12 de octubre: nada que celebrar, mucho que recordar

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No hay encuentro de culturas que pueda celebrarse cuando una de ellas se arroga el derecho de conquistar a la otra, imponerle su autoridad, apropiarse de sus territorios y pretender que su lengua, sus creencias y su forma de comprender el mundo deben desaparecer para dar paso a una civilización que se considera superior. Lo que para la historia oficial ha sido presentado durante siglos como el descubrimiento de un continente, el inicio de una nueva era o el encuentro entre dos mundos, para los pueblos originarios representa el comienzo de una larga historia de invasión, dominación, violencia y resistencia.

Porque América no fue descubierta: ya estaba habitada por pueblos con historia, organización política, conocimientos, lenguas, espiritualidades y formas propias de relacionarse con la tierra. Lo que comenzó en 1492 no fue el descubrimiento de un mundo vacío, sino la incorporación forzada de territorios y poblaciones a un proyecto colonial que pretendía convertir la diferencia en subordinación. Para un mapuche, la gravedad de esta fecha no reside únicamente en los acontecimientos ocurridos hace más de cinco siglos en el Caribe y otras regiones del continente. También reside en la continuidad histórica de una mentalidad colonial que, bajo distintas banderas, instituciones y discursos, ha justificado la ocupación de territorios indígenas, la imposición de autoridades externas y la negación de la capacidad de los pueblos para decidir sobre su propio destino.

La conquista europea y la posterior formación de los Estados latinoamericanos no fueron procesos idénticos, pero comparten una historia que debe examinarse sin eufemismos: la expansión de poderes que consideraron legítimo disponer de territorios habitados por otros pueblos, desconocer sus formas de soberanía y convertir sus resistencias en obstáculos que debían ser sometidos.

El pueblo mapuche no fue un espectador de esa historia ni una población pasiva a la espera de ser incorporada a una supuesta civilización. Resistió la expansión colonial española, defendió sus territorios y sostuvo durante siglos una autonomía política que obligó a la Corona a reconocer, mediante parlamentos y tratados, la existencia de interlocutores con capacidad de negociación. Esa historia importa porque contradice una de las operaciones más persistentes de la narrativa colonial: representar a los pueblos indígenas como sociedades sin organización, sin autoridad legítima y sin capacidad para establecer acuerdos políticos. Si hubo parlamentos, negociaciones y tratados, fue precisamente porque existían comunidades y autoridades que no podían ser reducidas a la condición de súbditos sin más. Reconocer esa realidad significa admitir que la historia mapuche no comienza con la llegada de los españoles ni adquiere legitimidad a partir del reconocimiento de una autoridad extranjera.

Los tratados ocupan un lugar central en esta memoria. No fueron simples ceremonias ni concesiones de una parte poderosa a otra supuestamente inferior, sino instrumentos de negociación que deben comprenderse dentro de las relaciones políticas de su época. La existencia del Parlamento de Quilín de 1641 y de otros acuerdos entre autoridades mapuche y representantes de la Corona demuestra que la frontera fue también un espacio de negociación política, aunque atravesado por conflictos, asimetrías y disputas.

La posterior expansión de los Estados chileno y argentino sobre territorios indígenas, especialmente durante el siglo XIX, alteró violentamente ese escenario. En el caso chileno, la ocupación militar de la Araucanía, desarrollada principalmente durante la segunda mitad de aquel siglo, terminó con buena parte de la autonomía territorial mapuche y abrió paso a la radicación en reducciones, la apropiación de tierras y la transformación forzada de las condiciones materiales de existencia. No se puede hablar de una historia de acuerdos sin examinar también las rupturas, los incumplimientos y las consecuencias de la imposición militar.

La palabra *exterminio* no debe emplearse como una fórmula vacía ni como sustituto de la investigación histórica, pero tampoco puede prohibirse cuando se examinan las políticas de violencia, las campañas militares, las muertes, la destrucción de comunidades y las condiciones que amenazaron la continuidad material y cultural de los pueblos indígenas. La conquista y la colonización estuvieron acompañadas, en distintas regiones y épocas, por guerras, epidemias, trabajos forzados, desplazamientos y formas sistemáticas de subordinación. En el territorio mapuche, la ocupación militar del siglo XIX produjo muertes, desplazamientos y una profunda desarticulación territorial. La reducción de las tierras indígenas y la imposición de un nuevo orden de propiedad no fueron episodios secundarios: transformaron las bases económicas y sociales de la vida colectiva. Nombrar esa violencia no significa desconocer las diferencias entre los distintos periodos históricos; significa negarse a que esas diferencias sean utilizadas para borrar el sufrimiento de los pueblos sometidos.

El despojo territorial, por su parte, no fue solamente la pérdida de una superficie de tierra susceptible de medirse en hectáreas. Para el pueblo mapuche, el territorio constituye una trama de relaciones sociales, memoria colectiva, subsistencia, espiritualidad, pertenencia y continuidad entre generaciones. La reducción territorial significó también limitar el acceso a los espacios necesarios para la reproducción de la vida comunitaria, alterar las formas de producción y debilitar las condiciones materiales que permitían sostener la lengua, las prácticas culturales y las relaciones de reciprocidad. Por eso, cuando la historia oficial presenta la expansión de la propiedad privada como una marcha inevitable del progreso, oculta la pregunta fundamental: ¿progreso para quién y a costa de quién? El crecimiento de determinadas fortunas, la consolidación de grandes propiedades y la expansión de las instituciones estatales no pueden evaluarse al margen de los procesos de ocupación y redistribución forzada de los territorios sobre los cuales se construyeron.

A esa transformación material se sumó la presión por asimilar culturalmente a los pueblos indígenas. La imposición religiosa, la evangelización y la expansión de instituciones educativas y administrativas que privilegiaban las normas de la sociedad dominante contribuyeron, en diferentes contextos, a deslegitimar las creencias, las lenguas y las formas propias de conocimiento. La religión cristiana, introducida y extendida en el continente a través de procesos coloniales, no puede analizarse únicamente como una cuestión de fe individual: también debe examinarse su papel histórico cuando la evangelización estuvo vinculada a la subordinación cultural y a la pretensión de reemplazar las espiritualidades indígenas por una concepción religiosa presentada como única y universal. Esto no significa atribuir idénticas responsabilidades a todas las personas creyentes ni ignorar las diferencias entre instituciones, épocas y experiencias. Significa reconocer que, cuando la conversión religiosa se convierte en instrumento de dominación, la fe deja de ser solamente una experiencia espiritual y pasa a formar parte de una relación de poder.

La asimilación tampoco se limita a la religión. Se manifiesta cuando se exige abandonar la lengua propia para ser considerado educado, cuando se presenta la identidad indígena como un obstáculo para la integración, cuando las instituciones reconocen derechos únicamente si las personas aceptan abandonar sus diferencias y cuando la cultura dominante se atribuye la facultad de decidir qué formas de vida son modernas y cuáles deben desaparecer. Bajo esa lógica, el indígena aceptable es aquel que deja de incomodar al orden establecido: quien conserva su origen como un recuerdo familiar, pero no lo transforma en una reivindicación territorial; quien puede exhibir su cultura como patrimonio, siempre que no cuestione las relaciones de propiedad; quien es celebrado durante una ceremonia oficial, pero deslegitimado cuando reclama derechos políticos. Esa es una de las contradicciones más profundas del multiculturalismo superficial: se acepta la diferencia como decoración, pero se la rechaza cuando exige modificar las estructuras que produjeron la desigualdad.

En Chile, esta reflexión obliga a examinar críticamente la distancia entre la imagen de una nación construida sobre la independencia y la realidad de la expansión territorial del Estado hacia el sur. La independencia de España no significó automáticamente el reconocimiento de la autonomía de los pueblos originarios. El Estado chileno desarrolló durante el siglo XIX un proyecto de consolidación territorial que terminó imponiéndose militarmente sobre gran parte del territorio mapuche. La llamada *Pacificación de la Araucanía* es un ejemplo particularmente revelador del poder de las palabras para organizar la memoria colectiva. ¿Qué significa pacificar un territorio cuya población ya vive en él, posee sus propias autoridades y defiende sus formas de organización? ¿Qué violencia queda escondida cuando la ocupación militar se presenta como una operación destinada a establecer el orden? ¿Quién define qué es el orden y quién aparece como responsable de perturbarlo? El nombre tradicional de ese proceso no es neutral.

Al hablar de pacificación, la narrativa dominante puede convertir una campaña militar en una empresa civilizadora y presentar la resistencia mapuche como el problema que debía resolverse. El lenguaje desplaza así la atención desde la acción de quien ocupa hacia la reacción de quien defiende su territorio. La invasión se transforma en integración, la ocupación en soberanía, la reducción territorial en ordenamiento de la propiedad y la resistencia en rebeldía. La historia oficial no necesita negar todos los acontecimientos para producir una imagen distorsionada: a veces le basta con seleccionar qué hechos merecen protagonismo, qué voces son consideradas autorizadas y qué palabras deben utilizarse para describirlos. Ese maquillaje histórico no siempre adopta la forma de una falsificación evidente. Puede expresarse en los manuales escolares que reducen siglos de historia indígena a unas pocas páginas; en los relatos que presentan la formación del Estado como una sucesión de avances inevitables; en las conmemoraciones que exaltan la expansión europea sin examinar sus consecuencias; o en las narraciones nacionales que incorporan a los pueblos originarios como antecedentes remotos, pero no como sujetos políticos contemporáneos.

De ese modo, el pueblo mapuche puede aparecer simultáneamente como parte del pasado que se exhibe en los actos oficiales y como una presencia incómoda en el presente cuando reclama territorio, autonomía, reconocimiento o cumplimiento de obligaciones históricas. Se le concede un lugar en la memoria siempre que no cuestione las bases materiales del orden que esa memoria contribuye a legitimar. El 12 de octubre también invita a preguntarse por la responsabilidad de quienes escriben la historia. Durante mucho tiempo, los documentos producidos por conquistadores, funcionarios coloniales, militares, propietarios y autoridades estatales ocuparon una posición privilegiada en la construcción del relato histórico. Esos documentos son indispensables, pero no son neutrales: fueron elaborados desde posiciones concretas de poder, con categorías que muchas veces describían a los pueblos indígenas desde la mirada de quienes pretendían gobernarlos.

Recuperar la memoria mapuche exige confrontar esos registros con la tradición oral, los testimonios comunitarios, la investigación histórica crítica y las formas propias de transmisión del conocimiento. No se trata de reemplazar una versión absoluta por otra ni de renunciar al rigor documental, sino de comprender que ninguna historia puede considerarse completa si excluye sistemáticamente las voces de quienes sufrieron las consecuencias de los procesos que describe. Por eso, repudiar el carácter celebratorio del 12 de octubre no implica negar que los acontecimientos históricos deban estudiarse ni reducir cinco siglos a una sola explicación. Implica rechazar la obligación de conmemorar como una hazaña lo que para numerosos pueblos significó conquista, subordinación y pérdida de autonomía. Implica cuestionar una memoria que distribuye el reconocimiento de manera desigual: héroes para quienes expandieron su poder, obstáculos para quienes resistieron; monumentos para los conquistadores, marginalidad para los conquistados; celebraciones del encuentro, silencios sobre la violencia que hizo posible la dominación.

Tampoco basta con cambiar el nombre de la fecha si permanecen intactas las relaciones que hicieron posible esa historia y sus consecuencias. Una conmemoración puede llamarse Día de la Raza, Día de la Hispanidad, Día del Encuentro de Dos Mundos o Día de la Diversidad Cultural y, aun así, conservar una mirada colonial si evita discutir quién conquistó, quién fue sometido, quién perdió territorio y quién obtuvo beneficios. El problema no está únicamente en el calendario, sino en el relato político que se construye alrededor de él. Cambiar las palabras es importante, pero insuficiente si el cambio no permite examinar las estructuras históricas de propiedad, poder y reconocimiento que siguen organizando las relaciones entre el Estado y los pueblos originarios. Desde una perspectiva mapuche, la pregunta fundamental no debería ser cómo incorporar esta fecha a una celebración nacional más inclusiva, sino por qué se espera que un pueblo cuya historia está atravesada por la ocupación territorial y la imposición cultural participe de una celebración construida desde la perspectiva de quienes reivindican la conquista como origen de una nueva civilización. ¿Qué clase de reconciliación puede proponerse cuando la memoria de una parte se presenta como patrimonio común, mientras las consecuencias de la violencia que afectó a la otra continúan siendo discutidas, minimizadas o subordinadas a las necesidades del presente? ¿Qué sentido tiene hablar de encuentro si se omite que no todas las partes llegaron a él en condiciones de igualdad y que, en numerosos casos, ni siquiera tuvieron la posibilidad de decidir si querían participar?

La respuesta no consiste en heredar un odio indiscriminado hacia las personas de hoy por los actos cometidos por personas de otros siglos. Consiste en asumir una responsabilidad histórica que no se resuelve con el paso del tiempo ni con declaraciones ceremoniales. No se hereda la culpabilidad individual, pero sí se reciben instituciones, distribuciones de la propiedad, relatos nacionales y desigualdades que pueden tener su origen en procesos históricos violentos. Reconocerlo no significa exigir que las generaciones actuales respondan personalmente por cada acontecimiento del pasado; significa que ninguna sociedad puede reclamar una memoria democrática mientras se niega a examinar críticamente los fundamentos de su propia organización.

Para el pueblo mapuche, la memoria no puede convertirse en una pieza de museo ni en un recurso folclórico destinado a embellecer la identidad nacional. Recordar es también afirmar la continuidad de una existencia que la colonización y las políticas de asimilación no consiguieron borrar. Es sostener que la lengua, la espiritualidad, la memoria territorial y las formas de organización colectiva no son vestigios de un mundo desaparecido, sino expresiones vivas de un pueblo que continúa existiendo y pensando su futuro. La resistencia no se limita a la confrontación: también reside en transmitir conocimientos, mantener vínculos comunitarios, recuperar la lengua, preservar la memoria y rechazar la idea de que la única manera legítima de existir es aceptar las condiciones impuestas por la sociedad dominante.

El 12 de octubre debería ser, por tanto, una fecha para interrogar el poder y no para glorificarlo; para examinar los tratados incumplidos, la ocupación militar, las transformaciones de la propiedad y las políticas de asimilación; para escuchar las memorias que fueron desplazadas de los relatos oficiales y reconocer que la historia de los pueblos originarios no es una nota al pie de la historia de los Estados. La dignidad de un pueblo no depende de que la sociedad dominante le conceda un lugar en sus ceremonias, sino del reconocimiento efectivo de su existencia, su memoria y sus derechos. Para un mapuche, no hay obligación moral de celebrar el 12 de octubre. Puede ser una jornada de duelo, de reflexión, de denuncia o de reafirmación cultural y política.

Lo que no debería exigírsele es que convierta el sufrimiento histórico de su pueblo en una celebración de la civilización que contribuyó a someterlo. Porque no existe reconciliación auténtica sobre la base del olvido impuesto, ni encuentro entre iguales cuando una parte debe renunciar a su memoria para que la otra conserve intacta su versión de la historia. El 12 de octubre no debe servir para celebrar la conquista, sino para comprender sus consecuencias.

No debe convertir la invasión en hazaña, la imposición en progreso ni la resistencia en atraso. Y no debe exigir silencio a quienes conservan la memoria de lo ocurrido. La historia oficial podrá cambiar sus nombres, suavizar sus expresiones y organizar nuevas ceremonias, pero ninguna modificación del lenguaje será suficiente mientras la memoria de los pueblos originarios siga subordinada a las necesidades del relato nacional. Una sociedad que se considera democrática debe ser capaz de mirar su pasado sin adornarlo, reconocer las violencias que contribuyeron a constituirla y aceptar que los pueblos sometidos por la expansión colonial tienen derecho a narrar su propia historia, desde sus propias experiencias y sin pedir autorización a quienes durante siglos hablaron en su nombre.

Para el pueblo mapuche, recordar el 12 de octubre no es celebrar una derrota ni permanecer prisionero del pasado. Es negarse a que la conquista tenga la última palabra. Es afirmar que ningún pueblo necesita desaparecer para que otro pueda existir, que ninguna cultura tiene derecho a proclamarse superior por la fuerza y que ningún proyecto de nación puede considerarse justo si su grandeza se construye sobre el silenciamiento de quienes fueron despojados de su territorio, sometidos a la imposición cultural y obligados a defender su existencia frente a poderes que pretendían decidir su destino. Esa es la reflexión que esta fecha debería provocar: no cómo hacer más amable la memoria de la conquista, sino cómo dejar de reproducir la mirada colonial que la convirtió en motivo de celebración.

Jorge Huenchullán Cayul

Werken de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Lof Temucuicui.

Prisionero político mapuche, Módulo E – Comuneros Mapuche, Cárcel de Angol, Chile.