No se trata de una acusación penal contra el economista, quien no ha sido formalizado ni investigado por estos hechos. Tampoco se le atribuye haber diseñado carteles. El punto es otro: la coherencia política y ética de quien asumirá la conducción de la política fiscal y económica del país, tras haber intervenido como experto en defensa de compañías que atentaron contra la
