El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) acaba de integrar dentro de los temas por los cuales Chile deberá responder durante su próximo Examen Periódico antes Naciones Unidas la situación compleja del Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo.

 

El pasado 9 de marzo, Marcela Mella, vocera de la Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo (CCNAM), denunció ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), en el Palacio Wilson, Ginebra, Suiza, las diferentes violaciones a los derechos humanos provocadas por la realización del Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo.

 

A través de esta denuncia, el Comité integró el tema en las preguntas presentadas al País, en particular, la pregunta número 6:

“Sírvanse proporcionar información sobre el anteproyecto de Ley Marco de Cambio Climático y de qué manera se ha previsto desarrollar una estrategia a largo plazo que defina metas de reducción de emisiones e incluya planes de mitigación y adaptación. Información sobre las medidas de adaptación adoptadas para hacer frente a los efectos del cambio climático particularmente en relación al goce de los derechos económicos, sociales y culturales de grupos más desfavorecidos y marginados. ¿Qué medidas está adoptando el Estado parte para llevar a cabo estudios de impacto social y ambiental de los proyectos energéticos a gran escala, tales como las plantas de combustión de carbón y el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, a fin de garantizar su compatibilidad con los derechos económicos, sociales y culturales y los objetivos relativos al cambio climático establecidos en el Acuerdo de París?”

A esta demanda, en conjunto con las otras 29 hecha por el Comité, Chile deberá responder de forma escrita.

Actualmente, el Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo (PHAM) es un proyecto caracterizado como central de pasada de gran escala ubicado en el Cajón del Maipo, aproximadamente a 50 kilómetros de Santiago, Chile. Consiste el proyecto en desviar y capturar la mayor parte de las aguas de los ríos Yeso, Volcán y Colorado – principales afluentes del Río Maipo – para conducirlas a través de un sistema de 70 kilómetros de túneles perforados a través de las montañas, hasta dos cavernas de máquinas donde estarían instaladas las turbinas y generadores eléctricos. Este desvío de aguas significa restarle esta gran cantidad de agua al valle del río Maipo por más de 100 kilómetros.

El PHAM está impactando dramáticamente la cuenca del Río Maipo, así como los acuíferos en el área afectada, poniendo en riesgo el acceso al agua potable no solamente de los habitantes del Cajón del Maipo sino también de los 7 millones de personas que viven en la Región Metropolitana de Santiago. La construcción del PHAM está afectando además el ambiente de forma irreversible, con severas consecuencias para la salud, las formas y calidad de vida, los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades.

“En este momento, en el cual el Comité DESC de la ONU está cuestionando a Chile sobre el Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo, reiteramos que nuestras comunidades nunca han sido consultadas adecuadamente al respecto, a pesar de que el proyecto ha puesto en peligro el medio ambiente en el área donde vivimos y ha violado nuestros derechos humanos fundamentales durante muchos años. Además de proporcionar al Comité DESC una respuesta seria respecto de las violaciones de derechos humanos que Alto Maipo está causando, el gobierno chileno debe responder a los muchos chilenos que han expresado serias preocupaciones sobre los impactos del proyecto por más de una década”, se expresa Marcela Mella, vocera de la Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo (CCNAM).

Advertisement

“Alto Maipo es un caso emblemático de un proyecto de desarrollo basado exclusivamente en consideraciones económicas cortoplacistas, con total descuido por el medioambiente y los impactos negativos para las comunidades locales y población de la capital de Chile en general. Chilenas y chilenos estamos experimentando duramente a lo largo y ancho de nuestro país los efectos devastadores de numerosos emprendimientos y complejos industriales mal diseñados y deficientemente evaluados. Es chocante que varios de estos proyectos—incluido Alto Maipo—han sido designados como “de desarrollo limpio” en el marco del mecanismo de la ONU. El nefasto impacto de Alto Maipo en la cuenca del río Maipo, planteada ante y por el Comité DESC, delata la necesidad de que todo proyecto implementado en nombre del desarrollo sostenible, o la acción climática, debe aplicar a cabalidad estos conceptos y acuerdos internacionales, y respetar los derechos humanos desde una perspectiva multidimensional. Esperamos que esta revisión internacional de un caso en Chile sirva como llamada de atención al gobierno chileno y a la comunidad internacional, y particularmente a las grandes instituciones financieras, para que no continuemos apoyando políticas de desarrollo y emprendimientos claramente insostenibles como Alto Maipo, que socavan la vida y el bienestar de la comunidad y el medio ambiente del que todos y todas dependemos por igual”, reitera Juan Pablo Orrego, Presidente de Ecosistema.

 

Quintero-Puchuncaví y el derecho al agua

El caso del Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo no es solo cuestionado en las 29 preguntas: también la situación de las zonas de sacrificio de Quintero-Puchuncaví ha sido tomada en cuenta, citados en la pregunta número 20:

“Sírvanse indicar qué medidas ha adoptado el Estado parte para prevenir y contrarrestar los efectos de la contaminación del aire, agua y suelo en diferentes regiones del Estado, en particular en las zonas de Quintero-Puchuncaví en Valparaíso y en la región de Arica y Paranicota, y si tales medidas han conllevado una evaluación exhaustiva e independiente sobre los efectos que tiene dicha contaminación en el derecho a la salud, así como en el goce de otros derechos económicos, sociales y culturales como el derecho a una vivienda adecuada y el derecho al agua”.

Varias preguntas por las cuales esperamos curiosos la respuesta.

 

Por Elena Rusca (en Ginebra)

Advertisement
Síguenos:
error1
Tweet 20