Pérdidas del Fondo E llegan a la justicia: querella contra AFP Capital abre investigación sobre decisiones de directores y ejecutivos
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La crisis de los fondos previsionales más conservadores entra en una nueva etapa. Una querella por eventual administración desleal, denuncias ante el Ministerio Público y procedimientos sancionatorios contra las siete AFP ponen bajo examen las decisiones de inversión que afectaron los ahorros de millones de trabajadores. La investigación deberá determinar si las pérdidas fueron consecuencia de los mercados o si existieron incumplimientos de los deberes legales de las administradoras.
La controversia por las millonarias pérdidas de los fondos de pensiones ha comenzado a trasladarse desde los mercados financieros hacia los tribunales de justicia. Este miércoles 21 de octubre se conoció la presentación de una querella por eventual administración desleal contra AFP Capital, sus principales autoridades y quienes resulten responsables de las decisiones de inversión que habrían perjudicado los ahorros previsionales.
La acción judicial abre una nueva dimensión de la crisis: ya no se trata solamente de establecer cuánto perdieron los fondos ni de explicar los instrumentos financieros utilizados por las administradoras. La pregunta que comienza a instalarse es quién tomó las decisiones, qué información tenía sobre los riesgos y si actuó conforme a las obligaciones legales de proteger los recursos de los afiliados.
El escenario se ha complicado para la industria después de que la Superintendencia de Pensiones iniciara procedimientos sancionatorios contra las siete administradoras que operan en Chile: Capital, Cuprum, Habitat, Modelo, PlanVital, Provida y UNO.
El organismo busca determinar si existieron incumplimientos de los deberes fiduciarios de lealtad y diligencia en la administración de los fondos D y E.
Entre enero y septiembre de 2026, el Fondo E acumuló una rentabilidad real negativa de 10,39%, mientras el Fondo D registró una caída de 6,38%, según las cifras de la Superintendencia.
Se trata de resultados especialmente sensibles porque ambos fondos tienen una orientación conservadora y concentran recursos de personas que, por su edad o cercanía a la jubilación, disponen de menos tiempo para recuperar eventuales pérdidas.
Una querella que apunta a los directorios
Según informó Diario Financiero, el abogado y afiliado Robinson Quelín presentó ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago una querella por administración desleal contra AFP Capital, su representante legal y los integrantes de su directorio.
La presentación menciona al presidente del directorio, Juan Carlos Chomalí, a los directores Germán Concha, Magdalena Aninat, Rodrigo Moreno, María de los Ángeles Pérez e Ignacio Rodríguez, y al gerente general, Renzo Vercelli.
La querella no establece responsabilidades penales. Solicita que la Fiscalía investigue si las decisiones relacionadas con inversiones en renta fija y derivados de tasas de interés vulneraron los deberes de administración y ocasionaron perjuicios patrimoniales.
El escrito plantea una serie de interrogantes sobre las operaciones realizadas: si existieron evaluaciones suficientes de los riesgos, si se atendieron las advertencias disponibles, si se respetaron las políticas internas y si las decisiones respondieron exclusivamente al interés de los afiliados.
También solicita investigar si pudieron influir intereses competitivos o corporativos de la administradora.
Este último punto resulta especialmente relevante porque introduce una distinción fundamental: los recursos invertidos pertenecen a los trabajadores, pero las decisiones sobre su administración son adoptadas por empresas privadas y sus ejecutivos.
La investigación deberá establecer si esa separación generó conflictos de interés o si las operaciones cuestionadas se mantuvieron dentro de los estándares legales y profesionales exigibles.
Las actas, los informes de riesgo y los bonos de los ejecutivos
La querella solicita cerca de treinta diligencias investigativas.
Entre ellas figura la entrega de las políticas de inversión y gestión de riesgos de AFP Capital, los informes de liquidez, las pruebas de estrés y las actas de los directorios y comités donde se discutieron las operaciones con derivados.
También pide examinar contratos, valorizaciones, garantías y movimientos asociados a estos instrumentos financieros.
Uno de los aspectos más significativos es la solicitud de revisar los sistemas de remuneraciones variables y bonos de directores, ejecutivos, operadores y responsables de inversión.
La diligencia busca determinar si existieron incentivos económicos capaces de influir en la adopción o mantención de determinadas posiciones financieras.
No hay antecedentes que permitan afirmar que esos incentivos hayan causado las pérdidas. Precisamente por ello, la querella solicita que sean investigados.
La presentación también requiere peritajes financieros, contables y actuariales para diferenciar las pérdidas efectivamente realizadas de aquellas que corresponden a variaciones en la valorización de los instrumentos.
Esta distinción es importante. Una pérdida de valorización puede cambiar con las condiciones del mercado y no equivale necesariamente a una pérdida definitiva por el mismo monto. Sin embargo, las variaciones negativas sí afectan el valor cuota de los fondos y, por esa vía, los saldos previsionales de los afiliados.
La querella reconoce expresamente que una inversión desfavorable no constituye, por sí sola, administración desleal. Para configurar una responsabilidad penal deben acreditarse elementos adicionales relacionados con la conducta de quienes administraban los recursos.
La Fiscalía recibe denuncias de parlamentarios
La acción contra AFP Capital se suma a las denuncias presentadas por parlamentarios que solicitan investigar eventuales delitos asociados a las operaciones financieras de las administradoras.
Según informó The Clinic, la Fiscalía Nacional confirmó que las presentaciones se encuentran bajo análisis de su Unidad Especializada de Delitos Económicos, Medioambientales, Ciberdelitos y Lavado de Activos.
Una vez concluido ese examen técnico y jurídico, los antecedentes podrán derivarse a la fiscalía regional que corresponda.
Entre quienes han presentado denuncias se encuentran los parlamentarios socialistas Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri, además del diputado José Montalva. La diputada Joanna Pérez también solicitó investigar si las operaciones se ajustaron a las obligaciones legales de las administradoras.
Las presentaciones apuntan a determinar si las AFP mantuvieron exposiciones financieras riesgosas pese a advertencias y si pudieron privilegiarse intereses distintos de los afiliados.
Hasta ahora, las denuncias no acreditan la existencia de delitos ni permiten anticipar eventuales condenas.
Sin embargo, su presentación significa que las decisiones de inversión podrían ser examinadas no solamente por el regulador previsional, sino también desde la perspectiva del derecho penal.
La Superintendencia examina a las siete AFP
El frente administrativo también adquirió mayor relevancia esta semana.
La Superintendencia de Pensiones inició procedimientos sancionatorios contra las siete administradoras, después de desarrollar fiscalizaciones sobre las pérdidas de los fondos D y E.
El examen busca determinar si las AFP respetaron sus obligaciones fiduciarias, especialmente los deberes de lealtad y diligencia en el manejo de los ahorros previsionales.
Estos deberes exigen que las administradoras actúen en beneficio de los afiliados, gestionen adecuadamente los riesgos y eviten conflictos de interés.
El fiscal de la Superintendencia, Mario Valderrama, explicó que el procedimiento contempla formulación de cargos, presentación de descargos, una etapa probatoria y una resolución posterior. El proceso podría prolongarse aproximadamente nueve meses.
La apertura de procedimientos sancionatorios no significa que las administradoras hayan sido declaradas culpables. Corresponde al organismo evaluar los antecedentes y determinar si existieron infracciones y qué consecuencias legales podrían derivarse de ellas.
El ministro del Trabajo, Tomás Rau, respaldó la actuación del regulador y sostuvo que las AFP deben administrar los ahorros con diligencia y prudencia.
El Gobierno también ha destacado las restricciones introducidas durante este año a determinadas exposiciones en instrumentos derivados.
La controversia ha dado lugar, además, a cuestionamientos cruzados entre las actuales autoridades y representantes de la administración anterior respecto del momento en que se advirtieron los riesgos y las medidas regulatorias adoptadas.
Pero la discusión sobre las responsabilidades políticas no sustituye la investigación sobre las decisiones específicas de las administradoras.
¿Pueden los afiliados recuperar las pérdidas?
La pregunta más importante para millones de trabajadores es si existe alguna posibilidad de obtener compensaciones.
La respuesta depende de circunstancias jurídicas y financieras que todavía deben establecerse.
En primer lugar, las pérdidas de mercado no generan automáticamente una obligación de indemnizar. Los fondos previsionales están expuestos a variaciones de rentabilidad, incluso cuando se trata de alternativas conservadoras.
Una situación distinta podría configurarse si se acreditara que una administradora incumplió sus obligaciones legales y que esa conducta produjo un daño patrimonial determinado.
Para una eventual reparación sería necesario establecer, entre otros elementos, la infracción, el perjuicio y la relación causal entre ambos.
Ya se han presentado recursos de protección ante cortes de apelaciones, aunque existen obstáculos jurídicos para utilizar esa vía como mecanismo de recuperación de pérdidas financieras.
Paralelamente, organizaciones de afiliados y consumidores examinan otras posibilidades de acción.
Una investigación publicada este miércoles por BioBioChile aborda un litigio entre Conadecus y AFP Capital, relacionado con inversiones en La Polar, que podría incidir en la discusión sobre la posibilidad de ejercer acciones colectivas contra las administradoras.
Ese juicio no resuelve las pérdidas actuales ni garantiza indemnizaciones. Su importancia radica en el debate sobre las herramientas jurídicas disponibles para defender colectivamente los intereses de los afiliados.
La senadora Yasna Provoste, por su parte, ha solicitado que los procedimientos sancionatorios establezcan responsabilidades efectivas y planteó una bonificación estatal para personas próximas a jubilar.
Esta última propuesta abre otra discusión: si una eventual compensación debería provenir del patrimonio de las administradoras cuando se acrediten infracciones, de mecanismos públicos de protección o de alguna combinación sujeta a condiciones legales.
Por ahora, no existe una reparación general aprobada para los afectados por las pérdidas del Fondo E.
Una responsabilidad que no termina en los mercados
Las investigaciones abiertas obligan a examinar una cuestión que habitualmente queda fuera de la discusión pública sobre las AFP: el funcionamiento interno de las empresas encargadas de administrar los ahorros previsionales.
Las decisiones de inversión no se adoptan de manera anónima. Existen gerencias, comités de inversión, sistemas de control de riesgos y directorios con responsabilidades definidas.
Una investigación de BioBioChile identificó a ejecutivos que participaron en la conducción de las administradoras durante el período de las operaciones cuestionadas. La publicación también examinó antecedentes sobre la exposición de algunas AFP a contratos de derivados financieros vinculados a tasas de interés internacionales.
La existencia de esas estructuras de decisión no demuestra por sí misma irregularidades. Pero permite establecer dónde deben buscarse los antecedentes necesarios para esclarecer lo ocurrido.
La investigación administrativa deberá determinar si se cumplieron los deberes fiduciarios. La justicia penal, por su parte, tendrá que evaluar si existen antecedentes suficientes para configurar delitos. Y las eventuales acciones civiles deberán resolver si corresponde indemnizar perjuicios concretos.
Son procedimientos distintos, con exigencias probatorias diferentes.
La controversia deja planteada una pregunta que trasciende las pérdidas de 2026: qué mecanismos efectivos existen para exigir responsabilidades a las empresas que administran recursos obligatorios de los trabajadores.
Los afiliados asumen las fluctuaciones de sus ahorros previsionales. Las administradoras, en cambio, perciben comisiones por prestar el servicio de administración, sujetas a las reglas del sistema.
Esa diferencia explica por qué el debate no puede limitarse a la evolución de los mercados financieros.
El desenlace de las investigaciones permitirá conocer si las pérdidas fueron resultado de riesgos asumidos dentro del marco legal o si existieron decisiones contrarias a los deberes de quienes tenían a su cargo la protección de esos recursos.
Por primera vez desde que estalló la controversia, esa pregunta comienza a trasladarse formalmente a expedientes sancionatorios y acciones judiciales.
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