
El pasado 12 de marzo de 2025, el Congreso peruano aprobó una ley que amplía significativamente la autoridad del gobierno sobre las organizaciones que reciben financiamiento extranjero. Según HRW, el lenguaje vago y amplio de la norma permitiría al Ejecutivo sancionar arbitrariamente a grupos que critiquen sus políticas. Esta medida se enmarca dentro de un patrón más













