
Frente a los avances científicos y la creciente demanda social por el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, resulta urgente replantear el enfoque jurídico del aborto para sustraerlo del dominio teológico y someterlo, como cualquier política pública en un Estado aconfesional y con un sistema democrático, al escrutinio de la evidencia














