Los ahorros de los trabajadores y el poder de los grandes grupos económicos: quiénes reciben los miles de millones de las AFP

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Los fondos de pensiones chilenos mantienen inversiones multimillonarias en acciones y bonos de bancos, empresas forestales, mineras y grandes cadenas comerciales. Detrás de esas operaciones se encuentra una de las principales fuentes de financiamiento del poder empresarial chileno. Mientras las AFP enfrentan investigaciones por las pérdidas de los fondos D y E, la presidenta de la CPC salió a defender un sistema que también beneficia al gran empresariado.

La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, salió este miércoles en defensa del sistema de AFP. Lo hizo en medio de la controversia por las pérdidas millonarias de los fondos previsionales más conservadores y cuando la Superintendencia de Pensiones ha iniciado procedimientos sancionatorios contra las siete administradoras.

Jiménez reconoció que las AFP asumieron riesgos superiores a los esperables en un fondo destinado especialmente a personas próximas a jubilarse. Sin embargo, criticó a quienes cuestionan el modelo, acusándolos de reaccionar de manera «populista» y de intentar deslegitimar un sistema que, a su juicio, ha funcionado positivamente durante décadas.

La intervención de la máxima representante del empresariado no es casual. El sistema de AFP no solamente administra los ahorros destinados a financiar las pensiones de millones de trabajadores. También constituye una de las grandes fuentes de capital para los principales conglomerados económicos que operan en Chile.

Bancos, empresas forestales, mineras, compañías eléctricas, centros comerciales y cadenas de retail reciben inversiones provenientes de las cotizaciones obligatorias de los trabajadores. Unos lo hacen mediante la participación accionaria de los fondos de pensiones; otros, a través de la emisión de bonos que son adquiridos por las AFP.

Se trata de dos mecanismos diferentes, pero con una característica común: el ahorro previsional se transforma en capital disponible para el funcionamiento y financiamiento de grandes empresas.

Los trabajadores como accionistas de los grandes conglomerados

Una investigación publicada por Diario Financiero el pasado 9 de octubre, basada en datos de agosto de 2026, permite dimensionar la concentración de las inversiones previsionales en los principales grupos económicos chilenos.

El grupo Luksic encabezaba la lista, con aproximadamente 6.561 millones de dólares de los fondos previsionales invertidos en empresas vinculadas a su conglomerado. Le seguían Falabella, con 4.595 millones; Angelini, con 3.701 millones; SQM, con 3.600 millones, y Matte, con 3.590 millones.

Estas cifras incluyen distintas clases de instrumentos financieros y no deben confundirse con inversiones exclusivamente accionarias.

En SQM, por ejemplo, la participación de los fondos de pensiones se concentra principalmente en acciones: 3.227 millones de dólares, frente a 373 millones en bonos. Las AFP son, por tanto, accionistas relevantes de una de las mayores empresas productoras de litio y fertilizantes del mundo.

En Falabella, las administradoras participan tanto en la matriz como en Plaza S.A., propietaria de Mallplaza. Según los antecedentes societarios recogidos por Diario Financiero, los fondos previsionales representaban el 6,06% de Falabella y el 23,80% de Plaza S.A.

La situación resulta particularmente significativa si se considera que estas empresas emplean a miles de trabajadores cuyos ahorros previsionales pueden encontrarse invertidos, indirectamente, en las mismas compañías para las cuales trabajan.

El trabajador es simultáneamente asalariado y propietario indirecto de una fracción de la empresa. Sin embargo, esta última condición no le entrega, individualmente, capacidad efectiva para intervenir en sus decisiones estratégicas. Los derechos accionarios asociados a esas inversiones son ejercidos por las administradoras conforme a la normativa previsional.

El negocio menos visible: los bonos de las grandes empresas

Si la inversión accionaria permite identificar la participación de las AFP en la propiedad de las empresas, la adquisición de bonos revela otra dimensión igualmente importante: el financiamiento de su deuda.

Cuando una compañía emite bonos, obtiene recursos de inversionistas que adquieren esos instrumentos, comprometiéndose a pagar intereses y devolver el capital en los plazos establecidos. Las AFP figuran entre los grandes inversionistas institucionales de este mercado.

Una compra realizada en una emisión primaria entrega financiamiento directamente a la empresa. En cambio, una operación en el mercado secundario transfiere el bono entre inversionistas, aunque la existencia de un mercado amplio y líquido favorece la capacidad de las compañías para colocar deuda.

El grupo Angelini constituye uno de los ejemplos más ilustrativos.

De los 3.701 millones de dólares que los fondos previsionales mantenían invertidos en empresas del conglomerado en agosto de 2026, aproximadamente 2.836 millones correspondían a bonos y solamente 865 millones a acciones.

La mayor posición estaba concentrada en Arauco, la compañía forestal y productora de celulosa, cuyos bonos en manos de las AFP alcanzaban aproximadamente 1.947 millones de dólares.

En Empresas Copec, otra de las compañías del grupo, las inversiones previsionales se distribuían entre unos 846 millones de dólares en acciones y 845 millones en deuda.

El caso del grupo Matte presenta una situación semejante. Los fondos previsionales mantenían aproximadamente 1.355 millones de dólares en deuda de CMPC, una de las mayores empresas forestales y papeleras del continente.

Estos dos casos permiten apreciar una característica fundamental del sistema: los trabajadores no solamente participan indirectamente en la propiedad de grandes empresas, sino que también son sus acreedores mediante los fondos previsionales.

Arauco y CMPC operan en una industria caracterizada por una elevada concentración económica, extensas superficies forestales, exportaciones y conflictos históricos relacionados con el territorio, las comunidades y las condiciones laborales.

El financiamiento previsional no determina por sí mismo las políticas empresariales. Pero forma parte de las condiciones financieras que permiten a estas compañías sostener sus operaciones, refinanciar obligaciones y desarrollar nuevas inversiones.

Una concentración de poder que trasciende las finanzas

La dimensión económica de estas inversiones es considerable. Sin embargo, su significado político resulta igualmente importante.

Los fondos de pensiones son patrimonio de los afiliados, pero las decisiones sobre su inversión corresponden a las administradoras privadas, dentro de los límites establecidos por la legislación y la regulación financiera.

Son ellas las que seleccionan los instrumentos, administran los riesgos y ejercen los derechos que corresponden a las inversiones accionarias. Los cotizantes no deciden directamente qué empresas deben recibir sus recursos.

La concentración de inversiones en grandes conglomerados tampoco significa que las AFP controlen esas empresas. La mayoría cuenta con accionistas controladores definidos y estructuras propias de gobierno corporativo.

Lo que sí existe es una relación financiera de gran magnitud entre el ahorro obligatorio de los trabajadores y los principales centros del poder económico nacional.

Y esa relación ayuda a comprender por qué el empresariado organizado ha defendido reiteradamente la continuidad de los elementos centrales del modelo previsional.

Las AFP cumplen una función relevante en el mercado de capitales chileno. Sus inversiones contribuyen a la demanda de acciones y bonos, y facilitan el financiamiento de bancos y empresas. Para el gran empresariado, la discusión previsional no se limita, por tanto, a las pensiones futuras: también involucra una parte importante de la arquitectura financiera de la economía.

De los mercados financieros a las campañas políticas

La defensa del sistema no se ha limitado a declaraciones públicas de dirigentes empresariales.

Una investigación de Informe Especial, de TVN, publicada en noviembre de 2025, reveló que la Asociación de AFP destinó 16.235 millones de pesos a difusión y asesorías entre 2019 y 2024. Esa cantidad representó el 49% de los gastos totales del gremio durante esos seis años.

La investigación identificó 8.832 millones de pesos destinados a campañas extraordinarias, además de desembolsos en estrategias digitales, encuestas y asesorías vinculadas al debate previsional.

Entre los receptores de recursos figuraban empresas encuestadoras como Cadem y Criteria, además del centro de estudios Libertad y Desarrollo.

Estos gastos no procedían directamente del patrimonio de los fondos de pensiones. Se financiaban mediante recursos de la industria administradora, alimentados por sus ingresos y comisiones. La distinción es fundamental, aunque no disminuye la importancia política de los montos involucrados.

Las campañas desarrolladas durante los debates constitucionales y la tramitación de la reforma previsional buscaron instalar determinadas interpretaciones sobre la propiedad de los ahorros, la libertad de elección y los riesgos de modificar el sistema.

La discusión sobre las AFP se convirtió así en un terreno de disputa política en el que una industria regulada, directamente interesada en el resultado de las reformas, dispuso de recursos multimillonarios para defender sus posiciones.

No es necesario suponer una coordinación entre todos los grupos empresariales y las administradoras para constatar una convergencia de intereses económicos. La defensa pública de la CPC y las campañas financiadas por el gremio previsional constituyen expresiones distintas, pero compatibles, de esa convergencia.

¿Quién tiene realmente el poder sobre los ahorros?

La controversia actual por las pérdidas de los fondos D y E ha vuelto a colocar en primer plano las responsabilidades de las administradoras.

La Superintendencia de Pensiones inició procedimientos sancionatorios contra las siete AFP para determinar eventuales incumplimientos de sus obligaciones legales en las decisiones de inversión. La apertura de estos procedimientos no constituye todavía una determinación definitiva de responsabilidad.

Pero el debate que se abre es más amplio que las pérdidas de un período determinado.

Durante décadas, la discusión pública sobre las AFP ha estado dominada por las rentabilidades, las comisiones, la edad de jubilación y el monto de las pensiones. Mucho menos visible ha sido la otra cara del sistema: el destino económico de los recursos acumulados.

Los ahorros de los trabajadores contribuyen a financiar a grandes empresas, sostienen mercados de deuda y participan en la propiedad de conglomerados que concentran una parte significativa de la actividad económica chilena.

En ese contexto, las declaraciones de Susana Jiménez adquieren un significado que va más allá de la defensa técnica de un mecanismo previsional.

El sistema que la CPC defiende también proporciona al mercado de capitales una fuente de recursos de enorme importancia para el financiamiento empresarial.

La pregunta central no es solamente cuánto ganan o pierden los fondos de pensiones, sino quién decide el destino de esos recursos, qué estructuras económicas contribuyen a sostener y qué capacidad tienen los trabajadores para intervenir en decisiones que afectan tanto sus futuras pensiones como la economía en la que trabajan.

Porque los ahorros pertenecen a los trabajadores, pero el poder financiero que generan se ejerce, en gran medida, fuera de su control directo.