En democracia, el poder del Estado no es solo una herramienta de gobierno: es también una responsabilidad moral. Cuando el Estado usa la fuerza —a través de policías o militares— lo hace en nombre de toda la sociedad. Por eso, cuando esa fuerza se usa de manera ilegal o abusiva, la obligación del sistema democrático es clara: investigar, juzgar y sancionar.
