La desaparición de Julia Chuñil Catricura, dirigenta mapuche de 72 años, ocurrida el 8 de noviembre de 2024 en Máfil, Región de Los Ríos, sigue siendo una herida abierta que desnuda la fragilidad de los derechos humanos en Chile y la desprotección que enfrentan los defensores ambientales.
Luego de conocerse la declaración entregada por las abogadas de la familia de Julia Chuñil dando cuenta de la existencia de un audio en donde se expresa que “a Julia Chuñil la quemaron”, a lo largo del territorio nacional se han programado y realizado una serie de actividades de denuncia de este brutal hecho y exigiendo verdad u justicia para Julia Chuñil Catricura.
En medio de cifras históricas de ganancias, los trabajadores de Cencosud denunciaron una nueva ola de despidos masivos en distintas filiales de la compañía, afectando a empleados de Jumbo, Santa Isabel, Easy y Paris.
Pescadores artesanales de Aysén presentaron una querella criminal contra la empresa COPEC S.A. tras el derrame de hidrocarburos ocurrido en la bahía de Puerto Chacabuco, el cual habría generado un grave daño ambiental y profundos perjuicios económicos para la comunidad local.
“La quemaron”, dijo Juan Carlos Morstadt a su padre, por teléfono, refiriéndose a Julia Chuñil Catricura, la dirigenta mapuche desaparecida desde el territorio ancestral en disputa en Los Laureles, comuna de Máfil, Región de Los Ríos.
La organización de derechos humanos Londres 38, espacio de memorias, emitió una declaración pública tras el reportaje televisivo que reveló que Bernarda Vera, registrada como detenida desaparecida, podría estar viviendo en Argentina.
El Sindicato N°2 de trabajadores de Salcobrand denunció la presencia de una plaga de ratones e insectos en el Local 356 de la cadena farmacéutica, ubicado en Centenario 102, San Antonio, Santiago.
A casi un año de la desaparición de la dirigenta mapuche y defensora del territorio, Julia Chuñil Catricura, su familia y organizaciones de derechos humanos dieron a conocer un antecedente que podría marcar un giro en la investigación.
La Agrupación de Familiares de Ejecutadas y Ejecutados Políticos (AFEP) emitió una declaración pública en la que reafirma su compromiso con la verdad, la justicia y la reparación frente a los crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet.