La justicia frena Pascua Lama 2.0: Barrick pretendía perforar en terrenos de la mina clausurada y cerca de los glaciares del Huasco
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El Segundo Tribunal Ambiental suspendió por 30 días, prorrogables, el permiso ambiental del proyecto Prospección Minera El Alto, impulsado por una filial de Barrick Gold. La resolución establece que las perforaciones se realizarían dentro del área clausurada de Pascua Lama y advierte riesgos para glaciares, glaciaretes y suelos permanentemente congelados. La decisión constituye un nuevo avance para las comunidades del Valle del Huasco, que han cuestionado el proyecto y denunciado irregularidades en su tramitación judicial.
La justicia ambiental volvió a intervenir en el conflicto minero de la alta cordillera del Valle del Huasco. El Segundo Tribunal Ambiental, con sede en Santiago, ordenó suspender durante 30 días, prorrogables, los efectos de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que autorizó el proyecto Prospección Minera El Alto, desarrollado por Compañía Minera Nevada, filial de la canadiense Barrick Gold.
La iniciativa, conocida por las comunidades como Pascua Lama 2.0, contempla una inversión aproximada de 35 millones de dólares, 62 sondajes distribuidos en 43 plataformas y perforaciones que podrían alcanzar los 700 metros de profundidad. Las actividades se ejecutarían durante dos temporadas estivales en la cordillera de Alto del Carmen, Región de Atacama.
La resolución, adoptada el lunes 9 de noviembre por dos votos contra uno, acogió medidas cautelares solicitadas en tres reclamaciones presentadas por organizaciones y comunidades del territorio. Su objetivo es impedir que las faenas avancen mientras se examina la legalidad de la aprobación ambiental.
El tribunal no anuló definitivamente el proyecto. Sin embargo, estableció que existen antecedentes suficientes para justificar una suspensión preventiva, particularmente por la ubicación de los sondajes y la posibilidad de afectar ecosistemas de alta montaña.
Perforaciones dentro del área clausurada
Uno de los antecedentes centrales de la resolución proviene del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).
Según la información técnica incorporada al expediente, las plataformas de El Alto se encuentran dentro del polígono donde anteriormente se desarrolló Pascua Lama, cuya clausura definitiva fue ordenada por la Superintendencia del Medio Ambiente en 2018 y ratificada judicialmente.
El tribunal constató que las nuevas perforaciones se emplazarían en el área que formó parte de la explotación minera original y que actualmente se encuentra sometida a obligaciones de cierre.
Esta circunstancia plantea una controversia fundamental: si Barrick puede ejecutar una nueva campaña de exploración en terrenos donde una actividad minera anterior fue clausurada por incumplimientos ambientales.
La cuestión tiene antecedentes judiciales.
En 2022, la Corte Suprema declaró ilegales determinados sondajes realizados por la empresa durante 2020 y 2021, al establecer que esas actividades resultaban incompatibles con las condiciones impuestas para el cierre de Pascua Lama.
La empresa sostiene que El Alto es un proyecto independiente, con instalaciones propias y recursos operacionales separados de la antigua explotación. Las comunidades, en cambio, consideran que se trata de un intento de reactivar actividades mineras en el mismo territorio mediante un nuevo procedimiento de evaluación ambiental.
El Segundo Tribunal Ambiental no resolvió definitivamente esa controversia, pero consideró que la coincidencia territorial y los antecedentes judiciales justificaban detener preventivamente las faenas.
Glaciares y permafrost bajo amenaza
La segunda cuestión decisiva se relaciona con los ecosistemas de hielo de la alta cordillera.
Las 43 plataformas de sondaje se ubican en las proximidades de los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza, formaciones que cumplen funciones importantes en el almacenamiento y la regulación del agua de la cuenca.
La evaluación ambiental del proyecto había concluido que las obras no se emplazaban directamente sobre glaciares u otras formaciones de hielo. Sin embargo, el propio expediente reconocía la existencia de permafrost, es decir, suelo que permanece congelado durante períodos prolongados.
Para los ministros que aprobaron la suspensión, esa circunstancia impide descartar los riesgos asociados a perforaciones profundas.
A diferencia de un glaciar visible en superficie, el permafrost puede encontrarse bajo capas de roca y sedimentos, lo que dificulta su identificación y delimitación antes de ejecutar los sondajes.
La resolución consideró también antecedentes científicos sobre la disminución de superficie de los glaciares cercanos y la vulnerabilidad de estos ecosistemas frente a las intervenciones humanas y el cambio climático.
El tribunal estimó que no es necesario demostrar anticipadamente un daño ambiental irreversible para adoptar una medida cautelar. Basta con que existan antecedentes fundados sobre un riesgo relevante que deba prevenirse mientras se resuelve la controversia.
Este razonamiento adquiere especial importancia en territorios donde los efectos de una intervención minera pueden resultar difíciles de reparar.
Los jueces consideraron, además, que los trabajos estaban programados para ejecutarse durante dos temporadas estivales. Por ello, existía la posibilidad de que las perforaciones concluyeran antes de dictarse una sentencia definitiva, dejando sin efecto práctico una eventual resolución favorable a las comunidades.
Las comunidades y el derecho a la consulta indígena
La controversia también involucra los derechos de participación de las comunidades diaguitas.
La Comunidad Agrícola Diaguita Los Huasco Altinos cuestionó que el proyecto El Alto fuera aprobado sin realizar una consulta indígena específica, pese a que la misma comunidad fue considerada susceptible de afectación directa en el procedimiento relacionado con el cierre de Pascua Lama.
Sus representantes sostienen que esa diferencia resulta difícil de justificar cuando ambas iniciativas se desarrollan en el mismo territorio.
El abogado Gonzalo Sánchez, representante de Los Huasco Altinos, destacó que la resolución judicial reconociera la importancia de examinar tanto la ubicación de las plataformas como los antecedentes relativos a la participación indígena.
Las reclamaciones fueron presentadas también por el Comité Ambiental Comunal de Alto del Carmen y la Comunidad Indígena Diaguita Alta Cordillera.
Las organizaciones han sostenido que la aprobación de El Alto no consideró adecuadamente las consecuencias de las perforaciones sobre los ecosistemas de alta montaña y las comunidades que dependen de sus recursos hídricos.
El tribunal deberá pronunciarse sobre esas materias durante el examen de fondo de las reclamaciones.
Una tramitación marcada por irregularidades
La suspensión llega después de un episodio que provocó cuestionamientos sobre el funcionamiento de la justicia ambiental.
El 23 de septiembre, el sitio web del Primer Tribunal Ambiental, con sede en Antofagasta, publicó una noticia que anunciaba el rechazo de las medidas cautelares solicitadas contra El Alto.
La publicación apareció antes de que existiera una resolución formal notificada a las partes. Posteriormente fue retirada.
Al día siguiente, los tres ministros titulares del tribunal se inhabilitaron para continuar conociendo las causas, lo que obligó a trasladar los expedientes al Segundo Tribunal Ambiental.
El episodio fue denunciado por las comunidades del Valle del Huasco, que solicitaron explicaciones y garantías sobre la independencia y transparencia del procedimiento.
La tramitación volvió a enfrentar dificultades en Santiago. La presidenta del Segundo Tribunal Ambiental, Marcela Godoy, se apartó del conocimiento de las causas debido a vínculos laborales de su cónyuge con Minera Zaldívar, empresa en la que Barrick mantiene participación.
La integración del tribunal se retrasó durante varias semanas, mientras las comunidades advertían que la compañía avanzaba en los preparativos de sus faenas.
Finalmente, la sala quedó constituida con los ministros Pedro Caro, Elsa Barrientos y Cristián López.
Caro y Barrientos votaron por suspender las actividades. López se manifestó en contra, argumentando que la relación entre El Alto y Pascua Lama debía determinarse en la sentencia definitiva y no mediante una medida cautelar.
La decisión dividida refleja la existencia de interpretaciones jurídicas diferentes, aunque la mayoría consideró que los riesgos ambientales y la urgencia de la situación justificaban la suspensión.
Barrick anuncia que buscará revertir la medida
La compañía minera rechazó los fundamentos de la resolución y anunció que solicitará su reconsideración.
Barrick sostiene que El Alto constituye un proyecto autónomo, aprobado ambientalmente en enero de 2026, que no utiliza la infraestructura de Pascua Lama ni interfiere con sus obligaciones de cierre.
Según la empresa, la iniciativa dispone de instalaciones y abastecimiento de agua independientes y cumple con las exigencias ambientales correspondientes.
También ha señalado que continuará evaluando alternativas de inversión en la zona.
La posición de Barrick será examinada durante las siguientes etapas judiciales, junto con los antecedentes presentados por las comunidades y los organismos públicos.
La medida cautelar tiene una duración inicial de 30 días corridos y puede ser prorrogada por períodos equivalentes. Su cumplimiento deberá ser fiscalizado por la Superintendencia del Medio Ambiente.
En el caso de Los Huasco Altinos, cuya solicitud fue presentada con carácter prejudicial, la comunidad deberá formalizar su reclamación dentro del plazo legal para mantener vigente la protección obtenida.
El cierre de Pascua Lama vuelve al centro del debate
La resolución judicial constituye un nuevo capítulo de un conflicto que se prolonga desde hace más de dos décadas.
Pascua Lama fue presentado originalmente como uno de los grandes proyectos auríferos de la cordillera chileno-argentina. Sin embargo, su desarrollo quedó marcado por infracciones ambientales, sanciones administrativas, controversias judiciales y la oposición sostenida de comunidades del Valle del Huasco.
La clausura definitiva de la explotación no puso término a las disputas sobre el futuro del territorio.
Con El Alto, Barrick intenta desarrollar una nueva campaña de exploración en el mismo yacimiento. Para las comunidades, esa iniciativa vuelve a plantear los riesgos que acompañaron al proyecto original.
La resolución del Segundo Tribunal Ambiental no establece todavía si las nuevas perforaciones son definitivamente incompatibles con el cierre de Pascua Lama. Esa cuestión deberá resolverse mediante una sentencia de fondo.
Pero sí reconoce que existen antecedentes suficientes para impedir que las obras continúen mientras se examinan sus consecuencias.
La decisión también devuelve al centro de la discusión una cuestión que ha acompañado durante años a las comunidades del Huasco: cómo garantizar la protección efectiva de los glaciares, las reservas de agua y los territorios de alta montaña frente a proyectos mineros de gran escala.
Por ahora, Barrick deberá detener las actividades autorizadas por la resolución ambiental suspendida.
El futuro de El Alto permanece abierto. La justicia deberá determinar si puede desarrollarse una nueva exploración en un territorio donde una explotación anterior fue clausurada y donde persisten controversias sobre la protección de los ecosistemas y los derechos de las comunidades indígenas.
