Presupuesto 2027: rectores rechazan recortes universitarios y cuestionan que la primera infancia se financie debilitando la educación superior

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La Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos rechazó los recursos propuestos por el Gobierno para educación superior, después de recibir cuestionamientos de universidades estatales y privadas tradicionales. Los rectores advierten que las reducciones afectan el financiamiento institucional, la investigación y la capacidad de desarrollo científico del país. La ministra María Paz Arzola defiende la prioridad otorgada a la educación parvularia. El conflicto abre una pregunta de fondo: ¿es necesario debilitar un nivel educativo para fortalecer otro?

La discusión del Presupuesto 2027 ha encontrado una resistencia que el Gobierno difícilmente puede atribuir exclusivamente a la oposición política.

Los rectores de algunas de las principales universidades chilenas, públicas y privadas, han cuestionado la propuesta de financiamiento presentada por el Ministerio de Educación. Sus críticas alcanzaron tal intensidad que este miércoles 7 de octubre la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos terminó rechazando la partida de educación superior por tres votos contra uno.

Votaron en contra la senadora Yasna Provoste, la diputada Daniela Serrano y el diputado Juan Marcelo Valenzuela. El único voto favorable fue del diputado Sergio Gahona.

El rechazo no significa que la partida haya sido eliminada ni que el Gobierno haya perdido definitivamente la discusión. El proyecto continuará su tramitación parlamentaria y los recursos podrán ser objeto de nuevas negociaciones.

Pero el resultado constituye una primera señal de la dificultad que enfrentará Hacienda para conseguir la aprobación de algunos de sus ajustes.

La controversia es particularmente significativa porque los cuestionamientos no proceden solamente de universidades estatales o de organizaciones estudiantiles. También han sido formulados por autoridades de instituciones privadas tradicionales, como la Pontificia Universidad Católica.

Los números detrás del conflicto

El presupuesto propuesto para la Subsecretaría de Educación Superior alcanza aproximadamente $3,58 billones.

La reducción global del sector, cercana al 1% según la comparación presentada por el Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), podría parecer relativamente moderada.

Sin embargo, el problema se encuentra en la distribución interna de los recursos.

El CRUCH identificó cuatro asignaciones institucionales que concentran reducciones por $36.618 millones:

• Aporte Institucional a las Universidades Estatales: disminución de $13.184 millones.
• Aporte Fiscal Directo: reducción de $9.487 millones.
• Plan de Fortalecimiento de Universidades Estatales: disminución de $7.731 millones.
• Fondo Basal por Desempeño: reducción de $6.216 millones.

Según el Consejo de Rectores, las disminuciones respectivas alcanzan 11,4%, 3%, 34,8% y 10,6%, utilizando la base de comparación de su presentación parlamentaria.

Otros análisis presupuestarios, expresados en variaciones reales, sitúan la reducción del Fondo Basal por Desempeño en 12,41% y la caída de los recursos para fomento de la investigación en 25,2%.

Estas cifras no son intercambiables: corresponden a asignaciones y bases de comparación diferentes.

Lo sustantivo es que la reducción global del sector oculta disminuciones considerablemente mayores en instrumentos específicos de financiamiento universitario.

El reclamo de los rectores

El vicepresidente ejecutivo del CRUCH, Osvaldo Corrales, advirtió ante los parlamentarios que la propuesta erosiona las bases sobre las cuales se ha construido el sistema universitario chileno.

El Consejo, integrado por 30 instituciones, reconoce la estrechez fiscal y la necesidad de optimizar los recursos públicos.

Pero sostiene que las universidades tienen escaso margen para absorber nuevos ajustes sin comprometer sus funciones.

El problema es particularmente delicado en las instituciones regionales.

Una universidad no solamente imparte carreras profesionales. También desarrolla investigación, forma especialistas, mantiene laboratorios, participa en proyectos territoriales, colabora con hospitales y municipios y produce conocimientos que no necesariamente generan ingresos comerciales inmediatos.

Reducir sus aportes basales puede obligarla a postergar inversiones, restringir contrataciones, disminuir actividades académicas o utilizar recursos destinados a otras funciones.

El CRUCH pidió restituir los aportes al menos a los valores contemplados en el Presupuesto 2026, reajustados por inflación.

También solicitó flexibilizar el uso de excedentes del Fondo Solidario de Crédito Universitario, recursos que pertenecen a las propias instituciones y cuya utilización, según los rectores, no implica un mayor desembolso fiscal.

El proyecto gubernamental, sin embargo, reduce los porcentajes de esos excedentes que las universidades pueden utilizar.

Es decir, disminuye determinados aportes y simultáneamente restringe una fuente alternativa de financiamiento institucional.

La Universidad Católica también protesta

Uno de los cuestionamientos más significativos provino del rector de la Pontificia Universidad Católica, Juan Carlos de la Llera, quien además preside la red de universidades públicas no estatales G9.

Su intervención amplió el alcance del conflicto.

No se trata simplemente de universidades estatales reclamando mayores transferencias del Estado.

La crítica también procede de instituciones privadas tradicionales que desarrollan investigación y cumplen funciones públicas.

De la Llera sostuvo que la propuesta compromete capacidades construidas durante décadas y recordó que las universidades del G9 generan una proporción importante de la producción científica nacional.

También cuestionó la reducción de los aportes destinados a investigación, precisamente cuando Chile mantiene niveles de inversión en ciencia y desarrollo tecnológico inferiores a los de las economías más avanzadas.

La investigación universitaria tiene una característica que suele quedar fuera de los debates presupuestarios: sus resultados no siempre pueden medirse dentro del mismo año fiscal.

Formar investigadores, mantener equipos científicos, desarrollar nuevas tecnologías o sostener estudios de largo plazo requiere continuidad.

Un recorte puede generar ahorros inmediatos, mientras sus consecuencias aparecen varios años después.

El rector también planteó otro problema estructural: la diferencia entre los aranceles regulados que reconoce la gratuidad y los costos efectivos de determinadas carreras.

Según sus antecedentes, esa brecha representa para la Universidad Católica alrededor de $20 mil millones anuales.

Desde esa perspectiva, reducir aportes institucionales agrega presión a un sistema cuyo financiamiento ya presenta tensiones.

La explicación del Gobierno: primero los niños

La ministra de Educación, María Paz Arzola, defendió el proyecto argumentando que la prioridad del Ejecutivo está puesta en los primeros años de vida.

Según explicó, los recursos destinados a educación superior se han duplicado durante la última década, mientras el financiamiento de los jardines infantiles permaneció estancado.

El Gobierno sostiene que, en un escenario de restricciones fiscales, resulta necesario orientar mayores recursos hacia la educación parvularia y los aprendizajes iniciales.

La importancia de esa prioridad es difícil de cuestionar.

Existe abundante evidencia sobre el papel de la educación temprana en el desarrollo infantil, la reducción de desigualdades y las trayectorias educativas posteriores.

También es razonable discutir si la distribución histórica del gasto educativo ha favorecido proporcionalmente más a determinados niveles que a otros.

Pero reconocer esas necesidades no resuelve automáticamente la controversia presupuestaria.

La pregunta es si el fortalecimiento de la educación inicial exige necesariamente reducir el financiamiento de las universidades.

La ministra ha presentado una decisión de prioridades.

Los rectores, en cambio, cuestionan que esa decisión deba financiarse debilitando capacidades académicas, científicas e institucionales.

Son dos discusiones relacionadas, pero distintas.

¿Por qué enfrentar dos necesidades educativas?

La política pública tiene que establecer prioridades, especialmente cuando los recursos son limitados.

Sin embargo, una decisión presupuestaria debería explicar no solamente qué sector recibirá más dinero, sino también qué consecuencias tendrá la reducción de recursos en otro.

El desarrollo infantil requiere jardines infantiles adecuados, educadoras preparadas, infraestructura, alimentación y programas de acompañamiento.

Pero también requiere universidades que formen profesionales, investiguen el aprendizaje, desarrollen conocimientos pedagógicos y contribuyan a mejorar la calidad de la enseñanza.

La educación inicial y la educación superior no constituyen compartimentos aislados.

Forman parte de un mismo sistema.

Presentarlas como necesidades que necesariamente compiten entre sí puede simplificar un problema mucho más complejo.

Si el Gobierno considera que existen gastos universitarios ineficientes, corresponde identificarlos.

Si determinados fondos presentan resultados insuficientes, es necesario mostrar las evaluaciones.

Si hay instituciones que reciben aportes desproporcionados respecto de sus funciones, el debate debería incluir esa evidencia.

Pero una reducción transversal de recursos basales no distingue necesariamente entre instituciones con distintos desempeños, necesidades territoriales o contribuciones científicas.

Ciencia, regiones y desarrollo

Existe además una dimensión económica que merece atención.

El Gobierno ha defendido su Presupuesto 2027 bajo el argumento de recuperar el crecimiento, estimular la inversión y fortalecer la productividad.

Pero el desarrollo económico depende también de la formación de capital humano, la investigación aplicada, la innovación y la capacidad tecnológica.

En Chile, buena parte de esas funciones se concentra en las universidades.

Las instituciones regionales cumplen, además, un papel especialmente importante en actividades productivas vinculadas con minería, agricultura, recursos hídricos, energía, salud, pesca y medioambiente.

Su debilitamiento presupuestario puede afectar capacidades que resultan difíciles de reconstruir.

La pregunta, por tanto, no es solamente cuánto dinero se ahorra reduciendo determinados aportes.

También es cuánto podría costar, en términos de desarrollo futuro, perder continuidad en programas de investigación, formación y fortalecimiento institucional.

Ese costo no aparece necesariamente en las cuentas del próximo año.

Un nuevo frente para Hacienda

La controversia universitaria se suma a los conflictos que ha generado el Presupuesto 2027 en los gobiernos regionales, programas sociales, cultura y otras áreas del Estado.

Pero presenta una particularidad.

El cuestionamiento reúne a instituciones de tradiciones, estructuras de propiedad y orientaciones diversas.

La Universidad Católica, las universidades estatales y otras instituciones tradicionales no tienen idénticos intereses ni modelos de gestión.

Sin embargo, coinciden en advertir que el proyecto reduce recursos importantes para el funcionamiento del sistema.

La ministra Arzola sostiene que el Gobierno está realizando una reasignación necesaria hacia la primera infancia.

Los rectores responden que esa decisión compromete funciones universitarias fundamentales.

Ambas posiciones deberán confrontarse ahora con cifras más precisas, alternativas de financiamiento y eventuales modificaciones al proyecto.

El rechazo de la subcomisión abre espacio para esa negociación.

También plantea una pregunta que va más allá del conflicto entre el Ministerio de Educación y las universidades.

¿Puede un país aspirar a mejorar su educación inicial, aumentar su productividad y desarrollar nuevas capacidades científicas mientras reduce los recursos de las instituciones que forman profesionales, investigan y producen conocimiento?

El Presupuesto 2027 tendrá que responderla con algo más que una declaración de prioridades.

Simón del Valle