Un informe de Rystad Energy revela que si el barril se mantiene en US$ 100, cinco grandes petroleras embolsarían US$ 162.000 millones extra. En Chile, el gobierno decidió no absorber el alza, trasladando el costo a las familias.
Hay frases que no deberían salir jamás de boca de una autoridad. Decir “el Estado está en quiebra” es una de ellas. No solo es una exageración, sino un tiro en el pie. Porque ese tipo de declaraciones disparan el riesgo país, encarecen la deuda y espantan la inversión extranjera. La credibilidad fiscal no se recupera con un comunicado de prensa.
El mensaje es claro: herencia desastrosa, Estado devastado, manos atadas. Es un relato útil para justificar decisiones impopulares y trasladar costos al pasado.
Pero ese relato se construye sobre una distorsión deliberada. Chile no está en quiebra. Tiene déficit. Tiene deuda. Como la mayoría de los países después de una pandemia global
La filtración de la minuta comunicacional elaborada por el Gobierno de Chile para enfrentar el alza de los combustibles revela mucho más que una estrategia técnica: expone un diseño político cuidadosamente estructurado para instalar un relato, ordenar vocerías y anticipar el conflicto con la oposición en un escenario económico complejo.
El Partido Socialista de Chile emitió una dura declaración pública en la que cuestiona las recientes medidas del gobierno en materia de combustibles, particularmente el ajuste al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), acusando que tendrá efectos directos en el costo de vida de las familias chilenas.
Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 39 segundosEl reciente mensaje publicado en la red social X por el diputado Jaime Araya ha abierto un nuevo frente de tensión entre el Congreso y el Ejecutivo, en medio de un debate que combina economía, política y el impacto directo en el bolsillo de las familias chilenas. Con […]
El Ministerio de Hacienda confirmó este lunes una de las mayores alzas recientes en los precios de los combustibles en Chile, con incrementos que fluctúan entre $370 por litro en gasolinas de 93 octanos y hasta $580 por litro en el diésel. La medida, que comenzará a regir desde el jueves 26 de marzo, marca un punto de inflexión en la política de estabilización de precios y
Hay decisiones económicas que se explican por convicción. Y otras que, con el paso de los días, comienzan a parecer una negación de la realidad. El ajuste fiscal impulsado por el gobierno de José Antonio Kast empieza a ubicarse peligrosamente en esta segunda categoría: una apuesta ideológica aplicada justo cuando el contexto internacional exige lo contrario.