Gobierno argentino decreta cepo cambiario para evitar un estallido financiero

Con esta decisión suma otra de las varias medidas urgentes que viene aplicando desde el pasado 12 de agosto, un día después de los comicios primarios, cuando el dólar pegó un salto duro devaluando en casi un 25 por ciento la moneda nacional y pese a varias iniciativas aún no logran controlarlo.

Para sorpresa de muchos, la noticia se conoció un domingo, en el primer día de este septiembre tras un agosto turbulento, que puso al gobierno aún más en crisis y al mandatario en su más difícil momento a cuatro meses de que termine su mandato.

La normativa agrega que las grandes empresas exportadoras deberán solicitar permiso al Banco Central para el acceso al mercado de cambios y las transferencias al exterior también requerirán autorización previa.

El Banco, apunta el decreto, ‘establecerá los supuestos en los que el acceso al mercado de cambios para la compra de moneda extranjera y metales preciosos amonedados y las transferencias al exterior requerirán autorización previa, con base en pautas objetivas en función de las condiciones vigentes en el mercado cambiario’.

Al justificar la decisión, se señala que ‘ante diversos factores que impactaron en la evolución de la economía argentina y la incertidumbre provocada en los mercados financieros, el Poder Ejecutivo se vio en la necesidad de adoptar una serie de medidas extraordinarias tendientes a asegurar el normal funcionamiento de la economía, sostener el nivel de actividad y empleo y proteger a los consumidores’.

Ante los recientes acontecimientos económico-financieros desencadenados, de público conocimiento, y la incertidumbre generada en el marco del proceso eleccionario en curso, es necesario adoptar medidas transitorias y urgentes para regular con mayor intensidad el régimen de cambios y, de esa forma, fortalecer el normal funcionamiento de la economía, agrega.

Por otro lado sostiene que dada la naturaleza de las medidas adoptadas, se considera apropiado facultar al Banco Central para establecer reglamentaciones que eviten prácticas y operaciones que persigan eludir, a través de títulos públicos u otros instrumentos, lo dispuesto en esta medida.