«Octubre sigue vivo»: la marcha del 18-O devuelve las demandas sociales a las calles y abre interrogantes sobre un nuevo ciclo de movilizaciones

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La conmemoración de los siete años del estallido social reunió a miles de personas en Santiago, entre consignas sobre pensiones, derechos sociales y justicia por las violaciones de derechos humanos. La movilización coincidió con protestas estudiantiles contra los recortes presupuestarios y con una nueva convocatoria de NO+AFP. Mientras el Gobierno y los partidos oficialistas concentraron sus declaraciones en la violencia y el orden público, una encuesta reveló que el 68% de los consultados considera que las demandas de 2019 siguen sin resolverse.

Una frase escrita en una pared resumió parte del sentido político de la jornada del domingo: «Octubre sigue vivo». Siete años después del estallido social de 2019, miles de personas volvieron a reunirse en el centro de Santiago para recordar aquella movilización, exigir justicia por las violaciones de derechos humanos y expresar su descontento con problemas sociales que consideran todavía pendientes.

La manifestación tuvo incidentes y enfrentamientos con Carabineros, pero también estuvo marcada por marchas, expresiones culturales, lienzos y consignas que remitían a las reivindicaciones de 2019. Para numerosos participantes, la conmemoración no fue solamente un ejercicio de memoria, sino una oportunidad para volver a instalar demandas sobre pensiones, salarios, educación, salud y desigualdad.

La agencia EFE informó de una concentración de miles de personas convocada por organizaciones sociales y estudiantiles. Entre las consignas recogidas durante la jornada figuraron «Octubre sigue vigente», «La sangre derramada no se olvida» y «No queremos sobrevivir, queremos vivir».

Las imágenes publicadas este lunes por Interferencia muestran una movilización con presencia de agrupaciones y manifestantes de distintas edades, así como los posteriores enfrentamientos y la dispersión de participantes mediante carros lanzaaguas y gases lacrimógenos.

La cantidad de asistentes continúa siendo objeto de discrepancias. Las estimaciones policiales difundidas durante la jornada fueron considerablemente inferiores a las apreciaciones del fotoreportaje de Interferencia, que describe una concurrencia de decenas de miles de personas. No existe, hasta ahora, un conteo independiente que permita establecer una cifra definitiva.

Más allá de esa controversia, la movilización volvió a colocar en el espacio público una pregunta que ha atravesado la política chilena desde octubre de 2019: ¿qué ocurrió con las demandas que llevaron a millones de personas a las calles?

Un país que cuestiona el estallido, pero reconoce sus demandas pendientes

La respuesta aparece, en parte, en la última encuesta Agenda Criteria, difundida precisamente el domingo.

Según el estudio, el 59% de los consultados considera que el estallido social fue negativo para Chile. Sin embargo, el 68% cree que las demandas que lo originaron siguen sin resolverse y el 63% estima que actualmente existen motivos para volver a manifestarse.

Los resultados permiten distinguir dos dimensiones que frecuentemente aparecen mezcladas en el debate político: la evaluación de los acontecimientos de 2019 y la percepción sobre las condiciones sociales que les dieron origen.

Una persona puede rechazar los episodios de violencia de aquel período y, al mismo tiempo, considerar que el sistema previsional, las desigualdades económicas o el acceso a servicios públicos siguen siendo problemas graves.

La encuesta también muestra que la valoración positiva del estallido aumentó cuatro puntos respecto de 2025, después de varios años de retroceso. Se trata de una variación que merece seguimiento, aunque por sí sola no permite establecer un cambio sostenido en la opinión pública.

La persistencia de las demandas adquiere especial relevancia después de dos procesos constituyentes fallidos y de un gobierno, el de Gabriel Boric, que llegó a La Moneda impulsado por expectativas de transformación social, pero no consiguió responder plenamente a ellas.

Desde marzo, el escenario político es diferente. El Gobierno de José Antonio Kast ha impulsado una agenda de ajuste fiscal, seguridad pública y revisión de programas estatales que ha abierto nuevos conflictos con organizaciones sociales, estudiantes y autoridades regionales.

En ese contexto, el aniversario del 18 de octubre encontró un país distinto al de 2019, pero con problemas sociales que una mayoría de los encuestados continúa considerando pendientes.

Los estudiantes ya habían vuelto a la Alameda

La marcha del domingo no ocurrió de manera aislada.

El 1 de octubre, estudiantes universitarios y secundarios participaron en una movilización convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), bajo la consigna «Ni un peso menos para la educación».

La protesta estuvo dirigida contra los recortes anunciados en el proyecto de Presupuesto 2027 y reunió a estudiantes que expresaron preocupación por el financiamiento de la educación pública y la continuidad de distintos programas.

La jornada también terminó con enfrentamientos entre manifestantes y Carabineros.

En aquella oportunidad, el presidente Kast condenó los incidentes y defendió la propuesta presupuestaria. El mandatario sostuvo que su Gobierno había procurado mantener los derechos sociales y aseguró que materias como las pensiones y la gratuidad estaban cubiertas.

Las organizaciones estudiantiles, por su parte, cuestionaron las reducciones y advirtieron sobre sus posibles consecuencias para las instituciones educativas y sus comunidades.

La coincidencia entre aquellas protestas y la conmemoración del 18-O no demuestra que exista una conducción común, pero sí revela la aparición de conflictos sociales alrededor de problemas que ocuparon un lugar central en 2019.

La educación pública vuelve a ser un foco de movilización, esta vez frente a una discusión presupuestaria concreta.

NO+AFP: del descontento previsional a una nueva convocatoria

Otro antecedente relevante apareció apenas dos días antes de la conmemoración.

El 16 de octubre, la Coordinadora NO+AFP difundió una declaración en la que convocó a afiliados, pensionados y profesionales a organizar una estrategia jurídica y financiera para investigar las pérdidas registradas durante 2026 en los fondos de pensiones, especialmente en el Fondo E.

La organización propone reunir cartolas de afiliados, constituir un equipo interdisciplinario, examinar las decisiones de inversión de las administradoras y evaluar eventuales demandas civiles.

También plantea investigar la actuación de la Superintendencia de Pensiones y estudiar posibles responsabilidades estatales, si se reúnen antecedentes suficientes.

La convocatoria se encuentra todavía en una fase organizativa. No constituye, por ahora, una demanda judicial presentada ni acredita responsabilidades legales de las administradoras.

Su importancia política radica en otro aspecto: una organización que protagonizó algunas de las mayores movilizaciones sociales de la década anterior vuelve a llamar a la acción colectiva en torno a uno de los problemas más persistentes del país.

Las pérdidas del Fondo E durante 2026 han reabierto interrogantes sobre la administración de los ahorros obligatorios, los riesgos asumidos por las AFP y la capacidad de fiscalización del Estado.

La discusión previsional conecta directamente con una de las demandas más reconocibles de octubre de 2019: la exigencia de pensiones suficientes y de un sistema que otorgue mayores garantías a los trabajadores.

No hay antecedentes para afirmar que NO+AFP haya recuperado ya su antigua capacidad de convocatoria. Sin embargo, el llamado a organizar afectados representa un paso que trasciende la denuncia pública y busca establecer nuevas formas de acción colectiva.

El Presupuesto 2027 como nuevo foco de conflictos

Las movilizaciones también se producen cuando el Congreso comienza a examinar las consecuencias del ajuste fiscal propuesto por el Ejecutivo para 2027.

La discusión abarca recursos destinados a educación, cultura, medioambiente, programas sociales, gobiernos regionales y políticas de derechos humanos.

Entre las controversias conocidas figuran las críticas a la reducción de financiamiento para programas educativos, el debate sobre recursos para instituciones ambientales y las advertencias de organizaciones de derechos humanos sobre disminuciones presupuestarias que afectarían políticas de memoria y búsqueda de personas desaparecidas.

Los gobernadores regionales también han cuestionado los recursos previstos para inversión territorial y han solicitado al Congreso rechazar la partida correspondiente.

El Gobierno defiende su propuesta como parte de un esfuerzo de ordenamiento fiscal y sostiene que busca preservar las prestaciones sociales fundamentales.

Sus críticos advierten que determinadas reducciones podrían debilitar servicios públicos y programas destinados a sectores vulnerables.

La controversia introduce un elemento nuevo respecto de 2019. Mientras entonces las protestas reclamaban principalmente transformaciones y ampliación de derechos, hoy algunas organizaciones se movilizan también para impedir la reducción o eliminación de políticas existentes.

No se trata de conflictos idénticos ni necesariamente coordinados. Pero comparten una preocupación por la capacidad del Estado para garantizar derechos sociales.

Dos relatos enfrentados sobre octubre

La conmemoración estuvo precedida por una declaración conjunta de partidos del oficialismo y de la derecha titulada «Chile sin violencia: compromiso para no retroceder».

El documento, suscrito por representantes de la UDI, Renovación Nacional, Evópoli, el Partido Republicano, el Partido Cristiano de Chile y Demócratas, condenó la violencia como método de acción política y cuestionó a quienes, según sus firmantes, justificaron los hechos ocurridos durante el estallido.

La declaración puso especial énfasis en la destrucción de estaciones del Metro, los saqueos, los ataques incendiarios y los daños al patrimonio público y privado. También defendió el respaldo institucional a Carabineros y otras fuerzas de seguridad.

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, sostuvo que las transformaciones deben realizarse mediante reformas, diálogo y acuerdos institucionales. El dirigente reconoció que existen problemas sociales, pero defendió la democracia y el funcionamiento de las instituciones como vías para resolverlos.

El contraste entre ese documento y las consignas de la marcha resulta significativo.

Mientras los partidos firmantes organizaron su declaración principalmente alrededor de la violencia y el orden público, los manifestantes que participaron en la conmemoración insistieron en las desigualdades, los derechos sociales y las violaciones de derechos humanos.

Son dos maneras diferentes de interpretar el legado de 2019.

La primera destaca la destrucción, el deterioro de la convivencia y los costos institucionales del estallido. La segunda pone el acento en las condiciones sociales que desencadenaron las protestas y en la falta de respuestas suficientes.

La discusión no exige desconocer los daños que produjeron los episodios violentos. Pero tampoco permite reducir un movimiento social de aquella magnitud exclusivamente a esos acontecimientos.

La propia encuesta Criteria muestra que una evaluación crítica del estallido puede coexistir con la convicción de que sus causas continúan presentes.

El uso de la fuerza y las preguntas pendientes

El Ministerio de Seguridad Pública informó este lunes que durante la conmemoración se registraron 110 detenidos a nivel nacional, 14 funcionarios de Carabineros lesionados y cuatro civiles heridos.

El ministro Martín Arrau señaló que se desplegaron 5.000 carabineros y que se registraron 43 eventos en el país, una disminución del 45% respecto del año anterior, según las cifras oficiales.

Durante la jornada se produjeron incidentes, entre ellos ataques incendiarios y la destrucción de un bus del transporte público.

Estos hechos requieren investigación y no deben confundirse con el conjunto de quienes participaron pacíficamente en las manifestaciones.

Al mismo tiempo, las imágenes de la intervención policial muestran el empleo de carros lanzaaguas y gases lacrimógenos para dispersar a manifestantes. También circuló un registro de un funcionario que desenfundó su arma de servicio durante un procedimiento de detención, episodio cuya actuación fue sometida a revisión por Carabineros.

El uso de la fuerza vuelve así a ocupar un lugar en la discusión sobre el 18-O.

Las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas de 2019 dejaron una experiencia que sigue presente en la memoria de las víctimas y sus organizaciones. Casos como los de Fabiola Campillai y Gustavo Gatica se convirtieron en símbolos de aquella crisis.

En consecuencia, los procedimientos policiales actuales no pueden examinarse únicamente a partir del número de detenidos o de los daños materiales registrados. También corresponde establecer si el uso de la fuerza fue necesario, proporcional y ajustado a los protocolos vigentes.

La cifra oficial de cuatro civiles heridos constituye un antecedente inicial, pero no reemplaza la necesidad de contrastar el balance con registros médicos, testimonios y eventuales denuncias.

¿Comienza una nueva articulación social?

La marcha del domingo no permite afirmar que Chile esté entrando en un nuevo estallido social. Tampoco existen antecedentes suficientes para sostener que las organizaciones estudiantiles, previsionales, territoriales y sindicales hayan constituido una coordinación nacional comparable a la de otros períodos de movilización.

Sin embargo, durante las últimas semanas han aparecido señales que merecen atención.

Los estudiantes volvieron a protestar contra los recortes presupuestarios. NO+AFP convocó a organizar acciones colectivas frente a las pérdidas previsionales. Los gobernadores regionales cuestionaron la disminución de recursos para inversión pública. Organizaciones de derechos humanos y memoria advirtieron sobre las consecuencias de decisiones presupuestarias y administrativas del Ejecutivo.

A ello se suma una conmemoración del 18-O que, lejos de limitarse al recuerdo de los acontecimientos de 2019, volvió a expresar demandas sociales actuales.

La pregunta es si estas movilizaciones permanecerán como conflictos sectoriales o si comenzarán a construir espacios de coordinación más amplios.

La historia reciente muestra que la existencia de demandas compartidas no conduce automáticamente a la formación de un movimiento social articulado. Para ello se requieren organizaciones, acuerdos, capacidad de convocatoria y objetivos comunes.

Pero también muestra que los ciclos de movilización suelen desarrollarse a partir de conflictos que inicialmente parecen separados.

Siete años después de octubre de 2019, el país sigue discutiendo el significado de aquellas jornadas. Dos procesos constituyentes fracasaron, cambiaron los gobiernos y se modificaron las condiciones políticas. Lo que no desapareció, según una mayoría de los encuestados, fue la percepción de que las demandas originales continúan sin respuesta suficiente.

En ese escenario, la frase escrita durante la manifestación —«Octubre sigue vivo»— expresa algo más que una reivindicación del pasado.

Resume una interrogante sobre el presente: si las demandas que impulsaron las mayores protestas de las últimas décadas siguen pendientes y surgen nuevos conflictos por los recursos públicos y las pensiones, ¿podrán esas expresiones de descontento convertirse nuevamente en un movimiento social de alcance nacional?

Simón del Valle