
PRODEMU: el Gobierno pone fecha a su cierre sin explicar todavía qué política lo reemplazará
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El Presupuesto 2027 financia el funcionamiento de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer solamente hasta el 31 de marzo y luego contempla recursos para su liquidación y disolución. PRODEMU arrastra una grave crisis financiera y problemas de gestión que el Gobierno utiliza para justificar la decisión. Pero una pregunta sigue sin respuesta: quién asumirá desde abril el trabajo que durante 35 años ha realizado con mujeres rurales, trabajadoras, emprendedoras y sectores vulnerables en todo el país. Como ocurre con otros recortes presupuestarios, la tijera parece adelantarse a la política destinada a reemplazar aquello que elimina.
El proyecto de Presupuesto 2027 continúa revelando decisiones que van bastante más allá de simples ajustes contables.
Esta vez se trata de PRODEMU, la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer, una institución creada hace 35 años y con presencia territorial en todas las regiones del país.
El proyecto enviado por el gobierno de José Antonio Kast al Congreso establece recursos para mantener sus operaciones solamente hasta el 31 de marzo de 2027.
Después de esa fecha, el dinero contemplado en la partida tendrá otra finalidad: financiar el “cierre, liquidación y disolución” de la fundación, incluidas indemnizaciones de trabajadores, honorarios, proveedores y acreedores.
No se trata, por tanto, de una disminución presupuestaria semejante a la reducción del 86% que afecta al programa asociado a la Ley Cholito.
En este caso se propone terminar la institución.
¿Qué es PRODEMU?
La Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer nació en 1990, al comienzo de la recuperación democrática, con el objetivo de apoyar especialmente a mujeres en situaciones de vulnerabilidad social y económica.
Es jurídicamente una fundación de derecho privado, pero desarrolla políticas públicas mediante recursos y convenios con instituciones estatales.
Actualmente tiene presencia en las 16 regiones y las 56 provincias del país y trabaja con decenas de miles de mujeres cada año.
Su función no consiste principalmente en entregar subsidios.
PRODEMU trabaja mediante equipos territoriales que realizan capacitación, acompañamiento, formación, articulación de redes y apoyo a proyectos productivos.
Sus programas se concentran fundamentalmente en dos áreas: autonomía económica y empoderamiento de las mujeres.
A través de convenios con organismos públicos desarrolla iniciativas de capacitación laboral, emprendimiento, alfabetización digital, liderazgo, participación comunitaria, conocimiento de derechos y generación de redes.
Por eso buena parte del gasto de la fundación corresponde necesariamente a personas.
Profesionales, monitoras y equipos territoriales constituyen el principal instrumento mediante el cual se ejecutan los programas.
Este elemento resulta importante ante uno de los argumentos utilizados por el Gobierno para cuestionar su funcionamiento: cerca del 80% de los recursos de PRODEMU estaría destinado actualmente a remuneraciones y gastos administrativos.
La cifra merece ser examinada y puede revelar problemas de eficiencia. Pero en una institución cuya principal herramienta de intervención son precisamente sus equipos humanos, un elevado gasto en personal no demuestra por sí solo que esos recursos no lleguen a las beneficiarias.
Mujeres Rurales
Uno de los ejemplos más claros del tipo de trabajo desarrollado por PRODEMU es el programa Mujeres Rurales, históricamente ejecutado en conjunto con el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP.
No se trata de una capacitación de algunas semanas.
El programa acompaña durante tres años a pequeñas productoras y campesinas con el objetivo de mejorar sus capacidades productivas, aumentar ingresos y fortalecer su autonomía económica.
Incluye formación técnica agrícola, gestión empresarial, organización, empoderamiento personal y recursos destinados a crear o ampliar unidades productivas.
Durante 2024 participaron 3.011 mujeres.
Entre ellas, 916 declararon pertenecer a pueblos originarios, principalmente mapuche. La Araucanía concentraba por sí sola a 639 participantes.
El problema del cierre adquiere aquí una dimensión muy concreta.
Actualmente existen 942 mujeres que se encuentran cursando el segundo año de un proceso diseñado para durar tres años.
Otras 755 ya quedaron fuera del primer año después del término del convenio correspondiente.
La desaparición de PRODEMU, por tanto, no significa únicamente cerrar oficinas o despedir funcionarios. Obliga a responder qué ocurrirá con programas que trabajan durante años con mujeres determinadas y cuyos procesos se encuentran actualmente en desarrollo.
Una crisis financiera real
Sería incorrecto presentar el cierre de PRODEMU simplemente como una decisión ideológica o como un recorte carente de antecedentes.
La fundación enfrenta problemas financieros y administrativos serios.
Según antecedentes entregados por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, PRODEMU llegó a acumular una deuda superior a los $2.600 millones.
También existen dificultades relacionadas con la ejecución y rendición de convenios celebrados con SernamEG, INDAP y gobiernos regionales.
El Gobierno ha señalado que algunas rendiciones fueron rechazadas debido a gastos que no correspondían a los objetivos establecidos en los convenios.
La propia fundación ha presentado acciones judiciales vinculadas con operaciones crediticias y eventuales irregularidades administrativas ocurridas anteriormente. Son investigaciones en curso y no corresponde convertirlas en responsabilidades establecidas.
Contraloría también ha cuestionado determinados beneficios laborales que habían sido financiados mediante recursos públicos.
Existe, por tanto, una crisis institucional que requiere una respuesta.
El Gobierno sostiene además que durante sus primeros meses consiguió reducir significativamente el déficit acumulado.
La discusión no debería ignorar esos antecedentes.
Pero reconocer que una institución necesita ser reformada no resuelve automáticamente la pregunta sobre si debe desaparecer.
¿Está demostrado que PRODEMU no funciona?
Aquí existe otra distinción importante.
Los problemas financieros y administrativos de PRODEMU no equivalen a una evaluación que haya demostrado que sus programas carecen de utilidad.
No existe una evaluación reciente de la Dirección de Presupuestos que permita afirmar que PRODEMU, como institución, haya sido declarado un programa de mal desempeño.
Una antigua evaluación de Dipres, realizada en 2008, recomendó un rediseño sustantivo.
Desde entonces la fundación ha experimentado diversas modificaciones.
Por eso resulta necesario separar tres cuestiones que en la discusión presupuestaria pueden terminar confundiéndose:
una institución puede estar endeudada; puede presentar problemas administrativos; y sus programas pueden requerir modificaciones.
Nada de eso demuestra, por sí mismo, que las necesidades sociales que atiende hayan desaparecido.
Las mujeres rurales seguirán existiendo después del 31 de marzo.
También seguirán existiendo las brechas de empleo, ingresos, capacitación, acceso digital y autonomía económica que afectan particularmente a mujeres vulnerables.
El problema que justificó la creación de la política pública no desaparece porque desaparezca la institución encargada de ejecutarla.
De “ordenar” PRODEMU a cerrarlo
Existe además una secuencia temporal que merece explicación.
A comienzos de septiembre, cuando ya circulaban versiones sobre un posible término de la fundación, la ministra de la Mujer, Judith Marín, descartó que el Gobierno estuviera hablando de cierre.
“No hemos hablado de un eventual cierre, pero sí hemos hablado de orden”, sostuvo entonces.
La prioridad declarada era enfrentar la deuda y reorganizar financieramente la institución.
Apenas un mes después, el Presupuesto 2027 establece recursos para mantener PRODEMU solamente hasta marzo y posteriormente financiar su liquidación.
La posición gubernamental cambió, por tanto, en un período muy breve.
La decisión puede haber sido adoptada después de las declaraciones de la ministra. Pero precisamente por eso corresponde conocer qué antecedentes nuevos llevaron al Ejecutivo desde la idea de ordenar financieramente la fundación hasta decidir su desaparición.
380 trabajadores
El cierre también tiene una dimensión laboral.
PRODEMU cuenta con aproximadamente 380 trabajadores distribuidos desde Arica hasta Punta Arenas, incluyendo Rapa Nui.
El Presupuesto contempla expresamente recursos para pagar indemnizaciones y obligaciones derivadas de su desvinculación.
La dispersión territorial de esos equipos permite entender otra consecuencia menos visible.
Cuando desaparece una institución con presencia en todas las provincias no solamente se pierde una estructura administrativa.
También puede perderse conocimiento acumulado.
Los profesionales territoriales conocen organizaciones locales, comunidades rurales, municipios, servicios públicos y mujeres que llevan años participando de determinados procesos.
Una nueva institución podría asumir esas funciones.
Pero reconstruir esas redes no necesariamente es inmediato.
La pregunta del 1 de abril
Por eso el problema central del cierre de PRODEMU no es únicamente qué ocurrirá hasta el 31 de marzo.
Es qué ocurrirá el 1 de abril.
¿Quién continuará trabajando con las mujeres actualmente atendidas por la fundación?
¿Quién terminará los procesos de Mujeres Rurales?
¿Serán absorbidos por INDAP?
¿SernamEG asumirá algunos programas?
¿El Ministerio de la Mujer creará una nueva estructura?
¿Los actuales equipos territoriales serán incorporados a otros servicios?
¿Existirá un nuevo programa con objetivos semejantes?
Hasta ahora, el Gobierno ha explicado con bastante mayor precisión cómo terminará PRODEMU que cómo reemplazará las funciones que actualmente realiza.
Esa diferencia es relevante.
Cerrar una institución que funciona mal puede constituir una decisión administrativa razonable.
Transferir sus funciones hacia una estructura más eficiente puede ser una reforma.
Pero eliminar una institución sin tener preparada la política que asumirá sus funciones produce algo diferente: un vacío.
Un patrón que comienza a repetirse
El caso PRODEMU aparece mientras el Congreso comienza a descubrir otras decisiones contenidas en el Presupuesto 2027.
El programa Yo Elijo Mi PC queda sin financiamiento.
El Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía, asociado a la Ley Cholito, pierde cerca del 86% de sus recursos.
Existen reducciones importantes en Cultura, sitios de memoria, bibliotecas públicas, políticas ambientales y otras partidas que comienzan a ser examinadas durante la tramitación.
Cada caso tiene antecedentes diferentes.
No sería correcto atribuirlos automáticamente a una única explicación.
PRODEMU tiene una crisis financiera que Ley Cholito no tiene. Los programas culturales poseen estructuras distintas. Yo Elijo Mi PC responde a otra política pública.
Pero comienza a repetirse una característica.
La decisión de reducir o terminar programas aparece antes de que sea claramente visible la política destinada a sustituirlos.
El Gobierno sostiene que está revisando programas, eliminando ineficiencias y ordenando las cuentas fiscales.
Esa discusión es legítima.
Sin embargo, gobernar no consiste solamente en determinar qué estructuras del Estado deben desaparecer.
También requiere decidir qué instituciones y políticas deben ocupar su lugar.
Recortar no es rediseñar
PRODEMU ofrece un ejemplo especialmente claro.
Si la fundación acumuló deudas, tuvo problemas de rendición y desarrolló una estructura administrativa ineficiente, corresponde corregirla.
Puede incluso concluirse que la actual forma institucional ya no es adecuada.
Pero existen al menos tres decisiones diferentes:
sanear una institución, rediseñar una política pública o eliminarla.
No son sinónimos.
Para que el cierre de PRODEMU constituya efectivamente una modernización y no simplemente un recorte, el Gobierno tendrá que explicar qué estructura asumirá sus funciones, con qué recursos, mediante qué equipos y desde cuándo.
Especialmente porque aquí existe una fecha precisa.
El 31 de marzo de 2027 termina PRODEMU.
El 1 de abril, en cambio, las mujeres que necesitan capacitación, apoyo productivo, autonomía económica y acompañamiento territorial seguirán allí.
El Presupuesto ya explica qué ocurrirá con la fundación.
Falta conocer qué ocurrirá con ellas.
