Chile, condenado a tropezar con su propia historia
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Hay momentos en que la historia no regresa como una repetición exacta, sino como un eco. Basta que ciertos errores reaparezcan, que las decisiones de quienes gobiernan comiencen a chocar con la vida cotidiana para que el pasado vuelva a instalarse en la conversación pública.
«La destrucción del pasado, o más bien de los mecanismos sociales que vinculan la experiencia contemporánea del individuo con la de generaciones anteriores, es uno de los fenómenos más característicos y lúgubres de finales del siglo XX. En su mayor parte, los jóvenes, hombres y mujeres, crecen en una suerte de presente permanente sin relación orgánica alguna con el pasado del tiempo en el que viven».
Eric Hobsbawm
En 1982, la soberbia de los Chicago Boys terminó estrellándose contra la realidad económica y social del país. Más de cuatro décadas después, el gobierno de José Antonio Kast parece desoír aquellas advertencias. Aunque los escenarios políticos de 1982-1983 y el actual son estructuralmente distintos —hoy Chile cuenta con instituciones democráticas, elecciones, Congreso, prensa libre y un sistema financiero mucho más sólido—, ambos momentos comparten elementos de fondo inquietantes: la ortodoxia neoliberal, la inflexibilidad ideológica, la convicción de que un mercado todopoderoso lo resuelve todo y el olvido de que la regulación y los contrapesos sí importan.
De la crisis de 1982-1983 a la protesta de los transportistas
Hay momentos en que la historia no regresa como una repetición exacta, sino como un eco. Basta que ciertos errores reaparezcan, que algunas certezas se vuelvan dogmas y que las decisiones de quienes gobiernan comiencen a chocar con la vida cotidiana para que el pasado vuelva a instalarse en la conversación pública. Chile conoce esa experiencia. La crisis de 1982-1983 no fue solamente una caída de indicadores: fue el derrumbe de una promesa y el despertar de un malestar acumulado que terminó desbordando al régimen.
Hoy, frente a las tensiones que enfrenta el país, el verdadero riesgo no es calcar el colapso financiero de 1982, sino subestimar las señales tempranas de descontento social y confiar en que los equilibrios macroeconómicos futuros bastarán para contenerlo. Cabe preguntarse qué ocurre cuando la conducción económica se aferra a una ortodoxia rígida, cuando el ajuste se presenta como una operación puramente técnica y cuando sus costos se descargan sobre hogares y sectores productivos que tienen cada vez menos margen para absorberlos.
Las advertencias formuladas por economistas críticos del manejo del oficialismo, entre ellos Gonzalo Martner, apuntan precisamente a esa distancia entre los supuestos de un programa económico y las condiciones concretas en que viven las personas. Más allá de la disputa estadística sobre la desaceleración, el consumo o el encarecimiento de bienes esenciales, existe una señal política ineludible: cuando la economía deja de ofrecer seguridad, la paciencia social se agota.
Para los críticos del gobierno de José Antonio Kast, la coyuntura adquiere además una resonancia histórica por los vínculos familiares e ideológicos con el experimento neoliberal original. Miguel Kast, hermano mayor del presidente, fue una figura relevante de los Chicago Boys y ocupó responsabilidades de primer orden durante el régimen militar, entre ellas la conducción de Odeplan, el Ministerio del Trabajo y la presidencia del Banco Central. Si bien esa relación no demuestra una continuidad mecánica entre ambos períodos, sí explica por qué las decisiones actuales son observadas a la luz de aquella experiencia.
Desde el Ejecutivo y sus partidarios se argumenta que el deterioro responde a factores externos, restricciones heredadas y a la necesidad de ordenar las cuentas fiscales. El debate, por tanto, no puede reducirse a consignas: la cuestión de fondo es si el rumbo escogido reconoce a tiempo sus costos y si existe conducción política para corregirlos.
1. El experimento de los Chicago Boys y la crisis de 1982-1983
A mediados de los años setenta, Chile se convirtió en uno de los laboratorios más radicales de las reformas inspiradas en la Escuela de Chicago. Bajo la conducción de economistas como Sergio de Castro, Pablo Baraona y el propio Miguel Kast —operador de la micropolítica neoliberal—, se impulsó una apertura comercial unilateral, privatizaciones, liberalización financiera y la retirada del papel regulador del Estado.
La apuesta descansaba en un dogma central: si se liberaban los mercados y se eliminaban las trabas estatales, el mercado todopoderoso asignaría los recursos con máxima eficiencia. Sin embargo, la rapidez de los cambios y la debilidad de los contrapesos abrieron espacio a desequilibrios decisivos. Como han documentado investigadores como Ricardo Ffrench-Davis, Gonzalo Martner (Radiografía crítica al modelo chileno) y Fernando Dahse, la expansión descontrolada del crédito, los vínculos entre bancos y empresas relacionadas y la concentración económica incubaron una fragilidad oculta tras el ingreso de capitales externos.
La ilusión de la estabilidad cambiaria
En junio de 1979, el ministro Sergio de Castro fijó el dólar en 39 pesos. El tipo de cambio sirvió como ancla antiinflacionaria, pero apreció el peso en términos reales, restando competitividad a la producción nacional frente a las importaciones. Cuando cambiaron las condiciones internacionales —alza de tasas en Estados Unidos y reversión de flujos de capital—, el edificio cedió. En junio de 1982 el gobierno devaluó y la crisis estalló: el PIB cayó 13,6 % en 1982 y 2,8 % en 1983, mientras la desocupación efectiva superó el 30 %. En enero de 1983 el Estado debió intervenir la banca y asumir las pérdidas privadas. La paradoja fue brutal: tras predicar la retirada estatal, el sistema necesitó del Estado para evitar su colapso total.
De la crisis económica al desgaste político
La crisis entró en las casas, las ollas comunes y los talleres. En mayo de 1983 comenzaron las Protestas Nacionales: el malestar económico mutó rápidamente en explosión social y política, demostrando que ningún modelo es sostenible si descansa sobre el sacrificio de las mayorías. El régimen se vio forzado a rectificar y dar paso a una conducción más pragmática encabezada por Hernán Büchi —ingeniero con formación en administración, más cercano a referentes desarrollistas como Corea del Sur o Brasil que al purismo de Chicago—. Sin embargo, el giro llegó tarde: el desgaste social ya había erosionado las bases del régimen, alterando el mapa histórico que desembocaría en el triunfo del No en 1988.
El proyecto económico de José Antonio Kast y el debate sobre su conducción
Las propuestas del gobierno de José Antonio Kast y de su ministro de Hacienda, Jorge Quiroz —figura de escaso reconocimiento en el ámbito macroeconómico—, han abierto un flanco sobre sus efectos distributivos y su viabilidad política. Economistas y analistas advierten que una reducción acelerada del gasto público, combinada con rebajas tributarias de gran alcance, puede profundizar el estancamiento en un escenario de bajo dinamismo. Los datos hasta ahora confirman tal advertencia.
El problema no reside en buscar eficiencia fiscal ni en promover la inversión privada, sino en convertir el ajuste en un principio ideológico rígido, indiferente al ciclo económico y a su impacto sobre el empleo y los servicios públicos. A ello se suman los cuestionamientos al perfil del ministro Quiroz, cuya trayectoria está más ligada a la consultoría microeconómica y a su rol como perito en controversias empresariales por casos de colusión que a la conducción fiscal del Estado.
Un programa económico requiere más que convicción doctrinaria: exige negociación, coordinación ministerial, diálogo social y mayorías legislativas. Las fricciones entre los sectores más dogmáticos del oficialismo y las corrientes pragmáticas de la derecha dificultan esa tarea, arriesgando convertir la gestión en una sucesión de señales contradictorias.
Cuando el malestar económico sale a la calle
La economía deja de ser una abstracción cuando el precio del combustible amenaza a un pequeño negocio o cuando una familia debe postergar gastos básicos. Cuando esa experiencia se extiende, el malestar deja de ser una suma de reclamos aislados para convertirse en un problema de gobernabilidad.
La paralización iniciada el 10 de noviembre de 2026 ofreció una prueba elocuente de esa fractura. Convocada por pequeños y medianos transportistas, la protesta escaló rápidamente al articular demandas transversales —revisión del MEPCO, del impuesto específico y de las tarifas de peajes— junto a buses interurbanos, taxis, colectivos, transportes escolares, pescadores artesanales y el movimiento No+TAG.
Frente a este escenario, La Moneda reaccionó tarde y leyó mal el mapa del conflicto. Tras días de rigidez oficial, el acuerdo alcanzado la noche del jueves 12 de noviembre —que revirtió las últimas alzas de combustibles, rebajó en $100 el diésel y congeló los precios hasta marzo de 2027 – evidenció una doble falencia política y económica. Por un lado, el paquete anunciado por Hacienda por U$ 500 millones resulta insuficiente frente a una crisis que, según estimaciones de economistas como Gonzalo Martner, requiere un aporte fiscal de al menos US$ 1.500 millones; más aún cuando el propio fisco ha recaudado millones de dólares adicionales vía IVA gracias al encarecimiento de las bencinas.
Por otro lado, el Ejecutivo cometió el error estratégico de privilegiar la interlocución con dirigentes históricos y afines al mundo institucional —como Sergio Pérez y Juan Araya, de las grandes confederaciones que nunca adhirieron al paro—, desatendiendo a las bases y liderazgos regionales que efectivamente sostenían los bloqueos. La consecuencia quedó a la vista la mañana del viernes 13: lejos de cerrar el conflicto, la persistencia de cortes en Antofagasta, Valparaíso, Santiago, Temuco y Punta Arenas demostró que la representación formal de un gremio no equivale al control de quienes están en la carretera. Al intentar administrar una crisis social mediante acuerdos cupulares y soluciones parciales, el Gobierno abrió una nueva grieta política y debilitó su autoridad frente a otros actores sociales.
La lección que deja la historia: la economía es demasiado importante como para dejarla a cargo solo de economistas
- El dogmatismo tiene límites: Ningún modelo, por coherente que parezca en el papel, es inmune a la realidad. Cuando las alertas sociales se interpretan como obstáculos ideológicos y no como información relevante, el costo de rectificar se multiplica.
- La regulación y los contrapesos importan: Las reformas posteriores a 1983 —como la supervisión bancaria y la autonomía del Banco Central— demostraron que los mercados no se autorregulan virtuosa ni automáticamente; requieren reglas, vigilancia e instituciones independientes.
- La economía también es política: La sostenibilidad de cualquier ajuste depende de su legitimidad social. Gobernar implica administrar restricciones, pero también escuchar, identificar a los interlocutores reales y construir acuerdos genuinos. Rectificar a tiempo y con suficiencia no es debilidad, sino responsabilidad pública.
Epílogo: prestar atención antes de la explosión
Hay una imagen que Chile conoce demasiado bien: una carretera bloqueada por camiones, motores detenidos y la incertidumbre de miles de personas cuya jornada queda suspendida. Un gobierno puede intentar cerrar una negociación sectorial en una oficina, pero el escenario se vuelve crítico cuando los malestares se enlazan en la calle y desbordan los canales institucionales tradicionales.
La experiencia de 1982-1983 obliga a mirar con máxima atención este momento. Hoy el país opera bajo reglas democráticas, lo que otorga al Ejecutivo herramientas institucionales de diálogo que la dictadura no tenía, pero también eleva su exigencia de conducción política. Una economía puede resistir cifras adversas durante un tiempo; lo que difícilmente resiste sin fracturas es la percepción extendida de que el poder gobierna de espaldas a la realidad cotidiana, regateando soluciones mientras la calle le toma la delantera.
Detrás de cada cifra hay una familia; detrás de cada vehículo detenido, una cadena de abastecimiento y un ingreso en riesgo. El desenlace parcial de la movilización de transportistas deja una advertencia inquietante sobre la capacidad de La Moneda para leer y conducir los conflictos que se avecinan. El país no necesita repetir sus traumas para aprender de ellos, pero las autoridades deben comprender a tiempo que el malestar social acumulado, si no encuentra escucha real y respuestas a la altura de la crisis, puede derivar —como ocurrió en 1983— en una explosión social y política de consecuencias imprevisibles. Una crisis no estalla necesariamente el día en que se desploma un indicador; comienza mucho antes, cuando el Gobierno confunde la firmeza con la obstinación y la gobernabilidad con una firma en el papel.
