Cuando el Gobierno deja de explicar: la pregunta que Quiroz aún no responde
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Las buenas políticas públicas no se sostienen únicamente sobre mayorías parlamentarias.
Se sostienen, sobre todo, en la capacidad de convencer a la ciudadanía de que las decisiones adoptadas son razonables, justas y responden al interés general.
Por eso, cuando una medida genera una controversia amplia y transversal, el deber del Gobierno no consiste en cerrar el debate con un «se acabó». Consiste en explicar por qué eligió ese camino y no otro.
Eso es precisamente lo que está ocurriendo con la compensación a los municipios por la eliminación de las contribuciones para los mayores de 65 años.
La polémica ya no gira en torno a la conveniencia de ayudar a las personas mayores. Ese consenso prácticamente existe. Tampoco se discute si los municipios deben ser compensados por los ingresos que dejarán de percibir. Nadie propone desfinanciarlos.
La verdadera discusión es otra.
¿Por qué el Gobierno decidió que la compensación debía hacerse de manera que las comunas que hoy más recaudan por contribuciones sean también las que más recursos reciban del presupuesto nacional?
Hasta ahora esa pregunta no ha tenido respuesta.
Una discusión que cambió de naturaleza
Durante los primeros días el Ejecutivo intentó presentar el debate como una confrontación entre el Gobierno y algunos alcaldes del Frente Amplio.
Sin embargo, esa lectura comenzó a derrumbarse rápidamente.
El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, resumió el argumento en una frase que desplazó completamente la discusión:
«Los alcaldes no estamos pidiendo más plata. Estamos pidiendo que la misma plata se distribuya con criterios mínimos de justicia.»
No es una demanda de mayor gasto.
No es una reivindicación ideológica.
Es una discusión sobre la forma en que el Estado distribuye recursos que pertenecen a todos los contribuyentes.
Poco después la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, endureció aún más el cuestionamiento.
Recordó la antigua consigna de la derecha —»con mi plata no»— para invertir completamente el argumento.
Ahora, sostuvo, serán precisamente los impuestos pagados por vecinos de comunas populares los que ayudarán a financiar presupuestos municipales de comunas con mayores ingresos.
La discusión dejó entonces de ser tributaria.
Se convirtió en una discusión sobre justicia territorial.
Cuando incluso la UDI discrepa
Pero el hecho políticamente más significativo ocurrió después.
El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, militante de la UDI, tomó distancia de la fórmula propuesta por el propio Gobierno.
«No quise firmar la carta que suscribieron varios alcaldes de mi sector», declaró.
Y explicó por qué.
Porque, a su juicio, la propuesta es «regresiva».
No utilizó eufemismos.
No habló de ajustes técnicos.
Utilizó exactamente el mismo concepto que venían empleando los alcaldes de oposición.
Agregó además un argumento difícil de ignorar.
Si el Gobierno insiste desde hace meses en que las finanzas públicas atraviesan una situación estrecha y que por ello resulta indispensable contener el gasto, ¿cómo se justifica destinar alrededor de $190 mil millones para compensar principalmente a las comunas que más ingresos obtienen por contribuciones?
La pregunta ya no proviene únicamente del Frente Amplio.
Proviene también desde la derecha.
Y eso cambia completamente la naturaleza del debate.
Lo que Quiroz no respondió
Fue en ese contexto cuando el ministro Jorge Quiroz respondió:
«Si los alcaldes prefieren que no se compense, no se compensa. Se acabó.»
La frase llamó la atención por su tono.
Pero el verdadero problema no es el tono.
Es que el ministro no respondió la pregunta.
Nadie estaba pidiendo eliminar la compensación.
Los alcaldes proponían otra forma de distribuir exactamente los mismos recursos.
Una alternativa era fortalecer el Fondo Común Municipal, instrumento creado precisamente para corregir las enormes diferencias de ingresos entre comunas.
Otra posibilidad era focalizar el beneficio según ingresos o patrimonio, evitando que propietarios de viviendas de alto valor recibieran el mismo tratamiento que adultos mayores con dificultades económicas.
Ambas opciones fueron discutidas públicamente.
El Gobierno las descartó.
Lo que aún no ha explicado es por qué.
Gobernar también es justificar
En democracia las decisiones políticas no necesitan ser unánimes.
Pero sí necesitan ser justificadas.
Cuando un gobierno modifica el sistema tributario, decide quién paga impuestos y quién deja de pagarlos.
Cuando modifica la forma en que se distribuyen los recursos públicos, decide quién recibe más y quién recibe menos.
Esas decisiones nunca son neutras.
Expresan una determinada idea de justicia.
Por eso no basta con afirmar que una comisión mixta aprobó la fórmula o que ahora corresponde votarla.
La pregunta sigue siendo exactamente la misma.
¿Por qué esa fórmula resulta más justa que las alternativas disponibles?
Hasta ahora Hacienda no ha entregado una explicación convincente.
La contradicción fiscal
Existe además una tensión difícil de ignorar.
Desde el inicio de su mandato el Gobierno ha insistido en la necesidad de reducir el gasto público.
La estrechez fiscal ha servido para justificar recortes presupuestarios, moderación del gasto y llamados permanentes a la austeridad.
Sin embargo, cuando se trata de compensar la eliminación de contribuciones, aparecen recursos que el propio Ejecutivo estima en torno a los $190 mil millones anuales.
La contradicción se vuelve aún más evidente mientras el país enfrenta nuevos desafíos territoriales.
Las lluvias e inundaciones en Atacama y Coquimbo obligarán inevitablemente al Estado a financiar reconstrucción de viviendas, infraestructura, caminos, escuelas y sistemas sanitarios.
Es decir, las necesidades fiscales aumentan.
Y al mismo tiempo la megarreforma reduce ingresos permanentes y crea nuevas obligaciones de gasto.
La pregunta ya no es solamente económica.
Es política.
¿Cuáles son hoy las prioridades del Estado?
La política detrás de los números
El Gobierno ha intentado presentar esta discusión como un asunto técnico.
No lo es.
Toda política tributaria expresa una determinada concepción de sociedad.
Compensar exactamente lo que pierde cada municipio significa conservar la distribución actual de recursos.
Fortalecer el Fondo Común Municipal habría significado avanzar hacia una mayor redistribución territorial.
Focalizar el beneficio habría significado privilegiar la necesidad económica por sobre el valor de las propiedades.
Cada alternativa representa una idea distinta de justicia.
El Ejecutivo eligió una.
Tiene pleno derecho a hacerlo.
Lo que no puede hacer es evitar explicar por qué la considera la mejor.
El verdadero riesgo
Quizás el problema más profundo no sea la fórmula finalmente aprobada.
Las leyes pueden modificarse.
Los mecanismos pueden perfeccionarse.
Lo verdaderamente preocupante sería instalar la idea de que basta contar los votos para dejar de rendir cuentas sobre las decisiones adoptadas.
Cuando un ministro responde «se acabó», puede cerrar una conferencia de prensa.
Lo que no puede cerrar es la deliberación democrática.
Porque la democracia no termina cuando termina la votación.
Empieza precisamente ahí.
Es entonces cuando quienes gobiernan deben explicar por qué decidieron beneficiar a unos y no a otros, por qué descartaron alternativas y por qué consideran que el costo de esas decisiones será justo para el conjunto del país.
Hasta ahora, esa explicación sigue pendiente.
Y mientras no llegue, continuará creciendo una pregunta que ya no formulan solamente alcaldes de oposición, sino también autoridades de distintos sectores políticos.
¿Por qué todos los contribuyentes deben financiar íntegramente la pérdida de ingresos de las comunas que más recaudan por contribuciones?
Es una pregunta simple.
Simón del Valle
Este debate se produce en medio de la tramitación de la megarreforma impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast. La propuesta de exención de contribuciones para adultos mayores, la compensación a los municipios, las críticas del ministro Jorge Quiroz y las posiciones expresadas por alcaldes como Tomás Vodanovic, Javiera Reyes y Agustín Iglesias han abierto una discusión sobre el financiamiento municipal, el Fondo Común Municipal y la desigualdad territorial en Chile.
