Opinión política

Telescopio: fortalecer el Estado, debilitar su centralización

Al momento que escribo estas líneas persiste mucha incertidumbre sobre el proceso que debe llevar a cabo la redacción de una nueva constitución. Las propuestas abundan y hay también una gran fragmentación en cuanto a las prioridades que quienes discutan en la instancia constituyente deberán abordar. Sin embargo, si es que hay una premisa que un amplio arco de la ciudadanía persigue como objetivo, ese es el de remover aquella caracterización del Estado como “subsidiario”. La noción que los sectores mayoritarios parecen favorecer es la de “Estado solidario”, por cierto, reflejo de una visión muy diferente a la ideología neoliberal que implantó la dictadura.

Haciendo un poco de historia, es curioso y a más de alguno le puede parecer un tanto contradictorio que en especial desde las trincheras de la izquierda se promueva un mayor rol para el Estado, habida cuenta que si se lee a los clásicos del socialismo, empezando por Marx y Engels, el Estado es visto como el enemigo. Más aun, aunque Marx siempre evitó elucubrar demasiado sobre la sociedad comunista que propiciaba, una cosa que sí afirmó y muy categóricamente, fue que esa sería una sociedad sin Estado. Como sabemos, y paradojalmente, todas las experiencias de lo que se conoció como el socialismo real, desde la Unión Soviética, pasando por los países de Europa Oriental, hasta las experiencias socialistas en países tercermundistas, reforzaron el rol del Estado, no sólo en la economía, sino en todas las esferas de la vida social.  Las experiencias socialdemócratas, de manera diferente, también fortalecieron al Estado ¿Cómo se explica esta aparente contradicción?

 

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Para empezar a responder hay que decir que hasta el siglo 19, cuando vemos emerger toda la literatura de los clásicos del pensamiento socialista, el Estado en verdad tenía una muy mala imagen y con razón, producto de las funciones que hasta ese momento había ejercido. El Estado estaba asociado fundamentalmente a dos tareas, ninguna de las dos particularmente gratas para el común de la gente: la recolección de impuestos y hacer la guerra, tanto a otros como a sus propios pueblos. Tareas por lo demás muy ligadas entre sí: los impuestos, aparte de mantener a las cortes y demás estructuras burocráticas de cada país, se destinaban fundamentalmente al mantenimiento de fuerzas armadas, que especialmente a partir del siglo 18 se apoyarán crecientemente en tecnologías de combate que las hacen aun más caras. Derivado del rol militar va a estar también el rol represivo que esas fuerzas armadas o las más especializadas fuerzas policiales, ejercerán contra sus propios pueblos en cada país, cada vez que las clases dominantes se veían amenazadas.

 

Puede parecer curioso para nuestro público contemporáneo, pero tareas que hoy asociamos con el Estado, sea que él mismo las haga o al menos las regule, como la educación, la salud, la asistencia social, hasta el siglo 19 estaban en manos de las iglesias –parte de su rol caritativo– o de otras entidades privadas. La primera vez que un Estado se ve forzado a aliviar los efectos de una catástrofe nacional, por ejemplo, es con motivo de la hambruna en Irlanda de 1845 a 1849, cuando el Estado británico, entonces poder colonial en ese país, debió enviar asistencia en forma de alimento a ese territorio. Y eso fue hecho después de largo debate en el parlamento de Londres sobre si era tarea de la autoridad efectuar esa asistencia. Asistencia que por lo demás fue notoriamente insuficiente: se calcula que la hambruna causó un millón de muertes y forzó a otros tantos irlandeses a emigrar, principalmente a Estados Unidos y Canadá.

 

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¿Cuándo entonces aparece la faz amable del Estado? Esencialmente ello ocurre por el rol que el Estado asume tanto en la Unión Soviética, como en las experiencias de la socialdemocracia en diversos países europeos en la primera mitad del siglo 20. El Estado entonces en su nuevo papel, como providente, como benefactor, entregando educación pública, atención de salud, asistencia a los pobres, promotor y administrador de sistemas previsionales, así como activo –como lo hace hasta hoy en muchos países– en la construcción de viviendas, la administración de servicios de transporte ferroviario y urbano, incluso actuando a veces como generoso mecenas para la propagación de la cultura y las artes.

 

En Chile, como en otros países del continente, ese nuevo papel del Estado se vino dando principalmente a partir de los años 20 del siglo pasado: ley de educación primaria obligatoria en 1920, la educación como “atención preferente del Estado” en la constitución de 1925, creación del seguro obrero y otras cajas previsionales, transformación de la que primero se llamó Beneficencia Pública, en Servicio Nacional de Salud, esto último marcando una evolución desde un rol meramente caritativo a uno que implica un deber de la autoridad hacia sus ciudadanos.

 

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Como sabemos, en Chile el golpe militar y la dictadura que lo siguió, desmantelaron todo ese rol central que el Estado había tenido desde los años 20 para imponer en cambio esta noción de “Estado subsidiario” para así poder consagrar la subordinación de los que antes fueron servicios públicos, a los intereses comerciales que tomaron control de esas prestaciones. Los efectos de ese desquiciamiento de las funciones del Estado se siguen viviendo hasta hoy en Chile. Algo que de algún modo está en la raíz de las causas del presente estallido social.

 

La coyuntura de producir una nueva constitución –aun con todas las incertidumbres existentes y los renuncios de algunos– abre las posibilidades de restituir el rol central que el Estado debe tener en el Chile del futuro. Pero ojo, ello no debe significar restituir las malas prácticas del Estado pre-dictadura militar. Hay que fortalecer el rol del Estado, tanto como regulador como directo ejecutor de prestaciones en la salud, la educación, la administración de fondos de pensiones, el transporte público, así como en áreas que en el siglo 20 aun no se visualizaban, como la protección del medio ambiente. Sin embargo al mismo tiempo hay que debilitar la centralización de que el Estado chileno adoleció de manera persistente en casi toda su historia y que se prolonga hasta hoy.

 

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También es importante aclarar que cuando se habla de “Estado” mucha gente aun tiende a confundir el término con “Gobierno” y claro, ello provoca más confusión. He leído por ahí que hasta hubo gente que celebró la destrucción de algunas estaciones de metro porque habían sido inauguradas por Piñera… Un absurdo total, producto también de una gran ignorancia. El Estado tiene una permanencia, por ejemplo el Estado chileno existe sin interrupciones desde el siglo 19 y ha permanecido como tal bajo gobiernos tan ilustres como el de Allende o tan brutales como el de Pinochet. Los gobiernos pasan, el Estado se mantiene. (En los hechos son raros los casos en que un Estado deje de existir, puede haber casos de destrucción desde fuera como cuando Alemania Nazi invade Polonia, o situaciones de nacionalismos internos que operan como fuerzas centrífugas, como fueron los casos de la Unión Soviética o Yugoslavia, casos muy poco comunes).

 

Otro concepto erróneo es identificar el Estado sólo con la autoridad política central, en el caso chileno, con el gobierno en Santiago, pero estrictamente hablando, las municipalidades por ejemplo, son órganos del Estado también, operan a otro nivel de gobierno, como también debería ser en el futuro los gobiernos regionales y sus respectivos parlamentos, dotados de real autonomía y con jurisdicciones claras y efectivas. La ley que creó los gobernadores electos por ejemplo, es una ley contradictoria porque en los hechos no le concede a ese funcionario electo mayores atribuciones ya que mantiene la figura del “delegado presidencial”, que sí contaría con casi la misma autoridad que hoy tienen los intendentes regionales. Una nueva constitución para que sea realmente democrática debe debilitar la centralización del Estado, y una manera de hacerlo es eliminando al absurdo delegado presidencial y dándole reales atribuciones ejecutivas al gobernador regional (que personalmente creo que debe mantener el nombre de intendente regional, el cambio de nombre fue otra de esas tonterías habituales en Chile donde les gusta cambiarle nombre a las cosas aunque ello no traiga cambios sustantivos).

 

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¿Se parece esto a un esquema administrativo federal? Ciertamente, aunque creo que sería un error abrir debate sobre Estado federal vs. Estado unitario.  En esto se puede adoptar la modalidad española donde, sin pronunciarse sobre ese debate, se entregó a las llamadas comunidades autónomas una serie de facultades y sus autoridades, tanto ejecutivas como legislativas, son electas.

 

En un esfuerzo descentralizador, el modelo canadiense puede ser un buen ejemplo a seguir: aquellas tareas que son más cercanas a la gente deben ser de jurisdicción regional: educación, salud, asistencia social; aquellas que son de interés nacional debe quedar en manos del gobierno central: relaciones exteriores, defensa, seguridad nacional, medio ambiente, comercio y transporte inter-regional, telecomunicaciones, finanzas; algunas pueden ser compartidas entre las regiones y el gobierno central: planificación y desarrollo económico, agricultura, minería, pesquería y cultura; y algunas pueden compartirse entre regiones y municipios, como el transporte urbano por ejemplo. Lo importante sería que la nueva constitución apuntara a una real descentralización y para ello es esencial que las regiones dispongan de atribuciones claramente delineadas en la constitución y además que tengan facultades para recaudar sus propios impuestos, porque autonomía sin recursos pasa a ser letra muerta.

 

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Dentro del tema descentralizador debe abordarse también el reconocimiento de las minorías indígenas del país, incluso como lo que realmente son: naciones al interior de un Estado que en los hechos es plurinacional. Mapuches, rapa nui, aymaras, y otros pueblos que comparten el territorio del país deben tener control reconocido constitucionalmente sobre su territorio, con facultades financieras (recolección de impuestos) y control sobre la educación, regulación de tierras, idioma y cultura.

 

Naturalmente una propuesta descentralizadora va a encontrar muchos obstáculos, muy probable al interior de la propia clase política actual, que no va a querer compartir espacios jurisdiccionales con los que para ellos serán “recién llegados”. Sin embargo, si este ejercicio constitucional ha de tener algún impacto decisivo él debe transformar de manera sustancial lo que es la superestructura  dentro de la cual todos los habitantes de Chile se mueven, interactúan y desarrollan sus funciones: el Estado.

 

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