desaparece.

Se desplaza.

Los municipios tendrán que intentar cubrirlo con sus propios presupuestos, las organizaciones animalistas asumirán una carga mayor y las familias deberán pagar servicios que hasta ahora podían obtener mediante operativos públicos.

Ese efecto será particularmente relevante en las comunas de menores ingresos, donde la atención veterinaria privada puede representar un gasto difícil de asumir.

Las críticas llegan al oficialismo

El recorte ya comenzó a generar resistencia incluso entre parlamentarios que respaldan al Gobierno.

El diputado de la bancada UDI Hotuiti Teao sostuvo que la Ley Cholito requiere perfeccionamientos, pero pidió proteger los recursos destinados a tenencia responsable y anunció gestiones ante el Ejecutivo para evitar una reducción de esta magnitud.

La oposición, en tanto, anunció que buscará reponer recursos durante la discusión presupuestaria.

La situación comienza así a recordar otro de los conflictos abiertos por el Presupuesto 2027: la eliminación de Yo Elijo Mi PC.

Son programas completamente distintos y sus objetivos no son comparables. Pero políticamente tienen algo en común.

Representan políticas públicas fácilmente reconocibles por los ciudadanos y con beneficiarios concretos.

Un computador para un estudiante se comprende inmediatamente.

Una esterilización gratuita también.

El antecedente de Kast

Existe además un antecedente político imposible de ignorar.

Cuando en mayo de 2017 la Cámara de Diputados votó el informe de la Comisión Mixta que permitió despachar la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, el resultado fue ampliamente favorable.

Hubo 100 votos a favor, dos abstenciones y un solo voto en contra.

Ese voto perteneció al entonces diputado José Antonio Kast.

Nueve años después, Kast preside el Gobierno que propone reducir en 86% el presupuesto del principal programa asociado a la implementación de esa legislación.

La oposición ha relacionado ambos hechos.

Sin embargo, no existen antecedentes que permitan afirmar que la reducción presupuestaria actual responda a aquella posición personal del Presidente. La explicación entregada por la Subdere se refiere a problemas de evaluación y eficiencia del programa.

El antecedente político existe.

La relación causal, hasta ahora, no está demostrada.

La política de los pequeños recortes

El episodio comienza además a revelar una dificultad más general del Presupuesto 2027.

Desde Hacienda, una reducción de aproximadamente $3.120 millones puede parecer relativamente pequeña dentro de un presupuesto nacional medido en decenas de miles de millones de dólares.

Desde una municipalidad que financia esterilizaciones, vacunaciones o identificación animal, la escala es completamente diferente.

Y desde un hogar que necesita esterilizar a su perro o atender a un animal abandonado, la macroeconomía desaparece por completo.

Algo semejante comienza a ocurrir con distintas partidas.

Primero fue la eliminación de Yo Elijo Mi PC. Después aparecieron reducciones en Cultura, sitios de memoria, fondos regionales y ahora tenencia responsable de mascotas.

Cada decisión puede tener una explicación administrativa diferente.

Pero su acumulación empieza a instalar otra pregunta.

El Gobierno ha sido bastante preciso al identificar programas que considera necesario reducir, eliminar o revisar. Mucho menos visible ha sido hasta ahora qué nuevas políticas públicas ocuparán el espacio que dejan esos programas.

En el caso de la Ley Cholito, el problema que justificó la intervención estatal sigue allí.

Chile continúa teniendo millones de animales sin supervisión conocida, una enorme brecha de registro y municipios que necesitan recursos para esterilizar, identificar y atender animales.

Recortar un programa puede reducir gasto.

No reduce automáticamente el problema que ese programa intentaba resolver.

Esa diferencia —entre recortar una política y solucionar el problema— probablemente acompañará buena parte de la discusión del Presupuesto 2027.