Director del INDH acusa intento de neutralizar el organismo y Amnistía Internacional advierte una «pulsión autoritaria» del Gobierno

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Yerko Ljubetic cuestionó duramente la reforma presentada por el gobierno de José Antonio Kast, que elimina la facultad del Instituto Nacional de Derechos Humanos de presentar querellas, reduce su Consejo y debilita su presencia regional. Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, vinculó la iniciativa con la reforma constitucional en materia de seguridad y denunció una nueva señal de autoritarismo. El proyecto también contradice recomendaciones de una comisión transversal que en 2025 propuso fortalecer la autonomía y las atribuciones del organismo.

La reforma al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), presentada el lunes por el gobierno de José Antonio Kast, desencadenó una fuerte controversia política e institucional. Las críticas ya no provienen solamente de parlamentarios de oposición, sino de la propia dirección del organismo, de integrantes de su Consejo y de representantes de organizaciones internacionales de derechos humanos.

El director del INDH, Yerko Ljubetic, sostuvo este martes que la iniciativa busca neutralizar la capacidad del Instituto para proteger a las personas frente a las vulneraciones de sus derechos. Sus declaraciones fueron respaldadas, desde una perspectiva más amplia, por el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos Bottai, quien vinculó el proyecto con otras iniciativas del Ejecutivo en materia de seguridad.

La controversia adquiere especial significado porque la reforma fue ingresada al Congreso inmediatamente después del séptimo aniversario del estallido social de octubre de 2019, período durante el cual el INDH desempeñó un papel central en la documentación de denuncias de violaciones de derechos humanos y en la presentación de acciones judiciales.

«Buscan neutralizar al INDH»

En una entrevista con Radio ADN, Yerko Ljubetic afirmó que, aunque la presentación de una reforma había sido anunciada, el contenido del proyecto sorprendió por su alcance.

El director cuestionó que se presente como una modernización institucional una propuesta que elimina atribuciones judiciales, reduce recursos y modifica la estructura de dirección del organismo.

Ljubetic afirmó que la iniciativa apunta a neutralizar al Instituto como herramienta efectiva de protección de los derechos humanos.

Uno de los aspectos más cuestionados es la eliminación de la facultad de presentar querellas criminales, que sería reemplazada por la posibilidad de formular denuncias ante los organismos competentes.

La diferencia no es meramente formal. Mientras una denuncia permite poner hechos eventualmente delictivos en conocimiento de la autoridad, la querella otorga al organismo legitimación para intervenir como parte en el proceso penal, solicitar diligencias y ejercer otras facultades procesales.

Para el director del INDH, retirar esta atribución significa limitar una herramienta relevante para la defensa de personas que denuncian abusos cometidos por agentes del Estado.

La reforma también reduce de once a cinco los integrantes del Consejo, crea una Dirección Ejecutiva y contempla una reorganización de la presencia territorial.

Según Ljubetic, el informe financiero considera una disminución cercana al 70% del personal de abogados de la institución. También advirtió que el proyecto elimina las sedes regionales y concentra el domicilio legal del organismo en Santiago.

Estas modificaciones, sostuvo, afectan simultáneamente su autonomía, sus facultades y su capacidad de actuación en el territorio nacional.

Amnistía Internacional vincula la reforma con la agenda de seguridad

La reacción de Rodrigo Bustos Bottai, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, incorporó una dimensión política más amplia a la controversia.

En una publicación en su cuenta de X, Bustos escribió:

No era solo la reforma constitucional en materia de seguridad. Hoy el Gobierno da una nueva muestra de su pulsión autoritaria buscando debilitar la institución estatal autónoma que tiene un mandato de promoción y protección de los derechos humanos.

La declaración relaciona dos iniciativas distintas del Ejecutivo: la reforma constitucional en materia de seguridad y el proyecto que modifica las atribuciones y organización del INDH.

La expresión «pulsión autoritaria» corresponde a la evaluación política de Bustos. Su advertencia plantea, sin embargo, una cuestión institucional concreta: qué consecuencias podría tener la modificación simultánea de las facultades estatales de seguridad y de los mecanismos destinados a supervisar el respeto de los derechos fundamentales.

La preocupación adquiere especial relevancia cuando el organismo afectado tiene precisamente el mandato de observar, documentar y denunciar eventuales abusos cometidos por instituciones públicas.

Bustos conoce directamente el funcionamiento del INDH, donde desempeñó diversas responsabilidades antes de asumir la dirección ejecutiva de Amnistía Internacional Chile.

El Gobierno defiende una reorganización institucional

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, defendió la propuesta señalando que el propósito del Ejecutivo es concentrar las funciones del INDH en su carácter consultivo y de promoción de los derechos fundamentales.

Según el secretario de Estado, la persecución penal corresponde constitucionalmente al Ministerio Público, por lo que no sería necesario mantener la facultad del Instituto para presentar querellas criminales.

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, rechazó que exista una intención de desmantelar el organismo.

El Ejecutivo sostiene que busca modernizar su estructura, evitar duplicidades institucionales y mejorar la gestión administrativa.

La discusión, por lo tanto, no se limita a la necesidad de introducir cambios en el INDH, una cuestión sobre la que existen diagnósticos compartidos. El desacuerdo fundamental reside en qué atribuciones debe conservar una institución autónoma para cumplir eficazmente su mandato.

La comisión de 2025 propuso exactamente otra orientación

Uno de los antecedentes más relevantes de la controversia se encuentra en el informe elaborado por la Comisión Asesora Presidencial para el Fortalecimiento del INDH, constituida durante el gobierno de Gabriel Boric.

La comisión entregó sus conclusiones el 25 de junio de 2025, después de varios meses de trabajo. Formulada como una instancia transversal, produjo 44 recomendaciones, de las cuales 42 fueron consensuadas.

Entre sus propuestas se encontraban otorgar rango constitucional al Instituto como organismo autónomo, fortalecer su presencia regional, ampliar sus capacidades de acción judicial y mejorar los mecanismos de participación de la sociedad civil.

También recomendó reorganizar el Consejo, establecer procedimientos transparentes de designación y separar la dirección institucional de la administración cotidiana mediante una Dirección Ejecutiva.

Este último aspecto coincide parcialmente con la propuesta presentada por el actual Gobierno.

Sin embargo, existen diferencias sustanciales en otros puntos.

Mientras la comisión recomendó fortalecer la capacidad judicial del INDH, el Ejecutivo propone eliminar su facultad de presentar querellas. Mientras el informe valoró la presencia regional, el nuevo proyecto contempla una reducción de la estructura territorial. Y mientras la comisión propuso reforzar las garantías de autonomía y pluralismo, la nueva composición del Consejo ha generado cuestionamientos sobre su independencia.

Ljubetic rechazó que el Gobierno invoque el trabajo de aquella comisión para justificar una reforma que, según su interpretación, se aparta de sus principales conclusiones.

La discrepancia no es solamente política. El informe de 2025 constituye un antecedente oficial que permite comparar dos concepciones diferentes sobre el futuro de la institucionalidad de derechos humanos.

Las críticas alcanzan al Congreso

La diputada Lorena Fries, del Frente Amplio, cuestionó particularmente las disposiciones transitorias del proyecto, que, según advirtió, entregarían al Presidente de la República una influencia decisiva sobre la conformación inicial del nuevo Consejo y los estatutos institucionales.

Fries sostuvo que el INDH necesita modificaciones, pero consideró que la iniciativa gubernamental representa un debilitamiento de sus capacidades.

Desde el oficialismo, la diputada de Renovación Nacional Ximena Ossandón defendió la necesidad de recuperar el prestigio y mejorar el funcionamiento del organismo, y planteó que la discusión legislativa recién comienza.

Una posición distinta expresó el diputado Hans Marowski, vicepresidente del Partido Nacional Libertario, quien señaló que, si el Gobierno no logra eliminar el INDH, su sector buscará hacerlo mediante la discusión presupuestaria.

La declaración resulta significativa porque evidencia que, incluso entre sectores que respaldan al Ejecutivo, existen diferencias sobre el futuro de la institución.

Mientras el Gobierno afirma que pretende reorganizarla, representantes libertarios mantienen abiertamente la propuesta de suprimirla.

El consejero del INDH Osvaldo Torres interpretó la reforma como una concesión política a sectores de la derecha que históricamente han cuestionado la existencia del organismo.

Los estándares internacionales y la independencia institucional

El debate también debe examinarse a la luz de los Principios de París, adoptados por Naciones Unidas como referencia para el funcionamiento de las instituciones nacionales de derechos humanos.

Estos principios establecen criterios relacionados con la independencia, el pluralismo, la amplitud del mandato, los recursos suficientes y la capacidad de actuación de dichos organismos.

No exigen que todas las instituciones nacionales dispongan exactamente de las mismas facultades judiciales. Sin embargo, establecen que deben contar con condiciones efectivas para cumplir su mandato sin interferencias indebidas del poder político.

Por ello, la discusión sobre la composición del Consejo, los mecanismos de nombramiento, la disponibilidad presupuestaria y la presencia territorial no constituye un asunto meramente administrativo.

Se trata de elementos que pueden determinar la capacidad real del INDH para actuar frente a vulneraciones de derechos humanos.

La eventual eliminación de sus facultades judiciales deberá examinarse junto con las demás modificaciones propuestas, considerando el conjunto de herramientas que conservaría la institución.

Una discusión que excede al INDH

La reforma se presenta en un contexto político marcado por nuevas iniciativas gubernamentales sobre seguridad pública, uso de la fuerza y atribuciones de las instituciones estatales.

El INDH ha sido objeto de cuestionamientos recurrentes desde el estallido social de 2019, particularmente por su intervención en causas relacionadas con la actuación de las policías.

Para sus críticos, el organismo ha perdido credibilidad y requiere una reorganización que refuerce su carácter técnico y su imparcialidad.

Para sus defensores, en cambio, las controversias que ha enfrentado forman parte de las tensiones propias de una institución cuya función incluye examinar el comportamiento del Estado, incluso cuando sus conclusiones resultan incómodas para los gobiernos.

Ambas posiciones coinciden, al menos formalmente, en la importancia de contar con una institución legítima y eficaz. Difieren profundamente sobre las atribuciones y garantías necesarias para conseguirlo.

La tramitación parlamentaria permitirá determinar si el proyecto conserva su orientación original o incorpora modificaciones que respondan a las objeciones planteadas.

Por ahora, las declaraciones de Yerko Ljubetic y Rodrigo Bustos han instalado una interrogante que va más allá del futuro administrativo del Instituto.

La discusión central es si una reforma presentada como modernización institucional fortalecerá la protección de los derechos humanos o reducirá la capacidad de un organismo autónomo para fiscalizar las actuaciones del propio Estado.

Esa pregunta, particularmente relevante después de la experiencia chilena de 2019, deberá ser respondida no solamente por el Gobierno y el Congreso, sino también a la luz de las obligaciones internacionales del país y de los derechos de las personas que recurren al INDH en busca de protección.

Redacción Clarín