Chile al Día

Trabajadores y estudiantes marchan contra los recortes de Kast y anuncian nuevas movilizaciones nacionales

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Miles de personas participaron este miércoles en una manifestación por la Alameda, convocada por la CUT, la Confech y organizaciones sociales contra los ajustes del Presupuesto 2027. La protesta reunió a trabajadores, estudiantes, gremios de la salud y pobladores, en una jornada que coincidió con la discusión presupuestaria en el Senado. La movilización terminó con incidentes y denuncias de uso desproporcionado de la fuerza por parte de Carabineros en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Los organizadores anunciaron nuevas protestas para los próximos días.

La Alameda volvió a convertirse este miércoles 18 de noviembre en escenario de una importante movilización social contra las políticas del Gobierno de José Antonio Kast. Miles de trabajadores, estudiantes universitarios y secundarios, funcionarios de la salud y representantes de organizaciones de pobladores marcharon por el centro de Santiago para rechazar los recortes contemplados en el Presupuesto 2027 y exigir mayores recursos para los servicios públicos.

La manifestación, convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y otras organizaciones sociales, formó parte de una jornada de protestas que también tuvo expresiones en distintas regiones del país.

La movilización coincidió con la discusión del proyecto presupuestario en el Senado, donde el Ejecutivo enfrenta cuestionamientos por la reducción de recursos destinados a educación, salud y otras áreas sociales.

Más allá de las demandas específicas de cada sector, la marcha mostró un fenómeno político relevante: la convergencia de organizaciones sindicales, estudiantiles y territoriales en una misma convocatoria, en un contexto de creciente malestar frente a las políticas económicas del Gobierno.

Educación pública: uno de los principales focos del conflicto

Las organizaciones estudiantiles tuvieron una participación destacada en la manifestación.

La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh) y vocera de la Confech, Laura Mlynarz, cuestionó la política presupuestaria del Ejecutivo y criticó a la ministra de Educación, María Paz Arzola, por lo que considera una insuficiente defensa del financiamiento público.

Entre las principales preocupaciones de los estudiantes figuran las reducciones de recursos para universidades estatales, los aportes a instituciones del G9, los programas de fortalecimiento de la educación pública y el financiamiento de los Servicios Locales de Educación Pública.

Las organizaciones también denunciaron que los ajustes podrían traducirse en la salida de más de 1.800 profesores y más de mil educadores de párvulos del sistema educativo.

Estas cifras corresponden a estimaciones de los convocantes y deberán contrastarse con los antecedentes presupuestarios y las dotaciones oficiales. Sin embargo, expresan la preocupación existente por las consecuencias que las restricciones fiscales podrían tener sobre el empleo docente y las condiciones de enseñanza.

La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC), Florencia Yáñez, también cuestionó las reducciones de aportes a las universidades y advirtió sobre sus posibles consecuencias para la calidad y continuidad de diversos programas académicos.

La participación conjunta de federaciones universitarias y organizaciones sindicales constituye uno de los elementos más significativos de la jornada.

La CUT anuncia que las movilizaciones continuarán

El presidente de la CUT, José Manuel Díaz, destacó la amplitud de la convocatoria y señaló que la jornada contemplaba manifestaciones en 24 puntos del país.

La organización sindical sostiene que el proyecto presupuestario profundiza las restricciones sobre servicios esenciales y puede afectar directamente las condiciones de vida de trabajadores, estudiantes y familias.

Las demandas no se limitan al financiamiento de la educación. También incluyen preocupaciones por los recursos destinados a salud pública, vivienda, empleo y protección social.

La convocatoria buscó articular estas reivindicaciones en torno a una crítica común: que el ajuste fiscal impulsado por el Ejecutivo está trasladando parte de sus costos hacia los servicios públicos y los sectores sociales que dependen de ellos.

Las organizaciones anunciaron que continuarán coordinando sus acciones durante noviembre, con nuevas jornadas de protesta convocadas por el Colegio de Profesores, agrupaciones de pobladores y el movimiento No Más AFP.

El calendario contempla un paro nacional docente el 24 de noviembre, movilizaciones relacionadas con las demandas de vivienda el 27 y una jornada convocada por No Más AFP para el 28 de noviembre.

La continuidad de estas actividades dependerá de las decisiones de las respectivas organizaciones, pero muestra que la protesta de este miércoles no fue concebida como una acción aislada.

Denuncias de violencia policial en el GAM

Aunque la movilización se desarrolló mayoritariamente de manera pacífica, hacia el término de la jornada se registraron incidentes en el sector de Plaza Baquedano y el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).

Uno de los episodios más controvertidos ocurrió cuando funcionarios de Carabineros ingresaron a una cafetería del recinto cultural para detener a dos jóvenes que habrían participado en incidentes durante la manifestación.

Según la versión policial, las detenciones estuvieron relacionadas con daños al mobiliario público.

Sin embargo, trabajadores del GAM denunciaron que el procedimiento fue desproporcionado y que Carabineros utilizó gas pimienta en circunstancias que afectaron a funcionarios, personal de seguridad y personas que se encontraban en el lugar.

Yanira Rojas, presidenta del sindicato del centro cultural, relató que en la cafetería había niños, adultos mayores y otros usuarios cuando ingresaron los efectivos policiales.

De acuerdo con su testimonio, durante el procedimiento se produjo un forcejeo con trabajadores de seguridad y posteriormente se utilizó gas pimienta, afectando a personas ajenas a los incidentes.

Los antecedentes difundidos por BioBioChile y Meganoticias incluyen testimonios y registros audiovisuales del operativo.

Las denuncias plantean interrogantes sobre la proporcionalidad del procedimiento y las condiciones en que se efectuaron las detenciones.

Será necesario establecer si existieron personas lesionadas, cuáles fueron los fundamentos del ingreso policial y si las actuaciones se ajustaron a los protocolos institucionales.

Una protesta en medio del deterioro económico

La jornada de movilización coincidió con la publicación de cifras económicas particularmente negativas.

El Banco Central informó este miércoles que el Producto Interno Bruto cayó 1,1% durante el tercer trimestre de 2026, mientras la inversión fija se contrajo 6,7% y la demanda interna disminuyó 1,1%.

Estos resultados profundizan las dificultades económicas del Gobierno, que enfrenta simultáneamente una actividad productiva debilitada y crecientes cuestionamientos a sus prioridades presupuestarias.

Durante la misma jornada, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que incorporará al Presupuesto 2027 los US$160 millones destinados al Fondo Autónomo de Protección Previsional, después de que la oposición parlamentaria cuestionara su omisión y recordara el pronunciamiento de Contraloría sobre la obligación de realizar el aporte durante el próximo año.

No existen antecedentes para atribuir directamente esta rectificación a la marcha de la CUT y la Confech. El cambio respondió a una controversia jurídica y a presiones parlamentarias específicas.

Sin embargo, ambos acontecimientos expresan un escenario en el que las decisiones presupuestarias del Ejecutivo enfrentan resistencias tanto dentro del Congreso como desde las organizaciones sociales.

La convergencia de un malestar más amplio

La movilización de este miércoles se suma a otras protestas estudiantiles y sociales registradas durante las últimas semanas.

Su particularidad reside en la participación simultánea de organizaciones que representan demandas diferentes, pero que identifican en la política presupuestaria del Gobierno un problema común.

Los estudiantes cuestionan los recursos destinados a educación; los trabajadores de la salud advierten sobre las consecuencias de las restricciones fiscales; los sindicatos reclaman mejores condiciones laborales y las organizaciones de pobladores exigen respuestas frente al déficit habitacional.

Esta convergencia no significa que exista todavía un movimiento social unificado ni permite anticipar la magnitud de futuras protestas. Pero muestra una disposición creciente a coordinar acciones entre sectores que hasta ahora habían desarrollado buena parte de sus movilizaciones de manera separada.

La comparación con el reciente conflicto de los camioneros también forma parte del debate sobre las prioridades gubernamentales.

Mientras el Ejecutivo comprometió recursos estimados en unos US$700 millones para resolver las demandas de los transportistas, distintas organizaciones sociales denuncian restricciones presupuestarias en áreas esenciales.

Se trata de compromisos fiscales de distinta naturaleza, pero el contraste ha alimentado las críticas sobre los criterios utilizados para responder a las demandas de unos y otros sectores.

La marcha de este miércoles deja así una señal política que trasciende el número de manifestantes.

En momentos en que el Gobierno intenta aprobar un presupuesto marcado por ajustes y controversias, trabajadores y estudiantes han comenzado a construir espacios comunes de movilización.

La continuidad de las protestas anunciadas para las próximas semanas permitirá observar si esta convergencia se consolida como un movimiento social más amplio frente a las políticas económicas y presupuestarias del Gobierno de José Antonio Kast.

 

Redacción El Clarín

 

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