Presupuesto 2027: más recursos para conservar la naturaleza, menos para enfrentar el cambio climático

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El presupuesto global del Ministerio del Medio Ambiente prácticamente no disminuye. Sin embargo, detrás de esa cifra estable hay un cambio considerable en la distribución de los recursos: aumenta el financiamiento del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, mientras caen las partidas destinadas a cambio climático, desarrollo sostenible, educación ambiental y fondos comunitarios. Al mismo tiempo, Energía reduce fuertemente los recursos para energías renovables y deja sin asignación el programa de Transición Energética Justa. La pregunta no es entonces cuánto gastará Chile en medio ambiente, sino qué política ambiental está financiando.

A primera vista, el Ministerio del Medio Ambiente parece haber escapado de la tijera del Presupuesto 2027.

Su presupuesto global prácticamente se mantiene. Según las cifras del proyecto, la cartera dispondrá de alrededor de $98.632 millones durante el próximo año. En términos reales, la variación es mínima.

Pero basta abrir la partida presupuestaria para descubrir una historia bastante diferente.

Mientras aumenta el financiamiento destinado a biodiversidad y áreas protegidas, disminuyen los recursos para cambio climático, desarrollo sostenible, educación ambiental, descontaminación y programas comunitarios.

El fenómeno se extiende además al Ministerio de Energía, cuyo presupuesto cae 11,8% y donde se reducen fuertemente programas relacionados con energías renovables, eficiencia energética y transición energética.

No estamos, por tanto, simplemente ante un recorte del gasto ambiental.

Estamos ante una redistribución de prioridades dentro de la política ambiental y energética del Estado.

El gran ganador: biodiversidad y áreas protegidas

El principal aumento dentro del Ministerio del Medio Ambiente corresponde al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, SBAP.

Su presupuesto pasa de aproximadamente $17.393 millones a $22.304 millones. Según el cálculo en moneda comparable utilizado por Diario Financiero, representa un incremento real de 20,7%.

A primera vista podría interpretarse como una decisión del Gobierno de privilegiar la conservación de la naturaleza frente a otras dimensiones de la política ambiental.

Pero existe una explicación institucional que obliga a matizar esa conclusión.

El SBAP es un servicio nuevo, creado por la Ley 21.600, cuya especialidad es precisamente la conservación de la biodiversidad y la administración de las áreas protegidas.

Y durante 2027 debe asumir una parte sustantiva de las funciones que históricamente desempeñó la Corporación Nacional Forestal.

El proceso incluye el traspaso de más de 500 trabajadores y trabajadoras desde CONAF, además de infraestructura, bienes, contratos y recursos relacionados con la administración de parques nacionales, reservas y monumentos naturales. El propio SBAP ha explicado que la incorporación de estas áreas protegidas constituye uno de sus principales desafíos institucionales para 2027.

Por tanto, una parte del aumento presupuestario no representa necesariamente dinero nuevo destinado a una prioridad ambiental elegida por el actual Gobierno.

Corresponde también al costo de poner en régimen una institucionalidad creada anteriormente y transferirle funciones que ya realizaba el Estado.

La distinción es importante.

Pero no resuelve la otra mitad del problema.

Cambio climático: 59% menos en la partida de la NDC

Mientras crece el SBAP, disminuyen varias de las líneas administradas por la Subsecretaría del Medio Ambiente.

El programa de Adaptación y Mitigación para el Cambio Climático pasa de $1.714 millones a $1.383 millones, una reducción cercana al 19%.

Pero dentro de ese programa la caída es mucho mayor en la asignación denominada Cambio Climático y Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC).

Pasa de $717 millones durante 2026 a $293 millones en 2027.

Es una reducción de 59,1%.

La NDC no es un programa ambiental secundario.

Es el conjunto de compromisos que Chile presenta ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático como parte de sus obligaciones bajo el Acuerdo de París.

La NDC vigente para 2025-2035 contiene seis ejes, 21 temas, 51 contribuciones y 165 compromisos relacionados con mitigación, adaptación, seguridad hídrica, biodiversidad, infraestructura, océanos, transición socioecológica y financiamiento climático.

Y precisamente ahora comienza su implementación.

La plataforma oficial del Ministerio del Medio Ambiente señala que desde noviembre de 2026 comenzará a publicarse el avance de esos compromisos.

Eso convierte a 2027 en uno de los primeros años completos de aplicación y seguimiento de la nueva estrategia climática chilena.

La pregunta es evidente:

¿cómo piensa el Estado cumplir más compromisos climáticos con menos recursos específicamente asignados a su implementación?

Puede existir una explicación.

Parte de esas funciones podría trasladarse a otras partidas, financiarse mediante cooperación internacional o incorporarse a presupuestos sectoriales.

Pero si ese es el caso, el Gobierno tendrá que mostrar dónde están esos recursos.

Porque la disminución que aparece en el Presupuesto es concreta.

Desarrollo sostenible también retrocede

No es la única reducción.

El programa Desarrollo Sostenible pasa de $8.109 millones a $4.555 millones: 43,8% menos.

Dentro de él, Calefacción Sustentable —que entre otras acciones permite financiar recambios de calefactores contaminantes— disminuye alrededor de 53%, desde $2.888 millones hasta $1.356 millones.

Los Planes de Descontaminación Ambiental también caen, aunque mucho menos: alrededor de 6%.

El Fondo de Protección Ambiental, destinado a financiar proyectos de organizaciones sociales y comunitarias, pasa de $866 millones a $611 millones.

La reducción alcanza el 29,4%.

Educación ambiental disminuye aproximadamente 41%, mientras algunas líneas que anteriormente tenían asignaciones individualizadas dejan de aparecer de esa manera, entre ellas la Certificación Ambiental Municipal y el sistema de certificación ambiental de establecimientos educacionales.

También desaparece la glosa que durante 2026 autorizaba hasta $144,5 millones para implementar el Acuerdo de Escazú.

Eso último requiere cautela.

La desaparición de una glosa presupuestaria no significa que Chile haya dejado de financiar Escazú ni mucho menos que abandone el acuerdo. Las actividades relacionadas con su implementación podrían financiarse mediante recursos generales de la Subsecretaría.

Pero nuevamente aparece el mismo problema: el Presupuesto deja de identificar claramente esos recursos.

Conservación no es lo mismo que política climática

Aquí aparece una distinción fundamental.

El SBAP es esencialmente una institución de conservación.

Su misión consiste en proteger la biodiversidad, restaurar ecosistemas, conservar especies y administrar las áreas protegidas del país.

El cambio climático afecta directamente esas funciones y el SBAP necesariamente deberá enfrentarlo dentro de su ámbito.

Pero el SBAP no sustituye la política climática chilena.

No reemplaza la implementación de la NDC, las políticas de reducción de emisiones, los planes de adaptación sectorial, la transición energética ni el conjunto de instrumentos mediante los cuales Chile debe responder al calentamiento global.

Conservar un parque nacional y transformar una matriz energética son políticas complementarias.

No son intercambiables.

Por eso resulta insuficiente observar solamente que el presupuesto total de Medio Ambiente se mantiene.

La pregunta relevante es qué tipo de política ambiental se está financiando dentro de ese presupuesto.

La segunda mitad del problema está en Energía

Esa pregunta adquiere mayor importancia cuando se examina simultáneamente el Ministerio de Energía.

Aquí sí existe una reducción global importante.

Su presupuesto llega a $137.072 millones, una disminución de 11,8% respecto de 2026.

Una parte considerable de esa caída se explica por una menor transferencia a ENAP destinada a compensar el precio del gas en Magallanes.

Pero no toda.

También disminuyen programas directamente relacionados con la transformación de la matriz energética.

Uno de los casos requiere una precisión importante.

El programa independiente de Energías Renovables No Convencionales deja de existir como tal, pero no desaparece completamente su financiamiento.

En el nuevo presupuesto queda una asignación denominada “Apoyo al Desarrollo de ERNC”, con aproximadamente $323 millones.

En 2026 los recursos comparables alcanzaban alrededor de $1.638 millones.

La reducción es cercana al 80%.

Los recursos pueden utilizarse para proyectos solares, eólicos, geotérmicos, pequeñas centrales hidroeléctricas, bioenergía y energía mareomotriz.

El programa continúa.

Pero considerablemente reducido.

Transición Energética Justa queda sin asignación

Más significativa es la situación del programa Transición Energética Justa.

Durante 2026 contó con aproximadamente $7.335 millones y comprendía, entre otras líneas, iniciativas relacionadas con hidrógeno verde y desarrollo productivo sostenible.

En el proyecto 2027 ese programa queda sin asignación presupuestaria bajo esa denominación.

Esto merece una explicación particularmente clara del Ministerio de Energía.

Porque la propia Ruta Energética 2026-2030 reconoce que Chile enfrenta una etapa crítica de su transición energética y declara entre sus objetivos avanzar en la descarbonización, fortalecer la seguridad energética y promover una transición “justa e inclusiva”.

También disminuye el programa de Eficiencia Energética, desde unos $10.394 millones a $6.717 millones, mientras Energización Rural y Social baja de aproximadamente $610 millones a $391 millones.

La transición energética, por tanto, no desaparece del Estado.

Pero varios de sus instrumentos presupuestarios sí pierden considerablemente capacidad financiera.

Dos políticas que deberían avanzar juntas

Aquí aparece la cuestión de fondo.

Biodiversidad y cambio climático no son políticas rivales.

La protección de bosques, humedales, océanos y ecosistemas contribuye a enfrentar el cambio climático. Y contener el calentamiento global es indispensable para proteger precisamente esos ecosistemas.

Algo semejante ocurre con la energía.

Chile puede proteger sus parques nacionales, pero una política ambiental moderna requiere simultáneamente reducir emisiones, descontaminar ciudades, mejorar la eficiencia energética y transformar progresivamente la matriz de generación.

Son partes distintas de un mismo problema.

El Presupuesto 2027, sin embargo, presenta movimientos en direcciones diferentes.

Fortalece la institucionalidad dedicada a biodiversidad y áreas protegidas —aunque parte importante del aumento responde a la instalación del SBAP y al traspaso de funciones desde CONAF— y al mismo tiempo disminuye recursos explícitamente destinados a cambio climático, desarrollo sostenible y transición energética.

¿Reordenamiento o retroceso?

Todavía existe una pregunta que el debate presupuestario deberá responder.

Una partida que desaparece no significa necesariamente que desaparezca una política pública.

Puede tratarse de un cambio contable, una fusión de programas, un traspaso hacia otra institución o una nueva forma de financiamiento.

Por eso sería prematuro afirmar que Chile está abandonando la transición energética o sus compromisos climáticos.

Pero tampoco puede suponerse lo contrario.

Si las funciones continúan, el Gobierno tendrá que indicar dónde están los recursos que permitirán ejecutarlas.

Ese es probablemente uno de los debates que debería abrir la discusión del Presupuesto en el Congreso.

No basta con preguntar cuánto dinero recibe el Ministerio del Medio Ambiente.

Hay que preguntar para qué.

Una política ambiental diferente

El Presupuesto 2027 permite comenzar a observar una orientación.

No se desmantela la institucionalidad ambiental. El Ministerio conserva prácticamente su presupuesto y el nuevo servicio encargado de biodiversidad y áreas protegidas recibe recursos adicionales para asumir funciones relevantes.

Eso merece ser reconocido.

Pero simultáneamente se reducen instrumentos destinados a actuar sobre algunas de las causas y consecuencias de la crisis ambiental: cambio climático, desarrollo sostenible, educación ambiental, calefacción contaminante, proyectos comunitarios, eficiencia energética y energías renovables.

La diferencia no es menor.

Una política centrada en conservar ecosistemas existentes no equivale a una política destinada a transformar las actividades económicas, energéticas y territoriales que producen presión sobre esos ecosistemas.

Ambas son necesarias.

Chile ha asumido compromisos internacionales en esa dirección y su propia NDC 2025-2035 incluye mitigación, adaptación, biodiversidad, transición socioecológica y financiamiento climático como partes de una misma estrategia.

Por eso la pregunta que deja el Presupuesto 2027 es más profunda que la magnitud de un determinado recorte.

¿Está Chile fortaleciendo una política de conservación mientras debilita los instrumentos destinados a la transición ambiental y energética?

El proyecto de Presupuesto ofrece indicios para formular esa pregunta.

Ahora corresponde al Gobierno explicar si los recursos que desaparecen de esas partidas reaparecen en otros instrumentos o si estamos, efectivamente, ante una redefinición de prioridades.

Porque proteger lo que todavía tenemos es indispensable.

Pero frente a la crisis climática, conservar no basta.

Simón del Valle