
COP31 al borde del fracaso: desaparecen los combustibles fósiles del acuerdo y se debilita el financiamiento climático
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La conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático, reunida en Antalya, Turquía, entró este viernes en una prolongación de sus negociaciones tras eliminar del borrador de acuerdo las referencias a la reducción del petróleo, el carbón y el gas. También desapareció una meta de US$120.000 millones anuales para ayudar a los países en desarrollo a enfrentar los efectos del calentamiento global. La resistencia de los productores de hidrocarburos y las diferencias sobre quién debe financiar la transición amenazan con dejar a la COP31 sin avances sustantivos.
La 31.ª Conferencia de las Partes de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP31) llegó este viernes 20 de noviembre a su jornada de cierre sin un acuerdo sobre los asuntos fundamentales que habían concentrado dos semanas de negociaciones: la reducción de los combustibles fósiles, el financiamiento de la adaptación climática y las obligaciones de los países desarrollados frente a las naciones más vulnerables.
La reunión, celebrada en la ciudad turca de Antalya, congregó a delegaciones de casi 200 países. Sin embargo, el documento presentado el jueves por la presidencia de la conferencia provocó fuertes críticas porque eliminó compromisos que figuraban en versiones anteriores.
La modificación más significativa fue la desaparición de las referencias explícitas a los combustibles fósiles, responsables de la mayor parte de las emisiones de dióxido de carbono que provocan el calentamiento global.
El nuevo borrador tampoco incluyó la meta de alcanzar al menos US$120.000 millones anuales para financiar la adaptación de los países en desarrollo hacia 2035.
La supresión de ambos elementos dejó a la conferencia ante una contradicción: mientras reconoce la gravedad de la crisis climática, el texto evita precisar cómo reducir el uso de sus principales causantes y cuánto dinero estará disponible para enfrentar sus consecuencias.
Del compromiso de Dubái al silencio de Antalya
En 2023, la COP28 celebrada en Dubái alcanzó un acuerdo que, por primera vez en la historia de estas conferencias, llamó a avanzar hacia una transición que permitiera abandonar progresivamente los combustibles fósiles en los sistemas energéticos.
Aunque aquella formulación no establecía un calendario obligatorio de eliminación, representó un reconocimiento político de la necesidad de reducir la dependencia mundial del petróleo, el gas y el carbón.
Tres años después, la COP31 enfrenta dificultades para conservar siquiera esa referencia.
El primer borrador difundido el 16 de noviembre incluía alternativas que reafirmaban el compromiso de Dubái y proponían acelerar la transición energética.
Sin embargo, la versión revisada del jueves 19 eliminó ambas posibilidades.
Según Reuters, la modificación respondió, entre otros factores, a las objeciones de Arabia Saudita y otros grandes productores de petróleo y gas.
Estos países han defendido posiciones que buscan preservar un margen amplio para la explotación de hidrocarburos y rechazan compromisos internacionales que puedan traducirse en restricciones a su producción.
La controversia no se limita a una disputa de palabras. La ausencia de referencias explícitas a los combustibles fósiles dificulta establecer compromisos políticos que orienten las decisiones de inversión, los planes energéticos nacionales y las políticas de reducción de emisiones.
El documento todavía no constituye un acuerdo definitivo. Las delegaciones continúan negociando y no puede descartarse que las referencias eliminadas reaparezcan en una nueva versión.
La protesta de los países vulnerables
La decisión provocó críticas de organizaciones ambientales y gobiernos que consideran insuficiente la respuesta internacional frente al calentamiento global.
El ministro de Medio Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro, advirtió que su país no aceptaría un documento final que omitiera los combustibles fósiles.
Panamá ha planteado exigencias que incluyen compromisos sobre producción petrolera, financiamiento climático y cumplimiento de metas anteriores.
También diversos pequeños Estados insulares han reclamado medidas más ambiciosas. Para ellos, el aumento del nivel del mar, la erosión costera y los fenómenos meteorológicos extremos representan amenazas directas para su territorio, su infraestructura y sus posibilidades de desarrollo.
La organización Power Shift Africa cuestionó que el nuevo texto fuera menos exigente que el presentado al comienzo de la semana.
Greenpeace y otras organizaciones ambientales advirtieron que la conferencia podría concluir sin avances relevantes respecto de compromisos anteriores.
La preocupación se produce cuando los informes científicos muestran que el planeta continúa calentándose y que las políticas vigentes resultan insuficientes para mantener el aumento de temperatura dentro del límite de 1,5 °C establecido como aspiración en el Acuerdo de París.
El dinero que desapareció del borrador
La segunda controversia central está relacionada con el financiamiento climático.
En la primera versión del documento, la presidencia de la COP31 propuso que los recursos destinados a adaptación en países en desarrollo alcanzaran al menos US$120.000 millones anuales en 2035.
La adaptación comprende medidas como infraestructura contra inundaciones, protección de fuentes de agua, prevención de incendios, sistemas de alerta temprana, protección costera y transformación de actividades agrícolas expuestas a sequías o temperaturas extremas.
El nuevo borrador mantuvo una referencia general a triplicar el financiamiento, pero eliminó la cifra concreta de US$120.000 millones.
La diferencia es importante.
Un compromiso expresado únicamente como multiplicación de recursos puede resultar difícil de evaluar si no establece claramente el monto inicial, los plazos y los mecanismos para garantizar su cumplimiento.
Según estimaciones del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, las necesidades de financiamiento para adaptación en los países en desarrollo podrían alcanzar unos US$305.000 millones anuales hacia 2035.
Incluso la meta eliminada de US$120.000 millones habría cubierto solamente una parte de esas necesidades.
La controversia refleja una división persistente entre países industrializados y economías en desarrollo.
Estas últimas sostienen que las naciones que acumularon mayores emisiones históricas deben asumir una responsabilidad financiera proporcional por los daños derivados del calentamiento global.
Los países desarrollados, por su parte, discuten el alcance de sus compromisos, las fuentes de financiamiento y la participación que deben tener las economías emergentes.
A ello se agrega una dificultad práctica: una parte del financiamiento climático llega mediante préstamos, lo que puede aumentar el endeudamiento de países que ya enfrentan graves restricciones fiscales.
Electrificación sin garantías de abandonar los hidrocarburos
Uno de los elementos que permaneció en el borrador fue la propuesta de elevar al 35% la participación de la electricidad en el consumo final mundial de energía hacia 2035.
La iniciativa, promovida por la presidencia de las negociaciones, busca acelerar la electrificación del transporte, la industria y otros sectores que actualmente dependen de combustibles fósiles.
El objetivo podría contribuir a reducir emisiones si el crecimiento de la generación eléctrica se apoya principalmente en fuentes renovables y otras tecnologías de bajas emisiones.
Sin embargo, la formulación ha recibido críticas porque no establece de manera suficientemente precisa de dónde deberá provenir esa electricidad.
La electrificación, por sí sola, no garantiza una reducción de emisiones si la electricidad adicional se produce quemando carbón o gas.
También se cuestiona el énfasis del borrador en tecnologías de captura y eliminación de dióxido de carbono.
Estas herramientas pueden desempeñar determinadas funciones en la mitigación climática, especialmente en actividades difíciles de descarbonizar. Pero organizaciones ambientales advierten que no deberían utilizarse como justificación para prolongar indefinidamente la expansión de los combustibles fósiles.
La discusión revela una diferencia de fondo: algunos gobiernos prefieren concentrarse en nuevas tecnologías y mejoras de eficiencia, mientras otros reclaman compromisos explícitos para disminuir la extracción y el consumo de hidrocarburos.
Chile y América Latina frente a una negociación decisiva
El resultado de Antalya tiene implicaciones directas para América Latina.
La región reúne países exportadores de petróleo y gas, economías con grandes posibilidades de expansión de energías renovables y territorios especialmente vulnerables a los efectos del calentamiento global.
Brasil, Colombia, Venezuela y México enfrentan debates sobre el futuro de sus industrias de hidrocarburos, mientras países como Chile cuentan con importantes recursos solares y eólicos y buscan ampliar su participación en nuevas cadenas de producción energética.
Pero la transición energética no elimina la necesidad de financiar la adaptación.
En Chile, la prolongada sequía en numerosas cuencas, los incendios forestales, el retroceso de glaciares, las olas de calor y las inundaciones representan riesgos crecientes para las comunidades, la agricultura, la infraestructura y los ecosistemas.
Las necesidades de inversión son particularmente importantes en territorios rurales y zonas con menor capacidad de respuesta institucional.
Por eso, el debilitamiento de los compromisos internacionales de financiamiento puede afectar las posibilidades de los países de acceder a recursos y cooperación para enfrentar estos riesgos.
También existe una dimensión social.
Los costos de la transición energética y de la adaptación climática no se distribuyen de manera uniforme. Los hogares de menores ingresos, los pequeños agricultores y las comunidades expuestas a riesgos ambientales suelen disponer de menos recursos para protegerse.
La discusión internacional sobre financiamiento, por tanto, no se limita a las relaciones entre gobiernos. También influye en las posibilidades de proteger a las poblaciones más vulnerables.
Una conferencia que puede prolongarse
La presidencia turca de la COP31 y Australia, encargada de conducir las negociaciones, han defendido la necesidad de alcanzar un acuerdo aceptable para el conjunto de las delegaciones.
El ministro australiano Chris Bowen ha sostenido que la electrificación es indispensable para mantener los objetivos climáticos y ha insistido en la importancia de avanzar en la aplicación de compromisos ya adoptados.
Sin embargo, la búsqueda de consenso enfrenta un obstáculo estructural: las decisiones de estas conferencias requieren un acuerdo amplio entre países con intereses económicos, capacidades financieras y responsabilidades históricas muy diferentes.
Las negociaciones de Antalya han comenzado a extenderse más allá del calendario previsto.
Todavía podrían surgir nuevas propuestas o acuerdos parciales. También es posible que algunos países impulsen compromisos mediante coaliciones más reducidas, fuera del texto general de la conferencia.
De hecho, durante la COP31 varias naciones han anunciado iniciativas propias para acelerar la transición energética y reducir su dependencia de los combustibles fósiles.
Estos acuerdos pueden producir avances concretos, aunque no sustituyen un compromiso internacional más amplio.
El problema de fondo: reconocer la crisis sin acordar cómo enfrentarla
La COP31 se encuentra ante una dificultad que ha acompañado a buena parte de las negociaciones climáticas de las últimas décadas.
Existe un amplio reconocimiento científico de las causas y consecuencias del calentamiento global. También hay consenso sobre la necesidad de reducir emisiones y fortalecer la capacidad de adaptación de las sociedades.
Las diferencias aparecen cuando deben establecerse obligaciones, calendarios, responsabilidades financieras y restricciones a actividades económicas concretas.
La eliminación de las referencias a los combustibles fósiles y de una meta cuantificada de financiamiento muestra la distancia entre los objetivos generales y las decisiones necesarias para alcanzarlos.
El desenlace de Antalya todavía está abierto.
Pero la discusión de estos días deja una pregunta que trasciende esta conferencia: si los gobiernos reconocen que el calentamiento global amenaza las condiciones de vida de millones de personas, ¿por qué continúa siendo tan difícil acordar la reducción de los combustibles que lo provocan y los recursos necesarios para enfrentar sus consecuencias?
La respuesta dependerá no solamente del documento que finalmente se apruebe, sino de las decisiones económicas y políticas que adopten los países después de abandonar Antalya.
Fuentes: Reuters, AP, The Guardian.
